Abr 15, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas
La aprobación de la norma se planteó como una manera de combatir la concentración productiva y a los formadores de precios. Su impacto, parece lejos del esperado.
La Ley de Góndolas fue sancionada el 17 de marzo de 2020 por el Congreso de la Nación, pero fue recién en abril de 2021 cuando se publicó la resolución que la reglamenta en el Boletín Oficial. Su aplicación, se supone, comenzó en mayo de ese mismo año.
La normativa se enmarca en un Código de Buenas Prácticas Comerciales para supermercados y proveedores que estableció la Secretaría de Comercio Interior. El objetivo de la reglamentación busca que los precios sean claros a la hora de comprar. Además, dice el texto de la ley, “poder acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular y productos de cooperativas y mutuales”. El tercer objetivo espera que exista armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la norma para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia.
A unas pocas semanas de cumplir el primer año de la aplicación de la Ley de Góndolas, ANCCOM habló con el referente de una empresa multinacional de alimentos que opera en el país. En referencia a la incidencia de la reglamentación sobre las ventas de la empresa, el ejecutivo fue categórico al sostener: “La aplicación de la ley no tuvo consecuencias en las ventas ya que el impacto del volumen de una pequeña o mediana empresa en la góndola de un supermercado para las grandes multinacionales es cero”.
A ello se suma el hecho de que la norma no actúa sobre todos los puntos de venta sino para las bocas de expendio que cuentan con una superficie mínima de 800 metros cuadrados de espacio de venta al público. De los 2500 puntos comerciales totales que hay en Argentina, apenas 652 deben adecuarse a la ley. Por lo tanto, queda libre un gran porcentaje de negocios que no se ven afectados.
Al respecto, Eduardo Amorin, miembro de la Cooperativa de consumo CONSOL, expuso: “Es importante tener en cuenta que la Ley de Góndolas deja fuera de su reglamentación a negocios de cercanía, chicos y barriales, los cuales no tienen el nivel de negociación, capacidad y volumen de compra que sí tienen las grandes cadenas. Por lo tanto, se ven excluidos la gran mayoría de las cooperativas de consumo del país”. Mayoritariamente, son los negocios más pequeños los que ofrecen productos de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la economía popular y de cooperativas y mutuales.
Analizando la situación en la que se enmarca la normativa, el referente de CONSOL declaró: “La Ley de Góndolas es una respuesta al conflicto de la concentración y de los monopolios y oligopolios, específicamente en el mercado de bienes de alta rotación. Teniendo en cuenta el panorama macroeconómico de, por lo menos, la última década del país, estamos aplicando la ley excesivamente tarde”. Y agregó: “El problema no es que la norma sea mala o no efectiva, sino que al ser regimentada en un mercado caracterizado por altos niveles de concentración, es muy difícil ver resultados”.
El gerente de una línea de supermercados extranjera instalada en el país afirmó que los efectos de la aplicación de la ley en cuanto a la organización del supermercado fueron mínimos. Vinculado a los reclamos que pudieran hacerle a la empresa las marcas, expresó: “Al principio estaban disconformes porque perdían espacios en las góndolas y se veían perjudicadas en cuanto a la compra de volumen de mercadería. Sin embargo, con el tiempo se regularizó el consumo y volvieron a igualar dichos volúmenes de venta”.
En cuanto a las dificultades para aplicar la normativa, el sector de las grandes empresas que debió hacerle lugar en las góndolas a las más pequeñas sostuvo que las Pymes no logran cumplir con el abastecimiento necesario. A propósito de ello comenta el empresario multinacional: “Las Pymes se dan cuenta que venderle a un supermercado no es negocio ya que para poder comerciar con ellos se necesita un respaldo económico muy grande. Los supermercados pueden abonar las entregas de productos hasta 90 días más tarde”.
El cuerpo de la ley se expande en lo que tiene que ver con la oferta de productos, pero no se involucra en la relación asimétrica entre los sujetos partícipes que entran en juego. Tampoco en los momentos previos de la cadena de valor como son la producción y distribución de productos. En este sentido, Amorin propone la aplicación de marcos regulatorios para la capacidad productiva de Pymes y cooperativas que acompañen a la Ley de Góndolas.
Jun 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Desde hace tiempo, hacer las compras dejó de ser una tarea sencilla. Encontrar variedad de un mismo producto e identificar los precios más económicos implica un esfuerzo de deducción, ya que a veces los productos ni siquiera tienen una etiqueta con su valor. A la luz de esta situación, este 26 de mayo entró en vigencia definitiva la Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, más conocida como la Ley de Góndolas. Su objetivo es contribuir a ampliar la oferta de productos, incentivar una mayor participación de las Pymes y los sectores de la economía popular y, de esta manera, generar una competencia equitativa que impulse un balance de los precios.
Los establecimientos alcanzados por esta ley son todos los que cuenten con una superficie no menor a 1.000 metros cuadrados y cuya facturación bruta anual sea superior a los trescientos millones de pesos (300.000.000). De manera que quedan excluidos los negocios de cercanía y los supermercados denominados “chinos”, quienes si bien no están obligados por la normativa, pueden adherirse voluntariamente.
Los rubros sobre los que rige la normativa son alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza del hogar, los cuales están incluidos en una lista diseñada por la Secretaria de Comercio Interior. Entre los productos designados se encuentran: lácteos, harinas, frutas y verduras, pastas secas, aguas saborizadas y gaseosas, lavandinas y jabones, desodorantes, pañales para bebes y adultos y productos para la gestión menstrual.
Según lo establecido en las góndolas tanto físicas como virtuales, los productos de menor valor deberán estar perfectamente señalizados y ubicarse a una altura equidistante entre el primer y el último estante. A su vez, no puede haber menos de cinco opciones de proveedores o grupos empresarios, los cuales tendrán asignados de manera equitativa un 30 por ciento del espacio disponible. Al mismo tiempo se deberá destinar un 25 por ciento del espacio para productos similares y distintas marcas producidas por Pymes, y un 5 por ciento para los generados por cooperativas y mutuales de la economía popular, agricultura familiar, campesina e indígena.
Para el economista Nicolás Pertierra, perteneciente al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “por el alcance que tiene la ley requiere un esfuerzo, pero se puede fiscalizar y garantizar su cumplimiento. Es una puerta de entrada para muchas firmas y empresas del sector alimenticio que tienen condiciones bastante desiguales para acceder sobre todo, a las cadenas de supermercados. Es solo un puntapié inicial para empezar y seguir generando un tablero más equilibrado dentro del sector de productores de alimentos”.
En este sentido, la gran incógnita está en cómo será la relación de las Pymes y pequeños productores con las grandes cadenas. Si bien la ley establece pautas claras al respecto, habrá que ver si las cantidades a entregar y los plazos de pago son aceptables para estos competidores de pequeña y mediana escala. “Me parece que ahí va a estar la clave, en qué medida esas condiciones sean viables para los productores más chicos. Porque hoy en día si no tienen presencia en esos establecimientos, es por las condiciones de financiamiento dados a plazo y cantidad de entregas que tienen que darle al supermercado”, explica Pertierra.
Si bien la normativa cobró carácter de obligatoriedad esta semana, los controles se pusieron en marcha a mediados de mayo. En esta primera etapa, el foco está puesto el inciso C del Artículo 7, que exige una distribución equitativa tanto porcentual como equidistante en las góndolas y una correcta señalización de los precios a través de cartelería con la leyenda “menor precio”. Cabe aclarar que estos valores no pueden ser de carácter transitorio, por lo cual los precios más bajos no podrán formarse a partir de ofertas, bonificaciones o descuentos de ningún tipo.
Tras visitar los supermercados COTO de Avenida Santa Fe y Avenida Scalabrini Ortiz, Disco de Paraguay y Armenia, Jumbo de Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño Carrefour de Avenida Scalabrini Ortiz y Soler, sigue observándose en sus góndolas el predominio de los principales grupos empresarios relegando incluso, a sus propias segundas marcas. Esto se ve claramente en los esquineros e islas utilizados para exhibir y promocionar exclusivamente productos de las marcas de primera línea.
Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.
Dentro de estos establecimientos a simple vista, se cumple con la cartelería exigida y los productos tanto de menor valor como de precios cuidados están perfectamente ubicados a la altura requerida. La duda está en saber si la gran variedad de marcas ofrecidas de un mismo producto pertenecen a cinco proveedores distintos. Más aun teniendo en cuenta que los productos de marcas licenciadas por las mismas cadenas comerciales y que suelen copar las góndolas, a la luz de la ley se consideran como una sola.
Abr 10, 2019 | Comunidad, Novedades, Vidas políticas
Juan Grabois encabezó el gondolazo.
Distintas organizaciones sociales, como la CTEP, Patria Grande y el Frente Popular Darío Santillán, presentaron el pasado lunes 8 un proyecto de Ley de Góndolas. En un momento económico caracterizado por los importantes aumentos inflacionarios y caracterizado por el aumento de la pobreza, la Plaza de los dos Congresos se pobló de changos sin mercadería.
Jonatan Rondan, militante del Frente Popular Darío Santillán, expresó la situación de impotencia que vive el sector de la economía popular ya que no puede ingresar sus productos al circuito comercial masivo. «Los monopolios de las empresas alimenticias, con complicidad de los supermercadistas y la falta de políticas públicas, que regulen el sector, son los responsables de esta realidad», afirma.
“Tenemos que recurrir a los bolsones de comida que nos da Desarrollo Social para seguir comiendo a lo largo del mes y los últimos días no cenamos –continuó-. Lo que producimos, no tenemos cómo venderlo, recurrimos a locales chicos del barrio y al MECOPO (Mercado de Consumo Popular), que tiene 15 puntos de venta. Pero así y todo, no llegamos. No queremos más los planes sociales, queremos trabajar, producir y comercializar nuestros productos. Eso es lo que nos dignifica.”
Eva Verde, dirigente de MECOPO, declaró que ellos se encargan de articular al productor y al consumidor en sus puntos de venta, ya sea a través de la logística o con el manejo de los plazos de pago. De esta manera, se logra bajar el precio de los alimentos de la canasta básica, darle pelea a la inflación, mejorar la calidad de los productos y generar puestos de trabajo. A través del ‘precio justo’, estas cooperativas pueden mantenerse en el tiempo. “La gente tiene que confiar en los productos de estas cooperativas, porque se producen con elementos de alta calidad y al no estar tercerizados por la cadena de distribución comercial, tienen costos más bajos. Hay que cambiar los hábitos de consumo”, concluyó Eva.
Los manifestantes exigen regular a los monopolios y defender a los productores de la economía popular.
La mirada de Grabois
En diálogo con ANCCOM, el dirigente de la CTEP Juan Grabois explicó las diferencias existentes entre el proyectó que presentó y el que diseñó la diputada oficialista Elisa Carrió. “En su propuesta falta que todos los supermercados estén obligados y que paguen multas si no cumplen. La ley de Carrió elimina lo más importante, que es que cualquier superficie de venta con más de 100 metros cuadrados, en las ciudades pequeñas, y con más de 200, en las grandes, o los grupos de mercado de proximidad, como son los micro Coto o micro Carrefour, tienen que cumplir la ley. Lo que propone Carrió es solo para los que tengan una facturación superior a 6.000 millones de pesos y esa facturación ninguno la tiene individualmente, sino en conjunto, entonces es una ley para que no se cumpla. De esa forma se sigue legitimando a los monopolios. Es una ley engañosa, es el ‘opo-oficialismo’, es mostrar que están en contra de las políticas que lleva su propio gobierno. Porque vos tenés hoy controlando a los supermercados al dueño de La Anónima, que es una de las cadenas monopólicas de la Patagonia. Acá hay una decisión política. No es que no saben qué hay que hacer. Ellos deciden inflar los precios para generar mayores ganancias a costa de la pobreza de los nuestros. (más…)
