Propuestas para una comunicación democrática

Propuestas para una comunicación democrática

La Coalición por una Comunicación Democrática no da el brazo a torcer. Ayer presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una nueva serie de propuestas “para construir la comunicación que viene”. “Son aportes para sostener los valores de la diversidad y el pluralismo -sostiene Diego Rossi, profesor adjunto en Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-. Se trata de garantizar el acceso a la información y los derechos de la ciudadanía a recibir, producir y difundir contenidos.”

Conformada por una pluralidad de actores -universidades, sindicatos y centrales obreras, pequeñas y medianas empresas de comunicación, radios y televisoras comunitarias, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas y productores- desde 2004 alza la voz para defender a la comunicación concebida como un derecho. “Estamos preocupados -agrega Rossi- por recuperar la capacidad productiva y la potencia de Argentina en el campo audiovisual, por disponer medios públicos que realmente sean federales y que reflejen la diversidad de opiniones y de miradas culturales. Nos interesa que el próximo gobierno regule formas que preserven la intimidad de las personas, su capacidad de ser productores de contenido, la posibilidad de elegir y de tener precios justos y razonables.”

Daniela Monje, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso la propuesta en contexto: “La idea fundamental de la Coalición desde su inicio y hasta el momento es que hay una perspectiva de derechos humanos que está de alguna manera ligando todas las propuestas que se hacen. Entendemos a la comunicación como un derecho humano, en el marco de lo que el derecho público internacional ha nombrado como libertad de expresión”, dice .

En el 2004, con el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, la Coalición por una Comunicación Democrática marcó su primer antecedente con incidencia en la política argentina: se presentaron los 21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Sin embargo, el proyecto quedó en curso hasta ser retomado en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. El debate plural y federal sobre ese documentó sentó las bases para el armado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promulgada en 2009, en reemplazo de la Ley de Radiodifusión (22.285), dictada en 1980, durante la última dictadura militar.

Sobre la Ley 26.522 en materia de derechos y democratización, Larisa Kejval, secretaria académica de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA),  investigadora y militante por la comunicación comunitaria, destaca: “La ley no sólo es una ley de carácter democrático porque reconoce a los medios sin fines de lucro como uno de los operadores del servicio de comunicación audiovisual, no sólo porque genera políticas de fomento para este sector sino también por otras cuestiones que me parecen centrales y que son las que han sido puntualmente atacadas a partir del gobierno de Mauricio Macri. Esto es: una ley que además ponía límites claramente a la concentración mediática, construía órganos de diseño, control y aplicación de políticas públicas federales, multisectoriales y participativos con distintas representaciones que promovían también la producción nacional y federal.”

A pesar del esfuerzo y el terreno ganado por la Coalición, con la llegada de la política macrista y, en particular, del Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, hubo una serie de modificaciones en materia de política comunicacional que perjudicaron a los medios pequeños y medianos de comunicación. “La política de Cambiemos ha sido desde sus inicios una política que caracterizaría como regresiva y, a su vez, asimétrica en función de los grandes jugadores.”, declara Monje.

Por su parte, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en diálogo con ANCCOM recuerda: “Este gobierno cuando asumió lo primero que hizo fue desguazar mediante los decretos de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, se llevaron puesta nuestra capacidad de participación en los organismos de aplicación de la ley. Ahí teníamos el Consejo Federal, el Directorio de la AFSCA, lugares donde estábamos representados los medios comunitarios, educativos, los medios de pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación. Fue sustituido el AFSCA por el Enacom y fueron quitados los topes que impedían la concentración mediática, facilitando así meganegocios como la fusión de Clarín y Telecom.”

Este marco de políticas trajo un panorama de especial dificultad para los medios populares, comunitarios y alternativos. Natalia Vinelli es docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y dirige el canal Barricada TV. En relación a la incidencia de la política de Cambiemos sobre los medios comunitarios expresa que la situación “se complejizó muchísimo. No hubo llamados a concurso para televisión, por ejemplo. Los fondos del fomento concursable, que son becas que venían funcionando, se ralentizaron enormemente. La subejecución creció y la deuda que el Estado mantiene con el sector es de más de mil millones de pesos. Así se hace muy difícil la sostenibilidad de los medios de comunicación. Es un escenario de gran dificultad para poder funcionar como verdaderas opciones en un sistema de medios que es cada vez más concentrado.”

Además de los problemas acarreados en razón de política pública, la democratización de la comunicación se vio afectada por políticas de otra índole. Al respecto, Kejval nombra las persecuciones a reporteros gráficos durante movilizaciones sociales en los últimos años y Antonini remarcó la repercusión de las políticas económicas: “Impactan los tarifazos de la luz, por ejemplo. O la recesión: es muy importante la incidencia que tienen en las radios los comerciantes o las organizaciones locales, que en general son nuestros auspiciantes.”

A partir de las políticas regresivas en comunicación del actual gobierno, la Coalición presentó en 2016 una actualización de los 21 Puntos y continuaron con la lucha por el derecho a la comunicación y condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, la situación en la cual se ven inmersos en la actualidad dista ampliamente de ser un escenario propicio para el desarrollo de una comunicación democrática.

Con esperanza en que las nuevas propuestas vayas a ser tenidas en cuenta y, sobre todo, consciente de la fuerza que presenta la unidad de medios sin fines de lucro, comunitarios y alternativos, Kejval deja un mensaje de aliento sobre la presentación del documento: “Lo que estamos haciendo es precisamente no bajar las banderas de la Coalición por una Comunicación Democrática sino todo lo contrario: seguir sosteniéndolas bien firmes porque creemos que las políticas del próximo gobierno nacional tienen que estar encaminadas a restituir los derechos comunicacionales que han sido vulnerados en los últimos cuatro años.”

 

Concentración y dependencia

Concentración y dependencia

Después de los primeros dos años de gestión macrista, las transformaciones en en el campo de la comunicación se suman al cúmulo de medidas generales que evidencian su concepción de modelo estatal, su relación con las corporaciones empresariales y con los sectores más vulnerables. ¿El resultado? Una creciente concentración mediática que favorece a los grandes grupos económicos del sector audiovisual y de telecomunicaciones y que perjudica no solo al sector no comercial, sino también a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.

Marcha «La Ley de Medios no se toca» en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Diciembre de 2015.

El año pasado finalizó con la firma de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aprueban la compra de Cablevisión por parte de Telecom, una fusión que contiene una realidad innegable: el Grupo Clarín pasó a ser un gigante de las telecomunicaciones. Y aunque “las políticas de comunicación podrían mitigar estos procesos de intensificación de la concentración, lo que hacen es profundizarlo”, explicó María Soledad Segura, docente e investigadora de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Con la consigna “convergencia tecnológica” el gobierno avala la fusión de empresas que históricamente fueron separadas por barreras regulatorias. Y con artilugios legales se saltean instancias parlamentarias para que la legislación entre en vigencia. Con el DNU 267/15, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se vio modificada y desmembrada en algunos artículos fundamentales. Por un lado destruyó la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA), así como también diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

En consecuencia, creó el ENACOM, un organismo que incluye en su directorio siete personas, de las cuales cinco son elegidas por el poder ejecutivo. Damián Loreti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abogado especializado en derecho a la información y uno de los principales impulsores de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que esta medida “va en contra tanto del procedimiento como del contenido que los estándares interamericanos de Derechos Humanos señalan sobre autoridades de aplicación”.

Por el otro lado, el DNU relajó las barreras de control de concentración a través de tres vías explícitas: “Primero, aumentó la cantidad medios que se puede tener. Segundo, sustrajo el cable a las reglas de los servicios de comunicación audiovisual, pensando que eso los hace convergentes. Tercero, prohibió a DirecTV hacer otra actividad que no sea la televisión satelital, y eso tenía como destino fortalecer a Cablevisión, al limitarle la competencia a DirecTV, cosa que corrigieron por presiones del gobierno norteamericano”, explicó Loreti.

En este sentido, Luis Lazzaro, periodista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y ex coordinador del antiguo AFSCA, aseguró: “No hay nada que jurídicamente impida que esto sea resuelto desde un Congreso. Se trata de una situación claramente inconstitucional, de ningunear al Congreso argentino, de invocar pretextos que no tienen razón de ser ni de necesidad ni de urgencia”, refiriéndose a los DNU que dictó el Poder Ejecutivo desde fines de 2015 y a lo largo de su gestión.

Para María Soledad Segura, “esas medidas transitorias están reestructurando al mercado de manera muy profunda y esto va a tener implicancias muy difíciles de revertir, incluso con la mejor ley que podamos imaginar basada en el paradigma de derechos humanos”. Tal es así que la situación de los medios comunitarios, quienes tenían una expectativa de participación muy grande tras la sanción de la ley 26.522, se ve agravada. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que para el gobierno “los medios comunitarios son innecesarios porque no generan productividad de mercado”. No obstante, para ella, quien además trabaja como asesora de estrategias en gestión de políticas de medios de comunicación comunitarios y populares, “el impulso que se dio durante estos seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha dejado mejor parado al sector. De hecho, se han creado muchos medios y estos se han agrupado. Lo que tienen ahora es un ahogamiento económico”.

Allanamiento del AFSCA en diciembre de 2015.

Lo dicho anteriormente se evidencia con la suspensión de los llamados a concurso y de los pagos para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): “Están impagos FOMECA del 2015, están impagos la mayoría de los FOMECA 2016. El concurso de ese año se llamó recién en octubre. Y el concurso a los FOMECA 2017 se va a llamar recién en febrero del 2018 con lo cual ya tienen un retraso en los pagos y en la realización de los concursos muy importante”, confirmó Segura. Y como contrapartida -agrega- existen “emisoras sin fines de lucro, que están en situación de ilegalidad también producto de la inacción estatal, a las que se les realizó intimaciones y allanamientos”.

La promesa oficial de una nueva Ley de Convergencia Tecnológica que repararía los abusos cometidos por el exceso de DNU sigue en pie tras una tercera solicitud de prórroga por 180 días para dar a conocer el proyecto. Si bien el constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó el proyecto que la comisión destinada a tal fin había presentado en marzo de 2017, después de un año de trabajo, “todo parece indicar que al gobierno no le cerró y quedó cajoneado hasta este momento”, sostuvo María Soledad Segura. Sobre el contenido de ese primer borrador, Lazzaro concluyó: “No está mal encaminado porque retoma mucho de los principios de la ley 26522 y 27078, aunque se ve de nuevo que trata de preservar los intereses de Grupo Clarín y companía”. Desde otra perspectiva, Villamayor criticó que en el anteproyecto “el sector social no está representando”.

El año 2017 y los comienzos de 2018 mostraron cierres de medios como Agencia DyN; la revista El Gráfico; los diarios La Razón y La Mañana de Córdoba, entre otros, y miles de despidos en medios tanto públicos como privados, además de graves atrasos en el pago de salario como ocurre en Radio Del Plata o las crisis como la del Grupo Indalo. La responsabilidad de la política comunicacional de Cambiemos es evidente. Para Loreti “el panorama es más que sombrío y la responsabilidad es más que obvia”. El mal manejo de la pauta oficial sumado a una economía cada vez más recesiva parecen ser los detonantes de la situación de crisis que atraviesan no solo las pequeñas empresas, sino también algunos grandes grupos económicos: “Para algunos medios se aumentó más de un 500 por ciento la pauta y para otros ni siquiera se respeta el porcentaje mínimo que la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública dice que hay que cumplir. A esto se suma la cantidad de plata que el gobierno está poniendo en redes sociales y en medios digitales”, finalizó Loreti.

Damian Loreti en una charla por la Ley de Medios, clase de Derecho Constitucional a cargo de Andrés Gil Domínguez.

Movilización de los medios comunitarios frente al ENACOM en el edificio donde funcionaba el AFTIC.

Actualizado 24/01/2018