Abr 5, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas
La semana próxima se conocerá el índice inflacionario de marzo y marcará un nuevo récord. Los aumentos por expectativas, por la guerra de ucrania y por la concentración económica.
El pasado 18 de marzo explotaron las redes sociales tras un novedoso anuncio de Alberto Fernández: la declaración de la guerra a la inflación. La semana próxima, el INDEC anunciará el índice inflacionario del mes pasado y todo indica que el presidente perdió la primera batalla: las consultoras económicas, en su mayoría, pronostican un piso del 6%. El gobierno estará obligado a tomar medidos para controlarla, en un contexto nacional e internacional cada vez más complejo.
“Los costos más importantes del país son los que dirigen la inflación. Si suben esos costos, suben los precios en general”, explica el economista de la Universidad Nacional de Moreno, Alejandro Fiorito, sobre las causas de estos incrementos. Menciona cuatro factores que se hallan en todo producto final y que hacen al traslado de precios en la cadena: los elementos importados que se utilizan en el proceso de producción; los salarios; las tarifas y, lo que más repercute en la actualidad, la inflación internacional, que ya venía en alza debido a la pandemia y ahora se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania-.
Y si hablamos de precios internacionales, es inevitable mencionar una de las medidas más resistidas por el establishment econonómico al momento de tratar la inflación: las retenciones a las exportaciones. Para Lorena Putero, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, este es uno de los principales problemas actuales. “Tiene que ver con a quién le querés vender lo que producís. Si tenés que elegir entre comercializarlo en Argentina en pesos o afuera en dólares, ¿qué vas a hacer?”, dice.
Pero, aunque esta sea una de las herramientas ideales para controlar la inflación, hoy las retenciones encuentran obstáculos para ser aplicadas por el Poder Ejecutivo. Cualquier otra de las medidas que se estén tomando en el entretanto, según el economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra, apunta a amortiguar parcialmente el shock internacional.
“Otros instrumentos pueden llegar a ser los fideicomisos -que algo se implementaron-, o medidas de tipo de cambio diferencial. Después queda la tarea de trabajar sobre la inercia, más asociada a acuerdos y congelamientos de precios en varios sectores en simultáneo. Desarmar tasas de interés, alquileres que se ajustan por inflación y demás, para poder ir eliminando esa inercia. Pero en este contexto es más difícil”, declara el economista.
En este sentido, Putero declara que “todos pensamos que va a haber inflación, entonces vamos aplicando márgenes, y eso va a hacer muy difícil controlarla porque el conjunto de la sociedad ya está con la expectativa de que va a haber inflación y además, con el tema más problemático, – la suba de precios de los alimentos- que a mi entender es lo que más nos preocupa a todos, está muy concentrada su producción, distribución y comercialización”.
Pocas empresas que conforman la industria alimentaria controlan toda la estructura de costos.
Esto implica que las pocas empresas que conforman la industria alimentaria controlan toda la estructura de costos. Desde la economía social, según la economista, una posible solución a largo plazo sería trabajar en la desconcentración de la producción, distribución y comercialización de los alimentos y el acompañamiento a los pequeños productores; todas medidas de las que hay experiencias referentes en diversos municipios como el de Santa Rosa o el de Trenque Lauquen.
“Si podemos fomentar productores con cadenas más cortas – o sea, que el alimento este más cerca, que no haya que traerlo desde tan lejos y que no pase por tantas manos- ahí empezás a poder reducir y controlás los insumos, con todas las limitantes que tiene. Porque muchos de los productores no son propietarios, entonces habría que acompañar en el control del precio de la tierra también”, afirma Putero. Ya distintos sectores, como la Vía Campesina, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) o El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), vienen reclamando por esto hace mucho tiempo,
Fortalecer pequeñas y diversas cadenas de comercialización, distribución y consumo es una verdadera forma de pensar en cómo solucionar estos problemas en el largo plazo. Además, esto permitiría luchar contra otro de los grandes agentes de la concentración en esta industria: los supermercados. En este sentido, para Putero es necesario reforzar los controles de precios, especialmente en políticas públicas como Precios Cuidados. Pero por sobre todo, para ganarle la guerra a la inflación no se necesita una sola medida sino un conjunto de políticas orientadas a dicho fortalecimiento de los controles, al incentivo de la competencia para diversificar los tipos de comercialización, y también al enfrentamiento de problemáticas como la de los alquileres, que hoy no se tratan adecuadamente y repercuten, como un efecto dominó, en la cadena de precios.
Abr 15, 2021 | Comunidad, Novedades
La inflación es un tema recurrente en la vida cotidiana de los argentinos. Ya casi esta naturalizado el aumento en las góndolas y en los servicios públicos. Hasta genera sorpresa cuando el valor de algún producto se mantiene. Y ni que hablar cuando se encuentran ofertas.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿A qué responde la inflación?
Según el docente y economista Horacio Rovelli, “la inflación en Argentina tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros vendemos alimentos sobre el valor del dólar, que es nuestro tipo de cambio por excelencia. Entonces sube el dólar y suben automáticamente los precios. Hay una correlación muy fuerte entre la devaluación y la inflación. Entonces para que la gente pueda consumir esos alimentos que cotizan a valor dólar, les tienen que aumentar los salarios. El problema es que los salarios no aumentan. Aumenta el dólar y aumenta el precio de los alimentos.”
Por su parte, la economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Lorena Putero, explica que “la inflación argentina es un problema histórico y tiene diferentes situaciones en cada momento. Es un fenómeno inercial producto del propio crecimiento inflacionario. Macri hizo que la inflación estallara a partir del aumento desproporcionado de los servicios públicos. Estos impactan directamente en todas las producciones, por lo cual esa transformación impactó rápidamente en la inflación. Además liberó el dólar y muchísimos de los insumos que usamos en nuestras producciones son dolarizados. Estas dos cuestiones hicieron estallar la inflación”.
En este sentido, el economista y ex legislador Martin Hourest, plantea que hay que dejar de ponerle nombre y apellido a la inflación, ya que no es cosa de un solo gobierno. “La Argentina tiene un régimen de inflación alta sostenida en el tiempo. La inflación es una enfermedad multicausal que tiene que ver con un proceso muy alto de oligopolización de los mercados, con la tendencia de la sociedad a refugiarse en el dólar; con una lógica de recuperación de ingresos por vía de los precios. Y finalmente también tiene que ver, con una lógica de funcionamiento social que hace que la inflación nunca termine de derrotar a los de abajo. Es decir, destroza a los sectores formales y no formales pero nunca termina de liquidarlos del todo. Se da un proceso de desbalance estructural de la distribución del ingreso y nunca se vuelve a la situación anterior. ”
Respecto a esto último, Putero agrega que “los sectores populares son los más afectados con la inflación. Una persona que vive de changas compra la comida de la semana, por lo cual su ingreso sufre el impacto de esa semana. Pero la semana siguiente, pueden estar más caras las cosas y esa persona sigue teniendo el mismo ingreso. En cambio quienes tienen un mejor ingreso, pueden reducir ese impacto comprando más, ahorrando en determinadas monedas. O sea, cuanto menos ingresos tenés más fuerte es el impacto inflacionario”.
Ante este problema estructural y profundo, surgen los interrogantes respecto a si existe o no una solución y sobre las políticas que podrían llevarse a cabo en relación a ello.
Entre las posibles medidas que se podrían tomar, Rovelli cree necesario “aumentar las retenciones. Hay que acotar los precios internos respecto a los externos. Se venden granos de trigo porque el precio internacional es alto, entonces hay que retener un 35% acá. Del 12% actual hay que elevar las retenciones al 35% o 40%. Es decir, hay que imponer derechos a la exportación. Por otra parte, se debe declarar la emergencia cambiara, no se puede dejar que ellos manejen los ingresos como quieran. Y por último, hay que recuperar resortes que son del Estado y que no es un tema menor. Por ejemplo, este mes vence la concesión sobre la planta de la hidrovía Paraná y es un buen momento para que el Estado recupere el control respecto a lo que entra y sale de un río que es nuestro”.
Por su parte, Hourest explica que en materia de política de pequeña magnitud el Estado está haciendo algunas cosas pero, “lo que a mi juicio le falta al gobierno es que no tiene una estratégica económica consistente. Para poner en marcha a la Argentina hay que ponerse a discutir muchas cosas, como qué va a pasar con el comercio exterior o con el sistema financiero. La Argentina se hace con los argentinos, con los capitalistas argentinos y con los capitalistas transnacionales que están en el país. Sin un plan estratégico de desarrollo desde el cual discutir, se termina negociando en infinidad de mesas sectoriales los intereses de los capitales; y si el Estado no tiene una planificación de mediano plazo donde integre a ese y otros sectores para confrontar, termina discutiendo los intereses de ellos, en más o en menos, pero siempre los de esos sectores y nunca los del Estado”.
En la misma línea el economista Juan Valerdi dice que “los precios máximos y Precios Cuidados pueden ser un camino a corto plazo para saldar una situación temporal. Pero no puede ser la política de lucha contra la inflación. La Argentina nunca se tomó la molestia seria de ir contra los intereses de los formadores de precios. No hay una política de combate a los abusos de los monopolios y oligopolios, principalmente los de alimentos y bebidas. Hay que articular todos los organismos del Estado que tienen derecho a incidir en los números de las empresas y así puedan evaluar cómo se forman los precios de los alimentos, qué tanto hay de verdadero y de falso en los costos que tienen esas empresas tanto de alimentos como de servicios públicos”.
El presupuesto para el año 2021 presentado por el ejecutivo nacional plantea un porcentaje de inflación anual del 29% cifra que, según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, sería superada ampliamente. Según este informe se espera un 50% de suba total de precios para este año.
En este sentido, Valerdi explica que “para el 4% mensual, que es lo que venimos teniendo, la proyección anual sería de un 60%. O sea, para poder cumplir con la proyección del gobierno, tendríamos que tener varios meses por debajo del 1% y eso no va a ocurrir. Porque además la inflación tiene inercias y lo que se está mirando es la inflación en los precios al consumidor”. Y agrega: “Si además, le sumas la inflación producida por liberar las tarifas de los servicios públicos privatizados, que para el gobierno representa un 7% pero en realidad aumenta un 30 o 40%, eso es imposible”.
Nov 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La gestión de la pandemia no pudo, en lo que va del año, amortiguar el aumento de la pobreza en nuestro país. Según el último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre del 2020, aquella se ubicó en torno al 40, 9%, por lo que subió 5,5 puntos porcentuales respecto de igual período de 2019. La indigencia fue del 10,5%, así que se incrementó 2,6 puntos respecto del año anterior. Distintos especialistas explican debe y haber de las políticas públicas para contrarrestar la caída de los ingresos de la población, en particular de los sectores más vulnerables.
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) en un análisis muy exhaustivo sobre los indicadores de pobreza y del mercado laboral, sostuvo que “el principal factor de evolución de la pobreza no es la caída del ingreso real de las personas ocupadas sino la pérdida de ingresos producto de la pérdida de empleo”.
En este sentido, Martín Hourest, economista e investigador, explica que el primer condicionamiento al que está atada la economía argentina es que el mercado de trabajo no tiene capacidad para incorporar a nuevos trabajadores. El segundo es la pobreza intergeneracional, los hijos que nacen y se crían en un contexto familiar muy vulnerable. “Hay una continuación y sostenimiento de la privación al ascenso social”, agrega. Una de las conclusiones que sugiere Hourest es que estos dos elementos mencionados no permiten perforar el piso de la pobreza estructural que arrastra nuestro país desde hace décadas.
Sergio De Piero, politólogo y director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), incorpora una visión socioeconómica sobre la pobreza estructural de la Argentina: “La instauración de un modelo pro mercado y basado la valoración financiera desde la dictadura militar, generó una sociedad donde inevitablemente un número importantes de sus habitantes vivirán en la pobreza”.
De Piero hace referencia a dos modelos de políticas públicas que trataron de hacer frente a la denominada “lucha contra la pobreza”. El primero es el que pone el foco en el “fortalecimiento individual” o el “emprendedurismo” y está basado en programas de asistencia que no atacan al problema de raíz y que, en paralelo, favorecen la concentración económica y el libre mercado.
El otro modelo al que De Piero apunta es el que implementó el kirchnerismo y el que está incorporando el actual gobierno: “Se plantea un escenario de articulación entre organizaciones territoriales, los tres niveles de gobierno, pero no pensando en una salida individual sino apoyando la dimensión comunitaria”. Los planes Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar, la AUH, la Tarjeta Alimentar y el IFE de los últimos meses tienen el objetivo darle a las personas más vulnerables una herramienta para que puedan enfrentar las situaciones críticas de pobreza y asegurarles el acceso a los alimentos. Este modelo requiere, para su desarrollo, la suba de impuestos a los que más tienen y el fortalecimiento del mercado interno.
Por otra parte, el politólogo señala que deben abordarse los programas de ayuda social de manera unitaria y no segmentando al sujeto, a la familia y al barrio por separado. Por último, sugiere que es necesario seguir avanzando en una legislación y políticas que ayuden a la consolidación de una economía social, solidaria y popular que dé respuestas reales al problema de la pobreza.
Para Lorena Putero, economista especializada en economía social de la Universidad de General Sarmiento, las políticas sociales que otorga el Estado no deben transformarse en subsidios a la concentración económica porque el esfuerzo del Ejecutivo, y de todos los argentinos por ayudar a los que más lo necesitan, queda en ese caso en manos de los formadores de precios. “El control de los precios y la apertura de nuevas cadenas de comercialización – encuentro entre productores y consumidores- es una medida clave”, sentencia Putero en referencia a las estrategias que debe llevar adelante el gobierno para ralentizar el aumento de la pobreza.
Una de las cuestiones que faltaron reforzar, según Putero, para lograr una mayor redistribución de los ingresos, fue la compra de insumos hospitalarios a las cooperativas o pequeñas empresas textiles que fabrican barbijos u otro tipo de productos sanitario, en lugar de hacerlo a las grandes industrias que terminaban terciarizando ese servicio. Putero asegura que los sectores más vulnerables trabajan en ese tipo de emprendimientos y es ahí donde debe impulsarse la inversión estatal.
La economista muestra preocupación por las medidas como la quita del IFE a las personas que no perciben un ingreso fijo mensual. “La pandemia no terminó. Hoy no se puede salir a vender sándwiches de milanesa como se salía hace un año porque la gente no está en la calle como lo estaba hace un año”, explica. Para ella la clave para aminorar la evolución de la pobreza está en los programas de asistencia alimentaria que se ejecutan fruto de la articulación interministerial entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las políticas de subsidio social pueden darse con dos fines diferentes, se explaya, por su parte, Adriana Clemente, trabajadora social. El primer caso es para la subsistencia de las personas y el segundo es para la movilidad social ascendente. El gobierno actual no heredó un país en condiciones para afrontar una crisis sanitaria de tal envergadura, comenta Clemente, y por eso los programas de asistencia social fueron con el fin de garantizar el acceso a la alimentación.
Volviendo a la reflexión inicial, el aumento de la pobreza es consecuencia de la pérdida de empleo producto de una paralización económica en varios sectores de la economía popular, como lo son los informales y los cuentapropistas. OCEPP desglosa cuáles fueron las ramas más golpeadas por la pérdida de los puestos de trabajo: Hoteles y restaurantes, Comercio y Servicio Doméstico. Todas ramas de actividades caracterizadas por la elevada informalidad y precariedad laboral.
Pareciera que la pandemia desnudó los altos niveles de informalidad laboral que padece nuestro país desde el advenimiento del neoliberalismo. Los sectores de la economía popular son los que más padecieron los efectos del coronavirus al no tener ingresos estables.
A pesar de todos estos condicionantes, el sistema de salud estuvo a la altura y las coberturas monetarias pudieron dar respuesta a los requerimientos sociales que trajo la pandemia, sintetiza Clemente. Para ella, en comparación con otros países latinoamericanos, Argentina tuvo un buen manejo de sus recursos lo que la dejó mejor parada sanitariamente. “No hay ningún país que no haya aumentado la pobreza», finaliza.
