Concentración y dependencia

Concentración y dependencia

Después de los primeros dos años de gestión macrista, las transformaciones en en el campo de la comunicación se suman al cúmulo de medidas generales que evidencian su concepción de modelo estatal, su relación con las corporaciones empresariales y con los sectores más vulnerables. ¿El resultado? Una creciente concentración mediática que favorece a los grandes grupos económicos del sector audiovisual y de telecomunicaciones y que perjudica no solo al sector no comercial, sino también a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.

Marcha «La Ley de Medios no se toca» en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Diciembre de 2015.

El año pasado finalizó con la firma de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aprueban la compra de Cablevisión por parte de Telecom, una fusión que contiene una realidad innegable: el Grupo Clarín pasó a ser un gigante de las telecomunicaciones. Y aunque “las políticas de comunicación podrían mitigar estos procesos de intensificación de la concentración, lo que hacen es profundizarlo”, explicó María Soledad Segura, docente e investigadora de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Con la consigna “convergencia tecnológica” el gobierno avala la fusión de empresas que históricamente fueron separadas por barreras regulatorias. Y con artilugios legales se saltean instancias parlamentarias para que la legislación entre en vigencia. Con el DNU 267/15, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se vio modificada y desmembrada en algunos artículos fundamentales. Por un lado destruyó la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA), así como también diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

En consecuencia, creó el ENACOM, un organismo que incluye en su directorio siete personas, de las cuales cinco son elegidas por el poder ejecutivo. Damián Loreti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abogado especializado en derecho a la información y uno de los principales impulsores de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que esta medida “va en contra tanto del procedimiento como del contenido que los estándares interamericanos de Derechos Humanos señalan sobre autoridades de aplicación”.

Por el otro lado, el DNU relajó las barreras de control de concentración a través de tres vías explícitas: “Primero, aumentó la cantidad medios que se puede tener. Segundo, sustrajo el cable a las reglas de los servicios de comunicación audiovisual, pensando que eso los hace convergentes. Tercero, prohibió a DirecTV hacer otra actividad que no sea la televisión satelital, y eso tenía como destino fortalecer a Cablevisión, al limitarle la competencia a DirecTV, cosa que corrigieron por presiones del gobierno norteamericano”, explicó Loreti.

En este sentido, Luis Lazzaro, periodista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y ex coordinador del antiguo AFSCA, aseguró: “No hay nada que jurídicamente impida que esto sea resuelto desde un Congreso. Se trata de una situación claramente inconstitucional, de ningunear al Congreso argentino, de invocar pretextos que no tienen razón de ser ni de necesidad ni de urgencia”, refiriéndose a los DNU que dictó el Poder Ejecutivo desde fines de 2015 y a lo largo de su gestión.

Para María Soledad Segura, “esas medidas transitorias están reestructurando al mercado de manera muy profunda y esto va a tener implicancias muy difíciles de revertir, incluso con la mejor ley que podamos imaginar basada en el paradigma de derechos humanos”. Tal es así que la situación de los medios comunitarios, quienes tenían una expectativa de participación muy grande tras la sanción de la ley 26.522, se ve agravada. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que para el gobierno “los medios comunitarios son innecesarios porque no generan productividad de mercado”. No obstante, para ella, quien además trabaja como asesora de estrategias en gestión de políticas de medios de comunicación comunitarios y populares, “el impulso que se dio durante estos seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha dejado mejor parado al sector. De hecho, se han creado muchos medios y estos se han agrupado. Lo que tienen ahora es un ahogamiento económico”.

Allanamiento del AFSCA en diciembre de 2015.

Lo dicho anteriormente se evidencia con la suspensión de los llamados a concurso y de los pagos para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): “Están impagos FOMECA del 2015, están impagos la mayoría de los FOMECA 2016. El concurso de ese año se llamó recién en octubre. Y el concurso a los FOMECA 2017 se va a llamar recién en febrero del 2018 con lo cual ya tienen un retraso en los pagos y en la realización de los concursos muy importante”, confirmó Segura. Y como contrapartida -agrega- existen “emisoras sin fines de lucro, que están en situación de ilegalidad también producto de la inacción estatal, a las que se les realizó intimaciones y allanamientos”.

La promesa oficial de una nueva Ley de Convergencia Tecnológica que repararía los abusos cometidos por el exceso de DNU sigue en pie tras una tercera solicitud de prórroga por 180 días para dar a conocer el proyecto. Si bien el constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó el proyecto que la comisión destinada a tal fin había presentado en marzo de 2017, después de un año de trabajo, “todo parece indicar que al gobierno no le cerró y quedó cajoneado hasta este momento”, sostuvo María Soledad Segura. Sobre el contenido de ese primer borrador, Lazzaro concluyó: “No está mal encaminado porque retoma mucho de los principios de la ley 26522 y 27078, aunque se ve de nuevo que trata de preservar los intereses de Grupo Clarín y companía”. Desde otra perspectiva, Villamayor criticó que en el anteproyecto “el sector social no está representando”.

El año 2017 y los comienzos de 2018 mostraron cierres de medios como Agencia DyN; la revista El Gráfico; los diarios La Razón y La Mañana de Córdoba, entre otros, y miles de despidos en medios tanto públicos como privados, además de graves atrasos en el pago de salario como ocurre en Radio Del Plata o las crisis como la del Grupo Indalo. La responsabilidad de la política comunicacional de Cambiemos es evidente. Para Loreti “el panorama es más que sombrío y la responsabilidad es más que obvia”. El mal manejo de la pauta oficial sumado a una economía cada vez más recesiva parecen ser los detonantes de la situación de crisis que atraviesan no solo las pequeñas empresas, sino también algunos grandes grupos económicos: “Para algunos medios se aumentó más de un 500 por ciento la pauta y para otros ni siquiera se respeta el porcentaje mínimo que la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública dice que hay que cumplir. A esto se suma la cantidad de plata que el gobierno está poniendo en redes sociales y en medios digitales”, finalizó Loreti.

Damian Loreti en una charla por la Ley de Medios, clase de Derecho Constitucional a cargo de Andrés Gil Domínguez.

Movilización de los medios comunitarios frente al ENACOM en el edificio donde funcionaba el AFTIC.

Actualizado 24/01/2018

Entre el rebusque y las amenazas de cierre

Entre el rebusque y las amenazas de cierre

En los barrios late la comunicación comunitaria, esa alejada de los grandes conglomerados mediáticos. ANCCOM recogió voces de aquellos que apuestan por otro tipo de medios, en un contexto nacional de indiferencia hacia el sector, luego de la alteración de aspectos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Aunque la realidad de todas las emisoras comunitarias no sea la misma, muchas de ellas solo cuentan con premisos provisorios y dependen de los escasos recursos que le brinda su comunidad. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), advierte: “La situación de las radios comunitarias es complicada, veníamos en un proceso de fortalecimiento, sobre todo en articular las políticas públicas y la aplicación de fomento para medios comunitarios, que fueron desandadas por el actual gobierno”. Además, con la disolución del AFSCA, se disolvió el Consejo Federal donde los medios comunitarios tenían participación y representación.

FM Moreno (FM90.1) funciona desde el año 1987, su señal tiene un alcance en todos los barrios de la localidad y está nucleada a FARCO, quien gestiona sus recursos y le provee el equipamiento. La programación está realizada, en su mayoría, por gente vinculada a la comunicación y a la cultura. “Nosotros tenemos programas de producción propia, de contenido político y cultural, que va dirigido a un público de sectores profesionales o con una formación educativa completa”, afirmó  su presidente, Martín Raffo, quién dijo que esto se puede realizar gracias a algunos programas específicos que alquilan sus espacios, lo que permite no estar dependiendo de la publicidad para tener la radio en funcionamiento.

Otra emisora es la realidad de FM REC (FM89.5), activa desde el año 2014. Sus instalaciones están dentro de la escuela pública de gestión social Creciendo Juntos. La programación está hecha íntegramente por docentes y alumnos de jardín de primaria y secundaria.“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explica Juan Brunati, docente y programador.

Aunque todavía no tienen un público bien definido, intentan abarcar todos los sectores de la comunidad, por eso difunden hechos de la actualidad, acontecimientos y contenidos de la escuela. Además hacen cortinas en guaraní, ya que muchos de sus alumnos y gente del barrio provienen de Paraguay y de provincias del litoral.

“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explicó Juan Brunati, docente y programador.

“La garantía de una comunicación democrática se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”, afirmó Antonini.

En este sentido, para solventar los gastos de mantenimiento FM REC tuvo que crear un club de oyentes: el pago de una cuota mensual de 30 pesos permite acceder a un carnet con un número de socio que sirve para participar de un sorteo a fin de mes. De este modo, se busca incentivar la colaboración y participación de alumnos, padres y maestros. “Esto es algo que está hecho a pulmón, en su momento estaba el Estado para equiparar la balanza entre lo privado y estatal, sino tenés acompañamiento se hace difícil”, expresó Juan Giménez, director de nivel secundario de la escuela Creciendo Juntos.

El problema más grave por el cual tuvieron que atravesar algunas de las radios comunitarias, fue por la nueva política llevada adelante por parte del Ente Nacional de Comunicaciones  (ENACOM). En los temas que habíamos avanzado retrocedimos –aseguró Antonini- y encima aparecieron temas que creíamos superados para siempre, como son los cierres de emisoras y decomisos de equipos, de manera que la situación es complicada”.

Una de las radios que se vio afectada fue FM Ocupas (FM88.3), del barrio de Trujuy, ubicada dentro del predio de la Asociación Ocupas, que ofrece talleres a más de sesenta personas que tienen diferentes discapacidades. Funcionarios de ENACOM intentaron decomisar el equipo de la emisora, argumentando que producía interferencia al servicio del aeródromo Mariano Moreno, por lo que procedieron a desconectarla.

El conflicto se potenció porque en muchos de los programas radiales estaban las voces de los integrantes de la agrupación, así como también la de los profesores, trabajadores sociales y vecinos del barrio. Por eso el apoyo y la protesta fueron masivos, tanto desde sectores políticos y sociales como de diferentes organismos de medios de la comunicación.

Susana Rubino, coordinadora general de Ocupas, precisó:“Pasaron 57 días y no se expidieron. FARCO nos acompañó a hacer la presentación, donde hacíamos un descargo y como no se expidieron, nosotros continuamos”. Aún con cierto temor pero en el aire, contó que no bajaron los brazos y aunque perdieron muchos de sus anunciantes, otros espacios se abrieron y ahora se valen de la realización de festivales barriales y de las publicidades de pequeños anunciantes que todavía conservan.

Finalmente, las adversidades por las que pasan los integrantes de las emisoras potencian aún más sus ganas de querer comunicar. Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas y vecino del barrio, afirmó: “Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”. No pretenden ser un multimedio, sólo quieren tener un espacio para comunicar sus ideas, donde haya una diversidad de voces y una impronta regional, pero con estética profesional.

Por supuesto, el rol del Estado es fundamental. “La garantía de una comunicación democrática –señaló Antonini- se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”.

“Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”, dijo Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas.

Actualizada 12/09/2017

“Sin medios comunitarios, no hay democracia”

“Sin medios comunitarios, no hay democracia”

Cumplir la ley. Ese fue el pedido de trabajadores de emisoras FM sin fines de lucro, el viernes pasado, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en octubre de 2009 pero aun sin su plena ejecución. Es que, entre sus diversos artículos, no se está cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la ley: “La administración de espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”. Y en este sentido, el 33 por ciento del espectro radioeléctrico destinado a los medios privados sin fines de lucro, como se dispone en el artículo 89, no se ha ejecutado en la práctica. De aquí, el pertinente reclamo de los trabajadores de medios comunitarios al ENACOM.

 El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro. Unas quince personas -la pequeña cantidad fue intencional debido a que la idea no era lograr una llamativa movilización, sino reclamar de la forma más pacífica posible- se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, ante la atenta mirada de los policías encargados de la seguridad del ENACOM. Inés Farina, periodista de Radio Sur, contó a ANCCOM instantes previos a la presentación del escrito: “Antes de ingresar al ENACOM para presentar el reclamo, nos juntamos afuera y la policía nos vino a preguntar quiénes éramos. Después, cerraron las puertas de acceso pero nos dijeron que nos iban a dejar pasar”. A su vez, otro trabajador de Radio Sur, Leonel Martín, planteó: “Vinimos a hacer una presentación formal de pedido de apertura de concurso para radios sin fines de lucro, porque está vigente el artículo de la ley que establece que el Estado debe garantizar y reservar un 33 por ciento del espectro para las emisoras sin fines de lucro y esto no se está cumpliendo”.

El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro.

 Finalmente, pasadas las 10.30, cuatro trabajadores pudieron ingresar al ENACOM. En la cobertura del hecho, el único medio audiovisual que se hizo presente fue Barricada TV, otro medio alternativo y popular que logró, a finales de junio de este año, salir al aire con alcance hacia toda la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV y pionera en los estudios sobre comunicación alternativa, también estuvo acompañando el reclamo. En diálogo con ANCCOM manifestó: “Siempre vamos a exigirle al Estado que se abran los concursos de licencias para las radios comunitarias. Los canales comunitarios tienen todo preparado para la apertura de los concursos, que es, en definitiva, la demanda histórica del sector”. Consultada por la importancia de los medios alternativos, explicó que se trata de la posibilidad de que “circulen otras voces y, sobre todo, otras fuentes que no suelen ser consultadas por los medios tradicionales”. Y enseguida agregó: “Sin medios comunitarios, no hay democracia, porque los medios comunitarios pueden poner en circulación opiniones, miradas del mundo, perspectivas, que no son las que habitualmente nos encontramos en los medios tradicionales y que, en general, son el elemento que constituye la opinión pública”.

A las 11, los trabajadores representantes de las radios comunitarias salieron del edificio. Entre algunos aplausos y saludos, Mariano Randazzo relató la experiencia: “Vinimos a pedir que el Estado legalice nuestra experiencia de comunicación. Las radios comunitarias, alternativas y populares, son alegales, es decir, tienen la vocación de ser legales pero el Estado no arbitra mecanismos para que esto suceda”. Sin embargo, luego reveló cuál fue el verdadero objetivo de la presentación escrita: “Sabemos que no nos van a dar la licencia pero queremos tener un paraguas legal porque en el contexto de este gobierno, nuestras radios corren peligro. Esto se ha visto en otras emisoras en las que se han incautado equipos”. Ante la pregunta de si percibía una posible presión de los medios comerciales para que no se cumpla la ley, Randazzo contó que el espectro radioeléctrico está saturado y que los medios comerciales están excedidos en su potencia: “El Estado, como un actor imparcial, debería limitar esas potencias, llevar a cabo el plan técnico y reservar un tercio del espacio para los medios sin fines de lucro. Queremos que la ley nos incluya, queremos ser legales. Nosotros existimos, queremos que el Estado nos reconozca”, cerró el referente de la concentración.

“Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”.

 Otro de los puntos del reclamo fue el pago del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un dinero que el Tesoro Nacional destina, a través de la LSCA, a fomentar la comunicación sin fines de lucro. Es que los FOMECA 2015 no se han terminado de pagar en su totalidad, mientras que los correspondientes al 2016 fueron convocados recién en este año, tras una movilización de los trabajadores de emisoras comunitarias. Ni hablar de los FOMECA 2017. “Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”, señaló Leonel Martín y continuó: “Todo esto en contra de una política que consiste en un mecanismo redistributivo, que puede favorecer la democratización de la palabra y de los medios”. Inés Farina se expresó en el mismo sentido: “Me parece que se está siguiendo una línea política nacional y es lo que se observa en el recorte de los FOMECA”. “Con la creación del ENACOM, se hace un organismo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo, con mucho menos participación de otros sectores que no sean del gobierno y por lo tanto, menos democrática la aplicación de las políticas que debe regular el ENACOM”, sintetizó Martín.

 La periodista Farina hizo saber a ANCCOM: “Un pueblo democrático es un pueblo que pueda garantizar que la gente se junte y pueda tener proyectos colectivos y eso enaltece a un sociedad. No es que somos comunitarios porque no nos queda otra, somos comunitarios porque lo elegimos”.

 

Actualizada 30/08/2017

Una ley para las revistas culturales

Una ley para las revistas culturales

El sábado se presentará, frente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el proyecto de la denominada Ley Cascioli. La propuesta, ideada por la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), ingresó a la Legislatura con el apoyo de parte importante de los funcionarios de la Cámara y busca fomentar el desarrollo de las revistas culturales independientes, declarar la producción autogestiva como patrimonio cultural de la Ciudad y construir políticas públicas para su fortalecimiento. Además Intenta, según se expresa en el documento, saldar una deuda que el Estado porteño mantiene, de antaño, con el sector.

“La Ley Cascioli es sólo una parte de todo el trabajo que queda por delante. Hay que apuntar a un proyecto nacional. Vemos que se tomaron medidas para otros ámbitos de la comunicación que no alcanzaron al nuestro. Sin ir más lejos, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual -más allá de la derogación parcial de artículos- deja afuera al sector gráfico. Durante el gobierno de la Alianza, mediante la Resolución 256/2000 se desreguló el circuito de distribución de diarios y revistas que tenía determinadas condiciones que protegían al canillita que ya no están más. En los últimos 12 años, si bien hubo avances en otros sectores, en el de las revistas culturales hubo una gran desprotección por parte del Estado”, señala, a ANCCOM, Santiago Kahn presidente de AReCIA y editor de la revista Maten al Mensajero.

“La Ley Cascioli es sólo una parte de todo el trabajo que queda por delante», dice el editor de la Revista Maten al mensajero.

Según el informe del último censo anual que la Asociación realiza sobre los socios, el 70 % de revistas culturales independientes en Argentina se edita en Buenos Aires y el 30% en el resto del país. De los datos obtenidos se observa una progresiva contracción del sector, con una baja fuera de la zona metropolitana, que se traduce en una disminución en el número de publicaciones.  Además, se registra un aumento en el uso del soporte digital: “El 66% de los editores utiliza papel y el 70% publica a través de plataformas digitales”. Este estado de alerta en el sector, se relaciona con la falta de políticas regulatorias y las continuas devaluaciones, argumenta Kahn: “Muchos de los insumos que utilizamos están dolarizados, son importados. Esto sumado a la cartelización del papel, hace que sea cada vez más difícil o más caro imprimir publicaciones. La desregulación del mercado de distribución y papel favorece la concentración empresaria”.

“Lo que exigimos es una reparación histórica. Hay un sector que fue desprotegido y el Estado tiene que encargarse de arreglar esa situación, promoviendo y cuidando de él”, asegura Kahn. En este sentido, agrega que el proyecto normativo en Ciudad, que contempla tanto a las revistas que se producen en papel como a las digitales, prevé: “La asignación de un porcentaje de la pauta oficial porteña a los medios producidos en Capital Federal. La promoción de la producción de revistas nuevas a partir de diferentes concursos y premiación de revistas ya existentes. Y promueve créditos blandos para el desarrollo productivo por parte del Banco de la Ciudad. Muchas de las revistas no acceden a créditos con tasas accesibles para producir más y mejor, para crecer”, sostiene.

revistas

“El 66% de los editores utiliza papel y el 70% publica a través de plataformas digitales”.

Andrés Cascioli

La Ley, que lleva el nombre de Andrés Cascioli – fallecido editor creador de la revista Humor de Ediciones de la Urraca-, será presentada el sábado 19 de noviembre frente a  la Defensoría del Pueblo, sitio en el que funcionaba la mítica publicación. El acto-homenaje contará  con la participación de familiares de Cascioli y periodistas destacados que lo conocieron como Mona Moncalvillo, Carlos Ulanovsky, Rep, Miguel Grinberg, muchos de los cuales trabajaron con él.

El escritor y periodista Miguel Grinberg expresa a ANCCOM: “Con Cascioli saqué Mutantia en los 80, fue mi única revista que llegó a kioscos (Eco-contemporáneo y Contracultura eran muy subterráneas). Él, a través de Ediciones de la Urraca, siempre abría caminos para que la gente se animara, tuviera o no dinero, a sacar sus revistas y por eso en la Humor había una sección que dirigía Gloria Guerrero en la que se le daba mucha bolilla a las revistas “subtes” y a los grupos de producción rockeros independientes. Siempre daba oportunidades a la gente sin recursos. No era un mecenas, sino que tenía la estructura y la hacía rendir al máximo y tenía también los talentos que hacían falta para convertirlos en realidad”. En cuanto a que la Ley por el reconocimiento de las revistas culturales independientes lleve su nombre, argumenta: “La Ley lleva el nombre de un luchador para luchadores. Las revistas de este tipo que tienen un potencial crítico son las que abren un poco la cabeza de la gente para darse cuenta de que el asunto no es tener un millón de dólares para invertirlo en una revista sino tener un millón de personas que sean alcanzadas por la verdad, por la justicia social, por la solidaridad y por los ideales de autonomía que es una antigua lucha de los trabajadores en todo el mundo. No tengo que extenderme demasiado para decir que es una lucha de clases, de los que detentan el poder y deciden quién tiene derecho a existir y los que luchan por existir y no tienen ningún derecho”.

 

Kahn, por su parte, coincide y plantea un desafío para el sector: Cascioli es el símbolo de un editor independiente que la peleó. Fue víctima de manejos horrendos de la administración del Estado: se le negó pauta oficial, los juicios por los cuales se perdió el edificio de la revista Humor, donde hoy está la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, juicios que inclusive, actualmente, la viuda y la hija siguen enfrentando. Nos parece que refleja lo que llamamos ‘memoria con futuro’, que implica no pensar que todo lo que hacemos nosotros hay que inventarlo de cero. Hubo un montón de producción cultural durante décadas, que se hizo en condiciones incluso peores que las nuestras, y que son un ejemplo para recuperar, también para decir esto no debería pasar más”.

«Cascioli es el símbolo de un editor independiente que la peleó. Fue víctima de manejos horrendos de la administración del Estado», comenta Santiago.

 

Actualizado 17/11/2016