«Los pobres somos la última rueda del coche»

«Los pobres somos la última rueda del coche»

Sobre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, barrio de Once, se ubica uno de los espacios arrendados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de reprimirlos, hasta desalojarlos de la calle cuatro años atrás, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los vendedores ambulantes una serie de centros comerciales. Sin embargo, con la pandemia llegó el ajuste, dejó de pagar el alquiler y hoy 200 familias de manteros se enfrentan a la amenaza de un nuevo desalojo: con una deuda de 20,6 millones de pesos, el Ejecutivo porteño litiga contra el dueño del terreno «por ocupación indebida».

Oscuro y escondido detrás de la feria del Gobierno de la Ciudad, el predio apenas se distingue. El movimiento sobre esa calle, tomada por los carros que comercializan verduras, es casi nulo y muy cada tanto recibe algún potencial comprador. Entre los primeros locales se encuentra el de Margarita Pérez, referente y delegada del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pérez, que trabajó en la calle la mayor parte de su vida, fue víctima de las coimas que la policía cobraba para permitirles trabajar.

«Estamos en el predio hace casi cinco años. Vendíamos en la calle cuando el Gobierno de la Ciudad decidió sacarnos de ahí. Hubo una negociación y nos reubicaron en estos galpones. En un principio se veía todo lindo, pero con el tiempo se fue a la mierda porque no había ventas. Le propusimos al Gobierno que pongan paradas de colectivos, que esto se difunda, pero no fue así», explica Pérez y agrega: “Las ventas aquí son poco y nada».

Respecto al posible desalojo, Pérez asegura que las autoridades tampoco les han informado nada. De hecho, desconocen si la deuda contraída es con el predio de La Rioja, del cual ella es delegada, u otro. Pero afirma: “El Gobierno de la Ciudad cuenta con un monto de dinero para reparar tanto el predio de La Rioja como el de Perón”. Propone que los feriantes pudieran mudarse a otro lugar, si el Gobierno se tomara el trabajo de ponerlo en condiciones. “Hasta ahora no quieren mover un dedo. Presentamos un proyecto de refacción y les pusimos todo lo más fácil posible. Es más, expusimos que tenemos compañeros capaces: arquitectos y trabajadores del MTE que pueden hacerlo y que cobrarían por debajo del costo con la garantía de responsabilizarse. Pero hasta ahora nos dilatan el tema”, cuenta la delegada.

La indiferencia que padecen es de larga data, desde el momento que llegaron al galpón y perdieron sus mercaderías por las goteras en el techo. El Gobierno les ofreció una retribución paupérrima y muchos eligieron dejar el lugar, empujados también por la falta de ventas. “A veces se vende y a veces no. Tratamos de liquidar la ropa porque tampoco nos vinimos para irnos con una mano atrás y otra adelante, si tenemos que ‘baratearla’ lo hacemos porque tenemos que llevar algo a casa. Por otro lado, recibimos el apoyo de las ferias populares que nos dan bolsas de alimentos. El Gobierno, al principio de la pandemia, empezó a repartir alimentos, pero después lo dejó de hacer. Hace seis meses entregaron una vez más y ya no volvieron. Me parece algo inadecuado porque hay necesidades”, sostiene Pérez.

Pese a la incertidumbre que viven, las feriantes eligen trabajar en el predio. Muchas de ellas son madres y sus hijos las acompañan, ya que no disponen de guardería, otra demanda ignorada por el Gobierno. También trabajan allí adultos mayores, personas que sufrieron la violencia institucional y no quieren volver a la calle. Ante la falta de apoyo, son las organizaciones sociales las que brindan contención, como el MTE, que organiza ollas populares y lleva comida para las familias.

“Apostamos a la conciencia porque sin lucha no se consigue nada –afirma Pérez–, todo lo que se pide es para los compañeros”. A la lucha por un trabajo digno, se suma la pelea por la vivienda, otra de las necesidades urgentes. Los precios exorbitantes de los alquileres expulsan a condiciones de vida infrahumanas a quienes no pueden pagarlos. “Yo me pregunto: ¿por qué el Gobierno nos denigra a la gente de la clase baja? Los pobres somos la última rueda del coche, somos los negros. ¿Por qué solo se le da la oportunidad a los que tienen plata? ¿Por qué nos discriminan? No pedimos que nos regalen, sino una casa para pagar, así sea a treinta o cuarenta años. Yo a la casa no me la voy a llevar al cementerio, pero nuestras familias se van a ocupar de seguir pagando eso que yo les estoy dejando porque tienen claro que es de ellos”, sostiene.

Ante la ausencia de políticas, las vendedoras crearon lazos de solidaridad y, según Pérez, la gente del predio es su segunda familia. Entre colegas se cuidan los puestos, se dan una mano ante cualquier problema o necesidad y conversan mientras esperan clientes. Los pasillos de la feria contrastan con el exterior: además de las prendas de vestir, los juguetes, accesorios y diversos productos exhibidos, cuelgan globos y guirnaldas de colores. Cada puestera mantiene los cuidados que amerita el marco sanitario y desde el MTE las han ayudado para que se vacunen. Frente a contagios de coronavirus, Pérez cuenta que se organizaron y acompañaron, así como lo hacen cuando alguien pasa una situación complicada de salud o fallece. De parte del Gobierno de la Ciudad nunca recibieron una ayuda económica desde que comenzó la pandemia.

El secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz, opina que la Ciudad de Buenos Aires está “liberada” desde hace unos meses por el contexto electoral. “Larreta quiere preservar la paz social, los vendedores hemos hecho muchas marchas. Somos laburantes, pero ante el hostigamiento nos organizamos”, destaca y hace un repaso del derrotero que condujo a la creación de la llamada “Feria de Once”.

“Cuando fue el desalojo, en 2017, había unos 2.300 vendedores en Once que, junto con Flores, son los lugares donde más manteros hay. Los desalojos comenzaron antes, en la peatonal Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, desde entonces se eligió una política de represión que continúa hasta hoy. Por una cuestión de propaganda política, para mostrar que Larreta daba soluciones a los vendedores, se crearon los predios. Tenían capacidad para 500, 600 personas, es decir que le dio una solución parcial a un 25%. Aunque en aquel momento, en la Ciudad de Buenos Aires había más de 15 mil manteros. O sea que en realidad era una solución para un 3%, pero siempre se presentó como ‘la solución’”.

Guaraz relata que al principio se hicieron controles “literalmente carcelarios” en los predios y se echó a más de 200 vendedores. Mucha gente se fue y hoy es pequeño el porcentaje que trabaja allí. “Los predios fracasaron, no cumplieron con su objetivo. Hoy todos los vendedores están en la calle. Con el paso del tiempo, las promesas del Gobierno para poder levantar los predios no llegan porque no son viables económicamente y los trabajadores esperan”, afirma. La violencia institucional se sigue ejerciendo mediante la indiferencia y abarca a todos los funcionarios políticos con poder de gestión, independientemente del origen político, sostiene Guaraz. “Hoy en el conurbano bonaerense hay represión –subraya-, secuestro de mercadería, prohibición de trabajar, ocurre en los municipios de San Martín, Morón, Florencia Varela, La Matanza y en distintas provincias”.

En territorio porteño, la persecución de las autoridades –la Policía de la Ciudad y Espacio Público– condujo a la muerte de dos vendedoras ambulantes que fueron atropelladas en situaciones similares: María Barrechea y Beatriz Mechato Flores. Esta política xenófoba se tradujo también en la sistemática detención de vendedores senegaleses y metodologías de tortura en comisarías. “En la ex  Comisaría Séptima –hoy 3 A sobre Lavalle entre Paso y Pueyrredón– tenían la modalidad de quemarles la mano con una plancha caliente. Muchos compañeros heridos en esas circunstancias quedaron con discapacidades permanentes producto de la represión”, asegura Guaraz. La violencia no se limitó a la calle, también operó a través del poder político de la Ciudad con la justicia porteña en los allanamientos. Las fuerzas de seguridad entraban de manera ilegal a los hogares, amenazaban a los trabajadores y les sacaban mercadería y bienes personales. Estos hechos fueron utilizados por el Gobierno para instalar un relato que luego replicaron los grandes medios, el de “las mafias organizadas”, criminalizando a los vendedores ambulantes.

Hoy el Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de entablar un diálogo con los manteros a quienes considera “ilegales”. Guaraz explica que la mayoría de los funcionarios los sigue viendo como una contravención o una falta. “Pero es un tema que excede el formalismo legal porque vivimos en un país donde cada dos personas en edad de trabajar, solo una lo hace, donde hay 13 millones de trabajadores en la informalidad y más de 20 millones son asistidas de alguna manera por el Estado con ingresos mínimos para vivir que no le garantizan ni la supervivencia. La gente tiene que salir a ganarse el mango y muchos lo hacen con la venta ambulante. Poner el Estado para reprimir, encarcelar a los vendedores, a los excluidos, hace que estén fuera de la realidad de lo que vive gran parte de nuestro pueblo”, señala Guaraz.

La gestión de Rodríguez Larreta nunca tuvo la verdadera intención de brindarles las herramientas para que los manteros puedan trabajar en mejores condiciones. Para Guaraz, la disposición de los predios “fue parte de una estrategia del Jefe de Gobierno para mostrar en un desalojo a la sociedad porteña que él no dejaba sin trabajo a la gente” y que el fracaso de estos galpones es intencional: “Saben que es un fracaso y que no lo pueden mantener”, asevera.

Desde el Sindicato se llevaron adelante propuestas para mejorar la situación de los manteros. La lucha por la legalización de su trabajo viene de 2014, año en el que se presentó el primer proyecto que proponía la habilitación de la reventa, muchas veces prohibida, y la creación de ferias en determinados horarios. “Tenemos que tener derechos y obligaciones. Esa era una manera de regular la venta desde el espacio público: si la prohibís, la volvés a tener. El Gobierno utilizó todos los recursos, Policía, toda la violencia institucional y, sin embargo, todos los vendedores volvimos a la calle. Es un hecho. No les sirvió desde el punto de vista que querían ellos”, expresa el secretario.

En los próximos meses, presentarán un proyecto de formalización de la venta callejera a la Legislatura porteña. Guaraz dice que “cada vez hay más vendedores en la calle producto de la situación económica. La solución es la creación de trabajo genuino. Si no hay, no hay posibilidad de dar una respuesta desde el Estado a los millones de trabajadores de la economía popular”.

Lejos de ser un problema, el trabajo de los vendedores ambulantes genera un impacto positivo en los centros comerciales. Tal es el caso de avenida Avellaneda, que creció con su llegada. “La gente iba por los manteros y esa afluencia indirecta de público que recibían los comercios los terminó beneficiando. No existe, al contrario de lo que se piensa, un interés contrapuesto. Son actividades que pueden coexistir”, afirma Guaraz. De hecho, los operativos de la policía contra los manteros asustaron al público. “Muchas personas terminaron siendo detenidas o decomisadas cuando salían de un comercio”, puntualiza.

Asegura que con la mayoría de los comerciantes tienen buen vínculo. Además, la situación crítica que ha dejado la pandemia se transformó en un punto de coincidencia. “Los comercios no cierran porque se le pone un vendedor al frente, cierran por los efectos de la cuarentena, porque la Ciudad de Buenos Aires le exige más impuestos, mientras que el valor inmobiliario de los locales cada vez es más alto. Los negocios no cierran por los vendedores, sino por la administración política de los funcionarios de turno”, concluye Guaraz.

La manta cortísima

La manta cortísima

 

 

 

La situación de los manteros en la ciudad de Buenos Aires está complicada, aunque en verdad siempre lo estuvo. En el contexto de pandemia todo se intensifica y problematiza. Después de un año y tres meses del anuncio de la cuarentena, las dificultades que tienen para vender son las mismas y hasta han aumentado. Sin ánimos ni esperanzas de recibir una solución, cientos de personas se ven obligadas diariamente a tender su manta sobre las veredas de barrios como Once para recaudar lo necesario para cubrir gastos diarios y mantener a sus familias.

Los manteros debieron cancelar su actividad durante buena parte del año pasado al quedarse en sus casas, situación que se repitió en abril y mayo pasado. “Hubo nueve días que no pudimos trabajar, no pudimos venir directamente. Volvimos con miedo de que la policía nos saque todo. Por eso vinimos con poca mercadería”, cuenta resignada Mariana Belozo de 25 años, vendedora de zapatillas en Once. Su testimonio desnuda gran parte de las problemáticas que deben afrontar, además de un esfuerzo constante por trabajar y un contexto que no ayuda.

La Policía de la Ciudad, en reiteradas ocasiones, impide a los manteros trabajar, no sólo secuestrando la mercadería para no devolverla jamás, sino también ejerciendo violencia verbal y física contra los trabajadores: al que se rebela lo detienen. Fue el caso de Malick, vendedor senegalés de ropa deportiva, a quien a principios del mes de mayo la policía le secuestró tres bolsos repletos de mercadería por un valor aproximado de ochenta mil pesos.

En estado de desesperación por perder su fuente de trabajo y toda oportunidad que tenía, Malick insultó a los oficiales y estos además de secuestrarle todas sus pertenencias lo llevaron a la comisaría. “Vienen y te empiezan a levantar las cosas como si fueran los dueños, se quedaron con toda mi inversión, ese era mi trabajo. Les pregunté dónde tenía que ir a buscarlo y me dijeron que no me lo van a devolver. Estaba enojado, los insulté y no me arrepiento. Me costó mucho tiempo volver a recuperarme”, cuenta.

Como Malick, hay cientos de vendedores ambulantes en situación de vulnerabilidad a merced de lo que dispongan las fuerzas. No les queda más que acatar sin diálogo, sin opción y sin propuestas. Los inconvenientes entre la policía y los manteros no es un tema reciente. La Asociación de Vendedores Libres viene dando lucha contra esta problemática desde hace muchos años. Su vocero, Omar Guaraz, no da el brazo a torcer y expresa: “Ante los operativos policiales nos replegamos para evitar la represión y nos reunimos en asamblea, donde decidimos volver a trabajar como todos los días”. Guaraz es consciente que en tiempos de pandemia son varios los problemas con que lidiar, y para ello apela a la unión, al consenso y al diálogo.

Otra disputa e inconveniente frecuente es con los comerciantes locatarios, que en muchas ocasiones amenazan a los vendedores con denunciarlos y echarlos de lo que ellos consideran “su parte de vereda”. Hasta suelen cobrar “renta”, “alquiler” o “cuidado” del metro cuadrado de vereda para que el mantero coloque sus productos.

Por otro lado, ante la crisis los vendedores sufren una merma en las ventas. Mariana, que trabaja en Once hace más de tres años, cuenta que a principios de 2020, antes de la cuarentena, vendía entre 5 y 8 pares de zapatillas por día. Hoy no llega a 4 pares diarios. Esta misma variable se replica en todos los rubros de la zona: calzado, blanquería, bijouterie, bazar o indumentaria.

Rosa, vendedora de ropa infantil hace más de 10 años en la zona, cuenta que en 2017 hubo una única propuesta a manteros por parte del Gobierno de la Ciudad para moverse al predio sobre Juan Domingo Perón y Bolougne Sur Mer. El mismo funcionaría como feria. La propuesta consistía sólo en brindar un lugar, sin puestos armados, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin baños, sin ningún tipo de infraestructura para el comercio. Además, el predio era demasiado pequeño para la cantidad de manteros que tiene la ciudad de Buenos Aires, por lo que era imposible mudar a todos los vendedores.

 

 

Aun así Rosa aceptó: “Sí, fui al predio. No se vende nada, es horrible, está bien,  no nos cobran nada pero no podemos estar ahí, es perder días de trabajo por nada.” Así que desistió y volvió a la vereda de su viejo puesto. Tanto Mariana, Rosa y Malick como cientos de manteros a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires siguen trabajando cada día bajo las mismas o muy similares circunstancias. Solo por nombrar algunas: la persecución de la policía, la violencia con que acude y “resuelven” y los robos y/o secuestro de mercadería. Además se le suma la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las restricciones para el comercio y la baja en las ventas. Demasiadas cosas que padece este sector de la población.

Sin manta y sin trabajo

Sin manta y sin trabajo

Luego de una semana de enfrentamientos y manifestaciones, los trabajadores callejeros de la Avenida Avellaneda se movilizaron este lunes hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una mesa de diálogo que dé solución al conflicto por el cual hace más de diez días no pueden trabajar en las calles del barrio de Flores.

La marcha hacia el Ministerio había sido anunciada durante un nuevo reclamo, el pasado sábado (día en que más movimiento comercial hay en la zona), y luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) los desalojara de las calles desde hace más de una semana. Aquel día, acompañados por dos cordones policiales, cerca de 500 trabajadores marcharon por la avenida para hacer oír sus reclamos.

El pico del conflicto se desató el martes de la semana pasada cuando efectivos de la Policía Federal y Policía Metropolitana desalojaron por la fuerza a los manteros que se encontraban sobre la Avenida Avellaneda. Pasados los días, los vendedores callejeros regresaron varias veces al lugar en acto de protesta, realizando ollas populares y marchas para que el GCBA les dé una alternativa que les permita no perder sus fuentes de trabajo.

Los trabajadores callejeros se movilizaron hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires el lunes.

Por su parte, los comerciantes que tienen locales en la zona denunciaron a los manteros por realizar una actividad ilegal que les reduce las ventas y además alertaron a las autoridades sobre amenazas directas recibidas por parte de los vendedores callejeros. Miriam L. -quien pidió a ANCCOM no revelar su apellido por temor- es propietaria de un local de indumentaria femenina en el barrio y comenta: “Los manteros nos perjudican porque ofrecen mercaderías similares a las nuestras pero sus precios son más bajos porque no pagan impuestos ni tienen empleados”.

Los manteros también necesitan trabajar para sobrevivir y, ante los continuos desalojos, se organizaron estableciendo delegados por cuadra. “Dicen que quieren libre la Avenida Avellaneda, entonces que nos den un lugar para trabajar, donde entremos todos”, solicita Jorge López, delegado principal de los manteros. Si bien este tipo de venta es ilegal -tal como ellos mismos admiten- la realidad es que muchos ven en esta actividad la única forma para subsistir ya que no tienen otra salida laboral: “Escuchamos a medios de comunicación y fiscales justificando el desalojo, diciendo que están investigando una red delictiva detrás de nosotros. Yo no veo acá delincuentes sino personas honestas que día a día se vienen a ganar el pan. No estamos pidiendo limosna, pedimos trabajo”, declara López.

La movilización fue en reclamo de una mesa de diálogo para solucionar el conflicto que impide la labor de los manteros hace más de diez días.

Como consecuencia de los enfrentamientos de la semana pasada, el Ministerio de Espacio Público informó que la solución más viable sería trasladar a estos vendedores callejeros a un galpón lindero a la estación de trenes del barrio de Once, en la calle Perón al 3000. Pero este espacio -que por otro lado no les fue explícitamente ofrecido- cuenta solamente con 200 puestos, que serían insuficientes según las estimaciones hechas por los mismos manteros. Según sus propios cálculos, sumarían aproximadamente 3.000 las personas que practican la venta callejera en las calles de Flores. El número toma en cuenta tanto a quienes trabajan los días de semana como a quienes lo hacen también los sábados, cuando más compradores se acercan a este barrio comercial.

Pese a que los agentes del Ministerio de Espacio Público habían anunciado el pasado viernes la realización de un censo de vendedores callejeros para reubicarlos en el predio de Once, los manteros ven esto como parte de una persecución y advierten que tienen miedo de dar sus datos ya que algunos compañeros sufrieron allanamientos policiales en sus domicilios en busca de mercadería ilegal: “Nos inscriben para perseguirnos y tenernos fichados, no para darnos una solución. Yo junto mis pesos y voy a La Salada, compro la mercadería y la vendo acá. De lo que gano, una parte la uso para comer y la otra queda para volver a comprar mercadería”, cuenta a ANCCOM Gisela Barrientos, quien hace tres años trabaja en la calle Avellaneda de lunes a sábado. El inconveniente en este punto es que tal como declaran los manteros, a ellos las autoridades del Gobierno porteño les exigen tener alguna factura que acredite la compra de la mercadería que venden. “Nosotros no somos una mafia que vende cosas robadas como dicen los medios, no tenemos factura porque compramos en lugares que son igual de ilegales que nosotros, en La Salada, Once o, incluso, en Avenida Avellaneda. Dicen que tienen todo en regla pero no dan factura a nadie. A ellos no los persiguen, a nosotros sí”, se defiende Barrientos.

El Ministerio de Espacio Público propuso que los vendedores se mudaran a un galpón en Perón al 300, cercano a la estación de tren de Once, pero los puestos no serían suficientes según los cálculos de los manteros.

Ante la ausencia de respuestas, los propios vendedores callejeros propusieron al Gobierno el permiso para ubicarse en un predio lindero a vías del Ferrocarril Sarmiento (a escasas 4 cuadras de la Avenida Avellaneda), donde consideran que entrarían todos si se organizan. Pero las autoridades no se lo permiten: “Pacíficamente pusimos una manta simbólica en las vías de Venancio Flores pero también nos sacaron. En ese lugar entraríamos todos pero nos dicen que le pertenece al ferrocarril.  Actualmente está abandonado, se junta gente que anda en la calle, hay prostitución e inseguridad. Si nos dieran ese lugar nosotros lo cuidaríamos y lo haríamos trabajar”, indica Alejandra D., vendedora callejera desde hace 17 años, quien también pidió reservas sobre su apellido por precaución.

Los manteros manifiestan que son los dueños de los locales los que llaman a la policía y al Gobierno para que los desalojen y les decomisen la mercadería que venden en la vía pública. También revelan que estos comerciantes, quienes acusan a los manteros de ´ilegales´, irónicamente también infringen la ley: “Fíjense arriba de los locales. Esas ventanas son talleres clandestinos. Yo lo sé porque yo trabajé durante un tiempo en uno de estos lugares”, recuerda Gisela Barrientos. “En los locales tienen a la mitad de los vendedores en blanco y a la otra mitad en negro. Si viene la AFIP los mandan a dar una vuelta hasta que se vayan. Pedimos que si quieren blanquear que empiecen por los de arriba, no siempre por los más pobres. Nosotros no tenemos plata para coimear a la policía, por eso nos desalojan”, agrega Alejandra D.

Los vendedores callejeros propusieron al Gobierno el permiso para ubicarse en un predio lindero a vías del Ferrocarril Sarmiento.

El principal reclamo de los manteros es que ante los continuos desalojos puedan ser reubicados pero no en cualquier lugar, “Pedimos una solución para los trabajadores de Flores en Flores. En esta semana le pedimos solidaridad a los comerciantes de nuestro barrio, porque ellos tienen que entender que si acá viene tanta gente a comprar es también gracias a los trabajadores de la vía pública”, reclamó Jorge López. La gran mayoría de los manteros no solo trabajan Flores sino que también son vecinos del barrio y un traslado a Once, dicen, les traería más complicaciones: “Les pedimos un espacio en Flores porque todos vivimos cerca de acá. Nuestros hijos van a las escuelas del barrio y los sábados, si no tenemos con quien dejarlos, tenemos que traerlos a trabajar con nosotras”, comenta Barrientos. Por estas razones, explican, solicitan un lugar donde puedan trabajar en condiciones dignas y de alguna manera salir de la “ilegalidad”, Varios consultados por ANCCOM opinaron que si se les diera la oportunidad aceptarían estar inscriptos impositivamente y poder desarrollar su trabajo con tranquilidad: “Estamos dispuestos a pagar el monotributo, no queremos que nos regalen nada. Si se pactara una suma que podamos pagar, lo haríamos. Nosotros tampoco queremos evadir impuestos”, resume Alejandra D.

Actualizada 19/04/2016