Jul 27, 2023 | agenda, Destacado 4, Entrevistas, slider
El último censo reveló una cruda realidad: en Argentina solo el 65% de las familias son dueñas de sus casas. En la Ciudad de Buenos Aires, la cifra baja al 52%. En un país con cerca de 10 millones de inquilinos, la política no ha logrado dar una solución para un mercado de alquileres cada vez más inaccesible.
La Cámara de Diputados de la Nación sesionará el 23 de agosto para discutir la reforma o derogación de la ley de alquileres, a tres años de su sanción, en el marco de una crisis habitacional cada vez más grave.
El legislador porteño por el Frente de Todos, Manuel Socías, quien trabaja desde 2015 junto a un equipo multidisciplinario sobre la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, presentó recientemente su propuesta de crear un Régimen Nacional de Alquileres Protegidos.
En diálogo con ANCCOM, Socías asegura que “la mirada de Juntos por el Cambio sobre la ley es muy irresponsable porque genera incertidumbre”. A la vez, alerta sobre la “crisis de imaginación y audacia” de toda la dirigencia política para abordar el problema y plantea la necesidad de que haya “un nuevo poder legitimado” que pueda convocar a los principales actores a discutir la normativa vigente.
¿Cuál debería ser la discusión sobre la ley de alquileres?
Es un falso dilema el que está planteado en el Congreso. No se trata de derogar o dejarla tal cual está. La ley es bienintencionada, pero está pensada para otro contexto y no funciona con alta inflación. Lo que hay que discutir son sus aspectos más problemáticos: cada cuánto se puede actualizar el contrato (hoy anualmente) y si es de dos o tres años.
¿Qué cambios deberían hacerse?
Habría que acortar los plazos, hacerlos semestrales, pero usar un coeficiente que no sea el IPC (Índice de Precios al Consumidor), sino sólo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), menos un porcentaje, porque es un coeficiente que mide la evolución de los trabajadores del sector formal y eso no incluye al total de la población inquilina, donde también hay cuentapropistas, monotributistas y trabajadores de la economía informal.
¿Esta reforma podría plantearse en la próxima sesión?
En un año electoral es imposible. Juntos por el Cambio tiene una mirada muy irresponsable, porque plantea derogar la ley. Lo único que va a generar eso es más incertidumbre y romper más el mercado. Es malo para los inquilinos, pero también para los propietarios. Hoy los dueños están haciendo contratos de tres meses, por fuera de la ley, por indicación de las inmobiliarias, usando un agujero legal para los alquileres temporarios. De acá a diciembre, la situación cada vez va a ser peor, hasta que haya un nuevo liderazgo legitimado que convoque en una mesa a la política, el sector inmobiliario y los inquilinos para discutir la actual normativa
¿Por qué se discute tan poco el problema de la vivienda?
La principal razón es que la industria de la construcción es el principal dinamizador de la economía argentina, porque genera muchísimo empleo y sirve para paliar la situación de crisis social. El problema es que es malo para lo habitacional, pero nadie quiere tocar esa bomba de relojería, porque si te equivocás de cable vuela todo por el aire. La segunda es el derecho a la propiedad, que es el único pensado como un derecho absoluto y debería poder ser relativizado y regulado como todos los demás. Eso no quiere decir expropiar departamentos, sino reglamentar la renta, porque la vivienda es un derecho constitucional que hay que garantizar.
¿Puede repensarse este escenario?
La dirigencia hoy no tiene la vocación de hacerlo. No es un problema sólo de Larreta o de Macri. Hay una crisis enorme de imaginación, de pereza intelectual y falta de audacia política general. El peronismo dice que se soluciona construyendo vivienda pública y la derecha dice que se hace dejando que el mercado edifique sin parar. Ninguno de los dos paradigmas resuelve el problema. El primero porque no tenés escala para construir viviendas desde el Estado que te permita resolver el déficit habitacional, y el segundo porque la perspectiva de mercado no está pensada para hacer eso, sino para dolarizar como una reserva de valor. Hay que encontrar una diagonal entre ambas perspectivas que permita combinar instrumentos para darle escala, capilaridad y velocidad a la respuesta. Hay que inventar cosas nuevas.
¿Cuál es tu propuesta para atacar la problemática?
Si el peronismo gana las elecciones, el 11 de diciembre debería proponer el reemplazo a la ley de alquileres por un Régimen Nacional de Alquileres Protegidos que cambie radicalmente la mirada sobre el tema. Todas las viviendas en Argentina tienen que estar dentro de un régimen que consiste en dos submercados: uno público y uno privado. El primero debe ser estructurado a partir de bancos públicos de vivienda a nivel nacional, provincial y municipal, que alimenten un stock de viviendas para atender a las poblaciones más vulnerables y a los sectores medios con alquileres accesibles, como hacen Nueva York, París o Madrid. Por otro lado, al submercado privado de alquileres hay que darle un conjunto de incentivos para aumentar la oferta y mejorar la rentabilidad a cambio de estabilizar una curva de precios que acompañe la variación del ingreso de la población inquilina. Aquel propietario que ponga su propiedad en alquiler no tendrá que pagar bienes personales, ganancias, sellos, ABL, ingresos brutos, nada. Ese conjunto de beneficios es el equivalente a un alquiler número 13, como si le pagáramos un aguinaldo al propietario. A cambio, tiene que respetar unos precios de referencia acordes al promedio histórico de la ciudad.
¿Alcanzan esos incentivos?
Tenemos la expectativa de que sí, pero lo discutí con el presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios y él considera que no, porque toda esta economía está en negro. Los contratos no están registrados, probablemente las viviendas tampoco. Por eso hay que tener decisión política para desarrollar al mismo tiempo una burocracia en el Estado capaz de entender y fiscalizar ese mercado. Hoy ningún gobierno (nacional, provincial ni municipal) tiene un área dedicada al tema de los alquileres.
¿Cómo podría articularse ese registro con una regulación de los alquileres destinados al turismo?
Que haya turismo internacional en Argentina es una buena noticia porque ingresan dólares, pero también tiene un problema que es la dolarización de los precios y la reducción del parque habitacional. Primero hay que hacer un registro para saber cuántos departamentos están volcados ahí y después hay que tomar medidas diferentes según la realidad territorial. Por ejemplo, San Martín de los Andes, Bariloche y Ushuaia son ciudades que están en una situación habitacional crítica. En esos lugares hay que acotarlos como hacen todos los países del mundo, donde autorizan que haya el 20% o el 30% de las unidades. Hoy la Ciudad de Buenos Aires está promoviendo con subsidios la reconversión de edificios de oficinas del microcentro en viviendas para Airbnb. Eso hay que prohibirlo de raíz. Otros países limitan los alquileres temporarios a 60, 90 o 120 días al año. Hay un montón de regulaciones posibles, pero todas tienen que estar adecuadas a cada realidad territorial y requieren una reingeniería institucional muy desafiante.
¿Cómo es la legislación sobre el tema en la Ciudad de Buenos Aires?
En CABA hay un registro de Airbnb donde los contratos de alquiler temporario tienen que pagar el 6% de ingresos brutos. Actualmente hay 300 departamentos registrados sobre un universo que se estima en 20.000. Es una ficción. No paga nadie. La Ciudad de Buenos Aires no tiene la voluntad de registrar y regular esos alquileres. De todas maneras, a mí también me gusta ir a un Airbnb cuando viajo y para un propietario es un buen negocio, me parece fantástico. Pero todo eso tiene que estar armonizado con el derecho a vivir con dignidad en el lugar donde naciste.
¿Se puede pensar en préstamos hipotecarios tras el fracaso de loscréditos UVA?
Los créditos hipotecarios tal cual estuvieron pensados en los últimos años no sirven, porque lo único que hacen es darle a un conjunto de la población un paquete enorme de dinero para competir en el mercado de compra y venta de inmuebles que están dolarizados. Es una política que lo único que hace es aumentar los precios y convalidar la dolarización.
¿Cuál sería una alternativa sostenible?
El Estado tiene que aportar la tierra, convocar a los sectores medios a aportar sus ahorros y constituir un fideicomiso sobre esos terrenos. Con eso, construir y comercializar propiedades en pesos y al costo. Después, entregar un crédito hipotecario en pesos para cubrir la brecha que se ajusta por la variación de los ingresos de los sectores medios. Es un préstamo que está montado sobre un nuevo tipo de oferta y desde otra lógica.
¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que buscan independizarse en este contexto?
Yo soy muy amigo de Ofelia Fernández, que es una joven que alquila y tiene una representación bastante cristalina de la agenda de los jóvenes. Ella me dijo que nosotros tenemos que organizar generacionalmente la pelea por el derecho a vivir en el lugar donde nacimos. Los burócratas no van a hacer nada hasta que no reciban una presión descomunal de los pibes que tienen una enorme dificultad para irse de la casa de los viejos. Mi mensaje es organícense, peleen y obliguen a la política a dejar de romper las pelotas y a discutir estos temas con seriedad y honestidad.
Mar 6, 2019 | Comunidad, Novedades
Las juntas comunales están pensadas como nexo entre los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, pero nada de esto ocurre. El reglamento no se cumple y los presupuestos quedan atados a las decisiones del Poder Ejecutivo. Los vecinos, el Movimiento Comunero y representantes comunales reclaman hace diez años que se cumpla la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Es que la modificación de la Constitución Nacional de 1994, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y tras la sanción de la Ley 1777/05, el territorio de la Ciudad se dividió en 15 comunas, pensadas como unidades administrativas, con el objetivo de descentralizar el gobierno de la Ciudad en gobiernos participativos. Desde 2011, cada comuna elige a sus comuneros -quienes representantes a partidos políticos- para integrar las distintas Juntas Comunales.
Las comunas cuentan, por ley, con potestad de administrar el patrimonio de su territorio. Sin embargo, esta premisa es incumplida. En un comunicado de diciembre de 2018, las Juntas Comunales reclamaban que se hiciera efectiva la autonomía administrativa y también la asignación de presupuesto que está estipulada por ley (un 5% del total de la Ciudad para cada comuna, lo que hoy serían 1100 millones de pesos), para poder decidir cómo destinar sus recursos acorde a sus particularidades y necesidades.
Carlos Wilkinson, fundador de Movimiento Comunero -un colectivo no partidario, conformado en 2009 por vecinos porteños en defensa de la autonomía comunal- explicó a ANCCOM cuál es el espíritu que pregona la Constitución porteña al proponer la descentralización: “Se trata de una democracia participativa, en la cual el pueblo delibera y gobierna con sus representantes. Las personas electas deben trabajar con los ciudadanos y sus organizaciones para gestionar”. Sin embargo, la Constitución porteña nunca fue seguida por una reglamentación y unificación de criterios entre las comunas y sobre las comunas, y es justamente de eso que el PRO se sirve para seguir ostentando el monopolio de la decisión. “El rol de Movimiento Comunero y de los vecinos ha sido el de presionar para que se dé la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Del lado del gobierno, y desde el 2009, no hay diálogo ni voluntad en llevar a la práctica la ley. Desde la oposición, no reclaman. Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, señala el referente.
Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13 por Unidad Ciudadana -que incluye Belgrano, Colegiales y Núñez-, explicitó en diálogo con ANCCOM que “las Juntas Comunales ofrecen cercanía entre los vecinos y el Gobierno. Lo ideal sería que se genere un círculo de diálogo, de propuestas entre ambos lados, y si se cumpliera la asignación presupuestaria, a nosotros nos tocaría la administración y mantenimiento de los espacios verdes, centros de salud y hospitales, escuelas, espacios culturales, veredas, calles. Las comunas ofrecen cercanía tanto al vecino con el Gobierno, como al Gobierno con el vecino”.
«Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, dijo Carlos Wilkinson.
La democracia participativa presente en la Constitución porteña está pensada bipartita. Los vecinos cuentan con Consejos Consultivos -uno por cada comuna- en donde se exponen las propuestas y quejas que se elevarán a las Juntas. Allí participan, también, los encargados de mediar entre lo institucional y lo ciudadano, los comuneros.
La ausencia de unificación entre los sistemas comunales de representación hace oscilar el número de comuneros, pero el reparto de los cargos es de la siguiente manera, según describe Julieta Costa Díaz: “En una comuna que elige cinco comuneros, dos de ellos serán del partido que gane las elecciones, dos de la primera minoría y el restante de la segunda minoría. Estos últimos -eventuales- cinco integran la Junta Comunal de una comuna. El comunero que más votos saque en las urnas presidirá la comuna”.
Ahora bien, uno de los principales problemas que parece traer esta organización radica en que «primero, el partido que gane las elecciones tiene mayoría en las comunas y casi todos los presidentes de las quince comunas. Segundo, que con ello se centraliza la gestión y también la información. Los vecinos no acceden a datos de contratos y licitaciones, e información de esa índole que es primordial para el funcionamiento transparente de la ciudadanía”, aclara Costa Díaz. “Al no cumplirse lo estipulado por la ley, todas las decisiones están centralizadas en el Poder Ejecutivo. Nunca logramos que desde la Legislatura salga aprobado el presupuesto con la asignación presupuestaria a las comunas, así la caja la tiene el Jefe de Gabinete y él asigna a su entendimiento”, denuncia la Comunera de Unidad Ciudadana.
El Estado se muestra aún más ausente en aquellas comunas más relegadas. Facundo Roma, comunero por Unidad Ciudadana de la Comuna 8 -que incluye Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati- comentó: “Tenemos, aproximadamente, 3500 chicos en las villas sin vacantes para estudiar; problemas de urbanización sin resolver y, obvio, las promesas inconclusas, como por ejemplo la del Hospital Grierson -obra con la que lanzó su candidatura Macri para jefe de Gobierno en 2007. Destinó varios miles de millones a la Villa Olímpica y el Grierson está sin terminar, cuando se trata de la comuna que más utiliza la salud pública; falta de promoción cultural y de espacios culturales; el Premetro funciona con baja frecuencia y sin aire acondicionado”, enumera Roma y agrega: “Entonces se desprenden dos cuestiones. Por un lado, hay problemáticas como la de las vacantes o varios centros de salud inconclusos o mal mantenidos a lo largo y ancho de la ciudad. Ahí debería recoger el guante el gobierno central y diseñar políticas generales. Pero también la falta de escucha a las comunas frena el avance y las necesidades particulares de cada comuna y las soluciones que ésta propone para sí misma”.
Las voces consultadas coinciden en que los obstáculos para la participación ciudadana son frecuentes. “Nos enteramos tarde de las licitaciones, si es que hay, para obras públicas, para las cuales no somos consultados. No podemos elegir, por ejemplo, si seguir terciarizando el mantenimiento de plazas o emplear personas o empresas de las comunas en la obra pública. Nos enteramos repentinamente de proyectos de venta de espacios públicos, o determinado uso de espacios verdes al cual no adherimos los vecinos. Es un avance constante sobre la ciudadanía por un gobierno de personas que no suele tener mucha idea de lo público y su espacio”, revela Julieta Costa Díaz.
“Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales.», dijo María Julieta Costa Díaz .
El 2019 es un año bisagra tanto para la política nacional como la porteña. “Este año se vota desde Presidente de la Nación hasta Comunero. Es el escenario ideal para cambiar la dirección política y con ello ir hacia la autonomía comunal y la asignación presupuestaria. Si las comunas andan bien, vivimos mejor. El rol comunero es poco conocido pero muy importante”, declara Costa Díaz y analiza la participación ciudadana como una paradoja que acorrala al oficialismo que promueve la privatización de los espacios público: “Institucionalmente falta, porque tendrían que participar más vecinos en las asambleas barriales y en los Consejos Consultivos, pero a mayores intentos del gobierno de avanzar sobre los vecinos, éstos contestan más y más en defensa del espacio público y el objetivo de participación. Hay varios ejemplos recientes -enumera la comunera- el caso de las protestas vecinales en contra de la venta de espacio del Parque Rivadavia, de Plaza Clemente, del corredor Tiro Federal-CeNARD-Romero Brest, entre otros”. En este sentido, la representante de la Comuna 13 se muestra esperanzada: “Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales. Hemos propuesto también ir en boletas separadas. A nosotros nos toca machacar sobre nuestro rol, seguir alentando una mayor participación para que, aprovechando el año electoral, se comiencen a vislumbrar cambios».
Ene 30, 2019 | Novedades, Trabajo
Con la finalización de la feria judicial, la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen reanudará las medidas de lucha para reclamar por la expropiación definitiva del edificio, luego de que la Corte Suprema rechazara a fin de año pasado un recurso extraordinario para no ser desalojados del inmueble de la Avenida Callao.
El primer golpe contra los trabajadores de la empresa recuperada se lo había dado el presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 había vetado la ley que les efectivizaba la adjudicación del edificio. En diálogo con ANCCOM, Diego Ruorte, del Departamento de Compras de la empresa recuperada, explicó que “cuando se inicien las actividades en marzo volvemos otra vez a plan de lucha y a replantear el proyecto de expropiación en el Congreso, porque ya una vez vetado por el presidente, si el Congreso lo vuelve a avalar y a aprobar, el presidente no lo puede vetar”. Así, los cooperativistas redoblan la apuesta para defender sus puestos de trabajo.
Juan, uno de los trabajadores de la lavandería del Hotel Bauen.
El Hotel Bauen se inauguró en 1978 con motivo del Mundial de Fútbol. Para poder construirse, contó con un préstamo del Estado que nunca fue saldado y permaneció en manos de una empresa privada hasta 2001, año en que, en medio de la crisis económica, declaró su quiebra. En 2003 fue recuperado por sus antiguos trabajadores y desde ese momento hasta la fecha lo continúan gestionando. Lo hacen en permanente zozobra ante las sucesivas amenazas de desalojo. “Comprobamos que el dueño del hotel es el Estado ya que fue adjudicado en la época de la dictadura y la empresa nunca devolvió su crédito inicial”, justificó Ruorte.
Durante los quince años que lleva el conflicto, los cooperativistas presentaron siete proyectos, en los que participaron economistas, sociólogos y abogados. “Los últimos están hechos con una conciencia económica sustentable ya que el Bauen es una herramienta de trabajo, de inclusión y de sustentabilidad”, expresó Ruorte y agregó que “esto es una causa loable, nosotros tributamos, pagamos todos los servicios, no tenemos ni una deuda, demostramos que los trabajadores somos lo contrario a lo que fue el patrón porque generó deudas, quiebras, a los proveedores les dio cheques voladores… nosotros estamos haciendo todo al revés”.
Cuando la temporada es baja o cuenta con salones libres, el hotel ofrece el espacio para distintas organizaciones que lo solicitan. Actualmente son sede de talleres teatrales de verano. “Dentro de lo que es nuestro formato de cooperativa y asamblea, ideamos promover algunos simbolismos de los trabajadores, que son el espíritu solidario, la cooperación, la colaboración. Anteriormente se hacía solidariamente, hoy pedimos una colaboración para pagar la luz y el resto de los servicios”, agregó.
Los trabajadores Jorge , Abel y Lucas.
Además, en su interior alberga diferentes emprendimientos productivos vinculados a la alimentación orgánica y de producción nacional. “A nosotros nos interesa, dentro del marco de lo que es el Centro porteño, donde tenés a Mc Donald’s y Farmacity por todos lados, dar visibilidad a un emprendimiento que muestre que hay otro tipo de economía y de acción, que no está motivada solo por el dinero. Como todo hotel estamos abiertos a un público mundial y tenemos que mantener la marcas de primera línea, pero dentro de esos productos, incluimos los de las cooperativas”, contó. En esa línea, a fin de año (casi en sintonía con el fallo de la Corte), se inauguró en el hall del hotel el Almacén de la Agricultura Familiar, del Movimiento Popular La Dignidad, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que vende productos de otras cooperativas.
Ruorte forma parte de Bauen desde hace quince años, luego de suceder a su papá, que integró el staff del hotel desde su fundación. “Nunca recibimos subsidios, nunca fuimos apoyados por el gobierno en ese aspecto. La motivación nuestra es la de mantener nuestros 100 puestos de trabajo y seguir funcionando como cooperativa”.
El fallo de la Corte implica que una vez que se efectivicen las notificaciones a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado comercial que llevan la causa de la quiebra, puede llegar la orden definitiva de desalojo. Mientras tanto, los trabajadores aguardan para dar lucha, una vez más.
