El aborto clandestino es la primera causa de muerte materna en Argentina. Se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros cada año. Estas son cifras que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad estima acerca de la ilegalidad de una práctica que conlleva la hospitalización de 40.000 mujeres, y la muerte de 47 mujeres al año en nuestro país. La lucha por la despenalización del aborto es un reclamo histórico que los colectivos feministas reivindican desde hace décadas, antes de que la marea verde y el Ni Una Menos se convirtieran en parte obligada de la agenda política y social desde el año 2015.
Dora Barrancos es investigadora, socióloga e historiadora feminista. Formó parte durante los últimos años del directorio del CONICET, y actualmente es asesora presidencial ad honorem. Su constante lucha por la igualdad de género, y en particular por la despenalización del aborto, la convirtió en una figura de referencia para los colectivos feministas. Y, como muchas, espera que este martes 29 se transforme en una victoria crucial en la conquista por los derechos de las mujeres.
“Ya en los 80, recuperada la democracia, había cierta decisión respecto de poner alto en la agenda la cuestión del aborto. Los Encuentros de Mujeres no eran todavía sistemáticos. Hay una figura que es muy central en esta historia, Dora Coledesky. Es fundacional. Ella era médica, se había exiliado en Francia, vuelve a la Argentina y acá su feminismo fue completamente focalizado en la conquista del aborto. Así que Dora es una de las vanguardias”, cuenta Barrancos.
Dora Coledesky fue abogada, militante feminista, obrera textil y sindicalista argentina. Fue la creadora de la Comisión por el Derecho al Aborto, que permitió que el asunto cobrara protagonismo desde una perspectiva de salud y de políticas sobre los cuerpos, y que se impulsara una nueva ley en Argentina. “Además, en los años finales de los 90, estaba el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos que todavía existe y que tuvo bastante envergadura”, sigue historizando Barrancos. “Ese Foro también tenía una centralidad conceptual en la lucha por el aborto. Era la lucha por los anticonceptivos y la lucha por el aborto. Sobre todo durante los 90 se irradiaron campañas, algunas de ellas me acuerdo muy perfectamente, porque se hacían sobre todo en Callao y Rivadavia, lugar emblemático, donde no solamente participaba Dora sino también otras compañeras que la secundaban, como Ana Cacopardo, Liliana Chiernajowsky y Cecilia Lipszyc”.
Si bien el Foro no era el único bastión por ese entonces, tenía una centralidad importante. Barrancos recuerda que estas campañas, en las que ella y sus compañeras participaban de forma sistemática sobre todo en la última mitad de los años 90, se llevaban a cabo en puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires como Florida y Diagonal. “Eran movilizaciones muy esmirriadas, yo recuerdo que íbamos treinta mujeres con toda la furia. Era un feminismo muy entrañado conceptualmente, no estábamos frente a los feminismos derramados de hoy día. Estábamos en fórmulas todavía acotadas. Sin embargo, eran muy vibrantes esos encuentros que teníamos de militantes, así que nos esparcíamos en el eje de Florida y Diagonal y hacíamos entrega de panfletos. No había bandera verde ni nada por el estilo en ese momento”, sigue.
Barrancos considera que la creación de los talleres sobre aborto que se comenzaron a dar tiempo después en los Encuentros de Mujere, fueron fundamental para la sistematicidad del movimiento, y que tomó fuerzas más adelante con la creación de la Campaña por el Aborto Legal, que cumple hoy 15 años: “En 2004 se tomó la decisión de abigarrar un movimiento, que fue el de la Campaña. Y en el 2005 se constituyó. De ahí, yo creo que fue hegemonizando cada vez más el escenario de las luchas por el aborto, y que por otra parte tomó la iniciativa de presentar los proyectos al Congreso. De modo que esta es la oportunidad del año. Es la octava vez que se presenta el proyecto, y la Campaña no estuvo ausente nunca en su presentación”. Dora forma parte de uno de los quinientos grupos que la apoyan. Hoy, desde su lugar de asesora presidencial, se focaliza en concentrar toda la energía posible para que este derecho pendiente sea ley en nuestro país, sabiendo incluso que se implementará con ciertas dificultades: “Va a haber muchas adversidades. Primero, el tono airado de los objetores institucionales. Y va a haber, seguramente, una acumulación de pedidos de inconstitucionalidad de la ley. Ya lo podemos conjeturar. Luego, cuando finalmente se superen estas cuestiones, va a haber obstáculos a las personas. Va a haber obstaculizaciones en algunos lugares de manera más ominosa, en otros con posibilidades de sortear esas dificultades”, analiza. “Pero también va a haber sin dudas un gran clima de denuncia. Las feministas en cualquier lugar van a estar con una atención tremenda. Así que va a haber mucha adversidad pero también va a haber mucha supervisión, mucha denuncia, ya que los obstáculos arrecian”.
Si bien el movimiento por el aborto legal tuvo su punto de inflexión en el 2018 con la media sanción del proyecto de ley en el Congreso, el movimiento de Ni Una Menos que viene desde 2015 a denunciar los femicidios y la violencia patriarcal, está indudablemente ligado al reclamo de los feminismos en Argentina: “Han sido fuerzas, movimientos sinergiales. Primero, porque participan las mujeres del Ni Una Menos de manera fundamental en la vida feminista. Entonces ha habido ahí una simbiosis completa. Cada manifestación nueva que ha hecho Ni Una Menos tiene una inclusión expresa de la Ley de Aborto. Hay una conjunción completa, una mismidad. Más allá de que la Campaña se ha especializado desde ya en este fundamental recurso, en este fundamental derecho, y Ni Una Menos tiene un eje en la violencia, el aborto forma también parte del paisaje de las violencias, es una parte de las violencias machistas”, prosigue Dora, que ve al movimiento Ni Una Menos con una proyección planetaria: “En este momento hay un sacudimiento en Europa y un reverbero de propuestas feministas que tienen muchísimo que ver con los alcances del movimiento Ni Una Menos allá. Hay una vuelta a despertar intensa del movimiento feminista en Europa, gracias a las circunstancias latinoamericanas en las que habla muy alto lo ocurrido en Argentina”. Si bien Argentina se perfila como uno de los países con más vigor en la lucha por la igualdad de género, otras naciones latinoamericamos también forman parte de este derrame feminista popular: “Los movimientos más intensos creo que hoy están en Chile y México. Son dos países donde hay mucha extensión, mucha movilización abigarrada feminista popular. Y luego Brasil está con esas circunstancias penosas de un gobierno antifeminista, antidiversidad, entonces es un poco más difícil la cuestión. Desde luego, en Uruguay el feminismo es popular. Bolivia también se podría considerar. Pero Chile, particularmente, viene con mucha agitación y mucha presencia, y no sólo a propósito de las movilizaciones que tienen que ver con los feminismos, sino con las que tienen que ver con la política en general, con el rumbo de la política en Chile”.
Con media sanción del proyecto, aprobada el 11 de diciembre último por la Cámara de Diputados, la votación de este martes en Senadores que discutirá no sólo la Interrupción Voluntaria del Embarazo sino también la Ley de los Mil Días, espera ser una jornada reñida entre quienes están a favor de la legalización, quienes están en contra, y el puñado de indecisos será crucial para la aprobación de este derecho de reivindicación histórica. Mientras tanto, el legado de Barrancos y sus compañeras sigue vigente, no sólo desde la Campaña que continúa presionando para que se aparuebe el proyecto, sino también desde las mujeres en las calles que siguen poniendo el cuerpo para que, más temprano que tarde, puedan decidir sobre sus vidas y sus cuerpos y para que el Estado ponga fin a los abortos clandestinos y para que finalmente sea Ley.
Hoy se celebra en los Estados Unidos las elecciones para elegir al que será el nuevo presidente. José De Jesús Villalobos, doctorado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Texas, declara que en estas elecciones ya votó más de la mitad del padrón de forma anticipada, alcanzando hasta el momento la totalidad de los sufragantes de las elecciones de hace cuatro años. “Se estima que hay más demócratas votando anticipadamente por correo, y que el día de las elecciones habrá más republicanos en los centros de votación”.
A diferencia del 2016, las distintas plataformas políticas están siendo muy cautelosas en cuanto a las predicciones electorales: “La última vez se predijo que Hillary (Clinton) encabezaría las encuestas. Es complicado predecir el futuro con los sondeos porque lo que predicen son el voto popular, y al presidente lo eligen los Colegios Electorales. Al final, Hillary sí ganó el voto popular, así que las encuestas no estuvieron técnicamente equivocadas del todo. Pero estaban equivocadas en algunos de los Estados clave. Entonces, estas elecciones están siendo más cuidadosos con eso”.
En este sentido, las encuestas predicen un margen significativamente mayor por parte de Joe Biden en el voto popular que el de Hillary en 2016 frente a Donald Trump. Además, tiene más posibilidades en alguno de estos Estados clave, como Pensilvania, que serían decisivos para el resultado de la elección. El candidato ganador será determinado por los votos que obtenga en los Colegios Electorales de cada Estado. Este sistema de “el ganador se lleva todo”, que tienen la mayoría de los EStados,, está desde hace tiempo ligado a distintos debates controversiales: el partido Republicano sostiene que es la mejor manera de prevenir el fraude en los Estados Unidos, mientras que el partido Demócrata denuncia un intento de “supresión del voto” a determinados sectores sociales.
El nivel de división y el discurso agresivo fueron las bases que consolidaron la política de Trump.
Valeria Carbone, historiadora, especialista en Estudios de los Estados Unidos e Investigadora Posdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL) señala que los representantes del partido Republicano han manifestado que el voto es considerado más un privilegio que un derecho, y describe que eso se refleja en cómo es el proceso de votación: “Primero porque es bastante descentralizado: si bien hay cuestiones normativas o cuestiones que son generales a todos los Estados Unidos, cada Estado tiene la prerrogativa de definir cómo se vota en ese Estado. Cuáles son las condiciones de empadronamiento, dónde se vota, cómo se vota, si va a ser por una papeleta, si va a ser voto presencial, si va a haber o no voto por correo, entonces eso dificulta todo lo que tiene que ver con el proceso de empadronamiento y de elección. Además, el proceso de votación es más complicado porque el empadronamiento no es automático, cada Estado decide cómo lo hace, qué documentos presentar, en qué tiempos se realiza, lo que influyen la verificación de datos en el padrón electoral. La conclusión que hace la mayoría de los especialistas en derechos electorales es que el sistema norteamericano tiende a ser más restrictivo que expansivo”. Además, para la especialista, el sistema de votos por correo alargará el conteo en las urnas, y es probable por tanto que no se conozcan los resultados el mismo día de la elección: “A menos que haya una victoria rotunda por parte de Biden en tres o cuatro de los Estados clave por márgenes tan claros que no sea necesario el recuento de votos, probablemente sean unas elecciones contenciosas que durarán por días o incluso semanas. Incluso si Biden gana por amplios márgenes, está la posibilidad de que Trump, como ha declarado anteriormente, reclame fraude electoral debido al voto por correo. Se prevé mucha controversia, muchos alegatos y mucha incertidumbre hasta que sean contabilizados definitivamente”, agrega Villalobos.
El Partido Demócrata encontró esta vez como fórmula política a un candidato hombre, católico y de 77 años como Joe Biden, junto a una vicepresidenta mujer y afroamericana, Kamala Harris. Las diferencias entre ambos son evidentes, no sólo en términos de edad, raza y género sino también en términos de a qué arco político representan con más fuerza: “Se critica con frecuencia el hecho de que Biden sea un hombre blanco, grande, incapaz de conectar con las minorías o los jóvenes”, agrega Villalobos. “No acarrea el mismo entusiasmo que Bernie Sanders o Kamala. Su mayor fortaleza es que logra hacer conexión con la cotidianeidad del americano promedio, sobre todo la población blanca y moderada. Está avanzando mucho entre los trabajadores de cuello azul de clase media que le dieron una oportunidad a Trump por cuatro años y hoy están desencantados. Es una de las razones por las que hoy encabeza Pensilvania. Kamala, en cambio, complementa muy bien lo que a Biden le falta en su propuesta, al ser mujer y afroamericana. Casi no hubiera sido nominada en el partido si no era por el voto afroamericano, particularmente el voto femenino afroamericano”.
“Biden no acarrea el mismo entusiasmo que Bernie Sanders o Kamala Harris», advierte Villalobos.
Patrocinadora del Green New Deal en el Senado y con una agenda agresiva en temas ambientales que no comparte con Biden, Kamala tiene también puntos controversiales. En un contexto como el actual, donde la polarización y la fractura de la sociedad estadounidense es tan fuerte, las movilizaciones sociales por el aumento del desempleo en la pandemia y sobre todo por la violencia policial en cuestiones raciales como los casos de George Floyd y Breonna Taylor que resonaron en todos los medios del mundo, pusieron en la mira a las plataformas políticas y sus propuestas: el apoyo público al movimiento Black Lives Matter por parte de la candidata a vicepresidenta del partido Demócrata se puso en jaque con sus declaraciones sobre su intención de no desfinanciamiento a las fuerzas policiales. “Hace poco salió un informe que decía que desde mayo en adelante de todas las protestas que se realizaron, el 93% habían sido pacíficas. Y que solamente un 7% se habían tornado violentas, en las que el accionar de la policía y de los grupos supremacistas había sido central para el desarrollo de la violencia.
El hecho de que no solamente ninguno de los dos candidatos reconozca el rol de la violencia de la policía y de los grupos supremacistas es un discurso compartido. Y que ninguno de los dos sectores atienda a la principal demanda de estos movimientos que tienen que ver con el desfinanciamiento policial también me parece preocupante. Hay un desconocimiento de la validez de la protesta social. Y me parece que eso también influye en el hecho de que las protestas en las calles sigan en un año electoral en el contexto de una pandemia”, advierte Carbone.
Por su parte, Donald Trump comparte fórmula con el actual vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Con una economía en declive por la crisis del Covid-19 luego de casi tres años de una fuerte reactivación económica de distintos sectores, el presidente deja hoy muchos saldos en la sociedad norteamericana, que podrían profundizarse, de manera preocupante, con su reelección. Martín Schapiro, abogado especializado en derecho administrativo por la Universidad de Buenos Aires y master en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella señala que la administración Trump profundizó las divisiones existentes en la sociedad estadounidense, y que a pesar de que tomó una economía en crecimiento, la pandemia y la deuda, no pudieron detener la crisis económica. “Tuvimos una etapa de recuperación del empleo pero que no había redundado en mejoras salariales, y eso empezó a cambiar al final del gobierno de Obama pero se pronunció mucho más durante el gobierno de Trump donde, además, hubo mínimos históricos de desempleo”, describe Schapiro y agrega otra preocupación a la herencia que deja el Republicano: “Hay otro saldo que es político y socioeconómico que es el nombramiento de casi un cuarto de los jueces federales, y un tercio de la composición de la Corte Suprema, y tiene consecuencias en el modo en el cual los jueces interpretan las leyes. Esto, sumado a que se trata de un sistema que tiene un control de constitucionalidad tan fuerte, que es muy parecido al argentino, con un Poder Judicial donde los jueces nombrados son conservadores, donde son favorables al mantenimiento de status-quo inequitativos, a criterios de las empresas por sobre los Estados en las regulaciones, y en general son favorables a las tradiciones por sobre los cambios en la arena social. Eso significa que algunos avances de regulaciones, en intervenciones, están en riesgo a partir de la estructura del Estado que va a dejar el gobierno de Donald Trump”. El nivel de división y el discurso agresivo fueron las bases que consolidaron la política de Trump, y como consecuencia dejaron afuera a un espectro político muy grande de posibles votantes. Si bien moviliza a un núcleo duro de ciudadanos, esta reverberación negativa logró espantar votos en el centro. “Me parece que mucho del espacio de crecimiento que hoy tienen los Demócratas está en el centro y que eso hace de Joe Biden un mejor candidato al menos en términos de posibilidades de ganar una elección mano a mano con Trump”, analiza Martín Schapiro. “Las plataformas más ambiciosas de reconversión de la izquierda del partido no fueron incorporadas en el mandato que ha generado Joseph Biden. De hecho, se ha dedicado a desmentir que venga con una plataforma de Green New Deal, de reforma radical de las fuerzas policiales, con una plataforma de prohibición del fracking. No hay una incorporación de la agenda de Bernie Sanders, por lo menos tan grande como se especulaba en algún momento”, describe Schapiro.
“Una reelección sería una señal de profundización, y no sólo de continuidad», señala Schapiro.
A nivel internacional, Trump se dedicó a profundizar enfrentamientos con potencias como China, con quien lleva una guerra comercial y tecnológica. “En general creo que una reelección sería una señal de profundización, y no sólo de continuidad, de algunas de sus políticas que me parece que tienen como marca más importante el enfoque agresivo pero económico de la solución de los problemas de política exterior estadounidense”, sigue Schapiro. «Me refiero al uso de sanciones económicas como herramienta privilegiada de resolución de problemas. México, por ejemplo, es un país aliado de Estados Unidos, con el cual mantiene una intensa relación. Cuando el gobierno estadounidense quería que México controlara la inmigración desde América Central, desde los países al sur de su propia frontera que llegaban a los Estados Unidos, lo que hizo Trump fue amenazar con imponer tarifas al gobierno mexicano. Y este accedió a cambiar el control. Además, más allá de los montones de amenazas que hubo sobre una eventual invasión a Venezuela, sobre una intervención militar con la activación del tratado Interamericano de Defensa Recíproca, lo que hubo fue primero un establecimiento y después un agravamiento de sanciones económicas contra el país. Entonces, me parece que en la región lo que hemos visto es un reflejo de lo que sucedió en otros lugares”, reflexiona Shapiro y continua: “Cuando miramos la política con Irán, la política que desde el Poder Legislativo se ha usado para Rusia, para Corea del Norte, todas esas políticas privilegian la sanción económica como modo de aproximación. Entonces ahí hay un patrón que seguramente podemos esperar que se profundice, en particular prestaría atención a la competencia tecnológica con China y al uso tal vez de sanciones económicas para mover la competencia tecnológica con China”. En cambio, el perfil más moderado de Joe Biden daría a entender que en cuestiones de política internacional se privilegiarían, por sobre todo, la diplomacia: “El enfoque de una administración Biden volvería a intentar multilateralismos, es decir que sean sanciones internacionales y no sólo sanciones estadounidenses, y tendría otros instrumentos también en el menú, no sólo el instrumento económico”, finaliza Schapiro.
La transición de gobierno, a partir de la cual se prevé que el nuevo presidente electo asuma el poder el 20 de enero de 2021, es en principio problemática y llena de incertidumbres. Con un presidente que desde el comienzo de las elecciones ha declarado la posibilidad de fraude en las urnas y ha cuestionado el resultado final en caso de no ser reelecto, es ciertamente preocupante para la sociedad norteamericana: “Lo que creemos los que nos dedicamos a observar a Estados Unidos es que, por lo menos desde 1968 con el caso Watergate y el impeachment de Nixon y la corrupción en las elecciones primarias, que no se veía una crisis de legitimidad del sistema político norteamericano tan fuerte como la actual”, declara Carbone. “Estas elecciones están manchadas desde antes de que se empezara a votar. Eso deriva en el hecho de que el 3 o 4 de noviembre no sepamos qué va a pasar porque Trump dice que si él no gana el voto popular es porque hubo fraude, se habla de interferencia extranjera de Rusia y de China, los demócratas hablan de supresión del derecho al voto, más el Colegio Electoral que básicamente filtra la elección popular. Ese es el contexto en el que arrancamos. Y después tenés a un presidente que no condena a los grupos supremacistas, que dice que puede haber violencia porque la gente no puede aceptar una derrota de él. Los Republicanos se encargaron en los últimos cuatro años de preparar un escenario en el que la definición de todo este proceso, que está manchado desde antes de empezar, lo defina la Corte Suprema”, finaliza la historiadora, especialista en Estudios de los Estados Unidos.
El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.
Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, cuenta que la relación entre el plebiscito y los eventos del 18 de octubre tienen una relación directa: “La movilización no respondía solamente a demandas exclusivas y únicas que podían ser resueltas a través de alguna política pública o algún instrumento de política salarial o la baja de los precios del transporte público. Estas eran situaciones bastantes más acotadas que a la gente no le interesaba, sino que lo que querían era cambiar la Constitución en términos de sus derechos y valores. Porque todo lo que se trataba de transformar o reformar de la Constitución anterior, siempre terminaba en el Tribunal Constitucional siendo echado para atrás. Entonces, la gente toma conciencia de esto, y lucha por una nueva Carta Magna”.
Con un parlamento presionado por la contundencia de las movilizaciones sociales, el 15 de noviembre del año pasado se votó en el Congreso el acuerdo para esta Convención que al día de hoy tiene algunos asuntos pendientes: “No fue un acuerdo completo porque fue en una noche, entre pasillos del Congreso con una élite muy asustada. Se inician debates sobre la propuesta donde hubiese mayor democracia, entonces se acordó que la Convención Constitucional tenía que tener paridad de género, el mecanismo sobre cómo tenía que ser elegida y a través de qué representación territorial. Todavía queda pendiente al día de hoy la integración de los pueblos originarios”.
Esta Convención Constitucional estará formada por 155 representantes elegidos en su totalidad por voto popular, y será la primera en la historia del país en tener condiciones igualitarias de género: habrá igual cantidad de hombres que de mujeres que la conformen. La ratificación final del pueblo, el llamado “plebiscito de salida”, será con la redacción de la Carta Magna por parte de estos colegiados, para lo cual la ciudadanía será llamada nuevamente a votación en 2022.
El cambio de esta Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), no sólo es histórico por ser el primero en el que participa la ciudadanía, sino también por los amplios márgenes de participación electoral: “Este es el mayor nivel de tasa de participación que hemos tenido en Chile desde el voto voluntario. Cuando uno ve que es el 52% del padrón se podría pensar que es poco, pero es el 52% sobre la voluntariedad de las personas. Es distinto cuando tú tienes voto obligatorio donde estos plebiscitos terminan sobre el 80% de tasa de participación. La última elección había tenido una participación del 49%, hoy tenemos casi 52%. Casi 2 puntos de participación más, es decir 558.000 electores nuevos, de los cuales la mayoría son jóvenes”, sigue Reyes. Además, es una participación casi exclusivamente popular: “Toda la tasa de crecimiento fue en la periferia. La mayor votación estuvo en la zona más proletarizada de Santiago. Es decir, la periferia más pobre. Ahí hubo, por ejemplo, una comuna muy popular que se llama La Pintana, donde aumentó en un 40% la participación. En todas las elecciones anteriores había sido del 20%. Entonces, este triunfo no es tampoco un triunfo si lo podríamos interpretar exclusivamente de los partidos políticos como agentes de movilización, sino que aquí hay mucho más de fondo que es un proceso de participación y de movilización que tiene que ver con la manifestación del 18 de octubre, más que con la respuesta de los partidos políticos”.
Las bases estructurales de la sociedad chilena están dadas por una desigualdad económica, política y social sustentada por más de 40 años en la Carta Magna: “Es una Constitución que le da basamento al modelo neoliberal, es en dictadura, sin participación política, y después reformada consecutivamente en términos de perfeccionamiento del modelo neoliberal. La Constitución ya en los gobiernos democráticos de la década de los 90 es reformada para proceder a hacer todavía profundizaciones del modelo. Por ejemplo, se permite la privatización de las sanitarias o las distribuidoras de agua. Y eso no se hace en tiempos de la dictadura, se hace en tiempos de la democracia. Entonces la base institucional y legal del modelo neoliberal estaba claramente en la Constitución. La gente se da cuenta de este fenómeno político, que empieza a madurar 30 años después. Porque evidentemente el modelo neolibral asignó recursos y pudo efectivamente generar salidas de la pobreza y aumentar las tasas de consumo, pero a costa del endeudamiento de las personas. La gente los últimos años no resistía la tasa de endeudamiento que tenía y el modelo seguía exigiendo que se retribuyera vía mecanismos financieros que eran cada vez más agotadores”.
Chile cuenta con un sistema de salud y un sistema educativo muy caros, como así también con un esquema previsional que se constituyó siempre como excesivamente inequitativo. Debido a la escasez en las jubilaciones, muchas personas terminaron cayendo en la pobreza durante sus últimos años, generando un peso para las familias y para la juventud: “Se construye un escenario – declara Reyes- “donde los viejos son una carga para los jóvenes que tienen, en su mayoría, bajos ingresos. Todo esto está ratificado en el sistema constitucional chileno. La gente empieza a entender que el problema no es el sistema económico, ni cuánto tú trabajas, sino que son las bases institucionales del modelo que están en el marco de la presión de las personas”.
Las movilizaciones estudiantiles, sindicales y de la sociedad en general que precedieron y siguieron al 18 de octubre, continúan vigentes al día de hoy con una fuerza que logró sentar las nuevas bases de institucionalización democrática: “Lo que está pidiendo la nueva Constitución son los derechos sociales. Y la base institucional de lo que se está buscando, es que se ratifique el pacto social por sobre el pacto económico. Cuando tú quieres ratificar el pacto social por sobre el pacto económico, lo que tú estás colocando en el centro son a las personas. En el pacto económico, tú lo que colocas en el centro es el capital. Y la gente logró hacer esa diferencia”. Como consecuencia, además, la derecha dentro del Parlamento se encuentra hoy muy fragmentada entre una ultraderecha que busca mantener el status-quo y una derecha más moderada que, según Reyes, “busca girar hacia reformas de un cambio constitucional, sin perder todo en ese cambio”. La élite dirigente y el espacio político partidario tradicional se vio, con este impulso dado desde las bases populares, bajo una presión que tiene que resolver. El presidente Sebastián Piñera, ante los eventos del domingo pasado, declaró que este plebiscito era un triunfo de la democracia y que “esta nueva Constitución debe ser el gran marco de estabilidad”, un año después de que bajo su mandato el estallido social diera inicio a un desequilibrio social que ya no tendría vuelta atrás.
“Yo creo que Piñera es el rey desnudo -dice Pablo Reyes- y está tratando de sustentarse sobre la base de lo que hay en el palacio. Pero el palacio está vacío, no tiene pueblo, no tiene democracia, no está inmerso en el proceso. Y él sustenta una tesis política que en definitiva es la tesis de la violencia desde el Estado hacia la movilización social. Y eso ha logrado que hoy esté muy desprestigiado, que las instituciones del sistema represivo del Estado estén muy desprestigiadas y en una crisis total. De hecho, se dice que hay que reformar en profundidad la fuerza de Carabineros. Él no sabe lo que está pasando, todos le dicen que está sumamente bien vestido como presidente, pero no. Todo el sistema de construcción política de su gobierno ha sido derrotado por este plebiscito. Ellos tienen que responder a la soberanía popular, y como son un gobierno de derecha no quieren responder a esa soberanía popular. De cierta manera siempre buscándole argumentos como para apropiarse de los procesos democráticos, pero que al final del día no puede apropiarse porque el proceso democrático va en un sentido contrario a lo que ellos pretenden como sector político”.
Este histórico triunfo de la democracia popular chilena, es sólo un primer paso para la restauración del caos social y político que dejó un marco de incertidumbre dentro de un campo electoral fragmentado. “Si nosotros no cerramos y no conectamos esta movilización social con una alternativa de institucionalización de una nueva Constitución en función de los derechos sociales, del pacto social, sólo quienes tengan la agudeza de darse cuenta y de leer bien ese mensaje de la ciudadanía – de la ciudadanía popular, no la élite informada-, si eso no se conecta bien nadie va a poder capitalizar este proceso y la crisis va a continuar”, reflexiona Reyes. “Ahora, si alguien se conecta bien con ese fenómeno, con ese cambio, esa nueva base de construcción popular, va a permitir que en alguna medida se pueda canalizar toda esa fuerza democrática movilizadora. Este paso es el paso de democratización que tuvo un fuerte componente de movilización social. No es un paso de democratización del propio sistema político, es un paso de democratización por un factor de movilización social. Entonces aquí el sistema político está respondiendo a las presiones de la movilización, y no a su autocapacidad de poder ir profundizando la democracia. Yo creo que esas son las disyuntivas que vamos a ver cómo se van decantando a futuro”, finaliza Reyes.
El régimen dictatorial de Francisco Franco detentó el poder español desde 1936 hasta 1977. Fueron 41 años de alzamiento contra las instituciones democráticas, de planificación de exterminio político mediante la tortura, la desaparición forzada de personas y el asesinato. Durante estos años se legalizó el secuestro, la apropiación de menores y la utilización de fuerza de trabajo esclavo a los presos políticos. Aún hay 114.000 españoles que permanecen desaparecidos y sin ser identificados.
El mes pasado se presentó en España el anteproyecto de una nueva Ley de Memoria Democrática, todavía en tramitación y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Congreso de Diputados. En él se recogen algunos vestigios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque con un intento más ambicioso de poner en práctica, finalmente, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “La del 2007 fue la primera Ley de Memoria en democracia en España tras una guerra civil de tres años, una dictadura de cuarenta y una transición a la democracia donde no hubo depuración de los órganos represivos, y donde además se practicaron de forma muy desigual algunos derechos fundamentales como el de poder encontrar a los desaparecidos y poder darles un entierro digno”, afirma Manuela Bergerot, asesora en el Grupo Municipal de Más Madrid y ciudadana española desde que ese país la acogió junto a sus padres, escapando de otra dictadura, la argentina.. Destaca que las únicas políticas de memoria, a lo largo de estos años, fueron las del bando vencedor, responsables de escribir la historia oficial mediante la tergiversación de un relato que al día de hoy sigue impidiendo la conexión de las nuevas generaciones con los valores democráticos. En sus calles, Madrid sigue atestada por el franquismo: “Todos los símbolos callejeros, las estatuas y las esculturas que conforman nuestro espacio público hablan de lo mismo. No han necesitado encerrarlo en un museo porque en España las calles están llenas de placas a los caídos por la Gracia de Dios, que son todos los del bando franquista. Y eso es lo que ha ido conformando la identidad colectiva del pueblo. Hubo una naturalización del franquismo a través de esos símbolos”.
El rol de movimiento memorialista y de sus respectivas asociaciones fueron fundamentales para el impulso de esta nueva ley que incluye también cuestiones como la realización de un censo oficial de víctimas y la exhumación de más de 20.000 cuerpos (hasta el momento realizadas gracias a la iniciativa de los familiares de las víctimas), la ilegalización de asociaciones de apología al franquismo que siguen vigentes y medidas educativas hasta el momento inexistentes. “Lo poco que se ha avanzado -dice Bergerot- ha sido gracias a estas asociaciones, que han estado totalmente desamparados por todos los gobiernos, incluso por los progresistas”.
Ascención Mendieta, una anciana de 91 años, logró recuperar los restos de su padre fusilado en 1939.
Desde estas asociaciones se ha logrado también iniciar la primera y única querella contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, abierta en la Argentina hace ya 10 años: “ Es el único proceso judicial al día de hoy que está en fase de investigación, donde ha habido imputaciones, ha habido toma de declaración a los responsables. Las víctimas de España han tenido que viajar 10.000 km para ser escuchadas en una sede judicial argentina. Eso ha movilizado mucho y ha hecho entender que esto es una cuestión de Derechos Humanos. Esta Ley de Memoria Democrática está fundamentada con esas bases”.
La querella argentina no sólo logró valores positivos a nivel judicial como la declaración de las víctimas, la apertura de investigaciones, y la exhumación de varias fosas como la del paradigmático caso del padre de Ascención Mendieta. Hasta una mujer de 89 años vino a declarar a la Argentina ante la jueza que lleva adelante este caso, Servini de Cubría.
La querella también logró imponer el debate en la agenda mediática y política, e instaló un marco diferente al que venía previamente dado desde una derecha que lo presentaba como una cuestión de revanchismo y de revictimización continua de las víctimas. “La querella argentina, junto con los informes de los relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están diciendo: son derechos fundamentales desatendidos. Y si hay personas que necesitan que se garanticen unos derechos, hay otras que tienen unos deberes. Y ese es el rol del Estado”, afirma Bergerot.
La querella argentina sigue avanzando en la toma de declaraciones a los imputados. Desde hace un mes, se lo está realizando con Rodolfo Martín Villa, quien fue ministro de Franco y está imputado hoy por varias causas. Una de ellas fue por dar la orden de la matanza de varios trabajadores en Victoria, el 3 de marzo de 1976, mientras estaban haciendo una huelga. Los encerraron en una iglesia y fueron masacrados. Las pruebas son contundentes y Servini de Cubría mandó a tomar declaración a Villa hace aproximadamente cinco años.A los 86 años, tuvo que presentarse finalmente en la Embajada argentina en España y prestar declaración a través de Zoom al juzgado Nº 1 de Buenos Aires. Esta querella, según Bergerot “ha tenido el poder de poner en evidencia el poder multiplicador de la memoria. Se siguen presentado denuncias, y hay todavía mucha gente que está esperando poder prestar declaración”.
Manuela Bergerot se exilió en España cuando tenía dos años y hoy es activista por la memoria, la verdad y la justicia.
Otro punto fundamental en este nuevo proyecto es la reforma de la Ley de Amnistía de 1978, que impidió durante muchos años juzgar los delitos durante esa época. “Es el equivalente a la Ley de Punto Final o de Obediencia Debida de Argentina. Tienes que darle herramientas a los fiscales, porque si no seguirá ocurriendo como hasta ahora, que todas las querellas o denuncias presentadas a juzgados territoriales españoles, son denegadas porque se parapetan en esa norma”, describe Bergerot.
Si bien durante la transición de la dictadura a la democracia estas medidas fueron las únicas posibles, el contexto actual es completamente distinto: los espacios políticos progresistas como Más Madrid denuncian la insuficiencia de esta ley. Las nuevas generaciones ven coartados sus derechos fundamentales cuando siguen anclados a una ley de 1978 que no contempla dichas garantías.
Hasta el momento, tampoco ha existido en España una política estatal que promoviera investigaciones científicas sobre todas las tipologías de víctimas que produjo la Guerra Civil y la dictadura. Las cifras dadas al día de hoy son gracias al trabajo de estos colectivos de derechos humanos: existen 114.226 personas en el país que permanecen desde entonces en fosas comunes. Pero recientemente se conoció en España que por primera vez el gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando un plan de exhumaciones liderado por el médico forense Paco Echevarría. Bergerot afirma que “es la primera vez que el gobierno se va a hacer cargo en democracia de unas exhumaciones con respaldo científico. Y esa investigación pone sobre la mesa que a día de hoy quedan 20.000 mujeres y hombres en fosas comunes. Si se han hecho exhumaciones en los últimos 20 años, fue gracias a organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”.
Hay 114.226 españoles enterrados en en fosas comunes.
Además, la falta de respaldo científico imposibilita la investigación del plan sistemático diseñado por el psiquiatra Vallejo-Nágera sobre el robo de bebés durante esos años. Hasta 1952, las estimaciones dan a conocer una cifra de 30.000 bebés robados a mujeres víctimas de estos crímenes. “Imagina todas esas genealogías familiares que están sustentadas sobre una mentira -sigue Bergerot-. Cuántos adultos, que además han ido a su vez teniendo hijos, no conocen su verdadera identidad. Son tantos que podríamos escribir casi la historia de España. Y por eso hay tanto miedo”. El desconocimiento y el negacionismo a lo largo de los años tiene que ver también con las decisiones educativas y culturales fuertemente arraigadas en la sociedad: “Esa generación viene directamente de haber sufrido la pedagogía de la sangre, con un Estado que se encargó de sembrar cada pueblo de España con una fosa común. El mensaje que está mandando ahí es terrible. Y eso se hereda. No ha habido olvido, lo que ha habido es silencio y miedo. Hay varias generaciones que están atravesadas por el miedo. Las siguientes generaciones, los hijos de aquellas mujeres y hombres que vivieron en primera persona cómo fusilaban a sus padres y a sus madres y eran enterrados en fosas comunes, lo vivieron también desde el silencio. Y uno nunca puede olvidar lo que nunca se le ha transmitido”.
La necesidad de memoria, verdad y justicia no es sólo fundamental para las víctimas y sus familiares, sino también para las generaciones venideras. La comprensión de la historia es clave para garantizar que estos hechos no se repitan nunca más. Manuela Bergerot ilustra como ejemplo a su hijo Mateo, quien durante la escuela primaria aprendió en los libros de texto de Historia, lo que ella misma y todos los españoles aprendieron siempre: “Recuerdo que una de las cosas más graves que cuentan es que no existía el derecho a la reunión, al sindicalismo, que había tarjetas de racionamiento de los alimentos. No se habla de las fosas. De repente hay una guerra civil en la que se matan entre dos bandos, no se habla nunca de un golpe militar, no se habla de una sublevación de un ejército que da un golpe contra una democracia que era la de la Segunda República. En los libros de texto además se les enseña sobre lo ocurrido en la Alemania nazi con los campos de concentración, hay una gran sensibilización, una empatía muy grande hacia ese caso. Lo que no saben los españoles es que Franco abrió 297 campos de concentración en España. Puedes salir a la calle y preguntarle a la gente, que la gran mayoría no tiene absolutamente ni idea”.
La promulgación de esta ley, que se prevé para el verano de 2021, es decisiva para poder abordar definitivamente esta cuestión pendiente que España tiene con las víctimas de la guerra y la dictadura, como así también para que las generaciones futuras puedan acceder al derecho a la verdad y puedan conectar con toda la tradición de las luchas y las historias de vida, de los avances por los derechos y las libertades. Conectarlos con estos sucesos de la historia es dotarlos de recursos para luchar para que nunca más exista el terrorismo de Estado. “Creo que es un acto de responsabilidad cerrar filas para que esto sea efectivo porque si no, no sólo va a haber mujeres y hombres que ya nunca más vean reparados esos derechos, sino que nuestra convivencia va a ser imposibilitada. Creo que con el auge del fascismo, las políticas de memoria son sobre todo la construcción de una convivencia que, cuando hay una desigualdad en origen tan grande, es imposible que haya una cultura de paz, una cultura por la convivencia”, finaliza Bergerot.
