Media luz para el apagón cultural

Media luz para el apagón cultural

Diputados dio media sanción a la ley que prorroga por 50 años el recorte a los subsidios de la industria cultural, bibliotecas populares y clubes de barrio que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri. La votación fue holgada, 132 votos a favor y 5 en contra, con 92 abstenciones de la oposición.

Por 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que posterga por 50 años “el apagón cultural” resuelto durante el Gobierno de Mauricio Macri, que llevaba a caducar a fin de este año los subsidios a las industrias e instituciones culturales establecidas en la Ley 27.432.

 Desde las 10 de la mañana se concentraron distintas agrupaciones culturales en las puertas del Congreso con consignas vinculadas a evitar el apagón cultural. Comenzó a las 17:52 a tratar el proyecto sobre los mecanismos de financiamiento de las industrias culturales. Discusión que concluyó con 132 votos afirmativos de los bloques de la Izquierda, el Frente de Todos, el interbloque Federal y Provincias Unidas, 92 abstenciones que en su mayoría pertenecieron a los integrantes de Juntos por el Cambio y 5 votos negativos de legisladores del partido liberal. Sin la aceptación, del diputado Jose Pablo Carro, autor del proyecto apborado, para realizar modificaciones en el texto. 

 La sesión había comenzado a las 11 de la mañana donde se rindieron diferentes homenajes y tras aprobar el proyecto de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, decisión que favorece a 4 millones de argentinos. Para ese momento, dentro del recinto no solo se encontraron los diputados, sino que los palcos estaban repletos de distintos actores de colectivos culturales que se veían interpelados en lo que se resolvió ese día. Una particularidad que tras dos años de pandemia se había perdido, nuevamente se encontraban los espacios completos con banderas, consignas e insignias en representación a una causa común que era evitar el apagón cultural. 

 Tras un debate que había durado casi 5 horas con los resultados definitorios a las 22.35 de la noche, se dieron muchos cruces donde se podía ver claramente las posturas en torno a las distintas percepciones de la cultura. Las marcas más notorias eran entre quienes la perciben como un negocio, argumentando no querer más impuestos o utilizando frases “Me da vergüenza que no estemos tratando temas que solucionen los problemas de los argentinos.” 

Así fue el caso del diputado Hernan Lombardi, del PRO, quien recibió fuertes abucheos por parte de las tribunas y muchas respuestas por otros diputados propios del bloque del Frente de Todos. Se refirió al oficialismo como “mentirosos” y de vender “gato por liebre”, con diferentes acusaciones sobre cómo se utilizaban los fondos, refiriendo que eran “fuentes de adoctrinamiento”, y “cunas de militantes”. Y como todos aquellos que se opusieron a la ley, la inflación y pobreza también fue central en su justificación. Para concluir, remató diciendo que con esos recursos se compraran libros, a lo que un participante de la tribuna le respondió con un grito diciendo “100 años de deuda, ¿sabés los libros que compramos con eso?”. 

Argumentos parecidos a los que el diputado José Luis Espert de Avanza Libertad dio a ANCCOM cuando dijo que «la cultura ya tiene muchísimo apoyo, los contribuyentes pagan muchos impuestos que van a la cultura, no hace falta más. La cultura hay que transformarla en un negocio, hay que hacer plata con la cultura. Pero plata en serio, no con la magia de los contribuyentes». 

Sin embargo, la ley no trata sobre un aumento o eliminación de impuestos, sino hacia donde se traslada aquello que es recaudado. “La oposición, en algunos casos muy alejada de la realidad, insiste con que esto es prorrogar impuestos, y la verdad es que es prorrogar asignaciones a los impuestos que ya están en Argentina. De no producirse esta ley lo que haría es que estos vayan a rentas generales”, respondió a ANCCOM la diputada Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos. 

Durante toda la jornada se hicieron muchas referencias en torno a todo lo que fue el desarrollo artístico en el país y los grandes emblemas en la música, en la escritura, en el teatro. Y se hizo memoria en unos cuantos discursos que durante la gestión anterior se vaciaron esos espacios. “Y hoy tenemos que volver a debatir esto, que es algo que ya tenemos, no un derecho que se conquista sino es tratar de sostenerlo. Tiene esa particularidad, no se está consiguiendo más, tampoco esta caducidad generará ningún beneficio ni alivio fiscal para la ayuda de otro sector que necesite, sino que iría a las arcas del tesoro nacional y ahí el Gobierno nacional debería decidir”, sostuvo Bernabé (Buco) Cantlon, actual presidente del INAMU – Instituto Nacional de la Música.

 La diputada Ana Carolina Gaillard, del Frente de Todos de Entre Ríos informó que “este proyecto es central para garantizar el derecho a la cultura, para garantizar que estas industrias culturales sigan produciendo, y sigan circulando los bienes culturales. Si no se prorrogara, lo recaudado iría a rentas generales. No tenemos garantías de que ese dinero vaya necesariamente a la cultura, por eso necesitamos esta ley que va a garantizar que se siga derivando a la cultura, que no vaya a renta generales. Esto funcionó por 50 años, un modelo de gestión que ha funcionado en el mundo. Nuestro país es imitado por otros países por este modelo de gestión, por lo cual no hay nada que objetar y cuestionar. Necesitamos que sea quien sea que nos gobierne no pueda discrecionalmente afectar para otros fines estas partidas.” 

 

Llagas y cicatrices de la autopista fantasma

Llagas y cicatrices de la autopista fantasma

Vecinos del Sector 4 de la inconclusa AU3, diseñada durante la dictadura y de la que solo se cumplió la expropiación de centenares de viviendas y la demolición de una buena parte de ellas, luchan para que la Ciudad incorpore a sus hijos, en el plan habitacional que fue ordenado por la justicia y permanece incumplido.

“Yo tenía 13 años cuando llegué al barrio y empecé con el tema de la vivienda”, dice Hugo, delegado de la Asamblea de Vecinos del Sector 4 de la Ex Au3. “Él llegó en el 82 y yo en el 89”, agrega Mirta, mientras intenta calmar a su pequeño perro que no para de ladrar. Mirta también es delegada del Sector 4.

¿Qué y a quiénes representan Mirta y Hugo? La Traza de la inconclusa Autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura cívico militar que estuvo dentro de un plan de autopistas que correrían por todo el cielo de CABA. Esta, en particular, se planeó para que recorriera desde el barrio de Saavedra hasta Puente Alsina. Para eso, el Gobierno del entonces intendente de facto Osvaldo Cacciatore expropió más de 900 viviendas a lo largo de La Traza, pero cuando el proyecto se mostró terriblemente costoso e imposible de realizar, esas casas quedaron vacías. Durante las continuas crisis económicas por las que atravesó el país desde los 80 en adelante, el rumor de las casas vacías de La Traza se expandió y diferentes familias se fueron acercando en busca de un techo.

Mirta y Hugo, delegados de la Asamblea del Sector 4 de la ExAu3, Susana, vecina histórica de La Traza, y Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa, reconstruyen una historia que empezó hace más de 40 años y continúa hasta hoy, con vecinos y vecinas organizadas, cortes, divisiones y una cautelar que inspira tanta incertidumbre como esperanza.

Escombros de la Dictadura

Una autopista con intenciones de atravesar la Ciudad de Buenos Aires se veía imposibilitada por cientos de viviendas. “Estamos hablando de miles de familias, porque La Traza es enorme”, comenta Baldiviezo, un abogado involucrado en la causa hace 20 años y actual letrado de la última cautelar presentada. A las expropiaciones les siguieron inevitablemente las demoliciones. Desde 1979, las topadoras fueron paisaje usual para los vecinos de La Traza. “Los escombros de las casas fueron directo al Río de la Plata para rellenar y avanzar sobre éste, de hecho gran parte de Puerto Madero fue construida con los escombros de las autopistas”, continúa Baldiviezo. 

“Vino la democracia, pero con la democracia vino la hiperinflación y con eso mucha gente terminó cayendo en la AU3. Había pibes que eran colectiveros y tuvieron que venir a la autopista porque no podían pagar un alquiler. También algunos dueños de las casas volvieron porque el Gobierno no les había terminado de pagar y pudieron reclamar”, explica Hugo sentado en el comedor de la casa de Mirta. Pequeño y simpático, Hugo juega con sus manos mientras cuenta su historia.

Los vecinos de La Traza vivían en un ámbito de precariedad y violencia constante, pero lo que resultaba más difícil era la incertidumbre de levantarse todos los días sin saber si esa era finalmente la mañana en que los “rajaran”. “Para los desalojos llegaban las topadoras y la policía, que solo podían parar los chicos y mujeres embarazadas. Era época de represión, todavía. Acá hubo mucho quilombo. En 1982, un día estábamos todos los chicos jugando al fútbol y llegan los de la Comisaría 37 con ametralladoras, corriéndonos, porque iba a venir una banda a tirar tiros y resulta que lo que querían era desalojar a la gente. Cuando nos dimos cuenta nos plantamos con las banderas, con los chicos y las mujeres y pudimos frenar el desalojo de unas 30 familias”, cuenta Hugo. Rostro de rasgos duros, firmes, de mirada afable y atenta.

En un barrio rodeado de chalets y casas de dinero, el desalojo no era el único problema por el que atravesaba “la gente de La Traza”. “A nuestros hijos no querían aceptarlos en los colegios municipales, porque vivían en la autopista, no tenían dirección fija”, cuenta Susana mientras sirve galletitas y prepara café para todos. Mira bajo de la mesa y dice con una calurosa sonrisa: “Ay sí, siempre que viene gente nueva se pone remimoso”, revela refiriéndose a un perro cachorro que se acurruca entre los pies de sus invitados. Hace una semana armaron el comedor con techo de chapa y cortina de plástico en donde hoy recibe a ANCCOM. Susana tiene 63 años y, como Hugo, llegó al barrio en el 82. “Llevabas a tus hijos al colegio, te apuntaban y te decían que les lleves la boleta de luz y gas para que puedan entrar”. La organización entre las mujeres de La Traza fue fundamental para conseguir los cupos. “Así que entre todas nos juntamos en una misma casa y pagamos una sola línea para que los chicos pudieran estudiar”. Ahora, Susana vive en esta casa del Sector 4, desde hace más de 18 años, con sus hijos, nietos y otros vecinos con los que comparte el terreno. Los juegos de niños se esparcen por el piso de barro y se acumulan, apoyados en las paredes de ladrillo. Parece que los niños siguen llegando pero las condiciones no cambian.

Ley 324

Para entrar a la casa de Mirta se puede tocar el timbre, pero el primero que avisa que hay gente afuera es su perro, asomado por la ventana. La puerta siempre está medio abierta y si se empuja se puede pasar sin problema. En el comedor de su casa, sentados en sillas de plástico y banquetas, cuando se le pregunta a Mirta por la historia de La Traza, comienza su relato por la Ley 324: “En el 2000 logramos conseguir una ley, con mucha pelea y mucha lucha”, dice la mujer de ojos grandes y sonrisa fácil. “Entre idas y venidas, y entre amenazas de desalojo, se logró organizar la Asamblea que fue bastante y mucha. En ese momento estaba Anibal Ibarra en el Gobierno de la Ciudad, que más allá de varias discusiones, fue un eje fundamental para que salga la Ley 324”. 

“Las familias se empiezan a organizar y consiguen la primera ley que reconoce la problemática y le da el mandato al Gobierno para que regularice la situación y solucione el tema habitacional de las familias”, cuenta Baldiviezo, sentado en el antiguo café La Poesía del barrio de San Telmo, rodeado de paredes cubiertas hasta el techo con fotos y cuadros de otra época.

“Fue una ley muy buena en lo social e inclusive estuvo circulando por toda Latinoamérica. Algunos de los delegados recorrieron Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y varios otros países de la región, porque no había una ley que tuviera tan en cuenta las necesidades de los vecinos. Dentro de todo lo que encierra la ley, lo fundamental es que no te saca de tu casa hasta que te den una solución definitiva dentro del plan habitacional”, narra Mirta, quien por esas fechas estaba teniendo a su tercer y último hijo, Brian. Las paredes de su casa son color pastel y la única decoración que cuelga en ellas son unas guirnaldas, una foto de Brian y una cartulina colorida.

Baldiviezo enmarca la 324 dentro de una serie de leyes “muy buenas en derecho y democracia participativa”, que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires implementó en los años 2000. “Que después no se hayan cumplido es otra cosa, pero en teoría son buenas”, aclara el abogado, entre risas irónicas, explicando la actual inacción del Gobierno de turno. “Las mejores leyes de la Ciudad son esas, a nivel de participación ciudadana, operativización de derechos, reconocimiento de colectivos vulnerados y a nivel ambiental. Era una época linda, había un espíritu social y ambiental interesante”, dice el abogado de rostro amable.

Dentro de esta legislación, los vecinos tienen un marco de cuatro alternativas. Por un lado, un crédito para comprar la casa que ya tienen. Por otro lado, la autoconstrucción, es decir poder construir o mejorar sus hogares en los terrenos que ya habitan. En tercer lugar, tener una vivienda nueva dentro del barrio, también conocidas como las viviendas sociales de la traza. Y por último, un subsidio para comprarse otra casa fuera del barrio o “para que se vayan”, explica Baldiviezo.

 

Ley 3396

“Pasan ocho años de la Ley 324, asume el Pro en la Ciudad y comienza otra historia…”, cuenta Baldiviezo. “Del 2000 al 2010 me corro de ser delegada por el accidente que tuvo mi nene”, dice Mirta, que empieza a contar otra historia. Brian tuvo un accidente en la vía pública que lo dejó con limitaciones intelectuales y físicas. “Él tenía 10 añitos. Y también forma parte de esta desgracia del Gobierno, porque en la puerta de la casa, un borracho choca el poste del semáforo y una bocha de luz vuela y le cae encima. Esto no tendría que haber sucedido porque si está en buenas condiciones el semáforo eso no puede ocurrir. Fue por la falta de mantenimiento. Y del Gobierno no recibí absolutamente nada. Hay un juicio abierto pero la verdad es que ahora yo fuerza no tengo para impulsarlo”.

“Lo primero que hace Mauricio Macri es empezar a notificar desalojos administrativos a los del Sector 5. Esto se fue a la justicia y logramos frenar los desalojos de 500 familias. Con eso se fuerza a una negociación en la Legislatura”, explica Baldiviezo, mientras los gestos de sus manos acompañan el armado de una línea de tiempo imaginaria.

“En el Sector 5 había mucha más unión. Porque no eran casas cómo acá, eran muy pocas las que habían quedado, a la mayoría las habían destruido. Entonces, eso generó que la gente se conociera más, porque tenían que socializar la luz, el agua y todo”, cuenta Hugo, quién participó de manera activa de la asamblea en esos años. En el Sector 5 es donde más concentradas estaban las propiedades, “a medida vas hacia el sur, las propiedades están más separadas”, agrega el delegado parado junto a Mirta frente a un complejo de viviendas de autoconstrucción que vecinos del Sector 4 arreglaron. De arquitectura simple, blanco y con líneas marrones, el edificio de tres pisos plantea un panorama muy diferente al de las casas y terrenos baldíos visitados antes. Se ve íntegro. “El Sector 4 de La Traza va desde Avenida de los Incas hasta Estado de Israel, en verdad llega hasta Pompeya, pero allá ya prácticamente no hay casas”, agrega ella. 

“Había tres intereses, por una parte las familias que querían las viviendas, por otra parte el Estado que quería vender las tierras y, por último, los y las vecinas que querían que el barrio sea más lindo”, comenta Baldivienzo mientras se le escapa una sonrisa ante idea de que la gente del barrio ayudó a que el plan habitacional del Sector 5 se realizará. Mientras señala un edificio del otro lado de la calle, Hugo comenta algo muy parecido sobre el tema: “El Sector 5 tuvo mucho apoyo de los frentistas del barrio porque a ellos les devaluaba las casas. Pensá que es la cola de Belgrano R, vos ibas por Holmberg y veías terribles chalets y hacías una cuadra y tenías la villa”.

Parada frente a este mismo edificio de La Traza, Mirta sigue la conversación y dice que “parecía la villa. Así que los vecinos de enfrente pagaron la renovación de la parte visible y cerraron el edificio. Aparte, el mismo Gobierno de Macri, por el poder inmobiliario que había allí, aceleró muchísimo el proceso”.

“Ahí es cuando sale la Ley 3.369. Contemplaba las diferentes opciones dadas en la primera ley pero además autorizaba al Gobierno a vender las tierras que no estuvieran ocupadas. El dinero de esas tierras tenía que ir para soluciones habitacionales de las 500 familias del Sector 5 y si sobraba plata para soluciones en el Sector 4, no se podía usar para otra cosa. Con el tiempo, sobró plata y se quiso usar para otra cosa”, cuenta Balviezo. “Dentro de esta misma ley hay una cláusula que dice que en 180 días el Gobierno tiene que traer un plan habitacional para el Sector 4. Pasaron 180 días, el Gobierno no llevó ningún plan”. En medio de estos compromisos y negociaciones sale una nueva ley, la 4089 que “le permitió al Gobierno utilizar el dinero sobrante para otras obras de tránsito de la vía pública, pero como se liberaron los fondos, en la negociación se llegó al acuerdo de que en 90 tenían que traer el plan habitacional del Sector 4. Y tampoco lo trajeron”. 

Para entender mejor porque la Ley 3396 comprendió solo el Sector 5 y dejó de lado al 4, Baldiviezo explica que “por lo general la ciudadanía se organiza cuando siente una amenaza y en ese momento el Sector 4 no estaba amenazado de desalojo. Pasaron los años y el Sector 4 no estaba tan bien organizado como el Sector 5”. “Yo en ese momento con la historia de mi hijo me corro de la Asamblea y el Sector 4 queda desamparado”, dice Mirta. 

Desde el 2012 al 2019 la Asamblea no se reunió.

La cautelar y después

“En el 2019, nos volvimos a juntar en la asamblea para hacer un nuevo relevamiento, un nuevo censo”, cuenta Mirta y agrega que en ese momento se pusieron en contacto con Baldiviezo para avanzar con la demanda. “Nos juntamos porque empezó a haber un ruido muy fuerte de que el Gobierno iba a presentar un proyecto de ley donde únicamente incluía a los beneficiarios y no a los hijos. Nos reunimos y al día siguiente comenzó la pandemia, y en medio de ese quilombo, las ratas inmundas aprovecharon y pusieron en venta 15 terrenos de la AU3, cosa que no podían hacer hasta que tuvieran la solución definitiva del plan habitacional”.  

“Entonces, salimos en 2019 con la cautelar para que no vendan y para que no nos desalojen. Porque también estaba ese ruido de que venían por nosotros, a desalojarnos. Sobre todo a nuestros hijos”, cuenta Mirta y explica que su reclamo es ahora por el desglose, es decir que entre los beneficiarios de la ley se incluyan a sus hijos. 

“En 2019, presentamos la demanda y entre idas y vueltas, recién este año salió la medida cautelar. No suele demorar tanto. Yo no pensé que fuera a salir, pero fue una cautelar muy interesante, porque lo que tendría que resolver el juez como amparo definitivo lo dio como cautelar. Es decir, básicamente dice que se tiene que cumplir la ley de forma participativa con las familias”, explica Baldiviezo, y sigue: “Que estas familias no estén incorporadas ahora en la ley no significa que no puedan estarlo más adelante. Cómo sucedió en el Sector 5 que se hizo una actualización de los beneficiarios, con un nuevo censo. A nivel del Sector 4, se está pidiendo lo mismo”.

“No estamos peleando por nuestro beneficio, estamos peleando por el beneficio de nuestros hijos. Nosotros ya somos beneficiarios, el tema es que no se lo saquen a ellos”, cuenta Hugo que tiene tres hijos, uno de 22 años, otra de 21 y el más chico de 13. “La lucha hoy es por los chicos. El tema es por el derecho de nuestros hijos”, dice Mirta, que sigue luchando aunque Brian ya no esté: falleció el 27 de abril del 2020, debido al Covid 19. Ahora se cumple un año de su muerte y Mirta, entre lágrimas y con la voz cortada, explica: “Es difícil, porque esta lucha era por él y ahora que no está es mucho el dolor”. Mirta armó un comedor comunitario en su casa al que nombró “Mi pequeño gigante”. Brian está presente.. 

Hugo dice muy serio que “ya pasaron veinte años de diferencia entre la primera ley y ahora. Bueno, nuestras familias también crecieron durante ese tiempo. Al Sector 5 le reconocieron el desglose, entonces lo que estamos pidiendo es derecho de igualdad ante la ley, ellos lo tuvieron, así que a nosotros también nos corresponde. La culpa no es del chancho, sino que del que le da de comer. Si no cumplieron con la ley, lo lamento. Nos tiene que solucionar esto, no es mi problema, es problema del Gobierno”. Y agrega: “No estamos pidiendo que le abran la puerta a gente que no tiene nada que ver, estamos pidiendo que les abran las puertas a las familias que vienen ya censadas desde el 2000. Nosotros podríamos tomar los títulos de las casas y cerrar el tema. Pero nuestros hijos quedarían a la deriva”.

Pudieron acercarse y charlar con la Unidad Ejecutora del Gobierno, “lo cual es enorme”, pero no lo toman como certeza de nada, “Mi papá decía que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dice Mirta entre risas. Enseguida se pone seria y aclara, “Que la justicia haya intimado al Gobierno nos da un poco más de seguridad”. A este tipo de cautelares, Baldiviezo las llama pequeñas victorias. “Va a ser la primera vez que la derecha se siente con nosotros a revisar la ley ¡Es histórico!”, exclama Mirta.

Luego de la salida de la cautelar, el gobierno apeló y pidió más tiempo para desarrollar el plan habitacional. “¿Cuánto más quieren?”, se pregunta Baldiviezo, “La apelación no suspende la orden judicial, ahora lo que rige es la cautelar y hasta que no se resuelva la apelación la tienen que cumplir.” 

¿En qué quedó la denuncia por el endeudamiento con el FMI?

¿En qué quedó la denuncia por el endeudamiento con el FMI?

Por Diego Moneta

Fotografía: Gentileza Telam

El 1 de marzo de 2021, durante la apertura del 139° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido a su equipo para iniciar una “querella criminal” por el endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri había llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La investigación constaría de tres etapas: la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la confección y presentación de la denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), y la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini. Hoy, más de siete meses después, ¿en qué instancia se encuentra?

Acuerdo en falta

El 12 de junio de 2018 la Argentina, a través de una Carta de Intención suscripta en forma conjunta por los entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger respectivamente, solicitó de manera formal el apoyo del FMI. Ocho días más tarde, el organismo internacional aprobó un Acuerdo Stand By por un período de 36 meses.

El esquema completo consistía en desembolsar en Derechos Especiales de Giro (DEG) un monto equivalente aproximadamente a 57 mil millones de dólares, más del mil por ciento de la cuota de Argentina con el Fondo. Tras la asunción de Fernández, se rechazó el último tramo por lo que la deuda terminó totalizando 44,5 mil millones. Varios sectores que integran el Frente de Todos señalaban el perjuicio del Estado a partir del endeudamiento y no eran pocos los que reclamaron y reclaman que no se abonen los vencimientos.

La decisión de suscribir el acuerdo con urgencia, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo multilateral de crédito, se expresó, según diversos denunciantes, en la violación de normas que debían respetarse en el proceso. El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento como con el control de su ejecución. La hipótesis principal es que esos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron la fuga de divisas, dada la coincidencia en las sumas del empréstito, la salida de capitales especulativos y la deuda pública y privada generada en el mismo periodo.

Investigaciones previas

Desde que al inicio de mayo, un mes antes de la formalización, Mauricio Macri comunicó que se habían iniciado conversaciones con el Fondo se suscitaron distintas movilizaciones en repudio a la decisión que luego se traducirían en denuncias judiciales. Éstas fueron impulsadas por sectores diversos, que van desde el Centro para la Integración Financiera (CINFIN) al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), pasando por distintos representantes de la oposición política al gobierno de Cambiemos.

La primera demanda promovida fue la del MNER, impulsada por Eduardo Murúa. Buscaba obtener la declaración de invalidez de “las Cartas de Intención y sus memorandos adjuntos” que llevaron al crédito. Luego de que el fiscal de primera instancia sostuviera la legitimación colectiva de la entidad, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N°9 rechazó el caso por ausencia de “causa o controversia”. La apelación fue resuelta en abril de este año, alegando que había falta de homogeneidad en las pretensiones y exigiendo la promoción individual de acciones de cada una de las empresas integrantes. El cambio de argumentos, que viola el principio judicial de congruencia, dejó a la parte actora sin una medida ordinaria para interponer.

Meses después, Eduardo Codianni, en representación del CINFIN, presentó un amparo para conocer la “existencia de actos previos” a la firma del acuerdo celebrado, ante la denegación de las autoridades de su pedido de acceso a la información pública. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 consideró que no podía prosperar porque esa documentación no existía, dado que el Estado nacional no evaluó que hubiera requisitos previos, lo que se convertiría en el elemento central de la querella impulsada por Alberto Fernández con posterioridad. La sentencia fue revocada en septiembre de 2019 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones y, tras la interposición estatal, nunca hubo una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la denuncia que sienta un precedente es la presentada por Claudio Lozano, ex diputado nacional, y Jonatan Baldivieso, fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Tras haber sido archivada por Julián Ercolini en 2018, al año siguiente insistieron y  quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo de Sebastián  Ramos. Luego se anexaría a otras causas similares investigadas por la jueza María Eugenia Capuchetti. “Hay incumplimiento de todas las normas jurídicas, administrativas y constitucionales y hay malversación de fondos”, asegura Lozano, en diálogo con ANCCOM, y agrega que esas “son las mismas dos claves que señala el Poder Ejecutivo en marzo”.

Cronología de una denuncia

La primera parte de la “querella criminal” ya estaba avanzada. La SIGEN verificó que el Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el FMI en 2018 fue contraído sin la previa intervención de los órganos competentes ni con la información necesaria para su celebración. Así mismo, el BCRA contribuyó con informes complementarios. 

De esta manera, el 12 de marzo la Oficina Anticorrupción, comandada por Félix Crous, realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Capuchetti, por defraudación al haber administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública, y malversación de caudales públicos. Los señalados son el expresidente Macri, los ministros de Hacienda y Finanzas, el mismo Dujovne y Luis Caputo respectivamente, y los titulares del BCRA, el citado Sturzenegger y Guido Sandleris. Dicha sede judicial ya tramitaba otros sumarios por hechos total o parcialmente coincidentes. En este punto, en palabras de Crous para con ANCCOM, la OA “deja de evaluar pasos a seguir”. 

La demanda presentada señala antecedentes y distintas instancias de incumplimiento del acuerdo impulsado por Macri. Por un lado, la eliminación de controles cambiarios, el sostenido aumento de la tasa de interés y de las LEBACS (Letras del Banco Central), y la especulación y formación de activos externos. Por otro, no respetar procesos establecidos en la Constitución Nacional y en leyes presupuestarias, procedimentales, de administración financiera y hasta de traducciones públicas. Además, a partir de la inacción frente a la sobredemanda y salida de dólares, se concluye que el objetivo fue “generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado”, perjudicando los intereses del país.

El 8 de abril salía publicado en el Boletín Oficial el decreto, con la firma del presidente Fernández, del por entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, del ministro de Justicia Martín Soria y de su par de la cartera de Economía Martín Guzmán, que instruía la presentación como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional. El 21, el organismo – con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Diez- solicitaba su inclusión en la causa, indicando que existían elementos para “atribuir a los funcionarios la vulneración de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa».

Al día siguiente, el fiscal federal Franco Picardi dio impulso a la denuncia asentada, para investigar si se había incurrido en delitos, al ampliar el requerimiento de instrucción en el marco de otro expediente iniciado y en el que los mismos acusados ya se encontraban imputados. En la actualidad, la “querella criminal” anunciada por Fernández se halla en la etapa preparatoria de producción de prueba, la cual es secreta y está a cargo de la jueza. 

El Tesoro querellante

En paralelo a las conversaciones del Gobierno Nacional con el organismo internacional para renegociar el acuerdo, a mediados de agosto la Procuración fue aceptada como querellante. Capuchetti hizo lugar a sus pedidos y solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por un lado, los fondos y las personas que compraron LEBACS desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, discriminando entre argentinos y no residentes. Por otro, los nombres de empresas e individuos que vendieron dichos títulos de deuda a partir de la corrida cambiaria de 2018 que derivó en el préstamo del FMI. El objetivo es determinar si existieron vínculos entre funcionarios y compradores para asegurar ganancias.

A su vez, la jueza le volvió a pedir a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso de la Nación que remita toda documentación en su poder vinculada al acuerdo en cuestión como así también de sus renegociaciones posteriores. Para Claudio Lozano la actitud de la Procuración es la única que haría la diferencia con respecto a otras denuncias. “Tendría que apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada”, desliza. 

En paralelo, el presidente Fernández cada vez que participa de algún encuentro multilateral  insiste en estas cuestiones. Desde la denuncia de un “endeudamiento tóxico” con el FMI a la propuesta de canje de “deuda por acción climática” para quienes están en vías de desarrollo, el primer mandatario reclama un “reordenamiento de la arquitectura financiera internacional”. En simultáneo, continúan las negociaciones con el organismo de crédito y se siguen abonando los vencimientos a la espera de un programa que le permita al país una recuperación económica, si es que eso es posible.

 

 

“Queremos que se pida su captura”

“Queremos que se pida su captura”

Mauricio Macri no se presentó a la indagatoria por la causa de espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan. Citado por segunda vez por el juez federal de Dolores Martín Bava –la anterior había sido el 7 de octubre–, el ex mandatario adujo incompetencia y arbitrariedad de parte del magistrado para justificar su ausencia.

Los familiares de las víctimas del submarino siguen esperando respuestas, pero son escépticos. En diálogo con ANCCOM, Claudio Rodríguez, hermano del suboficial Hernán Rodríguez, afirma: “No se va a presentar, no tiene ganas, está haciendo todo lo posible para evitarlo. En la primera citación que le hizo la justicia por el espionaje a las familias, que fue real, él está mencionado en los papeles que los espías le mandaban diciéndole ‘Señor presidente, cuando vaya a verlo tal y tal persona, le va a decir tal y tal cosa en la Casa de Gobierno’, o sea que esos papeles de la investigación estaban dirigidos a él”.

Jorge Suárez, padre del cabo Germán Oscar Suárez, subraya que “el abogado de Macri aún no hizo nada, todavía ni fueron a ver el expediente. Si Macri viniera, para informarle, tendrían que haberlo visto y no lo hicieron”, sostiene. Según Suárez, se trata de una chicana para estirar los plazos: aducirán que no tuvieron tiempo de leer la causa y que el ex presidente no acudirá a la indagatoria ya que, en caso de asistir, el juez lo procesaría. Y agrega: “Por eso Bava se adelantó y le dijo que el expediente estaba a su disposición y que lo podían ir a ver tranquilamente”.

El abogado querellante y familiar, Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de fragata, señala: “Lo que esperamos es que como todo ciudadano se presente, se ajuste a derecho, cosa que no ha hecho, más allá de la presentación que realizó a través de su abogado, y que diga la verdad, aunque esa no es la expectativa que tenemos. No creo que vaya en contra de lo que ya dijeron Arribas y Majdalani. Por lo pronto, esperamos que se presente y después, el juez y nosotros, en tanto querellantes, evaluemos esa declaración y pidamos las medidas que correspondan”.

“Cuando le hicieron la primera citación, presentamos un pedido de captura internacional por desacato y desobediencia porque creíamos que no iba a aparecer ni tampoco hoy, así que queremos que el juez haga lo que tenga que hacer como con cualquier ciudadano argentino que no se presenta ante la justicia. Fiel a su accionar mafioso, que maneja hilos en la justicia, en el gobierno, en la prensa, Macri no va a presentarse. Queremos que la justicia obre en consecuencia y pida su captura”, asegura Rodríguez.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y abogado de una de las querellas que se siguen por el hundimiento del submarino.

En lo relativo a la prohibición de salir del país para Macri, Tagliapietra detalla: “Está firme, por más que la haya apelado, y no se le puede imponer carácter suspensivo tal como pidió. Por lo tanto, hasta que no resuelva la Cámara Federal de Mar del Plata, no va a poder volver a salir de la Argentina, mucho más con este antecedente de que pretende quedarse en Estados Unidos a dar clases. Ese es nuestro reclamo, que se sostenga esta medida. Y vamos a reiterar nuestro pedido de que se lo declare en rebeldía y se ordene su captura nacional e internacional”, concluye Tagliapietra.

La verdad del ARA San Juan sigue sumergida

La verdad del ARA San Juan sigue sumergida

La causa por la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan, la N° 17.379/17, engloba a varias otras, como la del espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes fallecidos, a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, otras por encubrimiento que apuntan al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad –que no avanzan–, y una tercera originada a partir de una presentación del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de fragata y víctima del naufragio.

“Se formó a través de un pedido de habeas corpus, mío y de otras personas, es la causa número 62.903 que está relacionada con el día después, con todo lo que tiene que ver con la búsqueda, el submarino y distintas cuestiones que se fueron acumulando”, explica Tagliapietra en diálogo con ANCCOM.

La “causa madre” comenzó cuando la Armada Argentina denunció el 17 de noviembre de 2017 ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes luego de perder el contacto.

“Actualmente se encuentra paralizada debido a que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien todavía está al frente de la causa, intentó dos veces, en febrero y marzo de 2020, dar por terminada la investigación a nivel procesal, por entender que no queda más por hacer. Quería cerrarla y elevarla a juicio, así como está, a lo que nos opusimos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (su instancia superior) estableció el 19 de noviembre pasado que la investigación debe continuar, ordenó a la jueza que realice las pericias que exigimos y que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada almirante Marcelo Srur”, refiere Tagliapietra.

“Hoy en la causa hay cuatro imputados: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, y los capitanes de navío Héctor Alonso y Claudio Villamide (destituido por el Consejo General de Guerra). Mientras tanto, el capitán de corbeta Jorge Sulia, el contraalmirante (R) Eduardo Malchiodi y el capitán de navío José Marti Garro están con falta de mérito, porque la Cámara entendió que todavía no había prueba suficiente para procesarlos”, agrega.

Acampe de familiares de las víctimas en 2018. 

 

Más allá de las acusaciones puntuales en su papel de querellantes, Tagliapietra y otros familiares han impulsado “un plan para trabajar científicamente, basado en los protocolos de acción de distintos países de América y Europa respecto de la investigación de accidentes e incidentes, tanto náuticos como aeronáuticos, para determinar las causales del hundimiento. La realidad es que aún no sabemos los motivos –afirma Tagliapietra–, lo que se trazó en estos más de tres años fueron diferentes hipótesis”.

Acerca de la denuncia y el pedido de juicio político contra la jueza Yáñez ante el Consejo de la Magistratura, aún en curso, realizado por la querella que representa, Tagliapietra sostiene: “Lo interpusimos por varios delitos. Por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, por arbitrariedad manifiesta, por la pérdida de la objetividad que requiere un juez federal, por entorpecimiento de la investigación y por encubrimiento. La Comisión de acusación intervino, analizó y determinó avanzar, por lo cual el año pasado solicitó que se citen a los primeros testigos que propusimos”.

Jorge Suárez, padre del cabo principal Germán Oscar Suárez, quien se desempeñaba como sonarista del ARA San Juan, también es crítico de la jueza de Caleta Olivia: «Tenía 65 mil fotos sacadas en cuadros, en mosaicos, jamás las utilizó, quiso cerrar la causa endilgándole responsabilidades a segundos y apartando, sin ni siquiera citarlos, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que era Mauricio Macri, al ministro de Defensa Oscar Aguad y, una paradoja que es como una burla, también al jefe de la Armada».

La abogada Valeria Carreras, quien patrocina a otra querella –unificada a la de su colega Lorena Arias–, detalla que en la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia del 19 de noviembre de 2020 se hace lugar al pedido de periciar las imágenes tomadas por el barco Seabed Constructor, y que, en caso de ser fidedignas, se realice una reconstrucción 3D con la participación de expertos para determinar qué provocó el colapso.

Dolo eventual

Carreras señala que en octubre de 2019 solicitaron la imputación de Macri, Aguad y diez altos oficiales de la Armada (entre ellos su excomandante Marcelo Srur) “por homicidio con dolo eventual reiterado en 44 ocasiones”. “Ellos sabían que esto podía ocurrir, sin embargo, le restaron importancia y dieron la orden de zarpar –asegura la abogada–. La imputación la sostuvimos en base a tres pruebas: el estado deficiente y peligroso del submarino; la limitación de profundidad, es decir que a más de 100 metros no se podía sumergir, y la navegación anterior de julio de 2017 en donde les había pasado lo mismo, ingreso de agua al balcón de baterías y principio de incendio. Pero en esa ocasión lo pudieron arreglar porque el mar estaba calmo. Acá tenían una tormenta Mar 6, con olas de entre ocho y nueve metros, por lo que tuvieron que ir a una mayor profundidad, 40 metros, lo que provocó que algo fallara, perdieran la estabilidad y el submarino se viniera abajo”.

Un año y medio antes, en marzo de 2018, Tagliapietra había denunciado penalmente a Macri y Aguad por encubrimiento, causa que recayó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia y todavía no avanzó demasiado. El 8 de noviembre de 2020, Carreras realizó su propia denuncia por encubrimiento en los tribunales federales de Comodoro Py, que quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, tomando como prueba las declaraciones del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo durante las audiencias llevadas a cabo el 29, 30 y 31 de octubre de ese año ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Claudio Rodríguez, hermano del suboficial principal y jefe de máquinas Hernán Ramón Rodríguez, fue uno de los impulsores, junto al diputado Guillermo Carmona y la senadora Anabel Fernández Sagasti, de la Comisión Bicameral investigadora sobre el ARA San Juan (creada por la ley N° 27.433). Según declara, su hermano estaba muy preocupado ya que el submarino llevaba más 40 meses sin ir a dique seco a revisación general –cuando el protocolo indicaba que debía hacerlo cada 18–, después de la reparación de media vida en 2014.

Rodríguez recuerda que luego de la navegación de junio de 2017, de la cual tuvieron que regresar antes de tiempo, habló con su hermano en octubre, antes de que salieran para Ushuaia: “¿Cómo andás?”, le preguntó. “Mal –le respondió Hernán–, nos mandan 40 días a navegar y ‘el fierro’ no está para tantos días, no sé qué les pasa a los jefes”, relató. “Le pedí que se bajara, ‘Bajate Hernán’, le decía, ‘bajate, bajate, bajate’”, recordó Claudio. “No, si me bajo, ¿quién va a hacer las cosas? Los chicos son nuevos, yo soy el que sabe”, le contestó Hernán. “En dos oportunidades había sacado el submarino a flote, se le había quedado, estaban tirados, varados en el suelo, y él lo sacó adelante. Era un tipo muy capaz y era un titán”, sostiene Claudio.

Miguel Ángel Toconás, hermano del suboficial segundo Mario Armando Toconás, quien se desempeñaba en el área de armas submarinas, dice que cuando todo comenzó percibieron muchas irregularidades de parte de la Armada. “El capitán de navío Enrique Balbi hablaba a la prensa a nivel nacional y a nosotros el jefe de la Base Naval de Mar del Plata, que era el contraalmirante Gabriel González, nos daba los partes y novedades. Cuando los escuchábamos notábamos cómo se pisaban entre ellos, no había concordancia entre lo que decía uno y el otro, entonces eso nos generaba dudas. A mediados de diciembre de 2017, González pidió el retiro y nos reveló que fue obligado a mentirnos, que no decía la verdad porque los jefes se lo ordenaban, que le hacían llegar por escrito qué era lo que tenía que decirnos”, evoca Toconás.

“Viendo estas incongruencias y hablando entre los familiares, decidimos buscar información entre los objetos personales de los chicos. Fuimos a la casa de mi hermano y con mi cuñada accedimos a su computadora. Encontramos varias anotaciones de Mario, un listadito, él siempre andaba con una libreta donde consignaba todo lo que iba surgiendo, las imperfecciones, los faltantes o cosas que había que reparar. Registraba todo y cuando llegaba a su casa le sacaba foto con el celular y después las guardaba en la computadora. En las anotaciones, figuraba que había faltantes de máscaras para respirar, tornillos, elementos de rescate y otros elementos vencidos. También tenía mucha información relativa al territorio nacional, sobre todo del sector que limitaba con las Islas Malvinas”, agrega.

Reclamos de familiares frente a la Casa Rosada en 2018.

 

Jorge Suárez subraya las advertencias que existieron y fueron desoídas, como la de abril de 2017 formulada por la Comisión de Defensa de Diputados, a través del expediente 101, foja 500, en la que exhorta a la Armada para que envíe a dique seco al ARA San Juan, según lo establecía el manual, algo que no hicieron. “En 2016, el entonces Procurador General de Inspección de la Armada le manifiesta al ex jefe de la fuerza, almirante Marcelo Srur, que el submarino ya no podía navegar más. A principios de 2017 pasaron a retiro al inspector general”, señala Suárez.

“Antes de tener los eventos del 15 de noviembre (fecha de la desaparición), habían tenido otros seis y los muchachos lograron sacarlo a flote, una vez el ARA San Juan había quedado en forma vertical, ellos son los únicos en el mundo que pudieron salir de esa posición en un submarino, estaban calificados al cien por ciento, pero en el último no pudieron. Los mandaron a una misión con la nave sin reparar desde hacía 45 meses y una de las roturas era en el snorkel –que según Suárez estaba en un listado para reparación y no lo arreglaron–, donde entraba agua, lo sabían perfectamente y todos estos informes estaban en el escritorio de Aguad y de Macri”.

«La gente de la Armada certificó que se encontraba en perfecto estado, pero los chicos pedían auxilio y no les contestaban. Si yo hubiera sabido lo habría llamado por teléfono a Ushuaia a mi hijo diciéndole que no salga, que se baje. Mis otros hijos, por lealtad entre hermanos, no me contaron nada, pero él les decía ‘en cualquier momento nos hundimos porque los jefes se roban todo lo del ARA San Juan'», denuncia Suárez.

En medio de esta maraña judicial, en la que la verdad todavía no sale a la luz, también se encuentra la causa N° 8.559/2020 por espionaje ilegal a los familiares. “La Cámara Federal de Mar del Plata entendió el 6 de abril pasado que como la investigación la había iniciado el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, él debe continuarla”, precisa Tagliapietra. Por su parte, la abogada Valeria Carreras detalla que «la Agencia Federal de Inteligencia encontró de casualidad unos discos rígidos con información que probaba que les habían hecho espionaje ilegal a las viudas de los tripulantes».

 

Jorge Suárez también padeció el espionaje. “Me borraron el wasap de mi hijo, la voz de mi hijo, a mí y a toda mi familia nos espiaron y tenemos entendido que recibía los informes personalmente Macri», dispara. Claudio Rodríguez recuerda con indignación que, en 2017, tanto Macri como Aguad “no tenían idea de lo que estaba pasando, no les interesó”. “Lo vimos nosotros en la charla que tuvimos con Macri cuando fuimos a verlo. Estábamos desesperados buscándolo, y él estaba jugando al golf en el Sheraton, y enfrente estaban los familiares llorando tirados”, afirma.

«Cuando terminó el operativo de búsqueda y rescate SAR (en inglés, Search and Rescue), comenzaron a irse las flotas extranjeras que habían venido a brindar su colaboración. La embarcación rusa Yantar fue la última en volver, en marzo de 2018, debido a que la Armada Argentina no los dejaba buscar en otro sector. Al saber esto, pedimos la contratación de una empresa que se abocara a la búsqueda. Pero el Gobierno nunca quiso, siempre puso excusas. Antes de que ellos buscaran, nosotros ya le habíamos hecho un listado de las empresas que tenían los equipos necesarios. Como veíamos que no querían contratar ninguna, decidimos ir a Plaza de Mayo«, cuenta Miguel Toconás.

«Aguad contrató a la empresa Igeotest –puntualiza Carreras–, a la que impugnamos y denunciamos a los que habían querido elegirla porque estaba manejada por un ex miembro de la Armada, no tenía los papeles en regla y solamente se dedicaba a tubos petroleros».

Posteriormente, Luis Tagliapietra formó parte de la búsqueda a bordo del Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity. “Fue un sacrificio muy importante. Primero no quise, sentía que tenía que estar atento a la justicia porque en aquel momento ya percibía que las cosas estaban mal. Pero como tuvimos que acampar dos meses en Plaza de Mayo para conseguir la contratación y que busquen a los chicos y la Armada misma, a través de su jefe en aquel momento, José Luis Villán, me pidió que me sumara en la redacción del pliego de contratación para garantizar la transparencia, lo hice, con todo el desgaste que eso significó. Los propios familiares me pidieron que fuera de observador, así que también quise respetar eso. Jamás me imaginé que iba a estar tres meses fuera de casa. Con la tecnología del Ocean Infinity, especulábamos que en unos días los encontrábamos. Estando ahí, viendo lo duro que es el océano y lo complejo de la búsqueda y del fondo del mar, no solamente controlábamos cómo se desarrollaban las actividades en el agua, sino que también íbamos a los laboratorios donde analizaban las imágenes recogidas. Fue duro porque íbamos a buscarlos, queríamos encontrarlos, y a la vez, cuando los encontramos, fue un baldazo de agua fría. Fue tomar consciencia de la peor de las situaciones que, si bien inconscientemente o conscientemente ya sabíamos por el tiempo que había pasado, verlo fue muy fuerte”.

A tres años y medio del hundimiento del ARA San Juan y todavía sin un debate oral y público a la vista, Claudio Rodríguez sintetiza el reclamo de los familiares de las víctimas: «Queremos llegar a una instancia de justicia, poder decir que hicimos justicia por los chicos”.