Feb 25, 2021 | Culturas, Novedades
La histórica esquina porteña de Córdoba y Dorrego, a punto de ser demolida.
Basta de Demoler es una organización no gubernamental que se formó en el año 2007 como iniciativa de vecinos y vecinas que vieron cambiar sus barrios, con el objetivo de defender la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción. Frente a la ausencia de políticas públicas y al deterioro o demolición del patrimonio tangible e intangible, surge la asociación que busca crear un nexo entre la sociedad y ocupar ese lugar donde el Estado está ausente, ya que no sólo no resuelve la problemática sino que empeora la vida de la población en pos de defender otros intereses. Para organizar los reclamos a fin de que sean puestos en agenda, la ONG difunde los casos de edificaciones que están en riesgo de demolición –o que ya se han perdido- y promueve acciones de amparo para evitar la destrucción.
Mientras la definición de Código Urbanístico explica que “permite diseñar una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires” y que busca cuidar el patrimonio histórico, en la práctica esta regulación se ajusta, en verdad, a la medida del mercado inmobiliario.
En el barrio de Palermo Chico, por ejemplo, un proyecto inmobiliario amenaza tres casonas del Área de Protección Histórica, donde se otorgó un permiso de manera irregular para construir una altura que casi duplica la permitida, de volúmenes no habilitados, con la unificación de lotes y superficies a construir que superan lo autorizado por la normativa e incluso no se informó a la comunidad vecinal de esta situación.
La Ley 3056 que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) sobrevive como una prórroga hecha por vía judicial ya que se sancionó con fecha de caducidad. Los reclamos públicos y las acciones de amparo de las asociaciones vecinales hicieron posible mantener la vigencia de esta ley que protege de la demolición los inmuebles de propiedad pública o privada que estén inventariados como “Edificios Representativos”, y registrados o construidos antes del 31 de diciembre de 1941.
La Ciudad de Buenos Aires solo tiene 18.195 edificios protegidos, construidos antes de 1941.
En el año 2011, la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron a un convenio con el fin de definir un inventario de edificios de valor patrimonial anteriores a 1941. De los 140.527 inmuebles relevados sólo 18.195 fueron incorporados como inmuebles protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), organismo que actúa como filtro y elige que edificio van a proteger y cual no. Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de Basta de Demoler, explica que además del bajo porcentaje que se propone proteger, la situación es más compleja ya que nunca enviaron al Poder Llegislativo estos proyectos de ley para que sean tratados. Es la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña la encargada de trabajar sobre ese registro de edificios para sancionar una ley que establezca el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad.
Para Sbarbati se trata más de una estrategia de greenwashing que de una verdadera política por la preservación del patrimonio. En comparación con otras ciudades, el porcentaje elegido por el Consejo Asesor es muy bajo y la demolición está a la vista en cada barrio de la ciudad, seguida de la construcción de edificios altos que cambian la escala de la ciudad, impactan sobre la habitabilidad y no la hacen más sostenible, ni social ni ecológicamente. La construcción ilimitada de edificaciones de siete pisos en calles comunes y de doce en las avenidas, afecta la calidad de vida. “La luz y el sol parecen una cuestión abstracta pero después de la pandemia te das cuenta que vivimos como en un zoológico”, afirma Sbarbati.
El Código Urbanístico privilegia la mayor capacidad constructiva. “Lo que más estamos discutiendo es que en realidad cada vez que modifican el Código, el tema del patrimonio va perdiendo potencia y se va flexibilizando la defensa sobre los edificios y las áreas de protección histórica. Antes, a los edificios catalogados no se le podían construir edificaciones arriba, lo empezaron a hacer y finalmente modificaron el Código para ir blanqueándolo. La Dirección General de Interpretación Urbanística toma las decisiones y hacen el enrase –la igualación de las obras del entorno construido en altura- que está bien pero intentan compensar la altura de un vecino con la altura del otro siempre a la mayor cantidad de metros cuadrados posibles, nunca a la más baja. El Código está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria y menos a favor de la habitabilidad”, afirma.
Basta de Demoler nació en 2007 para resistir la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.
Sbarbati explica que es muy difícil el acercamiento con el Estado y que siempre es más llamativo inaugurar más metros cuadrados que la restauración y el cuidado. “Lo que sucede es que nadie tiene poder de decisión sobre su entorno inmediato y sobre su espacio, siempre lo decide otro”. Esta práctica extendida en muchas ciudades del país tiene un impacto ambiental, además de la pérdida del patrimonio que se podría poner en valor culturalmente. “Se están demoliendo un montón de residuos sólidos que en otros países se cobrarían impuestos por ejemplo, están tirando abajo un montón de edificios que a veces tienen materiales nobles que no se reemplazan más”, afirma el integrante de Basta de Demoler. La autorización constante de demoliciones tiene efectos sobre los barrios, el entorno y sus habitantes. “La arquitectura es el ordenamiento de las relaciones sociales entre las personas porque te dice dónde te reunís, circulás, dormís, dónde se ejerce el poder. Eso queda plasmado en las formas que tienen las casas y los edificios, y desaparecerlos provoca que esas explicaciones que son parte de la historia se vayan perdiendo”, concluye.
Lorena Marina Sánchez es Doctora en Arquitectura, Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora Adjunta del Conicet. Explica que la preservación de las viviendas está bastante poco resuelta en muchos lugares del mundo porque en los centros urbanos o en los lugares más codiciados, que tienen todos los servicios y todas las bondades de las ciudades, es donde se trata de densificar. Lo que significa más viviendas y menos lugar. “En general, es un problema histórico –tanto pasado como presente- que no es nuevo sino que ahora está más visible, de conciliar lo antiguo con lo nuevo. Por ejemplo, construir una vivienda en un casco histórico plantea varios dilemas para lo cual la disciplina patrimonial ofrece ciertas soluciones pero con cada caso es un mundo en sí mismo y las resoluciones no son siempre fáciles de tomar”, señala.
La vivienda tiene una particularidad que quizás no tengan otros tipos de arquitecturas, expresa Sánchez, y el mayor problema está en las que tienen una escala intermedia por su condición privada, que forman contexto y caracterizan a las ciudades. “Normar sobre ellas y hacer que un área siga teniendo vida cotidiana, que la ciudad pueda seguir evolucionando y generando nuevos patrimonios -porque es necesaria la arquitectura contemporánea- no es un dilema que tenga una única solución. Tampoco está solucionado en los centros históricos declarados como tales, que tienen un desarrollo importante en normativas y en turismo. Especialmente en Europa aparece la tugurización y la gentrificación. Los centros se vacían de los pobladores originales, las viviendas empiezan a ser temporarias, se empiezan a precarizar y a ser ocupadas o bien, a convertirse en focos de las diferentes élites. Mantener las viviendas con un grupo de personas que le den sentido al lugar en la misma línea histórica en que venían siendo utilizadas como una residencia, es algo complejo. Además, incorporar la arquitectura nueva y responder a planificaciones que a veces piden densificación, no siempre es fácil de solucionar. En esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, la especulación inmobiliaria encuentra un intersticio de lujo para operar, entre vacíos normativos, necesidades económicas de nuestras ciudades y ciertas lecturas extrañas de las normas”.
Sánchez, autora del libro ¡Viva el patrimonio!: un paseo por el legado arquitectónico y urbano publicado en el 2020, cuenta que en Mar del Plata el código de preservación patrimonial solamente protege y ampara en determinada circunstancia los bienes principalmente individuales, y no hay una norma que proteja el contexto. “Donde se construye una torre se alteran los dos linderos y si se construye una torre por intermedio, el que queda en el medio lo vende y se produce un efecto dominó negativo que va cambiando la fisonomía de la zona. No se está equilibrando el pasado con el presente”.
Para Sánchez la noción de patrimonio, recuperada de la reconocida arquitecta Marina Waisman, es lo que le permite a los habitantes encontrarse con su propia cultura, lo que de alguna manera los identifica y que puede ser tangible o intangible. Es decir que además de su materialidad y estética concreta, narra historias únicas. Considera que la vivienda -ámbito de su interés, en el que trabaja y observa muchos cambios- es una de las áreas del patrimonio más complejas. Las viviendas suelen tener valores contextuales-ambientales e histórico-sociales, no solo individuales o artísticos puntuales. “Definitivamente el impacto de una torre que cohabita con una vivienda de dos plantas es negativo. Eso en Mar del Plata se ve. Los recursos naturales como los recursos construidos patrimoniales, son escasos, no son renovables. En ese sentido, la preservación del ambiente entendida como algo integral, implica un equilibrio”.
Para comprender la importancia de la preservación, la Doctora en Arquitectura cuenta que el patrimonio residencial, por ejemplo, expresa la evolución de una sociedad. “Una casa puede revelar lo que pasó no solo una familia sino lo que pasó en esa ciudad e incluso en un país. Si una sabe leer especialmente los conjuntos de viviendas, podrá observar que son muy ricos porque tienen una biografía que es la que hay que explorar para saber qué preservar y descubrir sus valores, que son testimonios de una época y de una sociedad. Las viviendas hablan de lo doméstico, de lo micro y también de lo macro. Se conjugan varios factores que son muy interesantes y en eso reside la complejidad de qué se preserva, qué no y cómo”.
Sánchez explica que la clave de lo residencial, en términos de viviendas que tienen valores contextuales, está en proteger áreas, una vivienda suma por ser parte de un conjunto. “Por ejemplo, en Buenos Aires lo interesante es ver esa cuadra donde esas casas “chorizo” en conjunto alineadas conforman una fachada sobre la línea municipal. Esa cuadra hace a su vez de eslabón del barrio que probablemente sea similar en muchos de sus trayectos o tramos, y en su conjunto identifican un lugar. Tienen valor de conjunto. Observarlas, ver cuándo fueron construidas, por qué tienen ese tipo de zaguán, qué tipos de tecnologías se utilizaron, las alturas que tienen, es como leer un libro”.
En Mar del Plata no hay ningún tipo de regulación de contexto. Para Sánchez, desde la organización interna local, la ciudad debería trabajar con sus áreas porque cada una es particular y requiere un análisis dentro del marco territorial y social. “Un área es mucho más que el conjunto de viviendas pero éstas son importantes porque le dan sentido. El patrimonio es muy dinámico y son muchos los esfuerzos para protegerlos. A medida que va avanzando el conocimiento también se va modificando la forma en que se preserva mejor”.
En su ciudad existen iniciativas locales llevadas adelante por vecinos y vecinas alarmadas por las torres que se están construyendo en el sector costero. “En ese perímetro está siendo demasiado visible la ruptura de cohabitación entre torre y vivienda de uno o dos pisos. Las asociaciones vecinales aparecen como un factor importante que trabajan con abogados y expertos por la defensa, para que no demuelan un chalet para hacer una torre o para que no pongan una torre que anule los chalet contiguos”, cuenta la investigadora. La Asociación Marplatense Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano colabora e incluso impulsa una especie de monitoreo de bienes que están en venta, reúne firmas en petitorios, envía cartas al municipio, realiza abrazos simbólicos y safaris fotográficos, para organizar la defensa del patrimonio, frente a la falta de respuestas del Estado.
Sánchez también destaca la importancia de concientizar a los usuarios ya que son ellos los que definen vender o no vender, en cuanto a la salvaguarda de bienes residenciales. En la facultad estos temas también son de interés y se tratan desde líneas de investigación, quizás más académicas pero en diálogo con la ciudadanía.
Las casas narran y entender lo que nos dicen es parte muchas veces de una investigación, y en eso está la riqueza de cada lugar, expresa Sánchez. Desde lo monumental hasta lo modesto, desde lo material hasta lo inmaterial, desde lo ambiental hasta lo tecnológico, el patrimonio es aquello que forma parte de la cultura y de la historia, que condensa estilos arquitectónicos diversos, formas de habitar el espacio, la historia de una cuadra, la identidad de una construcción, de un barrio y de sus habitantes.
Ene 17, 2019 | Novedades, Trabajo
«Fueron 300 policías para desalojar a dos personas que hacían una guardia. Nos sacaron
como a narcotraficantes», denunciaron los trabajadores que tomaban el local de la
tradicional confitería Boston -en la zona de Varese de la ciudad balnearia de Mar del Plata-, tras el abandono empresario. El desalojo se produjo en la madrugada del miércoles y
estuvo a cargo de efectivos de la Policía bonaerense.
Los trabajadores de la Boston llevan más de 200 días de lucha en los que intentaron -y
siguen intentando- mantener sus fuentes de trabajo. “Señores clientes, los hermanos
Lotero nos adeudan los salarios”, avisaba un cartel. Esa es la razón por la que dos locales
de la Boston permanecieron tomados por sus trabajadores.
La confitería había sido fundada en 1958 por Fernando Álvarez y Miguel Potrone. Si bien
llegó a contar con seis locales distribuidos por toda la ciudad, hasta el desalojo sólo
quedaban tres: el de Varese, el de la calle Buenos Aires y el de avenida Constitución.
En noviembre de 2016, los fundadores vendieron la empresa a los hermanos Pablo y Juan
Manuel Lotero y a un empresario austríaco. “Dijeron que iban a abrir más locales. Pero en
un año y cinco meses cerraron dos”, cuenta Alejandra Blanco, trabajadora de la sucursal
de Varese, en diálogo con ANCCOM.
“Ya veníamos con dos meses atrasados de obra social y aportes cuando se vendió la
empresa”, dice Blanco. Y continúa: “De ahí en más nunca cobramos un sueldo entero.
Llegamos a cobrar en cinco cuotas. Fuimos accediendo porque no queríamos perder el
trabajo”.
La primera retención de tareas fue en marzo de 2018 por falta de pago de salarios. Una
conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires obligó a los trabajadores a retomar sus actividades. La segunda retención fue en
abril. Esta vez por tiempo indeterminado.
Frente a esta situación, los dueños de la Boston realizaron una denuncia a los
trabajadores, y hubo despidos por usurpación. La causa finalmente fue archivada. “Fuimos
a hablar con la jueza y a demostrar que esto era una toma pacífica porque nosotros no
cobrábamos”, recuerda Blanco.
Si bien probaron que no era usurpación de los locales, no pudieron garantizar mantener la
lucha en ellos. El 26 de diciembre pasado fue el primer intento de desalojo del local de
Varese. Gracias a la presencia de sindicatos y organizaciones sociales pudieron frenarlo,
pero finalmente se concretó en enero, durante una madrugada en la que dos trabajadores
hacían guardia.
El otro local tomado por los trabajadores, el de la calle Buenos Aires, también tiene
pedido de desalojo, pero su situación no es la misma y aun la toma continúa. Pertenece a
Pastelera Tecomar, firma detrás de Confiterías Boston. En cambio, el de Varese pertenece
a una persona particular, que lo alquilaba a los Lotero, y por eso su desalojo también era
inminente.
Como parte de la medida los trabajadores de la Boston venden sus tradicionales
medialunas con café a voluntad a quienes quieran colaborar con el fondo de lucha.
También agregaron facturas, budines y bebidas. Todo a precios accesibles. A los clientes
se los atiende en la puerta. Adentro del local es todo penumbras. Ordenado y limpio,
como para recibir gente, pero sin esa posibilidad. En Varese habían ubicado unas mesitas
en la calle para el que quisiera. Hoy, con una única sucursal en manos de los trabajadores
que sólo puede vender productos para llevar.
Ninguno de los hornos está habilitado para ser usado. Por eso, los mismos trabajadores
despedidos cocinan en la sede del sindicato de pasteleros de Mar del Plata. Con lo
recaudado recuperan la materia prima y compran lo que les hace falta. Lo sobrante, va a
un “pozo”. “Una vez por semana las ganancias se dividen entre los que estamos”, explica
Blanco.
Empezaron siendo ochenta familias involucradas. Hoy quedan 26 trabajadores, catorce del
local de Varese. “Algunos consiguieron trabajo. Entre ellos, algunos siguen en la lucha.
Otros se abrieron y siguen solo con la parte legal”, dice Blanco.
En un principio, quienes fueron por su café y medialunas a la Boston también pudieron
dejar su firma para colaborar con el que era el proyecto de sus trabajadores: convertir la
empresa en una cooperativa. En el último tiempo, sobre todo a partir de los pedidos de
desalojo, ya no se veían las planillas.
Más que como objetivo, Blanco lo ve como un “sueño”. “No sigue en pie. Para tener
cooperativa necesitás un aval que nosotros no tenemos. Hace siete meses que no
cobramos un sueldo. No tenemos capital”, explica.
Se dice también que una cadena de cafeterías de Mar del Plata está interesada en alquilar
el local frente a la costa, pero los trabajadores de la Boston no lo ven como solución. “Una
persona vino al local a verlo. Dijo que no había hablado de la cantidad de personas que
tomaría. De producirse eso, no sabemos si quedaríamos los catorce”, cuenta Blanco.
Hace tiempo que Mar del Plata está dentro de las ciudades con mayor índice de
desocupación del país. En el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), de diciembre de 2018, el número ascendió al 11,8 por ciento. “La situación del
trabajo es terrible. Es tremendo ver los negocios cerrados”, dice Blanco.
Pero también agrega: “En el caso de la Boston los dueños se aprovecharon, vaciaron la
empresa. Se hacían 350 mil pesos de caja por día. Si mañana abre, está lleno”. Según ella
es así porque “Boston es Mar del Plata”.
Tal vez por la particular situación de la ciudad o por el foco que tiene durante la
temporada, varios políticos visitaron Mar del Plata de cara a las elecciones de octubre.
Algunos se hicieron presentes en la Boston. Otros prestaron su apoyo también durante el
año.
Pero por más que sea una ayuda, Blanco no lo ve como una solución en el largo plazo.
“Los políticos han colaborado, pero esto es un conflicto privado. Se tiene que solucionar
por medio de las leyes”, explica. Y agrega: “El público apoyó en todo. La parte judicial no
nos ayuda. Necesitás llevar la comida todos los días a tu casa. En cambio, la Justicia se
maneja en días hábiles. Los tiempos de la Justicia no van con los tiempos de los
trabajadores”.
Jul 4, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
La bandera argentina, el dibujo de un submarino y el retrato de 44 tripulantes visten las rejas de Plaza de Mayo, que ahora presenta también tres carpas. En ellas se encuentran día y noche, desde hace una semana, los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Firmes, reclaman que no se abandone la búsqueda del submarino desaparecido desde el 15 de noviembre pasado, cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.
“Estamos en la plaza porque el Gobierno nos arrastró a venir acá, nosotros nos manteníamos en Mar del Plata, en la base, y pusimos toda la confianza en las autoridades nacionales. Estábamos esperando pacíficamente pero al venir el día martes 26 de junio a la Comisión Bicameral del Congreso y escuchar las declaraciones de los dos militares Claudio Villamide y de Hugo Miguel Correa nos trastornó”, expresó Yolanda Mendiola, madre del cabo principal Leandro Fabián Cisneros, en diálogo con ANCCOM.
La semana pasada, Villamide declaró ante la Comisión Bicameral que investiga qué ocurrió con el submarino y los 44 tripulantes. Allí manifestó que el ARA San Juan estaba en condiciones óptimas para navegar y operar en una campaña de las más largas y complicadas que realizara desde que salió de su reparación de media vida. La declaración de Correa también indignó a los familiares: “Correa fue el que recibió la llamada a su celular particular, él no estaba en la base, supuestamente estaba en su domicilio, y no reportó la llamada. Lo hizo recién al día siguiente. La búsqueda del submarino comenzó en un tiempo que no era, las 48 horas que se tiene que esperar por protocolo ya estaban atrasadas”, explicó Mendiola antes de partir al Senado a escuchar una nueva audiencia.
El 30 de noviembre de 2017 el Ministerio de Defensa dio por terminada la búsqueda del submarino.
Luego de la reunión que los familiares mantuvieron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, hace una semana, en la que se debía resolver qué empresa proveería la tecnología para buscar el submarino, el funcionario pidió a los familiares una prórroga hasta hoy miércoles, a las 16, con el argumento de recibirlos cuando tenga una nueva alternativa, luego de la caída de la licitación de la firma española Igeotest Geoscience Group (IGG), con la que se habría iniciado el contrato. Yolanda Mendiola detalla lo que sucedió: “Fue negligencia del Gobierno, porque al revisar las carpetas de licitación no se dieron cuenta que esta empresa española es fusión de cinco empresas, y una de ellas tenía una deuda, modificó su dominación y se presentó con otro nombre, pero el mismo CUIT. Esto hizo que cayera la licitación y nos quedemos sin nada. Ir a otra licitación sería perder tres meses más. Fue fatal la reunión, porque dos mamás fuimos a parar a la enfermería”. Yolanda explica que el Gobierno ahora analiza la posibilidad de elegir otra empresa de las que ya se presentaron.
Este martes se produjo una nueva audiencia en la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operativos de rescate del submarino, en la que declaró el contraalmirante Gabriel González, ex jefe de la base de la Armada en Mar del Plata. A las 14 continuó el cabo principal Humberto René Vilte, más conocido como el tripulante número 45. Vilte pidió excusarse de la misión que terminó en tragedia debido a que su madre había tenido un problema de salud y se encontraba internada en su provincia natal, Jujuy. Cuando se enteró que sus compañeros habían perdido la comunicación con el submarino viajó hacia Mar del Plata para acompañar a las familias, y esperar el regreso de la tripulación.
Vilte ayer dio testimonio sobre algunos inconvenientes de la nave, previos a la desaparición: Que la tapa de forro de la cubierta se había abierto, que lo constataron cuando hicieron superficie, y que luego se reparó en Ushuaia. También hizo alusión a la entrada de agua por la ventilación, pero afirmó que no había provocado incendio, ni inconvenientes. Los familiares descreen de su palabra, y consideran que podría estar siendo intimidado por las fuerzas militares, ya que Vilte no pudo responder varias de las preguntas, o decía no estar enterado. “Hoy se demuestra que no se cumple con la frase: un marino no abandona a otro marino”, fueron las palabras resonantes de una familiar presente en la Bicameral.
A las 15 fue el turno del teniente de navío Juan Gabriel Viana, quien explicó que en ningún momento pensó que esto podía llegar a pasar. Según el teniente, el submarino estaba en condiciones para zarpar, señaló también que se reparó la tapa forro, y agregó que se había llegado a la conclusión de que había sido mal cerrada. Familiares quebrados y disconformes con los testimonios increparon al teniente: “Confiábamos que nos digas la verdad, no sos el hombre que estuvo con nosotros en el primer momento en la base, te cambiaron Gabriel. En la base dijiste que había un montón de problemas y que no la pasaron bien, y ahora no lo confirmas, y tenemos grabaciones”.
El ARA San Juan perdió contacto con la base el 15 de noviembre de 2017 a las 7 de la mañana.
Esther, la mamá del Cabo principal Luis Alberto Niz, en diálogo con ANCCOM describió cómo fue el último contacto con su hijo: “El pos submarino es muy doloroso, es una situación que todavía no la creo. Yo a mi hijo lo vi la última vez el Día de la Madre, en octubre. Se iba a casar el 7 de diciembre, cuando volvía de Ushuaia a Mar del Plata. Me llamó, me dijo que eran 20 días de viaje, una eternidad”. Esther le dijo a su hijo:
-Negro quedate tranquilo que volvés, te casas y te vas de luna de miel.
-Cierto ma, tenés razón- le dijo.
-Chau, te quiero mucho- fue lo último que escuchó.
“Le compré los centros de mesa, los suvenires y sigo esperando. El último contacto fue el 8 de noviembre, estuvimos hablando como diez minutos, cosa que nunca hacía porque él cuidaba el teléfono, de no gastar. Lo sigo esperando, tengo sus cosas para el casamiento. No siento que se haya ido de esta vida, lo espero y sueño con volver a abrazarlo y no poder soltarme”. Esther también recuerda cómo su hijo eligió su profesión: “Cuando él me dijo que se iba a ser submarinista a mí no me gustó, me había quedado en la cabeza el submarino ruso que se hundió y que los muchachos escribían en lo oscuro para despedirse de su familia. Así que le decía que era peligroso. Me decía que no pasaba nada. Era su vocación. Estuvo en la Fragata por dos años y me decía que ya conocía el mar por arriba que ahora tenía que conocerlo por abajo”.
Los familiares prometen quedarse acampando hasta obtener una solución. “Estamos en la espera, y de acá no nos movemos hasta que no tengamos algo. Ya son ocho meses que estamos confiando en el Gobierno. Estamos acá para ser visibles, porque nadie estaba enterado de lo que nos pasaba. Nos abandonaron. Son ocho meses de angustia. Queremos respuesta”, exclamó Mendiola.
“Queremos que se haga todo más rápido, que no lleve tanto tiempo, no tenemos ninguna respuesta, queremos pruebas, una foto aunque sea del submarino en el fondo del mar para decir ‘bueno están ahí’. Ahora no sabemos dónde están y no sabemos qué les pasó tampoco. Responsables hay, pero no tienen el valor de hacerse cargo por mandar a navegar un submarino que no estaba en condiciones. Son cobardes. Los mandaron igual a hacer la misión, y todos se cubren sus espaldas echándoles la culpa a los tripulantes, que ahora no se pueden defender. Ellos hacían su trabajo con amor y con orgullo. Creemos que no nos quieren decir dónde están, porque cuando se descubra qué le paso al submarino, van a caer cabezas. Lo sentimos desde el primer día, saben qué le paso al submarino y dónde están”, concluyó Esther.
