De zoológico a Ecofraude

De zoológico a Ecofraude

El parque vive una situación de crisis y abandono. Ahora exacerbada por ruidos de máquinas que buscan avanzar con las obras que permitirán concesionar a empresas privadas.

La esperanza de reconversión y traslado de animales del ex zoo porteño hoy se ve tapada por un negocio inmobiliario que quiere llevar adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es que las muertes de la rinoceronte y de la jirafa, en un plazo de diez días, sumado a los despidos de cuidadores experimentados, volvió a desatar la polémica sobre qué acciones se están llevando a cabo dentro del predio. El parque vive una situación de crisis y abandono, donde los animales están rodeados de máquinas y ruidos que buscan avanzar con las obras que permitirán concesionar a empresas privadas.

Giselle Ortiz, activista de la ONG SinZoo, habla sobre las transformaciones que está viviendo el Ecoparque: “Lo que el Gobierno está haciendo es modificar parte de la estructura del zoológico para crear edificios innecesarios; porque lo que necesitaban los animales en todo este período de rehabilitación, era mejorar sus recintos y mejorarles su calidad de vida. Los animales pasaron toda su vida en cautiverio, están tirados, tristes y con estrés. El Gobierno tiene un proyecto de ley, aprobado en primera lectura, que es concesionar 21 edificios históricos, patrimonios culturales de la ciudad. Los edificios no se pueden tocar por ley, igualmente los están tocando para dárselo a empresas privadas que quieran poner su emprendimiento. Llámese Starbucks, llámese Subway. Son empresas privadas que van a facturar y le van a dar ingresos al zoológico. En síntesis, lo que se quiere hacer es un shopping, con un patio de comidas a cielo abierto y un zoológico en el medio”.

El Gobierno tiene un proyecto de ley, aprobado en primera lectura, que es concesionar 21 edificios históricos, patrimonios culturales de la ciudad.

Ortiz comenta cómo es la situación que padece la fauna que todavía sigue en el predio: “Los animales están abandonados mientras que el Gobierno está haciendo un mega emprendimiento millonario. Te das cuenta que no hay limpieza, no hay cuidado, es un abandono. Los animales están padeciendo el ruido de las topadoras, el polvo. Pasamos de meter visitantes, a meter  cientos de obreros y máquinas. Están pagando con su vida y no queremos que suceda eso. Las obras comenzaron y no hicieron reparo en ningún informe de impacto ambiental, empezaron a construir sin nada previo, con animales dentro. Eso genera mucho estrés para ellos, más del que ya tenían.”

Con respecto a los traslados de los animales, cuenta: “Santuarios no hay para todos. Pero para cuando reabran, esos animales que sabemos que no pueden ir a ningún lado, no queremos que sean exhibidos. Estamos sacando animales de acá y metiéndolos en otros zoológicos. Ellos dicen que están preservando la especie, pero no los liberan. Reproducen animales que los trasladan a otros zoológicos. No estás conservando, no estás preservando, no estás educando. Solamente estás haciendo un negocio. Los animales en cautiverio desarrollan una enfermedad que se llama zoococis, que es la locura del cautiverio. Tenemos animales que se arrancan las plumas, se arrancan los pelos, se muerden, se autoflagelan, tienen comportamientos extraños. Hubo una partida de dinero importante para la reconversión, que era para los animales. Ese dinero no se está usando para ellos. No les están buscando el mejor lugar, se están sacando los animales de encima, básicamente, los están revoleando. Las muertes son porque no hay cuidado. Y es mucha casualidad que necesiten los edificios”.

Agrega que los despidos a los empleados más experimentados son contraproducentes para los animales: “Despidieron a cuidadores experimentados, y en su lugar tomaron pasantes. El animal no los conoce, no confía. No tienen manejo de animales, ni experiencia, otro estrés para el animal que está acostumbrado a su cuidador porque lleva años con él. Y los despidieron porque no estaban de acuerdo con el proceso de reconversión, entonces fue más fácil sacarse el problema de encima.”

La activista concluyó: “El mayor responsable de que esto esté pasando es el Gobierno, porque se metió en un mega proyecto, haciendo un master plan y después se dio cuenta que no está funcionando. El primero que renunció fue Andy Freire, que era el proclamador número uno del Ecoparque. Renunció la directora de Bienestar Animal, porque compraron sustratos para el recinto de los elefantes y era tierra de una obra, que no fue filtrada y venía con hierro. Un animal se clavó un pedazo en la pata. Hay cosas que son básicas. Hay cuidados mínimos que deberían tener, pero si pones a uno de los directores que antes era un gerente de banco, o alguien que estaba en contaduría, creo que no tienen la menor idea de lo que están tratando.”

Desde una hendija puede verse una topadora. La antecede una chapa con un cartel "Prohibida la entrada a toda persona ajena al sector"

«Las obras comenzaron y no hicieron reparo en ningún informe de impacto ambiental, empezaron a construir sin nada previo, con animales dentro», comenta Ortiz, activista de la ONG SinZoo.

Claudio Bertonatti, miembro de la Fundación Azara, y ex director del zoológico porteño, realizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFIMA), para que se abra una investigación tras la muerte de la rinoceronte y la jirafa: “Mi denuncia va hacia las autoridades del Gobierno de la Ciudad, empezando por el ministro de Ambiente y Espacio Público, están incumpliendo con su deber de funcionarios. La ley 5752 especifica que es lo que hay que hacer con el Ecoparque. Esta ley te obliga a hacer conservación, educación, investigación y preservar el estado animal, la primera pregunta que les haría es: ¿Con qué informe, y con qué análisis previo ustedes descartaron que estos 21 edificios no sirven para nada? Cuando revisas a quienes contrataron para estar al frente de este tipo de instituciones son politólogos, abogados, amigos o sobrinos. Es una vergüenza. Es gente que nunca vio un rinoceronte a tres metros. Tenés que poner al frente un veterinario, un biólogo o un naturalista”. Bertonatti en su denuncia también hace mención de los despidos: “Cuando remueven a los catorce cuidadores sacaron un comunicado diciendo que todos eran delincuentes, prácticamente,  que se los separaba del cargo porque violaban las normas internas. Si es así, primero, tendría que estar en su legajo. Hay gente valiosa que cuestionaba las malas medidas que ellos tomaban. Y los hicieron pasar por ineficientes”.

El ex director del zoo hace hincapié en que el Gobierno, al presentar el proyecto de Ecoparque, quiso quedar bien con los conservacionistas y los proteccionistas y no tenía una idea clara: “Las declaraciones iniciales del ex ministro Andy Freire y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no resisten el archivo. Ellos anuncian que van a transformar el zoológico en un Ecoparque y empiezan a tener un discurso absolutamente ambivalente, por un lado dan a entender que no va a haber más animales, y por otro que la institución va a seguir trabajando para la conservación de la naturaleza. Pretendían con su discurso quedar bien con todos, por un lado con la gente que venía reclamando que se cierren todos los zoológicos, y por el otro con los que decimos que esas instituciones tienen que transformarse. Nadie hoy en el mundo de la conservación anhela tener animales simplemente para ser exhibidos. Los zoológicos forman parte, hoy a nivel mundial, de la Convención de Diversidad Biológica, pero en Argentina cuando vos decís Zoológico, es mala palabra. Porque no tenemos zoológicos, tenemos colección de animales vivos, al servicio de la boletería, no de la conservación de la naturaleza.”

Tras unas rejas en primer plano, se ve el afiche un poco descascarado de un mono sonriendo. Con la leyenda del gobierno de la ciudad que dice"Ellos felices. Nosotros también. Armemos juntos el nuevo ecoparque".

Respaldándose en la ley 5752, Claudio Bertonatti, miembro de la Fundación Azara, y ex director del zoológico porteño, realizó una denuncia penal, para que se abra una investigación tras la muerte de la rinoceronte y la jirafa.

Ana Di Pangracio, abogada ambientalista y Directora Ejecutiva Adjunta de FARN, explica que la ley 5752, que regula la actividad del Ecoparque, apuntaba a una reconversión responsable, pero hoy hay detrás un negocio inmobiliario: “La ley no se está cumpliendo. Lo que vemos es lo que sospechábamos desde un principio, que era hacer un negocio inmobiliario en una de las tierras más caras del país. Limitar a los animales, según el master plan, en un sector puntual de pocas hectáreas, y destinar el negocio para obtener rédito financiero en gran parte del predio. Ya tienen una votación favorable para sacar un proyecto de ley para concesionar varios de los recintos, algunos son monumentos históricos nacionales, y ahora tienen que ir a una audiencia pública que va hacer el 29 de agosto a las 11.30 en la Legislatura. Esto un avance más en la privatización del espacio público de la ciudad. Quieren sacar provecho monetario a partir de las concesiones a privados sin estudiar el impacto que tiene sobre los animales, que se encuentran dentro del predio.”

Con respecto a la muerte de los animales, aclaró que investiga si se trató de un hecho adrede: “Los animales de gran porte, que son difíciles de trasladar a estos “santuarios”, como dice Larreta, y no les queda otra que dejarlos en el Ecoparque, pudieron haber sido víctimas de las obras que están haciendo, causándoles estrés o malos manejos en lo que respecta a su alimentación y cuidados. Están apurados por cuestiones presupuestarios.”

La abogada concluyó: “Desde la Coalición de Organizaciones No-gubernamentales Especializadas en Conservación de la Biodiversidad, le presentamos al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli, un pedido de acceso a la información pública para ver a qué responden las obras. En una reconversión puede haber modificaciones, pero deberían precisar cuáles son, bajo qué presupuesto, si se hizo una evaluación de impacto o no. Queremos que nos pongan al día: qué animales están, cuáles fueron trasladados o se prevén trasladar, con qué actores están interactuando, quiénes asesoran. Todo eso nos interesa saber.”

Imagen movida, exterior del zoo, donde se observa algo de tránsito vehicular. En el centro de la foto, una activista sostiene un cartel que dice "No a los traslados a otos zoos. Ecofraude"

«Quieren sacar provecho monetario a partir de las concesiones a privados sin estudiar el impacto que tiene sobre los animales”, declara Ana Di Pangracio, abogada ambientalista y Directora Ejecutiva Adjunta de FARN.

Santiago Gazzo, el cuidador de Ruth, la rinoceronte que falleció el mes pasado, explica por qué fue separado de su cargo junto con otros trabajadores del Ecoparque: “Compañeros que eran cuidadores con experiencia, fueron desplazados porque las órdenes de la gerencia eran cuestionadas. Fueron echados bajo falsas acusaciones como querer sabotear el parque. Estos chicos hacían notar que muchas decisiones podían poner en peligro a los animales, que era a fin de cuenta la prioridad de cada cuidador. Y a las directivas solo le interesa concesionar los recintos,  sacar animales que a veces no están en buen estado de salud para ser transportados. Los cuidadores no daban el brazo a torcer porque sabían que los animales no iban terminar bien. Yo ya me sentía incómodo, me dolía muchísimo trabajar ahí por todo lo que pasaba. Justo me iba a tomar vacaciones por lo que pasó con la rinoceronte, porque realmente me había afectado, pero me desligaron.” Y agregó: “La plata y el tiempo apremian y no se tuvo en cuenta como prioridad a los animales y llevó a un desenlace desastroso. Se notaba desde adentro que había algún tipo de negocio, intereses políticos. Creo que los animales sobreviven gracias a la gente que queda dentro, que vela por su bienestar, es decir, los cuidadores y los veterinarios. Pero cada vez son menos.”

Santiago cuenta las desprolijidades e irregularidades que se tienen dentro del parque: “La dirección y gerencia no prevén las cosas, reaccionan ante los desastres y no tienen un plan de prevención en cuanto a los escenarios complicados. En este caso se aceleraron las construcciones por tintes políticos. Algunas eran para mejorar los recintos, pero la verdad que lo hicieron tan mal que no sé si valió la pena todo ese despliegue. Modificaron la estructura varias veces y las mangas de manejo, que eran barras de metal, los rinocerontes las arrancaban del piso como si fueran varitas de madera. Se notaba que no había un plan. Era todo improvisado sobre la marcha”.

Con respecto a los videos de los recintos que circularon por las redes y que reflejan una mala higiene, comentó: “En el verano era una cantidad de ratas y cucarachas increíble, en el invierno un poco menos, pero es una realidad que siempre estuvo. En el sector de aves, recuerdo que había agujeros en el piso que eran las madrigueras de las ratas, era imposible sacarlas porque no se nos daba ninguna herramienta para hacerlo. No había un plan de contención de plagas”.

También hace referencia a los traslados de la fauna: “Muchas veces no medían el tema de cómo iban hacer los traslados de los animales, era algo mal organizado. He tenido compañeros que me contaban, por ejemplo, que habían traído una vez cajas que parecían de zapatos donde querían meter tres guacamayos para llevarlos y el cuidador se negó, ya que el animal ahí se iba a morir. A los cuidadores no se les decían la fecha y cómo iban a hacer los traslados. Se les daba un estimativo y de repente caían con las cajas. Si no lo haces bien los animales no llegan. Es una cosa bastante compleja, pero por las acciones y decisiones que toman apunta a que el bienestar animal no está al frente de las decisiones, sino a amortizar el gasto que tiene el parque que no saben cómo reponerlo.”

Los animales comenzaron a sufrir estrés al convivir con las maquinarias y obreros, que entran y salen del predio.

Los animales comenzaron a sufrir estrés al convivir con las maquinarias y obreros, que entran y salen del predio, y esto llevó a la muerte de la rinoceronte: “El nuevo quincho donde duermen los rinocerontes se hizo con maquinaria pesada, palas mecánicas y martillos. Todo ese despliegue estresó a los rinocerontes que son muy sensibles al ruido. Ruth, en invierno, siempre tenía episodios de insuficiencia respiratoria, que eran crónicos. Cuando hacía mucho frío perdía el aire y quedaba echada, se recomponía y seguía con su vida diaria, pero a esto se le sumó un gran estrés. El otro rinoceronte, Gaspar, cambió muchísimo el comportamiento en cuanto al año pasado. Yo asumo que es por el estrés, porque la única variable fue la construcción. Todo su estrés lo descargaba a través de ella, se ponía muy agresivo y posesivo con las cosas, con la comida, con el lugar de descanso, la alejaba y la corneaba, dejándola muy lastimada. A Ruth, ya debilitaba, le agarró una diarrea de veinte días que no le lograban contener, sumado a las lastimaduras del macho. El cuadro fue empeorando. Los cuidadores le hacíamos lavajes, pero no fue suficiente. Estaba tan débil que quedó atrapada en un lodazal, un lugar con barro que lo usan para refrescarse en verano. En invierno no lo usan, ella cayó ahí adentro y no tenía fuerza para salir. Ruth supo manejar el ruido, pero Gaspar no, y lo canalizaba en ella, y ella en su propio cuerpo que no cicatrizaba bien, la diarrea que llevó a una infección y se fue debilitando y ahí quedo”, cuenta el cuidador.

Hace unos meses se viralizó una imagen de la jirafa comiendo basura de un contenedor, por eso se pone en duda si su muerte no se debió a la mala alimentación: “Los últimos días que estuve en el parque, el pasto que les venía a las jirafas era bastante malo, basado en lo que me mostraban los cuidadores más expertos, y de la gente de nutrición. Viene en fardo seco pero igual es verdoso, con hojas. El que venía era amarillo, seco, sin hojas, puro palito. No era buen alimento. Las tres jirafas eran quisquillosas y selectivas a la hora de elegir la comida, y muchas veces se negaban a comerlo. Esperaban a que llegara algo mejor para comer. Pero no llegaba. El macho se negaba a comer. Dentro de todo, Shaki comía más que los otros dos, en su afán de comer empeoró su salud porque no era ese pasto bueno para ella”.

A los charrúas les meten el perro

A los charrúas les meten el perro

Se reabre el debate en torno a las carreras de galgos. Desde diciembre del año pasado se encuentra en vigencia la Ley 27330 que prohíbe la carrera de galgos en todo el territorio argentino, sin embargo los galgueros han encontrado dónde desarrollar la actividad prohibida en el país: los canódromos de Uruguay. Hace un mes se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron exponentes argentinos y del país vecino para tratar esta problemática y discutir un proyecto de ley para prohibir las carreras de perros también del otro lado del Río de la Plata.

Andrea López, abogada integrante de Proyecto Galgo Argentina, considera que la ley 27330 es de vanguardia y de suma importancia en tanto que busca proteger la integridad física y psíquica del animal, como así también acabar con otros delitos asociados como el trabajo infantil, la ludopatía, las drogas y las apuestas clandestinas. Por este motivo propuso apelar a los convenios de cooperación jurídica internacional, frente a las migraciones de galgueros argentinos para continuar con el negocio en los países limítrofes.

La ley argentina establece que están prohibidos tanto el desarrollo de las carreras como las actividades previas, es decir su organización y la promoción de las mismas. “Esto se debe a que los perros no solamente son explotados en la carrera en sí”, agregó López. La abogada explicó que aquellos que van a correr al país vecino ya están incurriendo en un delito, porque todo el planeamiento y logística para viajar con sus galgos se está llevando a cabo en la Argentina, es decir la organización. “Esto es muy difícil de investigar, por eso los convenios de cooperación jurídica internacional deben buscar acuerdos para combatir estos delitos trasnacionales”. La penalista hizo un paralelismo con compra de marihuana, que en Uruguay es legal. “Pongamos el ejemplo de la legalización del cannabis en Uruguay para quienes son ciudadanos. Los argentinos que viajan a dicho país no tienen permitido comprar la droga. Esto se debe a que no se busca favorecer el turismo canábico, ya que en nuestro país está prohibido. Lo mismo debería ocurrir con las carreras de galgos. Aquellos galgueros que evaden la ley argentina compitiendo en Uruguay deberían ser sancionados”.  

En contraposición, Leonardo Del Río, integrante de la Asociación Uruguaya de Galgueros y Organizadores Unidos, se manifestó a favor de la migración de los competidores. “Los galgueros argentinos que compiten en Uruguay van a desarrollar un deporte y a ejercer un derecho que les quitaron en su país”, dijo.

Por su parte, el diputado uruguayo por el Partido Nacional, Gastón Cossia, autor del Proyecto de Ley de Prohibición de Carreras de Perros en Uruguay, se manifestó solidario con el pedido de la abogada López y Proyecto Galgo Argentina. “Sabemos que costó mucho trabajo la sanción de la ley en Argentina. Por eso nosotros, como legisladores del país hermano, tenemos la enorme responsabilidad de evitar la violación de dicha ley en nuestro territorio. No podemos permitir que en nuestro país se desarrollen actividades por las cuales en su país están penados legalmente. Este aspecto es uno de los caminos que tenemos que explorar en tema de colaboración internacional”, dijo.

En concordancia con lo dicho por el diputado Cossia, la Senadora Magdalena Odarda, autora de la ley, contó que si bien en Argentina la norma fue aprobada en el Senado casi por unanimidad, tuvo mayores obstáculos en la Cámara de Diputados. Además, recordó que luego de la sanción tuvieron inconvenientes con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien cuando los galgueros fueron a pedirle explicaciones acerca de la prohibición de su negocio, Larreta los mandó a la casa de la senadora Odarda a buscarlas. Ellos siguieron su consejo: “Lamentablemente fueron, nos amenazaron con incendiar la casa y el auto”, agregó. Sin embargo, ella no se arrepiente de los esfuerzos hechos, junto con la ONG Proyecto Galgo Argentina, porque ha tenido la propia experiencia de haber rescatado a un galgo, una perrita llamada Ley Quimey, abandonada en una estación de servicio que según la senadora es la alegría de su casa. “Es muy importante dejar de considerar a los animales como objetos que podemos tener, torturar y matar. Ellos son seres sintientes. Y en ese sentido una ley que prohíbe las carreras de galgos en Argentina significó un gran hito en esta lucha”, agregó Odarda. 

El acercamiento del diputado Cossia con el proyecto de ley surgió de un caso clínico, mientras trabajaba como médico veterinario. En 2008 conoció a un galgo hembra, “Negra”, que venía de un circuito de carrera. Presentaba muchos problemas crónicos por lo que Cossia junto a sus colegas decidieron estudiarla. En 2016, Cossia inició una serie de denuncias a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) en contra de la carrera de galgos y argumentó la prohibición de la actividad porque consideraba que violaba la normativa de Bienestar Animal sancionada en 2009, al no haber control sanitario de ningún tipo sobre los ejemplares que participaban y debido a que las competencias daban lugar a apuestas clandestinas.

Sin embargo, COTRYBA rechazó la propuesta de prohibición argumentando que esa Comisión regularía la actividad e impondría el control de bienestar animal. Cossia afirmó que esta regulación nunca se llevó a cabo y esto los motivó a elaborar el proyecto de ley para prohibirlas. «Nuestro país está muy hermanado culturalmente con Argentina y vimos, a través de los medios de comunicación, el trabajo que se hizo desde Proyecto Galgo Argentina. Al mismo tiempo observamos que en Uruguay, lo que empezó como una actividad amateur que se desarrollaba al interior del país de forma esporádica, se había convertido en la industria de la carrera de galgos. Entonces empezamos a conocer los aspectos no visibles de esa actividad, como la punta de un iceberg, porque uno lo que ve son los perritos corriendo, en un aparente buen estado y no advierte todo lo que hay detrás”.

En la misma dirección Evelyn Segredo, activista uruguaya de la Asociación Por el Trato Ético Hacia los Animales (Aptéha), denunció que en su país existe una ley de Bienestar Animal pero que en la práctica no se hace nada. “No tenemos registros documentales fácilmente accesibles de qué canódromos hay en Uruguay, dónde están, quiénes los llevan adelante, cómo son regulados, cómo se seleccionan los galgos ni quiénes son los galgueros de nuestro país”, dijo. Sin embargo, Del Río afirma que hay una nueva ley que obliga a los dueños de los animales de competencia a colocarles un chip de identificación. Por lo cual se podría conocer fácilmente quién es el responsable de cada galgo.