Cupo laboral trans: una ley que no se cumple

Cupo laboral trans: una ley que no se cumple

El registro de aspirantes ya superó los 6000 inscriptos mientras los monitoreos sobre el Sector Público Nacional no superan los 500 empleos efectivos. La “Fundación Trans Argentinxs” reclama un Observatorio por el lento cumplimiento de la norma.

El 7 de julio de 2021 se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán–Lohana Berkins». A más de 18 meses de la sanción, la norma presenta ambigüedades en su aplicación , tornando efímera la ampliación de derechos en el sector más vulnerable de  la comunidad LGTB+.

En septiembre de 2020 el Decreto 721/2020 estableció que el Estado debía incorporar en sus espacios de trabajo al menos un 1% de personal con personas travestis, transexuales y transgénero. En julio de 2021, con la sanción de la Ley 27.636, se reglamentaron las condiciones de contratación y reserva de puestos para garantizar ese cupo laboral. También, la ley instauró el Registro Único de Aspirantes, en donde aquellas personas que deseaban conseguir empleo podían cargar sus datos.

Lautaro Lucas Cruz, presidente de la Fundación Trans Argentinxs hace énfasis en que “muchos adultos trans fueron expuestos a la situación de prostitución sin poder decidir. Con esta ley buscamos reparar y contener a las juventudes trans y no binarias para que puedan tener acceso a un trabajo formal”, explica en diálogo con ANCCOM.

Se trata de una población en extremo vulnerable y que por su bajo número de inscriptos esa situación puede ser resuelta con celeridad, pero en la práctica la realidad no ha cambiado mucho según los datos estadísticos.

Al cumplirse un año de la sanción de la Ley, el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional y la Asamblea TTNB por la Salud Integral presentó un estudio y estableció que en julio de 2022 ese porcentaje era suficiente para la contratación de 5.551 personas que expresaron su necesidad de trabajo. Sin embargo, solo 313 personas habían sido incorporadas.

Según los resultados del monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dispuesto el 30 de septiembre del mismo año, 480 personas trans son las empleadas en el Sector Público Nacional, sólo 167 personas más desde el monitoreo de julio. Según el mencionado estudio realizado por ATE Nacional y la Asamblea TTNB de Salud Integral
se cubrieron el 8,65% de las vacantes laborales disponibles.

Dentro de este numero total, la cantidad de personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero que fueron contratadas antes del Decreto 721/20 es de 64 personas, mientras que 112 se sumaron entre el Decreto y la sanción de la Ley N° 27.636. Siguiendo esos datos –tras un pedido de acceso a la información realizado por ANCCOM– se observa que antes de la norma ya había un total de 176 personas con empleo. En términos porcentuales el empleo creció un 36,7% del total, tomando como referencia las 480 personas registradas hasta el 30 de septiembre de 2022, pero en números concretos menos del 10% de las personas que pidieron un trabajo digno pudieron salir de la marginalidad laboral y/o social.

Desde el Mocha Celis procuran instancias de inclusión que reconozcan las horas de estudio. Foto: ARCHIVO

En la Fundación Trans Argentinxs donde también acompañan y asesoran a niñxs, adolescentes y juventudes trans de todo el país que tienen entre 3 y 24 años, aseguran que “se dificulta que entren las personas a trabajar porque no hay decisión política. Además, es preciso que el cupo laboral sea implementado de manera federal”.

En la provincia de Buenos Aires y CABA se contrataron 356 personas, mientras que en el resto de las provincias sólo se contrataron 83 nuevos empleados y empleadas, quedando un restante de 41 personas que no fueron contabilizadas según su jurisdicción. “Para que en el interior se pueda cumplir la ley haría falta una adhesión de las provincias”, advierte Lautaro Cruz.

Mientras tanto la demanda de trabajo sigue creciendo. El Registro Único de Aspirantes contabiliza al cierre de esta edición 6.807 personas Travestis, Transexuales y Transgénero inscriptas. En otras palabras, la respuesta del Estado sigue siendo lenta en relación con el ejercicio pleno del derecho. Así, tomando los datos dispuestos por ATE Nacional y la Asamblea TTNB, los 5.551 puestos de trabajo ya podrían estar cubiertos con mayor compromiso de las autoridades del sector público y atender la demanda de nuevas solicitudes.

Este registro tiene la finalidad de que aquellas personas que estén interesadas en cubrir vacantes en el marco de la ley puedan brindar sus datos para establecer una orientación de adecuación profesional. Este solicita el nombre autopercibido, los antecedentes educativos y laborales y las aptitudes y preferencias laborales de las personas aspirantes. Es allí donde surge la trampa burocrática. El perfil de los puestos no coincide con la formación de los aspirantes y no existen mecanismos ni resortes reglamentarios formales para que se capaciten mientras acceden a los puestos de trabajo.

La Asociación Civil Mocha Celis y su Bachillerato Popular trabaja para revertir esta situación desde hace más de una década, en especial porque la discriminación tiende a expulsar a las personas trans de los ámbitos educativos cuando atraviesan la enseñanza secundaria. Desde la Mocha saben que la inserción laboral no es sencilla y procuran instancias de inclusión que impliquen el reconocimiento de horas de estudio como estrategia.

Cruz insiste en la importancia de la ley para este colectivo. “Cuando lees que tu expectativa de vida es de 35 o 40 años –explica– te da un poco de miedo… Saber que vas a tener un futuro, que vas a tener la posibilidad de elegir donde trabajar y/o estudiar, te da un poco de tranquilidad. Es el saber que vas a estar bien. Eso es lo importante”.

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» establece un incentivo tributario para aquellos empleadores privados que contraten a trabajadores y trabajadoras de la comunidad trans travesti con el fin de fomentar el acceso al empleo. Además, los organismos que están comprendidos dentro de la normativa deben llevar a cabo acciones que faciliten una sensibilización y comprensión sobre la perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales.

La norma surge frente a la ausencia de una ley integral –como en el caso uruguayo– de igualdad de género. En Argentina las minorías sexuales fueron conquistando derechos por partes.. En 2012, la Ley de Identidad de Género estableció un marco legal en el cual se asienta que no se necesitan diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Dentro de los grupos que lucharon por esta ley se encontraba el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones. En ella se encontraba Lohana Berkins, una activista travesti que buscó en esa norma dar un acceso pleno a la atención sanitaria para que aquellos que soliciten intervenciones médicas o tratamientos puedan obtenerlos.

 

Por otro lado, la Ley Diana Sacayán aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires fue un gran antecedente. Esta última institucionalizó el cupo laboral travesti trans, utilizando como nombre a la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino en 2012 y el de Lohana, ambas activistas en el proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

Sobre la aplicación real de la ley se destaca que el Ministerio de Economía es aquel que más personal travesti y trans tiene, contando con un total de 92. Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta 19 personas y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 39. El Ministerio de Educación es aquel con menor cantidad de contratados, solo con 1 persona contemplada bajo las condiciones de esta norma.

“Es necesario un Observatorio de la ley de cupo laboral trans y travesti. En todas las políticas públicas que tienen que ver con este colectivo es necesario”, concluye Lautaro Cruz.

«Que el pinkwashing no tape la verdadera pelea por los derechos»

«Que el pinkwashing no tape la verdadera pelea por los derechos»

El pasado 24 de junio el Senado de la Nación sancionó la Ley el Cupo Laboral Travesti Trans con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en consolidar la ampliación de derechos para un colectivo discriminado, perseguido e invisibilizado en las políticas de Estado, incluso, desde el retorno a la democracia.

En aquella histórica sesión, tanto el oficialismo como la oposición apoyaron la propuesta a la que consideraron “reparadora de derechos”. Así, el 8 de julio, el gobierno nacional promulgó la Ley 27.636, una norma anticipada por decreto en septiembre de 2020, que necesitaba mayor consenso para dar cuenta del grado de vulnerabilidad que sufren la mayoría de las personas trans, cuya población tiene una esperanza de vida que no supera los 40 años. 

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana SacayánLohana Berkins”, lleva ese nombre en recuerdo de dos importantes referentes del movimiento, y tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina. 

Según el artículo 5 de la ley, el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con integrantes del colectivo trans, en todas las modalidades de contratación vigentes. Asimismo, en el artículo 11 también se contemplan incentivos para el sector privado.

Victoria Donda, abogada y titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), señala que “El INADI es el organismo que militó ese proyecto desde el primer Plan Nacional contra la Discrminación firmado en 2005”. 

“Venimos bregando no sólo para que exista una ley de cupo trans, sino para que se cumpla en los distintos niveles del estado nacional”, agrega Donda. Este espíritu se refleja en el artículo 7, el cual establece que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión. 

“No voy a decir que el INADI redactó la ley porque eso lo hacen las comisiones pertinentes, pero la mirada interseccional y de militancia fue un gran aporte del instituto que presido”, sostuvo Donda en relación con la participación del Instituto en la redacción del texto final.

Así, el proyecto fue resultado de un amplio proceso de debates y aportes, en los cuales participaron decenas de organizaciones travestis, trans y LGBTIQ+ a lo largo del país, a través de las reuniones informativas -convocadas oportunamente- que contaron con el apoyo transversal de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios. 

“Lavado rosa”

El 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y surgieron otros debates relacionados con la identidad sexual. Uno de ellos giró en torno al concepto de pinkwashing o lavado rosa (por su traducción del inglés). De acuerdo con la organización chilena ACCIONGAY, “es un término que en el contexto de los derechos LGBTI+ se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBTI+, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes”. 

En este sentido, Donda agrega que “no está mal, lo que hay que entender es que no es una moda pelear por los derechos de todas, todos, y todes. Está más allá de una moda. Entonces, lo que nosotros no queremos es que el pinkwashing tape la verdadera pelea por los derechos”. 

Para que las reivindicaciones del colectivo puedan transformarse en políticas de inclusión, la también ex diputada sugiere que la manera de hacerlo es “incorporando a las organizaciones dentro de la planificación del Estado, y cómo el Estado dentro de la implementación de sus políticas públicas puede incorporar las demandas de la sociedad civil”. 

Nuevo Plan contra la Discriminación 

Con el objetivo de hacer efectivas las políticas de inclusión, durante todo el año 2020, el INADI trabajó no solo con las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ sino con otras comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes o personas con enfermedades poco frecuentes. De esta manera, puso en agenda otras discusiones contempladas en el Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que el instituto va a presentar en los próximos meses. 

Consistirá de un conjunto de Compromisos de Acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el período 2022-2025, a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación alcanzados. Será monitoreado y evaluado periódicamente, y actualizado cada dos años”, explica la información institucional del organismo.

El Nuevo Plan Nacional contra la Discrminación, “lo estamos elaborando -agrega Donda- con la sociedad civil y con los distintos sectores del Estado, no solo con los estamentos nacionales, sino con los provinciales y municipales; incorporando algunos debates de carácter internacional, porque el año pasado recuperamos la presidencia de la Red Internacional de Organismos y de Organizaciones de Derechos Humanos (RIDH)”. 

Para avanzar en la actualización del Plan, se convocó a múltiples organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, para que trabajen en soluciones orientadas en erradicar las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus formas. Con respecto a la convocatoria, la titular del INADI entiende que “para comprometerse de cara a la sociedad, para construir una sociedad más diversa, más plural, una sociedad sin discriminación, una sociedad sin racismo, sin xenofobia, el Estado tiene que poder escuchar a todos los sectores de la sociedad”. 

A 16 años del documento preparatorio celebrado en 2005, queda adecuar la nueva agenda pública, que está atravesada por nuevas problemáticas estructurales, a un Plan de Acción Estatal que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto, y a las poblaciones más vulnerables en particular. 

“Me parece que hoy los desafíos son otros, y que tienen que ver con una mirada acerca de la diversidad cultural, una mirada necesaria acerca de la educación para ir desarmando el racismo estructural que tenemos en la Argentina, la mirada interseccional de cada uno de los sectores que están en situación de vulnerabilidad. Hay miradas distintas desde el 2005 a esta elaboración, de este nuevo plan, son miradas diferentes, en épocas diferentes”, sostiene Donda. 

La Comunidad Afroargentina

Tras la presentación en la Casa Rosada a fines de junio, se realizó el primer plenario del Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina. La diplomática afroargentina María Fernanda Silva, actual embajadora argentina ante la Santa Sede y una de las miembros del Consejo, fue la primera oradora del plenario. 

Silva señaló que la afroargentinidad es “un modo particular de habitar la patria y la memoria histórica, que también es un ámbito donde dar la batalla”. 

En este sentido, Donda agrega “nosotros creemos que hay una negación del Estado con respecto a aquella comunidad afroargentina que hace muchos años está acá, y que los hemos negado sistemáticamente”. Asimismo, señala que esta comisión apunta  “a recuperar la memoria histórica, a rearmar el mapa genético de nuestro país. Si hay comunidades que han sido invisibilizadas de la historia tiene que ver con la historia de esas propias comunidades. Entonces queremos recuperar esa memoria”.

En relación a las políticas públicas, Silva plantea la necesidad de generar “instancias de reconocimiento de espacios de memoria, para disputar una interpretación del pasado”, pero también impulsar un cuestionamiento de por qué “hay ámbitos donde la Comunidad Afroargentina no está presente, como por ejemplo el Poder Judicial o el Poder Legislativo”. Por otra parte, señala que se debe comprometer a los tres poderes “en una agenda desde y para la Comunidad Afroargentina”. 

Según Donda, una manera de recuperar las huellas que dejó la comunidad a lo largo del país es incorporando esta categoría en el próximo censo nacional. “Hay que decir que en el censo anterior, en 2010, la comunidad afroargentina estuvo presente y de acuerdo a los resultados, hay aproximadamente 2,5 millones de personas que son parte de esa comunidad afroargentina. Entonces, este es un dato interesante que queremos ver si se mantiene y cuánto ha crecido”. 

Vida y trayectoria

 Victoria Analía Donda Pérez nació en 1977 en la ESMA, ex Escuela de Mecánica de la Armada y es la nieta restituida número 78. Luego de realizarse los estudios genéticos correspondientes, confirmó que sus padres biológicos eran José Donda e Hilda Pérez, quienes continúan desaparecidos. No supo hasta los 26 años, en 2004, que su padre de crianza y su tío, ambos militares, eran cómplices de la última dictadura cívico-militar argentina. 

Desde muy chica la política marcaría su vida. “Creo que uno cuando tiene 16 años, pensar en los 40 es como muy lejano y no se si te imaginas mucho. Sí, lo que te puedo decir es que siempre quise dedicarme a la política, desde muy chica, no desde los 16, desde mucho antes”, recuerda. 

Fue tres veces diputada nacional. Sus ejes de trabajo habitualmente están relacionados con los derechos humanos, el género, la educación, el medioambiente y las problemáticas sociales. Con respecto a la motivación por estas temáticas, asegura: “Creo profundamente que los derechos humanos, todos los derechos, son responsabilidad del Estado, y que para poder garantizarlos el Estado tiene que construir bases más justas de distribución de la riqueza. No hay derecho que se pueda garantizar si la riqueza no se distribuye de una forma más equitativa. Y creo que la herramienta para poder hacerlo es la política”. 

Donda reflexiona que así como cuesta pensarse a los 16, también cuesta adelantarse al futuro,  pero arriesga: “De acá a 10 años me veo aportando como estoy aportando ahora, o tratando de aportar para una sociedad mejor y espero que cada vez seamos capaces de ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa y con menos violencia”.