Vecinos del Sector 4 de la inconclusa AU3, diseñada durante la dictadura y de la que solo se cumplió la expropiación de centenares de viviendas y la demolición de una buena parte de ellas, luchan para que la Ciudad incorpore a sus hijos, en el plan habitacional que fue ordenado por la justicia y permanece incumplido.

“Yo tenía 13 años cuando llegué al barrio y empecé con el tema de la vivienda”, dice Hugo, delegado de la Asamblea de Vecinos del Sector 4 de la Ex Au3. “Él llegó en el 82 y yo en el 89”, agrega Mirta, mientras intenta calmar a su pequeño perro que no para de ladrar. Mirta también es delegada del Sector 4.

¿Qué y a quiénes representan Mirta y Hugo? La Traza de la inconclusa Autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura cívico militar que estuvo dentro de un plan de autopistas que correrían por todo el cielo de CABA. Esta, en particular, se planeó para que recorriera desde el barrio de Saavedra hasta Puente Alsina. Para eso, el Gobierno del entonces intendente de facto Osvaldo Cacciatore expropió más de 900 viviendas a lo largo de La Traza, pero cuando el proyecto se mostró terriblemente costoso e imposible de realizar, esas casas quedaron vacías. Durante las continuas crisis económicas por las que atravesó el país desde los 80 en adelante, el rumor de las casas vacías de La Traza se expandió y diferentes familias se fueron acercando en busca de un techo.

Mirta y Hugo, delegados de la Asamblea del Sector 4 de la ExAu3, Susana, vecina histórica de La Traza, y Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa, reconstruyen una historia que empezó hace más de 40 años y continúa hasta hoy, con vecinos y vecinas organizadas, cortes, divisiones y una cautelar que inspira tanta incertidumbre como esperanza.

Escombros de la Dictadura

Una autopista con intenciones de atravesar la Ciudad de Buenos Aires se veía imposibilitada por cientos de viviendas. “Estamos hablando de miles de familias, porque La Traza es enorme”, comenta Baldiviezo, un abogado involucrado en la causa hace 20 años y actual letrado de la última cautelar presentada. A las expropiaciones les siguieron inevitablemente las demoliciones. Desde 1979, las topadoras fueron paisaje usual para los vecinos de La Traza. “Los escombros de las casas fueron directo al Río de la Plata para rellenar y avanzar sobre éste, de hecho gran parte de Puerto Madero fue construida con los escombros de las autopistas”, continúa Baldiviezo. 

“Vino la democracia, pero con la democracia vino la hiperinflación y con eso mucha gente terminó cayendo en la AU3. Había pibes que eran colectiveros y tuvieron que venir a la autopista porque no podían pagar un alquiler. También algunos dueños de las casas volvieron porque el Gobierno no les había terminado de pagar y pudieron reclamar”, explica Hugo sentado en el comedor de la casa de Mirta. Pequeño y simpático, Hugo juega con sus manos mientras cuenta su historia.

Los vecinos de La Traza vivían en un ámbito de precariedad y violencia constante, pero lo que resultaba más difícil era la incertidumbre de levantarse todos los días sin saber si esa era finalmente la mañana en que los “rajaran”. “Para los desalojos llegaban las topadoras y la policía, que solo podían parar los chicos y mujeres embarazadas. Era época de represión, todavía. Acá hubo mucho quilombo. En 1982, un día estábamos todos los chicos jugando al fútbol y llegan los de la Comisaría 37 con ametralladoras, corriéndonos, porque iba a venir una banda a tirar tiros y resulta que lo que querían era desalojar a la gente. Cuando nos dimos cuenta nos plantamos con las banderas, con los chicos y las mujeres y pudimos frenar el desalojo de unas 30 familias”, cuenta Hugo. Rostro de rasgos duros, firmes, de mirada afable y atenta.

En un barrio rodeado de chalets y casas de dinero, el desalojo no era el único problema por el que atravesaba “la gente de La Traza”. “A nuestros hijos no querían aceptarlos en los colegios municipales, porque vivían en la autopista, no tenían dirección fija”, cuenta Susana mientras sirve galletitas y prepara café para todos. Mira bajo de la mesa y dice con una calurosa sonrisa: “Ay sí, siempre que viene gente nueva se pone remimoso”, revela refiriéndose a un perro cachorro que se acurruca entre los pies de sus invitados. Hace una semana armaron el comedor con techo de chapa y cortina de plástico en donde hoy recibe a ANCCOM. Susana tiene 63 años y, como Hugo, llegó al barrio en el 82. “Llevabas a tus hijos al colegio, te apuntaban y te decían que les lleves la boleta de luz y gas para que puedan entrar”. La organización entre las mujeres de La Traza fue fundamental para conseguir los cupos. “Así que entre todas nos juntamos en una misma casa y pagamos una sola línea para que los chicos pudieran estudiar”. Ahora, Susana vive en esta casa del Sector 4, desde hace más de 18 años, con sus hijos, nietos y otros vecinos con los que comparte el terreno. Los juegos de niños se esparcen por el piso de barro y se acumulan, apoyados en las paredes de ladrillo. Parece que los niños siguen llegando pero las condiciones no cambian.

Ley 324

Para entrar a la casa de Mirta se puede tocar el timbre, pero el primero que avisa que hay gente afuera es su perro, asomado por la ventana. La puerta siempre está medio abierta y si se empuja se puede pasar sin problema. En el comedor de su casa, sentados en sillas de plástico y banquetas, cuando se le pregunta a Mirta por la historia de La Traza, comienza su relato por la Ley 324: “En el 2000 logramos conseguir una ley, con mucha pelea y mucha lucha”, dice la mujer de ojos grandes y sonrisa fácil. “Entre idas y venidas, y entre amenazas de desalojo, se logró organizar la Asamblea que fue bastante y mucha. En ese momento estaba Anibal Ibarra en el Gobierno de la Ciudad, que más allá de varias discusiones, fue un eje fundamental para que salga la Ley 324”. 

“Las familias se empiezan a organizar y consiguen la primera ley que reconoce la problemática y le da el mandato al Gobierno para que regularice la situación y solucione el tema habitacional de las familias”, cuenta Baldiviezo, sentado en el antiguo café La Poesía del barrio de San Telmo, rodeado de paredes cubiertas hasta el techo con fotos y cuadros de otra época.

“Fue una ley muy buena en lo social e inclusive estuvo circulando por toda Latinoamérica. Algunos de los delegados recorrieron Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y varios otros países de la región, porque no había una ley que tuviera tan en cuenta las necesidades de los vecinos. Dentro de todo lo que encierra la ley, lo fundamental es que no te saca de tu casa hasta que te den una solución definitiva dentro del plan habitacional”, narra Mirta, quien por esas fechas estaba teniendo a su tercer y último hijo, Brian. Las paredes de su casa son color pastel y la única decoración que cuelga en ellas son unas guirnaldas, una foto de Brian y una cartulina colorida.

Baldiviezo enmarca la 324 dentro de una serie de leyes “muy buenas en derecho y democracia participativa”, que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires implementó en los años 2000. “Que después no se hayan cumplido es otra cosa, pero en teoría son buenas”, aclara el abogado, entre risas irónicas, explicando la actual inacción del Gobierno de turno. “Las mejores leyes de la Ciudad son esas, a nivel de participación ciudadana, operativización de derechos, reconocimiento de colectivos vulnerados y a nivel ambiental. Era una época linda, había un espíritu social y ambiental interesante”, dice el abogado de rostro amable.

Dentro de esta legislación, los vecinos tienen un marco de cuatro alternativas. Por un lado, un crédito para comprar la casa que ya tienen. Por otro lado, la autoconstrucción, es decir poder construir o mejorar sus hogares en los terrenos que ya habitan. En tercer lugar, tener una vivienda nueva dentro del barrio, también conocidas como las viviendas sociales de la traza. Y por último, un subsidio para comprarse otra casa fuera del barrio o “para que se vayan”, explica Baldiviezo.

Ley 3396

“Pasan ocho años de la Ley 324, asume el Pro en la Ciudad y comienza otra historia…”, cuenta Baldiviezo. “Del 2000 al 2010 me corro de ser delegada por el accidente que tuvo mi nene”, dice Mirta, que empieza a contar otra historia. Brian tuvo un accidente en la vía pública que lo dejó con limitaciones intelectuales y físicas. “Él tenía 10 añitos. Y también forma parte de esta desgracia del Gobierno, porque en la puerta de la casa, un borracho choca el poste del semáforo y una bocha de luz vuela y le cae encima. Esto no tendría que haber sucedido porque si está en buenas condiciones el semáforo eso no puede ocurrir. Fue por la falta de mantenimiento. Y del Gobierno no recibí absolutamente nada. Hay un juicio abierto pero la verdad es que ahora yo fuerza no tengo para impulsarlo”.

“Lo primero que hace Mauricio Macri es empezar a notificar desalojos administrativos a los del Sector 5. Esto se fue a la justicia y logramos frenar los desalojos de 500 familias. Con eso se fuerza a una negociación en la Legislatura”, explica Baldiviezo, mientras los gestos de sus manos acompañan el armado de una línea de tiempo imaginaria.

“En el Sector 5 había mucha más unión. Porque no eran casas cómo acá, eran muy pocas las que habían quedado, a la mayoría las habían destruido. Entonces, eso generó que la gente se conociera más, porque tenían que socializar la luz, el agua y todo”, cuenta Hugo, quién participó de manera activa de la asamblea en esos años. En el Sector 5 es donde más concentradas estaban las propiedades, “a medida vas hacia el sur, las propiedades están más separadas”, agrega el delegado parado junto a Mirta frente a un complejo de viviendas de autoconstrucción que vecinos del Sector 4 arreglaron. De arquitectura simple, blanco y con líneas marrones, el edificio de tres pisos plantea un panorama muy diferente al de las casas y terrenos baldíos visitados antes. Se ve íntegro. “El Sector 4 de La Traza va desde Avenida de los Incas hasta Estado de Israel, en verdad llega hasta Pompeya, pero allá ya prácticamente no hay casas”, agrega ella. 

“Había tres intereses, por una parte las familias que querían las viviendas, por otra parte el Estado que quería vender las tierras y, por último, los y las vecinas que querían que el barrio sea más lindo”, comenta Baldivienzo mientras se le escapa una sonrisa ante idea de que la gente del barrio ayudó a que el plan habitacional del Sector 5 se realizará. Mientras señala un edificio del otro lado de la calle, Hugo comenta algo muy parecido sobre el tema: “El Sector 5 tuvo mucho apoyo de los frentistas del barrio porque a ellos les devaluaba las casas. Pensá que es la cola de Belgrano R, vos ibas por Holmberg y veías terribles chalets y hacías una cuadra y tenías la villa”.

Parada frente a este mismo edificio de La Traza, Mirta sigue la conversación y dice que “parecía la villa. Así que los vecinos de enfrente pagaron la renovación de la parte visible y cerraron el edificio. Aparte, el mismo Gobierno de Macri, por el poder inmobiliario que había allí, aceleró muchísimo el proceso”.

“Ahí es cuando sale la Ley 3.369. Contemplaba las diferentes opciones dadas en la primera ley pero además autorizaba al Gobierno a vender las tierras que no estuvieran ocupadas. El dinero de esas tierras tenía que ir para soluciones habitacionales de las 500 familias del Sector 5 y si sobraba plata para soluciones en el Sector 4, no se podía usar para otra cosa. Con el tiempo, sobró plata y se quiso usar para otra cosa”, cuenta Balviezo. “Dentro de esta misma ley hay una cláusula que dice que en 180 días el Gobierno tiene que traer un plan habitacional para el Sector 4. Pasaron 180 días, el Gobierno no llevó ningún plan”. En medio de estos compromisos y negociaciones sale una nueva ley, la 4089 que “le permitió al Gobierno utilizar el dinero sobrante para otras obras de tránsito de la vía pública, pero como se liberaron los fondos, en la negociación se llegó al acuerdo de que en 90 tenían que traer el plan habitacional del Sector 4. Y tampoco lo trajeron”. 

Para entender mejor porque la Ley 3396 comprendió solo el Sector 5 y dejó de lado al 4, Baldiviezo explica que “por lo general la ciudadanía se organiza cuando siente una amenaza y en ese momento el Sector 4 no estaba amenazado de desalojo. Pasaron los años y el Sector 4 no estaba tan bien organizado como el Sector 5”. “Yo en ese momento con la historia de mi hijo me corro de la Asamblea y el Sector 4 queda desamparado”, dice Mirta. 

Desde el 2012 al 2019 la Asamblea no se reunió.

La cautelar y después

“En el 2019, nos volvimos a juntar en la asamblea para hacer un nuevo relevamiento, un nuevo censo”, cuenta Mirta y agrega que en ese momento se pusieron en contacto con Baldiviezo para avanzar con la demanda. “Nos juntamos porque empezó a haber un ruido muy fuerte de que el Gobierno iba a presentar un proyecto de ley donde únicamente incluía a los beneficiarios y no a los hijos. Nos reunimos y al día siguiente comenzó la pandemia, y en medio de ese quilombo, las ratas inmundas aprovecharon y pusieron en venta 15 terrenos de la AU3, cosa que no podían hacer hasta que tuvieran la solución definitiva del plan habitacional”.  

“Entonces, salimos en 2019 con la cautelar para que no vendan y para que no nos desalojen. Porque también estaba ese ruido de que venían por nosotros, a desalojarnos. Sobre todo a nuestros hijos”, cuenta Mirta y explica que su reclamo es ahora por el desglose, es decir que entre los beneficiarios de la ley se incluyan a sus hijos. 

“En 2019, presentamos la demanda y entre idas y vueltas, recién este año salió la medida cautelar. No suele demorar tanto. Yo no pensé que fuera a salir, pero fue una cautelar muy interesante, porque lo que tendría que resolver el juez como amparo definitivo lo dio como cautelar. Es decir, básicamente dice que se tiene que cumplir la ley de forma participativa con las familias”, explica Baldiviezo, y sigue: “Que estas familias no estén incorporadas ahora en la ley no significa que no puedan estarlo más adelante. Cómo sucedió en el Sector 5 que se hizo una actualización de los beneficiarios, con un nuevo censo. A nivel del Sector 4, se está pidiendo lo mismo”.

“No estamos peleando por nuestro beneficio, estamos peleando por el beneficio de nuestros hijos. Nosotros ya somos beneficiarios, el tema es que no se lo saquen a ellos”, cuenta Hugo que tiene tres hijos, uno de 22 años, otra de 21 y el más chico de 13. “La lucha hoy es por los chicos. El tema es por el derecho de nuestros hijos”, dice Mirta, que sigue luchando aunque Brian ya no esté: falleció el 27 de abril del 2020, debido al Covid 19. Ahora se cumple un año de su muerte y Mirta, entre lágrimas y con la voz cortada, explica: “Es difícil, porque esta lucha era por él y ahora que no está es mucho el dolor”. Mirta armó un comedor comunitario en su casa al que nombró “Mi pequeño gigante”. Brian está presente.. 

Hugo dice muy serio que “ya pasaron veinte años de diferencia entre la primera ley y ahora. Bueno, nuestras familias también crecieron durante ese tiempo. Al Sector 5 le reconocieron el desglose, entonces lo que estamos pidiendo es derecho de igualdad ante la ley, ellos lo tuvieron, así que a nosotros también nos corresponde. La culpa no es del chancho, sino que del que le da de comer. Si no cumplieron con la ley, lo lamento. Nos tiene que solucionar esto, no es mi problema, es problema del Gobierno”. Y agrega: “No estamos pidiendo que le abran la puerta a gente que no tiene nada que ver, estamos pidiendo que les abran las puertas a las familias que vienen ya censadas desde el 2000. Nosotros podríamos tomar los títulos de las casas y cerrar el tema. Pero nuestros hijos quedarían a la deriva”.

Pudieron acercarse y charlar con la Unidad Ejecutora del Gobierno, “lo cual es enorme”, pero no lo toman como certeza de nada, “Mi papá decía que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dice Mirta entre risas. Enseguida se pone seria y aclara, “Que la justicia haya intimado al Gobierno nos da un poco más de seguridad”. A este tipo de cautelares, Baldiviezo las llama pequeñas victorias. “Va a ser la primera vez que la derecha se siente con nosotros a revisar la ley ¡Es histórico!”, exclama Mirta.

Luego de la salida de la cautelar, el gobierno apeló y pidió más tiempo para desarrollar el plan habitacional. “¿Cuánto más quieren?”, se pregunta Baldiviezo, “La apelación no suspende la orden judicial, ahora lo que rige es la cautelar y hasta que no se resuelva la apelación la tienen que cumplir.”