Jun 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Ivonne Kukoc, madre de Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar.
“Somos las voces de los hijos que nos sacaron. Hay que difundir, hay que moverse. No tenemos a los medios de nuestro lado pero no hay que dejar de dar la pelea. Tenemos los medios alternativos, tenemos a los compañeros para resistir y luchar”. Roxana Cainzos es la madre de Nehuen Rodríguez, un joven de 18 años que el 15 de diciembre del 2014 decidió salir con su moto desde La Boca en dirección a Parque Patricios para festejar el ascenso de Huracán. En la esquina de Brandsen y Carrillo, un patrullero de la entonces Policía Metropolitana que pasaba a toda velocidad lo atropelló. Nehuen murió en el acto.
Roxana no es la única que reclama por su hijo. Nehuén tampoco es el único que murió a manos de la impunidad policial en La Boca. En los últimos años se registró un gran despliegue de violencia por parte de las fuerzas policiales. El nivel de impunidad que prevalece y la violencia institucional que recorre día a día cada una de las calles del barrio y que se legitima, actualmente, bajo la lógica de la llamada Doctrina Chocobar.
Ivonne Kukoc es la madre de Pablo, que -tras asaltar a un turista- murió en diciembre de 2017 en La Boca, a los 18 años, baleado por la espalda por el policía que dio nombre a esa doctrina oficial, Luis Chocobar. “¿Cómo pueden festejar la muerte de una persona? El mensaje de Macri es que hay que salir a matar pero creo que nunca leyó la Constitución Nacional porque acá en la Argentina no existe la pena de muerte. ¿Cómo el Presidente de la Nación puede celebrar eso y reconocer a quien asesina como un héroe?”, se pregunta Ivonne. Y cuenta que Pablo había tenido problemas de adicción y lo que necesitaba era ayuda pero “no cuatro tiros por la espalda” y continúa: “Si bien pareciera que están para cuidarnos, Chocobar hizo todo lo contrario. Mi hijo no lo atacó, no fue un enfrentamiento”.
Lucas Cabello tiene 23 años. Vivió la violencia institucional en carne propia. En noviembre del 2015, cuando volvía de una panadería del barrio, un policía de la entonces Metropolitana, Ricardo Ayala, decidió pegarle tres tiros. Lucas afirma no saber cómo logró sobrevivir pero lo que más le sorprende es el hecho que, “no sólo dijeran que el policía había actuado en legítima defensa sino que (Maria Eugenia) Vidal (por entonces ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño) haya salido a decir que supuestamente se trataba de un caso de violencia de género. La actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires salió a decir esa barbaridad y después no se disculpó. No recibí ni un llamado para ver si necesitaba algo. Sé muy bien que nunca lo va a hacer. El Estado nunca se acercó”.
En materia judicial cada uno de los casos se encuentra en instancias distintas. Roxana Cainzos reconoce que “fue todo un trabajo de hormiga: hablar con los testigos, reunirlos con los abogados para sacar conclusiones, tener copia de la causa. Un año después de la muerte de Nehuen me compraron el abogado y así dieron el segundo sobreseimiento”. Pero continúa: “Gracias a la lucha y después de muchas idas y vueltas en abril de este año se llevó adelante el juicio oral y público que terminó con la condena a Germán Castagnasso, el chofer del patrullero, a tres años: una pena excarcelable. Yo creo que tendría que estar preso pero, al mismo tiempo, viendo cómo está actuando la justicia y más en este contexto con el gobierno neoliberal hay mucha impunidad”.
Lucas Cabello, en la misma línea, insinúa con desesperanza: “Si al policía que atropelló a Nehuen le dieron tres años, en mi caso que no me mataron, ¿cuánto le van a dar? A Pablo (Kukoc) también lo mataron y encima lo festejaron”.
Mientras tanto, Ivonne continúa con los interrogantes: “¿Justicia? Para mi justicia sería que me devuelvan a mi hijo, devuélvanme a Pablo y ya está, está todo bien. Pero sabemos que no puede volver. Entonces yo ya perdí. A mí no me interesa la venganza ni que metan preso a Chocobar, yo sólo quiero que no sea más policía pero para que ningún otro chico tenga que pasar por lo que pasó Pablo”.
Llegar hasta donde llegaron de ninguna manera es fácil. Roxana relata que “en un momento teníamos que tomar pastillas para dormir. Fue un proceso muy difícil y sigue siendo difícil”, afirma y continúa: “Yo era una vecina común y todo esto lo miraba por televisión. Al comienzo me costó mucho. De a poco empecé a meterme en la multisectorial de La Boca Resiste y Propone y, de esa manera, las otras organizaciones se fueron enterando del caso. Comencé, poco a poco, a caminar por todos los espacios del barrio para que pudieran estar al tanto, para difundir y para que apoyaran la causa. Me sentí muy protegida, me siento muy abrazada por todos los vecinos y todas las organizaciones pero al mismo tiempo me encontré con muchas trabas: desde el Estado nunca hubo una respuesta”.
El proceso de lucha es largo. “Es horrible vivir sin mi hijo -afirma Ivonne-. No sólo murió él sino que atrás lo hizo toda la familia. Acá en La Boca mataron a muchos chicos. Hay madres que me vienen a buscar pero yo por ahora no quiero ir a ninguna marcha, no porque no quiera justicia para mi hijo sino porque no puedo creer lo que me está pasando. Me duele muchísimo, me cuesta un montón. Siento que nada me va a conformar”. Y continúa: “Hay que ayudar a los pibes, hay que darles una mano. Ellos están pidiéndolo a gritos. No podemos felicitar a la gente que mata, ¡somos seres humanos!”.
Mientras tanto, Lucas sostiene que “aunque a veces no tenga ni ganas de levantarme y quiera terminar con todo, hay algo del otro lado que me dice: ‘Dale, levantate’. Todavía no me acostumbro a no poder mover las piernas. Lo tengo siempre presente, hasta sueño todavía con ese día pero no me acostumbro a esta vida. Puedo decir que el motor es mi hija y el hecho de saber que somos muchos, que estamos comunicados y que tengo la suerte de estar vivo para poder contar lo que me pasó”, continúa y asume con orgullo que “eso lo siento como una responsabilidad: muchas madres me han dicho que soy como el hijo de todas ellas”.
Roxana entiende que, actualmente, existe un gran avance de la violencia institucional y que “es preocupante cómo se está dando todo. Dicen que los chicos son peligrosos y los peligrosos son ellos” pero no pierde las esperanzas porque asegura que “con todo lo que ya vivimos hace 40 años nos queda la conciencia colectiva, eso que nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, es a eso a lo que tenemos que apostar y transmitírselo a nuestros pibes que son el futuro. Tendremos Justicia Social, de eso estoy segura”.
Nov 28, 2017 | Comunidad, destacadas, Novedades
“El barrio entero de La Boca está siendo usurpado por el negociado inmobiliario”, denuncia Juana Domínguez, militante del Movimiento Evita y madre del barrio, en el marco de la Caravana que el Colectivo Artístico Vecinal de La Boca organizó el sábado último. La convocatoria de distintas organizaciones y vecinos del barrio tuvo el objetivo de impedir que la dirigencia del club xeneize, encabezado por Daniel Angelici, coloque rejas en los terrenos de Casa Amarilla. Los vecinos reclaman que el lugar siga siendo un espacio verde de cultura y recreación para los vecinos.
A través de la realización de una Caravana Artística, que partió desde las calles Olavarría y Garibaldi, el barrio de La Boca dijo “no a la venta del campito”, intención que tiene el club Boca Juniors de adquirir este espacio público para privatizarlo y realizar un mega emprendimiento inmobiliario. Se trata de terrenos que comprenden cinco manzanas, ubicadas a metros de la mítica Casa Amarilla.
La caravana consistió en una pacífica movilización que recorrió las calles del barrio, expresando su petición con banderas, carteles y la utilización de megáfonos, bombos y otros instrumentos de percusión. “La Caravana Artística es una protesta. La Boca es un barrio artístico y se nos ocurrió que una manera más pacífica de hacerlo sería por medio de una Caravana Artística. Cada uno muestra su arte, pero básicamente es una protesta, y la idea es llamar la atención y hacer ruido para que no nos saquen nuestras tierras. Es la lucha del pueblo, de la gente”, afirma Domínguez.
La Caravana Artística consistió en una manifestación pacífica.
La gestión de Angelici pidió a la Justicia la autorización para enrejar el predio en su totalidad, a pesar de que en junio de este año el juez Guillermo Scheibler prohibió la realización de cualquier tipo de obra hasta tanto se determine la legalidad de la venta. La decisión del juez se basó en el reconocimiento de una serie de irregularidades en el proceso licitatorio que se encuentra bajo investigación por parte del Poder Judicial. Sin embargo, el club xeneize insiste en reclamar el lugar como propio. A esto se suma que quiere cerrarlo para impedir su uso por parte de los vecinos.
El sábado, la caravana artística culminó su recorrido en el campito, precisamente sobre la calle que une los terrenos de los que Boca quiere adueñarse. Allí se montó un escenario en el que las organizaciones realizaron diversos espectáculos, con el objetivo de demostrarle a los dirigentes que continuarán defendiendo este espacio que es de todos. “La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida, festiva, y que invite al vecino a acercarse y participar. Desfilamos por casi todo el barrio haciendo paradas, contándole a la gente cuál es el problema que estamos viviendo con el campito, y cuál es el problema general en el barrio con el negocio inmobiliario, con los incendios, con la expulsión de la población originaria del lugar, y con la pérdida de la identidad del barrio desde la aprobación del Distrito de las Artes, algo que atropella la identidad del barrio permanentemente”, comenta Violeta Fractman, organizadora del Colectivo Artístico Vecinal de La Boca.
En febrero de 2016 el Gobierno porteño, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a medida, en la que solo participó el club, y le vendió a Boca éstas tierras de manera inconstitucional, ya que primero debía pasar por la Legislatura porteña. Desde entonces, los vecinos fueron denunciando en distintas ocasiones las diferentes maniobras para privatizar el espacio, con el objetivo de evitar la venta. Para mayo del mismo año, se convocó a una marcha –en la que ANCCOM estuvo presente- llevada a cabo por diversas organizaciones barriales, políticas y vecinos, en repudio al violento ataque ocurrido días atrás en la Comuna 4, en Nueva Pompeya, durante una asamblea en la que se discutía la privatización de los terrenos, y de la que formaron parte militantes y miembros de agrupaciones vecinales de La Boca, quienes sufrieron heridas por parte de una patota. A su vez, tanto las organizaciones presentes como los vecinos aprovecharon la ocasión para expresar nuevamente su rechazo respecto a la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club.
Además de esta violenta situación, se suman también los numerosos incendios en los conventillos, que los vecinos afirman que son “intencionales”. Juana Domínguez, una de ellas, sostiene: “Están incendiando los conventillos, hasta incluso con gente adentro. Los incendios son intencionales. Y además están desalojando a todo el mundo”.
El Gobierno porteño llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a la medida del club.
Para mayo de este año, se permitió la participación como querellantes de las organizaciones del barrio en la causa judicial que investiga si la venta del predio fue lícita. De acuerdo a un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se trata de una venta “ilegal e inconstitucional” debido a que, de acuerdo a las normativas vigentes, está prohibida la venta de tierra pública de la Ciudad sin la correspondiente aprobación por parte de la Legislatura. Como afirma Alejandro Magnin, representante del Movimiento Evita, “hubo numerosas irregularidades, entre ellas, que tendría que haber pasado por la Legislatura y aprobarse allí, y esto no se hizo. Entonces en esa maniobra fraudulenta se quedaron con éstos terrenos que estaban destinados a viviendas sociales o a uso comunitario”.
La operación cuestionada se produjo en 2010, cuando los restantes terrenos, en los que no se habían construido viviendas, se traspasaron del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) al Gobierno de la Ciudad, y de éste a la Corporación Buenos Aires Sur, por medio del decreto 723/10, concretando la venta pero evitando todas las instancias legales. “Estos terrenos son de un gran valor inmobiliario pero, aparte de eso, tienen una función social, desde cualquier punto de vista: para la vivienda social que originalmente habían sido designados o como espacio verde para las actividades del barrio. Es un lugar de esparcimiento y uno de los pocos espacios verdes que nos quedan. Así que estamos tratando de darle un freno a la usurpación por parte del Club Boca Juniors que, en alianza con el Gobierno de la Ciudad, quieren usurpar estos terrenos, sacárselos a la comunidad y quedárselos para beneficio propio”, agrega Magnin.
Distintas organizaciones políticas adhirieron al reclamo de los vecinos.
Es importante destacar el gran apoyo recibido en defensa de los terrenos por parte de las diversas organizaciones sociales, políticas y culturales. Más de 40 organizaciones, entre otras “Casa Popular El Patio”, “La Cámpora La Boca”, “Frente Popular Darío Santillán”, “Movimiento Evita La Boca”, “Fundación CasaSan” se adhirieron, junto al Colectivo Artístico Vecinal de La Boca, en defensa de los derechos de los vecinos sobre el predio.
La convocatoria finalizó cerca de las 19, con la lectura del documento presentado por el Colectivo Artístico en el que expresaron: “Defenderemos cada espacio público donde nuestros pibes juegan a la pelota, las familias hacen un picnic o ensayan con la murga”.
Al momento, la causa por la adjudicación de tierras se encuentra en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien debe determinar la legalidad o no de la venta. Sin embargo, los terrenos siguen en manos privadas, a la espera de una resolución judicial.
“La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida y que invite al vecino a participar», dice Violeta Fractman, organizadora del evento.
Actualizado 28/11/2017
May 24, 2017 | Comunidad
“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán para referirse a la violación de normas o, al menos, al intento para evitarlas. La frase se aplica al conflicto que están viviendo los vecinos del barrio de La Boca que, desde hace más de diez años, se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y con el club Boca Juniors, a partir de la venta irregular de terrenos que estaban destinados a la construcción de viviendas. Desde entonces, movimientos como La Boca Propone y Resiste y Boca es Pueblo se comprometieron con el reclamo. El 4 de mayo último, se revocó la sentencia del juez Pablo Mantaras que negaba a las agrupaciones la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa y esta novedad abre a los vecinos la a la esperanza de recuperar los terrenos de Casa Amarilla para el barrio. El club intenta construir allí un “estadio shopping”, que desde el año pasado está frenado gracias al amparo presentado por las agrupaciones vecinales.
Todo comenzó el 11 de abril de 2005 cuando la Asociación Civil Casa Amarilla lanzó la inscripción al programa habitacional para la construcción de 1231 viviendas y su posterior ocupación. El Gobierno de la Ciudad, sin embargo, no quiso hacerse cargo de construir esa cantidad de casas y llegó a un acuerdo con la Asociación: solo se edificarían 438 con la condición de que la entidad se quedaría con el derecho a designar quiénes serían los beneficiarios. En 2010, los restantes terrenos, no ocupados por las viviendas, fueron traspasados del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), propietario de las tierras, al Gobierno de la Ciudad, y de este a la Corporación Buenos Aires Sur, una organización destinada a desarrollar la zona sur de la Ciudad, a través del decreto 723/2010. Aquí la trampa, la violación a la ley. La Corporación vendió los predios al club Boca Juniors evitando toda legislación y audiencia pública, tal como está estipulado en la Constitución porteña. Jonathan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, comentó a ANCCOM: “Estos terrenos fueron vendidos sin la aprobación de la Legislatura que es la que tiene facultades constitucionales para aprobar la disposición de bienes e inmuebles y su venta en la Ciudad de Buenos Aires. Además, estos predios formaban parte de la Ley 2240 que declara la emergencia ambiental y urbanística del barrio de La Boca”. Es decir, las tierras en disputa “tenían una finalidad establecida por ley que no fue respetada ya que se va a vender para hacer un estadio shopping y no, un parque público”, dijo Baldiviezo.
El 4 de mayo último, se revocó la sentencia del juez Pablo Mantaras que negaba a las agrupaciones la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa y esta novedad abre a los vecinos la a la esperanza de recuperar los terrenos de Casa Amarilla para el barrio.
Por esa razón, varias organizaciones barriales pusieron el acento en la ilegalidad del traspaso. Ahora, La Boca Propone y Resiste y Boca es Pueblo podrán constituirse como querellantes en la causa quedó en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien deberá determinar la legalidad o no del proceso. Natalia Quinto, una de las precursoras de la acción de amparo dijo en diálogo con ANCCOM: “A partir del fallo de la Cámara, queda todo en suspenso ya que se tiene que revisar el proceso de venta de los terrenos. La expectativa que tenemos es la mejor. Desde que hicimos la presentación, estamos en la certeza de que la venta fue irregular. Vamos a aportar todas las pruebas que hagan falta para demostrar que lo que decimos es así”. Quinto es integrante de La Boca Propone y Resiste, una multisectorial compuesta por organizaciones e instituciones que tiene como principal preocupación a los chicos del barrio. El movimiento parte de la vivienda como base de todos los derechos de los más pequeños y así lo hizo saber Quinto: “Si un pibe vive en una habitación de cuatro por cuatro con cinco integrantes más de la familia, es muy difícil que tenga un espacio físico para el juego, para hacer la tarea, para la privacidad”.
Otro de los movimientos comprometidos con la causa es Boca es Pueblo, compuesto por hinchas de Boca, quienes desarrollan la militancia barrial junto con organizaciones sociales y vecinos de la ciudad. “Venimos realizando talleres para contribuir al desarrollo de los chicos y chicas del barrio. Intentamos brindarles la mayor contención posible y un lugar más donde puedan jugar”, indicó Gustavo Manteiga, uno de los integrantes de la agrupación. Respecto a las tierras en conflicto, Manteiga expresó: “En 2010, en los pasillos de la Legislatura, ya se mencionaba que esos terrenos podrían pasar a Boca Juniors. En la plataforma electoral de (Daniel) Angelici, de cara a las elecciones del club, a fines de 2011, ya se hablaba de la construcción de un estadio-shopping en los terrenos de Casa Amarilla y que la Ciudad estaba dispuesta a vendérselos a Boca”.
Mientras el Gobierno de la Ciudad todavía no se pronunció sobre el conflicto, las tierras continúan en manos privadas, a la espera de una resolución judicial. “Boca obtuvo las tierras mediante una licitación, que fue armada para que el único oferente sea el club. En el 2010 se declararon esas tierras de utilidad pública y seis años después las únicas tierras públicas del barrio se terminan vendiendo a un privado, sin tener en cuenta la participación y opinión de los vecinos del barrio”, aclaró Manteiga. En consonancia con esto, Quinto sostuvo: “Esto se llevó adelante en una situación de arbitrariedad absoluta. Algunos pueden querer viviendas, otros pueden querer espacios verdes, o que se hagan escuelas, pero lo que todos acordamos es que no queremos que esas tierras sean vendidas a un privado”, concluyó la referente de La Boca Resiste y Propone.
Actualizada 24/05/2017