Nov 1, 2017 | DDHH, inicio
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en la cuarta audiencia del juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso por su participación, el 12 de enero de 1977, en el operativo ilegal de la casa de Villa Adelina que ocupaban Antonio Domingo García, Beatriz Recchia embarazada de 5 meses, y su pequeña hija Juliana. Los cargos que se le imputaron a Alfonso fueron: allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas cometidas en perjucio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García. Con todas esas acusaciones, los abogados Alan Iud y Carolina Villella, pidieron para el imputado la pena de prisión perpetua.
Iud comenzó los alegatos de la querella en representación de Juliana Inés García y Abuelas de Plaza de Mayo recordando cómo fue ligado Alfonso al caso García-Recchia. El abogado dijo que su vinculación se dio a partir del informe elaborado por Stella Segado, ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del cual se lo identificó como uno de los oficiales que participaron del operativo de la casa de Villa Adelina. El informe partió de tres fuentes: el propio legajo de Alfonso, el Boletín Único del Ejército y una serie de notas periodísticas que dan cuenta que, el 12 de enero de 1976, Fuerzas legales llevaron a cabo un procedimiento de control de población en la calle Independencia al 1900 en Villa Adelina. Iud leyó uno de los recortes que describía lo siguiente: «Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una niña de unos cuatro años de edad cuya madre al parecer se había fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos». Las tres pruebas fueron contrastadas por el equipo de investigación y como resultado se encontró que el acusado fue condecorado por haber sido “herido en batalla en un operativo ocurrido en Villa Adelina”, lo que lo relacionaba al caso García-Recchia por la improbabilidad de que ocurrieran dos operativos a pocas cuadras de diferencia, en el mismo barrio, a la misma hora, la misma noche. Según Iud, el legajo del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico reflejó que cuando Alfonso fue herido no estuvo en un control de tránsito, como consta en la declaración indagatoria de Alfonso. Tampoco hay referencias de que el disparo haya sido desde una moto, como el ex agente describió en su relato. Iud conjeturó que Delaico, siendo un oficial de inteligencia, hubiese sido raro que lo hayan asignado a la simple tarea de un control de tránsito. Para la defensa de Juliana García, este legajo constituye una contundente refutación de la coartada que presenta Alfonso en este proceso y no habría forma de sostener el relato que introduce la defensa con las pruebas acumuladas. Muy por el contrario, todas las pruebas acreditarían la tesis acusatoria.
Juliana Inés García Recchia, hija mayor de Beatriz Recchia y Domingo Antonio García.
Otro dato a tener en cuenta es que el apropiador de la hija menor de Beatriz Recchia y Antonio Domingo García, el ex suboficial de inteligencia José Ricchiutti, compartió destino con el acusado Alfonso en 1975, en la escuela Sargento Cabral. «Es claro que no estamos acusando a Alfonso de la sustracción de la hija de Beatriz, pero es un dato que debe ponderarse, entendemos tiene relevancia», agregó Iud.
Respecto a algunos descargos de Alfonso, Iud recordó al jurado que el acusado declaró que solo se ocupaba de la instrucción y la educación de aspirantes y que siempre se desempeñó de uniforme y con arma reglamentaria. También recordó que, según los dichos de Alfonso, el 11 de enero de 1976 se le informó que sería parte de una sección de empleo inmediato en la realización de operaciones militares dedicadas a patrullaje, control de tránsito e identificación de personas a cargo de Delaico. Iud, recordó, que en ese caso, Alfonso comenzó sus actividades a la medianoche del 12 de enero, con patrullaje y controles de tránsito en Bella Vista. En ese lugar, según Alfonso, pasó una moto con dos personas que lo atacaron al grito de “alto” y le dispararon, desde allí, aproximadamente a las 4.10 de la madrugada, habría sido conducido al hospital militar de Campo de Mayo. En el relato. Alfonso asegura que fue atendido por el médico militar Agustín Masllorens y permaneció internado casi diez días. «En este relato pueril, señores jueces, está lo que se cae por su propio peso. Es claro que no resiste el confronte con las pruebas de las causas que acabo de mencionar, en particular el legajo de Delaico. Y eso hace pensar el por qué un relato que no se sostiene con las demás evidencias. Hay una razón para ello, Alfonso declaró en indagatoria el 11 de diciembre de 2008 y el legajo de Delaico se obtuvo después de su declaración en 2009. Lo que hizo Alfonso fue tratar de construir una coartada, acomodando detalles. Es realmente difícil creer que el capitán subordinado al Jefe de la División de Inteligencia ordenara un control de tránsito», dijo Iud.
«La defensa pretende que creamos que Alfonso no podría haber participado del operativo porque fue en Villa Adelina, que correspondía a la escuela de Comunicaciones, y paralelamente nos afirma haber estado en un control de tránsito precisamente en Villa Adelina, a pocas cuadras del hecho», agregó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
El ex General de Brigada, Eduardo Alfonso, junto a su abogado en el juicio.
Otro elemento que introdujo Alfonso en su indagatoria es la supuesta discordancia entre la hora de la muerte de García y la hora de la herida que él recibió. Alfonso afirmó que fue herido a las 4.10 y aproximadamente a las 4.30 ingresó al hospital de Campo de Mayo. Alfonso destacó que según el informe de defunción de García, falleció a las 3.45 y así sostiene que García murió 25 minutos antes de que él fuese herido, por lo cual nunca podría haber estado en ese hecho. «Es claro que la hora de la muerte de García fue en base a estimaciones. Quién firmó el acta de defunción dijo que él no hacía autopsias sino reconocimientos y que no lo hacían en el lugar del hecho, sino en la morgue del cementerio. A través de un reconocimiento no se puede establecer con exactitud de minutos la muerte de una persona. Así como tampoco es exacta la hora de la herida de bala de Alfonso. Si bien no se puede establecer la hora de ninguno de los dos hechos, existe una coincidencia temporal notoria en el lugar de la muerte, en la hora de la muerte también. Más que elementos de descargo deberían ser considerados como pruebas de cargo serias», dijo Iud. Según el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, todos los testigos de Alfonso son de oídas ya que no pueden indicar ni una sola persona que les haya dicho lo que declaran y la defensa no pudo acercar ningún testigo directo del episodio que describió Alfonso en su indagatoria. «Las abundantes pruebas de cargo de ningún modo alcanzan a ser refutadas por dos testimonios incorporados por lectura sin mediación, y que repiten la teoría de la defensa del disparo desde una moto», agregó.
Rafael López Fader junto a su abogado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
El alegato del letrado finalizó con la lectura de una declaración que hizo Juliana en una audiencia anterior que explicaría por qué se está pidiendo prisión perpetua para Eduardo Alfonso: «Me contaron que yo lloré mucho y no volví a preguntar por mi papá con vida, pero lo difícil era contarme lo de mi mamá. Me contaron que no estaba, me dijeron algo de un viaje y yo preguntaba por un colectivo, qué había pasado. A medida que se iban enterando, me iban contando -los tíos-, nos fuimos enterando juntos. Ya cuando se veía que a los desaparecidos los asesinaban y desaparecían sus cuerpos sin dejar rastros, dejándolos como desaparecidos eternamente, también me lo fueron contando. Yo lo negaba, necesitaba saber que me iba a reencontrar con mi mamá. De repente escuchaba que estaban en España y tenía ganas de viajar y buscarla. Pero mi tío Tito era el encargado de pincharme los globos y bajarme a la realidad de que no la íbamos a encontrar más, que a lo sumo lo que se podía encontrar eran sus restos, pero que los liquidaban. Este es el cimiento de la desaparición, me quedo con todo, con tus bienes, tus hijos, no vas a tener ni una tumba. Esto opera distinto a haber recuperado el cuerpo de mi papá de poder llevarle unas flores y saber que está ahí. Hoy mi papá está en un nicho y voy de vez en cuando. Tengo que abrir el nicho y ver los huesos, suena muy terrible pero yo tengo a mi papá y no a mi mamá. Mi mamá venía en sueños, no hace mucho la soñé viva». Alan dijo que el testimonio era elocuente porque aún después de cuarenta años Juliana pudo transmitir que esa pérdida irreparable sigue presente.
Luego Iud hizo hincapié en cómo afectó a Juliana la fuga de Alfonso durante cuatro años. «Hasta ésta nueva forma de dolor le hizo pasar Alfonso, de tener que pasar nuevamente por otro juicio pues no tuvo el coraje de enfrentar a la Justicia cuando fue llamado por ella. Alfonso tuvo la capacidad de convertir su representación ante la Justicia como un nuevo agravio a las víctimas».
El próximo martes está previsto que a partir de las 9.30 y hasta las 16 continúen los alegatos de las otras querellas.
Querellantes en la causa contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso.
Los jueces Diego Barroetaveña, Marta Milloc y Marcela Mónica Rodríguez escuchan los alegatos de la querella.
Actualizado 1/11/2017
Sep 2, 2016 | inicio
Falta media hora para que comience la penúltima audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de José Manuel Pérez y Patricia Roisinblit durante la última dictadura cívico militar. Se prevé que los abogados defensores soliciten la absolución de Omar Rubens Graffigna, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; Luis Trillo, a cargo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) -donde estuvo secuestrada la pareja-; y Francisco Gómez, quien trabajaba en la Regional en ese entonces y se apropió de Guillermo, hijo menor de la pareja. En la sala vacía, una sola persona aguarda la extenuante jornada: Mariana Eva Pérez, quien fuera secuestrada junto a su madre el 6 de octubre de 1978. Recién pasadas las diez y media de la mañana, el juez Alfredo Ruiz Paz da comienzo a la sesión, con la vista cansada.
El primero en alegar es Javier Miari, defensor de Trillo y Graffigna, su escritorio está atestado de carpetas y libros con señaladores. Durante su exposición, invoca a las llamadas leyes del perdón, desestima la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad para tratar el caso y cita, fuera de contexto, a Estela de Carlotto y a Eugenio Zaffaroni para apoyar su argumentación. En medio de su alegato, acusa al kirchnerismo de haber puesto presión sobre los ministros de la Corte en lo que denominó un “insólito vuelco en la jurisprudencia” durante la década anterior en las causas de derechos humanos.
Omar Rubens Graffigna.
Alan Iud, Pablo Lachener y Carolina Villella- abogados querellantes por Guillermo, Rosa Tarlovsky y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo-, escuchan con indiferencia las palabras del abogado, quien a priori cuestiona la validez de todo el proceso. El defensor apela continuamente a distintas causas, juicios, años, nombres de carátulas y leyes para fundamentar el pedido de absolución de ambos acusados.
En cuanto a las pruebas y testimonios presentados por la querella durante el debate “por la supuesta privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit” –así lo expresa-, Miari las desestima por completo por resultarle tendenciosas y contradictorias. Se refiere a la testigo sobreviviente de la ex ESMA –Miriam Lewin- como una “profesional de la declaración testimonial” y acto seguido se queja de que “esta causa ha sido novelada” y asegura que ninguno de sus defendidos tuvo nada que ver con la “subversión”. Utiliza todas las artimañas posibles para llevar arena a su costal: que Trillo y Graffigna están demasiado ancianos para ser juzgados, que ambos son hombres pobres que viven sencillamente de su retiro militar, que han demostrado buena conducta, no solo al asistir a todas las audiencias -pese a su edad avanzada-, sino al no haber sido acusados de ningún otro crimen desde 1978 hasta la fecha. Antes de finalizar, se queja de que la defensa solo cuenta con dos abogados, mientras que las querellas está compuesta por trece si se suman los representantes de Guillermo y Abuelas, Mariana Eva, la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires y Nación; sumando a la fiscalía, a cargo de Martín Niklison. Acalorado y exhausto, decide permanecer de pie frente a su escritorio durante el cuarto intermedio posterior a su alegato.
Francisco Gómez
Luego es el turno de Sergio Díaz Dalaglio, abogado defensor de Gómez, quien aclara de antemano que adhiere al planteo de prescripción de los delitos de los que se acusa a los imputados, planteado por Miari. Recupera algunas frases que ya se han escuchado en declaraciones del apropiador de Guillermo: “Gómez sólo sabía usar el pico y la pala”, “Para él criar un hijo ajeno era hacer el bien”, “Es mentira que Guillermo conoció la RIBA”. Repite una y otra vez que considera que la declaración testimonial de Guillermo fue falsa y fantasiosa: “A mí una vez me dijo que pensaba que su padre era un hombre bueno”, asegura y así concluye que su cliente es “absolutamente ajeno a la acusación que se le hace”.
A las cinco y diez de la tarde, el juez da por finalizada la jornada; recuerda que el próximo lunes tendrá lugar la audiencia por las réplicas y que la sentencia será el siguiente jueves, 8 de septiembre, a las 10 de la mañana.
La última en abandonar la sala es Mariana, acompañada por su tía. “Cuando yo lo conocí a Guillermo estaba sometido a Gómez, que no era un ‘pan de Dios’ como recién dijo su abogado”, recuerda la querellante, cansada y a la vez contenta de que el juicio esté llegando a su fin. “A mí no me hace mal lo que dicen los abogados. Tienen derecho a tener una defensa y está bien que eso se cumpla, aunque mis viejos no hayan tenido esa oportunidad –afirma-. Dijeron lo que esperábamos, pero yo la verdad esperaba una defensa más sólida, al menos para Graffigna por ser un jerarca de las Juntas”.
Luis Tomás Trillo.
Actualizada 02/09/2016
Jun 14, 2016 | inicio
Cuatro testigos se presentaron a declarar el lunes 13 de junio en el marco de la séptima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit el 6 de octubre de 1978. En la causa están imputados Omar Rubens Graffigna -Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea-, Luis Trillo –a cargo del centro clandestino de detención en el que estuvo secuestrada la pareja- y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. La querella está conformada por Rosa Tarlovsky y su nieto Guillermo Pérez Roisinblit unificados en Abuelas de Plaza de Mayo; Mariana Eva Pérez; la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Desde las nueve y media de la mañana se encontraba montado el sistema de videoconferencia con el Consulado de Barcelona, donde reside Edith Clutet. Ella estuvo presente la noche en la que la hija mayor de la pareja, Mariana Eva Pérez, fue devuelta a su familia luego de haber sido secuestrada junto a su madre. «Yo tenía once años pero recuerdo perfectamente lo que ocurrió esa noche, me quedó grabado a fuego -expresó la testigo-. A mí no me dejaron salir de la casa pero escuché desde adentro que Patricia gritaba que pidiéramos un abogado». La declaración de la testigo fue breve ya que el intercambio con los militares en el porche de la propiedad ya había sido relatado por su primo, Marcelo Moreyra, en la tercera audiencia del juicio. Él fue el único familiar que los vio con vida esa noche.
Archivo ANCCOM. Rosa Roisinblit en una de audiencias del juicio. 4 de mayo de 2016
«Que pase Teresa Izaguirre», ordenó Alfredo Ruiz Paz, presidente del Tribunal, una vez finalizada la declaración de Clutet. Izaguirre se desempeñaba como empleada en el local de cotillón de José Manuel el día en que tanto él como Gabriel Perneau –otro empleado- fueron secuestrados por personal vestido de civil y nunca más fueron vistos con vida. La testigo parecía incómoda en el estrado. No se quitó el sobretodo y se mantuvo aferrada a su bolso colgado al hombro. Su testimonio resultó confuso, quizás debido a su avanzada edad. Luego de su declaración, no quedaron claras las fechas ni las horas en las que acontecieron los hechos el día del secuestro de José Manuel, tampoco se pudo saber en qué momento ella y su marido -ya fallecido- le devolvieron las llaves del local al padre de él. Mencionó haber sido llevada a una comisaría pero no recuerda con exactitud cuándo ocurrió, y asegura que solo la retuvieron ahí un rato sin declarar y luego la dejaron ir sin firmar ningún documento. También hizo referencia a visitas en su casa de ‘abogados de los militares’. «Pasaron muchos años, señores», se quejó ante las repreguntas y agregó: «El día que se los llevaron yo pensé ‘si se los llevan así, es por algo’, pero conmigo eran personas excelentes».
La tercera testigo fue Esperanza Cabrera. Entre 1987 y 1989, había sido empleadora de Teodora Jofré, apropiadora de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de Patricia y José Manuel que fue encontrado en el 2000. Jofré en principio había sido citada para declarar el lunes pero la defensa de Gómez finalmente desistió de su testimonio.
Archivo ANCCOM. Guillermo Pérez Roisinblit y su hermana Mariana Eva Pérez en una de las audiencias. 30 de mayo de 2016
Cabrera recordó que en 1987 necesitaba contratar a alguien para que trabajara con cama en su casa y le recomendaron un lugar de madres solteras con hijos. «Así vino Dora -Teodora- con Guillermo, quien era su hijo en ese momento. Me dijo que su marido era muy violento», afirmó y dijo que desconocía detalles acerca de si la violencia era física o psicológica. «¿Se parece al papá?», le preguntó Cabrera a Jofré en ese entonces, al dar cuenta de las diferencias en los rasgos genéticos entre ella y Guillermo. «Me dijo que su marido había trabajado en el Hospital Naval y que el chico era hijo de una mujer que había fallecido allí. No me hizo comentarios sobre la muerte de la madre. Dora era una mujer de pocas palabras, no me dijo nada más, y en ese entonces yo no tenía registro de las cosas que habían sucedido en el país», relató. Realizó la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo diez años más tarde, luego de ver a Estela de Carlotto en un programa de televisión: «Dijo que estaba buscando a su nieto Guido, y ahí pensé que quizás Guido era Guillermo. ¿Por qué no podría ser? No pude dormir esa noche». Cuando ella finalmente llamó a Abuelas, le contaron que un día antes se había dado con el paradero de Guillermo, hermano de Mariana. «Dos días después ella me llamó, quería saber cómo había sido su hermano de chico. La invité a mi casa a tomar café pero el encuentro nunca se concretó, ella se estaba por ir a Alemania», recordó la testigo. Luego de declarar, Cabrera permaneció entre el público junto con su pareja hasta el final de la audiencia para poder intercambiar unas palabras con Mariana, a quien no conocía personalmente.
El último testigo de la jornada fue Gonzalo Conte, el arquitecto que acompañó el trabajo de relevamiento en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en su descubrimiento en 2004 y elaboró los planos que se utilizan en este juicio. Explicó las características de la propiedad y las fechas aproximadas en las que se habían realizado las reformas en la casa. Dató en el año 1977 la construcción de una pequeña pieza en donde se cree que estuvo secuestrada Patricia Roisinblit. Guillermo Miari, el defensor de los acusados Trillo y Graffigna, intentó demostrar que el trabajo de Conte para la ONG Memoria Abierta había interferido con su labor como arquitecto en la RIBA, y apuntó al hecho de que su asesoría no había sido rentada. «Esta presidencia convoca a Conte a la inspección ocular en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires para colaborar en cuestiones técnicas», expresó el juez Ruiz Paz, ante las quejas del defensor.
Archivo ANCCOM. Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja, en la audiencia del 30 de mayo de 2016.
La inspección ocular se llevará a cabo al mediodía del lunes 27 de junio, y solo podrán estar presentes los querellantes Guillermo y Mariana, el arquitecto Conte y Carmen Ramallo y Víctor Calefa, que en este juicio declararon haber estado detenidos allí. No se permitirá el ingreso de público o prensa. La última audiencia de testigos antes de los alegatos será el día miércoles 29 de junio, en la que prestará declaración un oficial actual de la Fuerza Aérea.
Antes de que finalizara la audiencia, las defensas avisaron al Tribunal que sus clientes desean declarar, luego de haberse negado a hacerlo en primera instancia. No está confirmada aún la fecha en que tendrán lugar sus testimonios.
Actualizada 15/06/2016
May 18, 2016 | inicio
«Mi nombre no siempre fue así», aclaró Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit al inicio de su declaración en la tercera audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de sus padres, Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978. Dio su testimonio a sala llena ante el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de San Martín presidido por Alfredo Ruiz Paz. Estaban presentes su hermana Mariana y su abuela Rosa, y también su esposa, quien llevaba en sus brazos a Helena, la menor de sus tres hijos, que nació hace apenas tres semanas. En el recinto también estaban los tres imputados: su apropiador Francisco Gómez, Omar Rubens Graffigna y Luis Tomás Trillo, custodiados por el Servicio de Penitenciaría Federal.
Dos horas y media duró la declaración de Guillermo, el nieto recuperado nacido en la ESMA que supo acerca de su verdadera identidad recién en el 2000, cuando su hermana lo fue a buscar al trabajo para comunicarle que probablemente era hijo de desaparecidos. Durante 21 años de su vida, según su DNI, su nombre era Guillermo Francisco Gómez, hijo único de Francisco Gómez y Teodora Jofré. «¿Podés vivir el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana?», le preguntó su jefe en el patio de comidas en que él trabajaba en ese entonces. Esa misma tarde, Guillermo se dirigió a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y él mismo se pinchó el dedo gordo para dar su muestra de sangre.
Durante su testimonio, Guillermo contó las dificultades que encontró para dar cauce a ese impulso inicial que lo movilizó a averiguar más sobre su verdadero origen. En principio decidió ocultarle a su apropiador el hecho de que había ido a visitar a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero le expresó sus dudas. Luego de varios encuentros, Gómez decidió decirle la verdad en un viaje en auto: rompió en llanto y le confesó que era hijo de una “montonera judía estudiante de Medicina y un montonero”, le relató que su madre había pasado el último mes de su gestación con los ojos vendados en una habitación de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), y que él, que en ese momento trabajaba en el lugar, le había suministrado alimentos a escondidas y a veces la sacaba a pasear por el jardín para que tomara aire.
Guillermo afirmó que conoce el lugar donde estuvieron cautivos sus padres porque ocasionalmente acompañaba a Gómez a su lugar de trabajo durante sus primeros años de vida. Recordó cómo de niño jugaba con el tambor de la pistola de uno de los oficiales. A veces algunos de ellos, incluso, lo llevaban a tomar helado. Las visitas a la RIBA finalizaron cuando él y su apropiadora huyeron de Gómez luego de reiterados episodios de violencia doméstica, que incluyeron amenazas con cuchillos y golpes a la mujer. «¿Por qué un simple jardinero de la RIBA tenía en su casa armas y balas?», se preguntó en voz alta.
«A tu madre no le hicieron daño mientras estuvo embarazada, pero tu papá no corrió la misma suerte», le dijo Gómez en su confesión dentro del auto. Guillermo le explicó al juez que en ese momento la intensidad de lo que estaba escuchando lo bloqueó y no quiso saber más, pero que hoy, quince años después, se siente preparado para tener más detalles de lo que ocurrió con sus padres. “Necesito encontrar sus restos y hacer todo el ritual, para dejar de duelarlos”, afirmó al final de su declaración.
«Mi infancia no fue feliz», afirmó Guillermo varias veces durante su declaración. Además de los episodios de violencia doméstica, Gómez no mostraba muestras de afecto hacia él, ni siquiera cuando Guillermo lo iba a visitar a la prisión de privilegio en la que se encontraba mientras se llevaba a cabo el juicio por su apropiación. “No sé si iba por obligación, por algún tipo de lealtad o por culpa», planteó. El último encuentro con su apropiador tuvo lugar en 2003, cuando Gómez lo amenazó con asesinar a sus dos abuelas, a su hermana y a él cuando cumpliera su condena. Esa última conversación lo hizo cambiar de parecer al respecto de las contradicciones que le generaba la transición hacia su verdadera identidad. Aseveró también que entre 2002 y 2004 fue víctima de reiteradas amenazas para que no declarara en contra de sus apropiadores.
Guillermo aportó fotografías de sus cumpleaños infantiles a la causa, en la que se lo ve al lado de Ezequiel Vázquez Sarmiento, el nieto recuperado número 102, ahora Ezequiel Rochistein Tauro. El apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea que se encuentra prófugo desde 2003, también aparece en una de las imágenes.
Rosa Roisinblit llega al tribunal a las 10 de la mañana del 2 de mayo, día que inicia el juicio acompañada por su nieto Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit.
El último que los vio con vida
El último familiar que vio con vida a los padres de Mariana y Guillermo fue Marcelo Rubén Moreyra, primo de José Manuel. Durante su declaración contó cómo a sus 18 años recibió en la puerta de su casa en Olivos a una veintena de oficiales que se presentaron como miembros de «Coordinación Federal», algunos de civil y otros uniformados. «¡Abran la puerta o la tiramos abajo!», gritaron. Antes de abrir, encerró a su prima de 11 años y a su abuela en una habitación y salió a hablar con los militares, que le dejaron un moisés con Mariana, de quince meses de vida. Recordó la imagen de su primo con las manos atadas rogándole que la tomara. «Me la hubieras dado a mí», afirmó que le dijo un oficial a otro frente a él, en alusión a la beba. Uno de los presentes en el operativo era el prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apodado «El Colo». «Yo pude encontrar a mi hermano. ¿Cómo se les puede perder un colorado?», se había preguntado Mariana ante el juez durante la segunda audiencia en la que ella declaró como testigo.
Moreyra reconstruyó en detalle la escena de esa noche de 1978 en la puerta de su casa. A Patricia no la veía desde las fiestas de fin de año y no sabía que esperaba un bebé. “¡Estoy embarazada y me llevan…!”, llegó a gritarle a Marcelo desde el asiento de atrás de uno de los autos cuando el oficial que la acompañaba le tapó la boca. Luego, el testigo dedicó algunos minutos a contar cómo era la relación con su primo desaparecido, a quién recordaba como el “líder de las aventuras” en su infancia: «Nuestro vínculo se selló luego de una tarde en que hubo una importante discusión sobre política en casa, durante una reunión familiar». Aseguró que para él era natural ser vigilado por militares, que lo persiguieron desde 1974 hasta 1978: «Una vez salí de la casa de un amigo y me esperaba la camioneta que me seguía a todos lados. Me acerqué y les dije a los cabos ‘si me van a seguir, llévenme en el camión’, y me llevaron hasta casa».
Las próximas audiencias del juicio en las que declararán el resto de los testigos están pautadas para los días 26, 27 y 30 de mayo.
Actualizada 18/05/2016
Oct 6, 2015 | Entrevistas
El Tribunal Oral Federal Nº 2 lleva adelante el que quizá sea el juicio más importante en la vida institucional argentina, después del proceso que condenó a las Juntas Militares de la última dictadura. Están sentados en el banquillo de los acusados un ex presidente de la Nación, un ex juez federal, un ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dos ex fiscales de la Nación y un ex comisario General de la Policía Federal, entre otros imputados. Nunca antes, tantos y tan altos funcionarios públicos llegaron a esta instancia. Todos están acusados por desviar la investigación del atentado a la AMIA.
En 2004, el Tribunal Oral Nº 3, que debía juzgar a los supuestos colaboradores argentinos en el atentado –la denominada “conexión local”–, absolvió a todos los imputados, declaró nula la causa debido a las irregularidades que se hallaron, y denunció por encubrimiento a los responsables de aquella investigación. El pasado 6 de agosto se inició, en los Tribunales de Comodoro Py, el juicio por encubrimiento que se propone juzgar a todos los involucrados en la desviación de la investigación sobre el atentado de julio de 1994, cuando murieron 85 personas.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) Rubén Beraja. Otro de los acusados es Carlos Alberto Telleldín, propietario de la camioneta que explotó en la puerta de la AMIA e imputado por haber recibido dinero de parte de los funcionarios para acusar a un grupo de policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli.
ANCCOM entrevistó a Luciano Hazan, Subsecretario de Política Criminal y responsable de la unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que representa al Estado Nacional en la demanda contra los presuntos encubridores. Las otras cinco partes que componen las querellas son los policías absueltos en la investigación anterior, la AMIA y la DAIA y las agrupaciones de familiares de las víctimas Memoria Activa, APEMIA y 18J. “La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno, desde el Ministerio de Justicia, a actuar como querellantes en esta causa”, asegura Hazan.
Hace dos meses que comenzó el juicio, ¿cómo se está desarrollando?
El juicio está avanzando de acuerdo a lo esperado. Están declarando los imputados, estamos en esa etapa de indagatorias. Si bien ya conocíamos las versiones y las estrategias de la defensa de cada uno de los imputados, siempre en el juicio oral, se van encontrando detalles. También está la posibilidad de hacerles preguntas a los imputados, cuando lo permiten, y tratar de profundizar sobre cómo sucedieron los hechos. Por eso para mí, hasta ahora, una de las declaraciones indagatorias más fructíferas fue la de Telleldín, en donde también nosotros pudimos preguntar. El juicio está avanzando de manera lenta pero a paso firme. De manera lenta porque se está haciendo una sola audiencia semanal, y esto es un problema porque va a estirar mucho los plazos del proceso. Pero es la realidad que tenemos. El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, también integra el Tribunal en el juicio por la Tragedia de Once. Por eso, a partir de fin de año, cuando termine ese proceso, vamos a poder tener dos audiencias por semana, y ahí va a tener un ritmo mucho más ágil. Pero es valioso que el juicio haya empezado, hace tiempo que veníamos peleando por eso. Están culminando las declaraciones indagatorias, después entraremos en la etapa de escuchar a los testigos.
Entre los actuales imputados se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el ex comisario a cargo de la Unidad Antiterrorista Jorge El Fino Palacios (primer jefe de la Policía Metropolitana), entre otros.
¿Por qué era tan importante que no se demorara más el juicio en la etapa inicial?
Si este juicio fuera en el futuro, con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación –que comenzará a regir en 2016– sería un juicio más ágil. Por ejemplo, ahora lo que se hizo, para no demorar más tiempo, fue leer una síntesis de la acusación –y no la totalidad que puede ser hasta de 500 páginas– y esto, afortunadamente, acortó mucho los tiempos. Pero de todas formas, aún de manera resumida, tuvimos dos audiencias de lectura de acusación. Tuvimos dos semanas simplemente para leer algo que todos conocíamos. Son parte de las deficiencias de nuestro Sistema de Justicia Penal, que estamos tratando de cambiar. Queríamos que se avance con las declaraciones de los imputados y con la prueba en sí misma. Ir al núcleo del juicio. Lo que todos queremos es empezar a escuchar a los testigos, que se empiece a dilucidar un poco más la verdad sobre lo ocurrido, y acercarnos más a las condenas que estamos buscando.
¿Este juicio va ayudar a encontrar la verdad?
Yo creo que apunta a que encontremos la verdad en relación sobre el encubrimiento, que es el objeto de este juicio. Estamos escuchando a los imputados, vamos a escuchar a los testigos, las versiones de unos y otros. La verdad es algo un poco ambiciosa, si se quiere, en términos estrictos. Los abogados decimos que siempre es la verdad judicial ya que la verdad tiende a ser siempre relativa. Lo que va a suceder es que los hechos se van a poner sobre la mesa y sobre eso se construye, sobre eso surge una verdad. En ese sentido, va haber una verdad judicial sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, eso está claro. Ahora, sobre la verdad del atentado, seguro que uno es menos ambicioso, aunque siempre tengo la expectativa de que alguna cosa se conozca. Porque si, a partir de esto, queda más en claro quién encubrió y por qué encubrió, por lo menos se pueden empezar a abrir líneas de investigación nuevas o profundizar algunas líneas existentes en relación con quienes pudieron haber cometido el atentado. Sobre todo en relación con la conexión local. Porque este es un juicio contra todas personas argentinas, que están acá entre nosotros. Y seguro que hubo partícipes del atentado en Argentina. Este juicio nos puede arrojar alguna pequeña luz sobre eso.Obviamente, no creo que se vaya a resolver la verdad sobre los autores del atentado a la AMIA. La verdad que lo que sucedió fue gravísimo, en términos institucionales. Son delitos muy graves y es importante que las personas que cometieron estos delitos sean sancionadas. Que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron, y de esta manera uno avanza también en términos de fortalecer las instituciones y tratar de evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.
¿Cuáles cree que pueden ser los imputados o testigos que aporten más información?
Hay que esperar. Todos los testigos que van a estar en el juicio son importantes. Va a estar Cristina Kirchner como testigo, que es una persona que conoció y estudio mucho el caso. Van a estar los familiares, que son quienes sufrieron en carne propia la mentira de quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Van a estar los policías que estuvieron en prisión debido a esta maniobra, cuando se comprobó que no tenían relación con los hechos. Aunque algunos de los imputados ahora están diciendo que sí tenían. Eso habrá que verlo en el juicio, que sirve justamente para poder evaluar los hechos y las pruebas. Después tenemos a testigos importantes, como Claudio Lifschitz, que fue una persona que trabajó adentro del juzgado y, desde adentro, contó las irregularidades. Sus denuncias fueron las que dieron el inicio a esta causa, que se inició en el año 2000, después de que empezará a contar lo que vio como prosecretario del juzgado.
También está citado como testigo (el ex agente de inteligencia Jaime) Stiusso. Aunque todos sabemos que no está en el país, la expectativa de que declare la seguimos teniendo. Pero obviamente tiene que estar acá o lo tienen que traer para hablar, si es que no viene por su propia voluntad. Su testimonio tiene potencialidad de ser importante porque fue una de las personas que protagonizó la investigación. La verdad es que de todos los testigos esperamos aportes importantes.
¿Cuál es el rol que cumple el Estado como parte de la querella en esta causa?
Lo que busca es cumplir con una obligación asumida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una petición que hicieron los familiares agrupados en Memoria Activa. Las víctimas denunciaron al Estado por incumplir sus deberes de prevención y, además, por el encubrimiento del atentado y la privación de justicia. Néstor Kirchner, en el año 2005, ante la CIDH y las víctimas, admitió la responsabilidad del Estado por todas estas irregularidades. Que en realidad a mí me gusta llamarlos delitos, que es lo que son, cometidos por parte de funcionarios estatales. Kirchner se comprometió a una serie de medidas. Una de ellas fue cumplir con una agenda de trabajo que tenía varios aspectos: uno era impulsar la causa del encubrimiento, otro era fortalecer la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la Unidad Fiscal de Investigación, para lo que se creó la Fiscalía que después quedo a cargo de (el fallecido Alberto) Nisman. Otra cuestión era reformar el Servicio de Inteligencia del Estado. Para cumplir con los objetivos hay un decreto del año 2006, donde el entonces presidente le asignó al Ministerio de Justicia –y en particular a la Subsecretaria de Política Criminal– que asuma la querella en este caso. La responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones frente a las víctimas, frente a la sociedad argentina y frente a la comunidad internacional, es lo que lleva al gobierno a actuar como querellantes en esta causa.
De alguna forma ese es el rol que nosotros ocupamos, en paralelo a los fiscales, y a las querellas de otras personas, víctimas del atentado, que se han presentado y cumplen un rol similar, coordinado con el nuestro.
¿El cambio de gobierno puede modificar el impulso que tomó la causa?
Yo pienso que va a ganar el partido que hoy está en el gobierno y, en ese sentido, tengo la expectativa de que el impulso va a seguir siendo el mismo. Si gana otro partido, tengo mis dudas de que este juicio permanezca. Pero es una especulación mía, basada en los mensajes que los dirigentes de otros partidos han dado. Creo que este gobierno ha dado muchas señales de su interés en que este juicio avance, de que empiece y que termine bien. Y la verdad es que no he visto mensajes de los otros candidatos o de las otras agrupaciones políticas que compiten en la elección. Hoy se puede mencionar el hecho de que la Presidenta haya hablado en las Naciones Unidas específicamente de este juicio, también en la última Asamblea Legislativa, y en las anteriores, que también habló sobre la importancia de que este proceso se lleve a cabo.
¿Esas menciones tuvieron repercusiones en el juicio?
No, la verdad que no. El juicio sigue con toda normalidad, está funcionando bien. Yo creo que le hace bien la posición política de la Presidenta. Me pareció que fue un respaldo a todos los actores que están empujando este juicio oral. Después que la Presidenta haya mencionado el juicio en la Asamblea de las Naciones Unidas como algo importante que se está haciendo en Argentina hubo una audiencia y el juicio siguió con la misma normalidad; pero claramente fortalece el proceso. Y también es un mensaje de que esto va a seguir así.
Tal vez eso también funciona para darle más difusión…
Si hay algo que deseo para que este juicio ande bien es que sea lo más público posible. Por eso siempre invitamos a los medios de comunicación a que lo cubran. Desde la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, Infojus, armamos un diario del juicio para informar sobre lo que va pasando.
Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia. Y como toda la gente no puede presenciar las audiencias, los medios de comunicación deben garantizar la publicidad. Es importante escuchar a los testigos, ver cómo trabajan los abogados. Incluso, por las actitudes que van teniendo unos y otros, se puede ir formando una idea de cuál es la realidad.
Recién comentó que la causa empezó en el 2000, ¿por qué se demoró tanto el inicio del juicio oral?
Por muchos factores. En términos políticos, había mucha gente que no quería que este juicio se haga. Es un juicio claramente molesto ya que va en contra del sistema judicial. Están sentados en el banquillo actores clave del sistema de justicia penal federal de Argentina: un ex juez federal (Juan José Galeano), dos ex fiscales federales (Eamon Mullen y José Barbaccia), el ex jefe de la SIDE (Hugo Anzorreguy), que históricamente ha tenido una interferencia notable sobre el funcionamiento de la justicia federal. Hay policías federales con roles absolutamente destacados en la justicia federal, como (Jorge) Palacios, que era un investigador privilegiado para los jueces federales durante el menemismo. Todavía, en la etapa de instrucción, hay secretarios judiciales que están siendo investigados y que pueden ir a juicio en un futuro. Acá no solamente está bajo la lupa el encubrimiento del caso AMIA, sino que está bajo la lupa el funcionamiento de la justicia penal federal. Entonces, si quien tiene que hacer la investigación es la institución investigada, aparecen obstáculos. Eso es una explicación política, pero después hay factores estructurales: nuestro sistema de justicia penal es pésimo, por eso lo hemos cambiado y ahora estamos peleando para que se implemente la reforma. Entre las cosas que critica la reforma están las posibilidades de innumerable cantidad de recursos, muchos mecanismos para la dilación y un sistema escrito y muy formalista. Todas cosas que no deberían suceder cuando se implemente la reforma. Después hay otros factores en términos personales, que tienen que ver con el primer factor político: hubo muchos jueces que tenían que intervenir en el caso y que se negaron a intervenir, o fueron recusados o se excusaron, por haber tenido vínculos con algunas de las partes.
«Queremos que venga la gente a las audiencias. A mí me gustaría, inclusive, si un canal de televisión quisiera filmar a algún testigo; sería algo muy saludable que la gente pueda observar lo que está pasando. Porque los juicios son públicos para generar transparencia», relata Hazan.
¿Este juicio puede ser reparador para los familiares de las víctimas?
Es totalmente reparador. Si efectivamente hay una sentencia condenatoria para quienes cometieron estos delitos, será claramente de reparación para las víctimas. Y en este caso en particular, teniendo contacto con las víctimas, uno advierte la importancia que le dan. De hecho, las víctimas han dicho de manera pública que tienen gran expectativa en este juicio, sobre todo aquellas que están agrupadas en Memoria Activa, en Apemia, en 18J, que presencian todas las audiencias. Ellas lo están impulsando y por eso se han presentado como querellantes. El juicio tiene un gran valor simbólico y un efecto reparador en términos de las violaciones a los derechos que han sufrido. Es importante que toda la sociedad entienda qué pasó. Porque durante mucho tiempo, incluso todavía ahora, hay mucha gente que cree que lo que sucedió fue la historia oficial que nos contaron en un inicio y, en realidad, ese relato se cayó en el primer juicio porque era todo una mentira. Todavía hay disputas comunicativas en este sentido. De hecho, nos han querido confundir cuando, a principio de este año, se quiso hacer pensar a la gente que había otro encubrimiento y, por eso, se acusó a la Presidenta y al canciller de un encubrimiento ficticio. En términos comunicacionales, se quiso empezar hablar de otro supuesto encubrimiento justo cuando este juicio estaba a punto de empezar. También ahora muchos medios le quieren cambiar el nombre de “juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia”, por el “Juicio Amia II”.
¿Cómo es el trabajo entre las distintas querellas?
Más allá de alguna diferencia que se puede notar, las querellas en este juicio tenemos muy buen diálogo y coordinación con todos. Inclusive hay algún nivel de coordinación con las querellas de los policías. Hay diferencias, obviamente; por eso hay distintas agrupaciones y no están todas las querellas unificadas. Pero lo que ha quedado claro, por lo menos hasta ahora, es que todas apuntan al mismo lado. Salvo en el caso de las querellas de AMIA y DAIA, que decidieron no acusar a algunos de los imputados. Y las querellas de los policías, ellos tampoco están acusando a otro grupo de los imputados, que son (Carlos) Telleldín y (su esposa Ana) Boragni. Puede haber matices pero hay un trabajo coordinado y hacia el mismo lado.
¿Cuáles van a ser las audiencias más relevantes a futuro?
Hasta ahora todas las audiencias fueron importantes, puede ser que haya alguna variación más adelante. Se espera que declare Anzorreguy, estamos a la espera de los estudios para ver si está en condiciones de salud para hacerlo. Después van a declarar los policías que fueron falsamente imputados, que fueron los que estuvieron contando palitos contra los barrotes durante muchos años y tienen mucho para decir. Ellos vieron de primera mano la investigación y las irregularidades, esas van a ser declaraciones testimoniales absolutamente ricas e importantes. Después van a venir las declaraciones de los familiares de las víctimas del atentado, que también vivieron las mentiras y eran excluidos de la investigación.
