A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.

A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió. 

El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.

Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172. 

A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”. 

Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”. 

“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”

Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.

En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.

Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.  

«Yo sabía, a Bulacio lo mató la policía»

«Yo sabía, a Bulacio lo mató la policía»

Este lunes 26 de abril se cumplen 30 años de la muerte del joven Walter Bulacio en ocasión de la privación ilegal de la libertad que sufrió por parte de fuerzas policiales al asistir, por primera vez, a un show de Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras.

El concierto había tenido lugar el viernes 19 de abril de 1991; antes y durante el recital fueron detenidas por la Policía Federal 73 personas en las cercanías al estadio en el marco de una razzia. El brutal operativo policial fue desplegado por agentes de la Comisaria 35 de Núñez, al mando del comisario Miguel Ángel Espósito, alias “el Aguilucho”.

En el expediente judicial figura que la intervención policial fue por los desmanes que venían suscitándose en los últimos conciertos. Sin embrago, la presencia de las fuerzas de seguridad resultó desproporcionalmente numerosa. Al margen de varios móviles policiales y carros de asalto, también, hubo un colectivo de la línea 151 estacionado en la puerta del estadio. El objetivo era claro: trasladar la mayor cantidad posible de detenidos.

Como explica María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio:

“En la causa penal está perfectamente acreditado que la Policía Federal organizó –dentro del sistema de servicios adicionales- un operativo para el recital que tenía como objetivo que nadie ingresara a Obras sin entrada. En ese marco la Policía aprovechó para realizar además un plan B: tumbar un par de boliches de la zona que venían parándose de manos al comisario y no le pagaban la cuota mensual de ‘protección’ policial. Si revisás la lista de los 73 detenidos y detenidas ingresados a la comisaria, más de la mitad de los mayores de edad que fueron detenidos lo fueron dentro de esos boliches”.

Como más tarde se probó, ninguna de esas personas fue detenida por un delito específico. En el caso de los mayores de edad, el motivo de la detención fue registrado como averiguación de antecedentes o por contravención en el marco de los entonces vigentes edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires.

La detención de los menores de edad fue justificada por su presencia en la calle de noche. El procedimiento aplicado, “Memo 40”, consiste en una disposición interna a la fuerza que permitía al comisario decidir qué hacer con los “sospechosos” en franca colisión con las normas entonces vigentes que requerían para dichas acciones la consulta a un juez de Menores.

Semejante atropello, tal vez, hubiera quedado en la nada de no ser que entre esos detenidos estaba Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi de 17 años que, luego de medio día de estar detenido en la comisaría, salió con un grave cuadro neurológico de origen traumático, y murió, tras una semana de estar en coma.  

“En la primera autopsia no se estableció la causa de la muerte. No obstante, hubo una segunda en la que quedó claro que Walter había sufrido un accidente cerebrovascular que le había reventado un vaso sanguíneo en la cabeza. Eso se llama aneurisma y, en una persona de 17 años, en general, la causa es traumática. Sumado a esto, las historias clínicas, los estudios médicos, y demás; permitieron determinar que la causa de la muerte fue el padecimiento de un traumatismo encéfalo-craneano”, relata Verdú.

Walter era alumno del quinto año del Colegio Bernardino Rivadavia de Capital Federal y trabajaba de caddie en el Campo Municipal de golf para juntar el dinero con el que pensaba financiar su viaje de egresados a Bariloche.

María del Carmen Verdú.  

Su compañero de banco, Miguel Ángel Vilche, cuenta que el apodo de “el Largui” obedecía a que era un pibe alto y flaco. También, recuerda Vilche, “manejaba el humor con mucho sarcasmo. Era muy divertido cuando metía humoradas pero en sí bastante callado y tímido. Le gustaba mucho el rock. Iba a la cancha, era fanático de San Lorenzo. Yo soy de River y nos cargábamos mutuamente. Era muy familiero. Los dos entramos en cuarto año porque yo venía de un industrial. Como éramos los nuevos, nos sentábamos juntos y nos hicimos muy amigos”.

Vilche nos habla de ese día: “En esa época, los Redondos tocaban un fin de semana por mes, siempre en Obras. A nosotros nos gustaba mucho ir los viernes. Los chicos del secundario parábamos en Castro y De las Casas con algunos amigos de Boedo. Nos juntábamos ahí, nos tomábamos unas birras y nos íbamos caminando hasta la parada del 15 para ir al estadio. Ese día Walter nos había dicho que quizás venía a juntarse con nosotros para ir al concierto pero si no llegaba se iba con la gente de Bonzi en el micro. Así que, como no llegó, dijimos ‘Se fue con los pibes de Bonzi’. Efectivamente, se había ido en el micro pero nunca entró al show. Transcurrimos todo el recital cuando vimos que estaban los chicos de Bonzi pero nos enteramos recién el lunes a la mañana lo que había pasado y que estaba internado”.

Durante una semana la mayoría de los compañeros de división fueron a visitar a Walter al hospital: “Estuvimos toda la semana casi durmiendo ahí. Una semana exacta después, el viernes 26, me levanté para ir al hospital como todos los días y por la radio me enteré que había fallecido. Pudimos verlo, y todos fuimos testigos de que tenía el cuerpo golpeado y moretones en las costillas. Obviamente, la conmoción fue tremenda, teníamos todos 16, 17 años y en esa edad vos pensás que la muerte es cosa de viejos. Esto fue un golpazo”, cuenta Vilche.

La muerte de Walter provocó la reacción solidaria de muchas personas, entre ellas la abogada María del Carmen Verdú que comenzó a organizar marchas y festivales junto a la familia del joven para visibilizar el caso. Ese fue el germen de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Miguel Ángel recuerda especialmente el suceso: “Fue muy conmocionante para chicos tan jóvenes como nosotros que, hasta ese momento, no teníamos actividad política. Empezamos a ir a los diarios, a las radios que nos hacían entrevistas todo el tiempo. Fue un año intenso que, obviamente, nos cambió la vida a todos”.

El ex comisario Miguel Angel Espósito fue condenado con una pena menor en 2013.

Como recuerda Verdú: “Lo más importante fue el saldo organizativo, en un momento en el que estábamos en un escenario de completa desmovilización, a fines de los 80 principios de los 90. La irrupción del caso Bulacio generó todo un movimiento juvenil de organizaciones estudiantiles con mucha presencia en la calle. La movilización permitió visibilizar la militancia que veníamos perdiendo contra el gatillo fácil, contra las torturas en lugares de detención, contra las muertes en lugares de detención, contra las detenciones arbitrarias en la Ciudad de Buenos Aires, en muchísimos barrios del Conurbano, y en el ámbito nacional. Este caso le puso cara a una pelea que sigue hasta el día de hoy”.

Así nació un grito colectivo: “Yo sabía/yo sabía/que a Bulacio/lo mató la policía”. Grito que perdura en las marchas contra la represión pero, también y sobre todo, en los barrios, las canchas, los recitales y en la garganta de jóvenes que no habían nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal.

“A pesar de todo eso, de que en 2003 la causa generó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado argentino derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias. A pesar del tardío e incompleto juicio oral al comisario Miguel Ángel Espósito que recién llegó en 2013, de su ridícula condena (fue condenado a la pena de tres años y medio de prisión en suspenso, por lo que no fue detenido). A pesar de que no hay juez, fiscal o cámara que de vez en cuando no cite el Caso Bulacio y que se estudie en las facultades, lo cierto es que hoy, en 2021, no sólo estamos igual en materia de detenciones arbitrarias en Argentina si no que estamos peor”, plantea el comunicado en la página web de la CORREPI en ocasión del aniversario del caso este año.

A pesar de la sentencia internacional, en nuestro país, siguen vigentes códigos contravencionales y regulaciones policiales que desconocen las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que se hace necesario continuar con el trabajo de concientización iniciado. En este sentido, Verdú explica: “Estamos lanzando la nueva campaña en contra de las detenciones arbitrarias exigiendo el cumplimiento de la sentencia que no solamente serviría para garantizar la libertad de tantas personas en la República Argentina sino que, además, sería una garantía para la integridad física de las personas. Porque el 50% de las personas muertas en comisarías en los últimos 35 años, de acuerdo a nuestro archivo de casos, no fueron detenidas por un delito sino por algunas de esas herramientas arbitrarias: averiguación de antecedentes, identificación, contravenciones, razzias. Para cumplir con la Corte Interamericana, el Estado argentino debería haber derogado esto hace más de 17 años y acá estamos, con un sistema incluso más amplio de lo que era en 1941”.

Y mientras tanto, la imagen de Walter nos sigue sonriendo en carteles, remeras y pantallas. “Walter es la cara de la lucha organizada de la juventud contra la represión estatal”, asegura Verdú. Y sus amigos, bien lo saben: “Veo todo el tiempo la imagen de él. He visto esténcil, la figura del Che hecha con la cara de Walter. Aparte fue el primer muerto en las barbas del rock en época de la democracia. Después de la muerte de Walter, en los recitales de los Redondos a los que asistimos, vimos chicos que tenían remeras con su cara, algo que no era tan común en esa época. También, gente cantando, y su imagen en las banderas”, reflexiona Vilche. Por su parte, otro amigo, Cristian Ottaviano, sentencia: “Walter se convirtió en el mártir, en la imagen del gatillo fácil, la gente no se olvidó que no hayan pagado los responsables”

Pero la memoria trasciende lo visual, Vilche cuenta: “Estoy en un proyecto, escribiendo sobre Walter. Es un libro de no ficción, más intimista que periodístico, y trato de contar nuestra historia con él que incluye todo lo que tiene que ver con el caso. La idea principal es que no se olvide”.

Sin embargo, más allá del loable proyecto personal de Vilche y sus compañeros de división, Walter Bulacio nunca será olvidado porque siempre será una página importante en la historia argentina de las luchas por el derecho a la integridad personal y a la libertad.

El gobierno de Macri fue el más represor de la historia democrática

El gobierno de Macri fue el más represor de la historia democrática

Cambiemos es responsable del 26% de las muertes por represión estatal que acontecieron desde 1983.

Se cumple una semana del traspaso presidencial y los datos de la gestión de Mauricio Macri son desalentadores, no solo en el ámbito económico. El Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ( CORREPI) demuestra que el gobierno de la alianza Cambiemos tiene el triste récord de ser el más represor de la historia democrática, ya que en estos últimos cuatro años, el aparato represivo del Estado asesinó una persona cada 19 horas. Es el promedio que da 1.833 personas asesinadas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de este año, que es la fecha en la que se cerró el informe.

Bajo la administración macrista, el número total de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 alcanzó los 7.093 casos. La política de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el aval oficial al gatillo fácil con la “doctrina Chocobar” determinó el gobierno con más muertes a manos de la represión estatal en 36 años de democracia ininterrumpida. En sus primeros 21 días de gobierno, año 2015, sumó 50 casos, en 2016 fueron 443, durante el año siguiente el número se elevó a 451 y en 2018 se registró el pico más alto, 489. Y en el último año de mandato, los casos contabilizados fueron 401,  aunque pueden elevarse en el informe del año próximo, ya que el conteo finalizó antes de fin de año y faltan datos oficiales. 

María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, habla de un “legado criminal” que deja Macri. “Confirmamos aquello que decíamos hace cuatro años, íbamos a enfrentar una etapa signada por el ajuste y la represión, nunca imaginamos el nivel de profundización al que iban a llegar. Por eso, sin ninguna duda estamos felices que Macri se haya ido, con Bullrich y su banda”, aseguró, aunque se mantiene preocupada por el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. 

Desde 1983, murieron 7.093 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El archivo que presentó CORREPI, que se actualiza cada año, se realizó por primera vez en 1996  como respuesta a las declaraciones del ex presidente Carlos Menem ante las denuncias por violencia policial, donde negaba el gatillo fácil y afirmaba que lo que había era “noticia fácil”. También su Ministro del Interior, Carlos Corach, negaba los casos y exigía listas con los nombres de las víctimas. Aquel primer listado que presentaron incluía 262 nombres desde 1983.

Las estadísticas confirman al gobierno macrista como el más represor ya que es el responsable del 26% de muertos en cuatro años, superando  a la gestión de Cristina Fernández que alcanza un 37%, pero en ocho años. La cifra que deja la administración saliente, 1.833 asesinados por la represión estatal, da un promedio de 1,28 muertos por día. 

Durante la gestión Cambiemos, la mayoría de las muertes ocurrieron en cárceles, patrulleros y comisarías, casi un 60%, seguido por el gatillo fácil con el 27% y en tercer lugar, las producidas en situaciones intrafuerza o intrafamiliar que registran casi un 10%. Más atrás quedan las ocurridas en otras circunstancias, donde no se sabe lo que pasó, como consecuencia de otros delitos o causas truchas y en movilizaciones, con 49, 17 y 4 casos respectivamente. Dentro de la última categoría, muertos en protestas sociales, aparecen los nombres de  Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, asesinados en Chubut, Río Negro, Chaco y Buenos Aires. 

Las provincias con mayor represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza.

Las provincias donde más se aplica la represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, con índices similares, de acuerdo a la cantidad de casos en relación a la población de cada provincia. Si solo se toman en cuenta los casos por provincias, Buenos Aires lidera ampliamente con un 52%. Aunque las policías provinciales y los servicios penitenciarios son responsables de más del 85% de los asesinatos, la Policía de la Ciudad también posee números preocupantes. En casi tres años de existencia, fueron responsables de 68 muertes, un promedio de dos personas por mes.

Ante este panorama desolador, desde CORREPI proponen al nuevo gobierno de Alberto Fernández una serie de medidas a implementar que, como sostiene Verdú, “se pueden hacer”. La derogación de la resolución 956/18 que habilita el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, terminar con los programas de reconocimiento facial, derogar la resolución 845/18  que masifica la intercepción y detención de personas en las estaciones de trenes, acabar con la provisión gratuita por parte del estado de defensa penal a miembros de fuerzas de seguridad y poner fin al Servicio Cívico Voluntario en Valores de Gendarmería. “La Negra”, como la llaman a la abogada en su organización, destacó del discurso presidencial el día de la asunción que es la primera vez que un presidente reconoce que existe el gatillo fácil, aunque el mérito le pertenece “a los compañeros y compañeras que pusieron el gatillo fácil en la agenda política”.