Jul 28, 2021 | Géneros, Novedades
La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas.
Un conjunto de distintos colectivos de varones y organizaciones sociales se agruparon para reclamar la ampliación de este derecho, y también para pensar en un rol masculino más activo con respecto a las tareas de cuidado y del hogar, como así también, un rol más equitativo dentro del ámbito familiar.
Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo contempla dos días libres seguidos a la fecha de parto por paternidad. La licencia por maternidad, en cambio, otorga a la mujer o persona gestante 45 días previos y hasta 45 días posteriores al parto. Según datos publicados por UNICEF, OIT y CEPAL, los únicos dos países en América Latina y el Caribe en tener dos días por licencia por paternidad -además de la Argentina- son Guatemala y República Dominicana.
Daniel Jones miembro de la campaña Paternar y su hijo León.
Matías Criado es psicólogo, integrante de Paternando -parte de la campaña Paternar- y asegura que hoy los varones que quieren ejercer la paternidad se encuentran con que sólo tienen apenas 48 horas de licencia que, si sale todo bien, les posibilita salir de la clínica con su bebé en brazos, pero no sirve para llevar a hacerle controles de salud o iniciar los trámites para el DNI: “Ya el rol de los varones dentro del cuidado es nulo. Por eso estamos buscando que esta campaña no solamente amplíe días, sino que genere en nosotros la obligatoriedad de hacernos responsables del cuidado a partir del nacimiento en adelante”, afirma.
Por su parte, Julián Novo -docente, militante sindical del SUTEBA y CTA, integrante del espacio de varones Desarmarnos y de la campaña Paternar– asegura que la actualización de esta ley es una de las deudas de la democracia. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días de licencia por paternidad. Somos en la región uno de los que menos tiene. Los que más tienen son Paraguay y Venezuela que cuentan con 14 días”, asegura. Según lo publicado por UNICEF en “Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe”, las licencias pueden mejorar los niveles de igualdad de género en los distintos países para que se promueva la corresponsabilidad parental.
En promedio, en la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres es de cinco horas en contraste con los hombres que sólo dedican una hora y media. A pesar de que los varones tengan mayor carga horaria en trabajo remunerado (un promedio de 6 horas en contraste con 3 horas y veinte de las mujeres), el total trabajado sigue siendo mayor en las mujeres con un total de 8.20 horas promedio versus 7.44.
Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos.
Si bien hay varios proyectos de ley presentados para la ampliación de licencia por paternidad, Paternar acompaña la reforma presentada por el diputado Itai Hagman del Frente de Todos. Se trata de una ampliación de 30 días de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. “Sería para el sector público, privado, sector agrario y casas particulares. También en casos de adopción y pensando en familias diversas y no solamente en casos de familias hetero, sino a toda la diversidad que pueda haber en la construcción de una familia”, asegura Julián Novo y agrega que el objetivo final es poder llegar a tener la misma cantidad de días que licencia por maternidad “creemos que de dos a treinta días es un salto cualitativo -que obviamente no alcanza- pero es un paso importante para profundizar”.
Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”.
Jones ratifica que un modelo de licencias de dos días apunta a un modelo y a un tipo de sociedad que ya no existe. “La idea de un varón proveedor único y una madre abocada plenamente a la crianza es un modelo de sociedad que si alguna vez existió ya no existe más”. Novo agrega que la actual ley de dos días se fijó en el año 1974 “evidentemente en esos momentos había otra concepción muy distinta a la que hay ahora -por suerte- de la familia y el rol de los padres”. Jones cree que los varones tienen la posibilidad de pensar un involucramiento de mayor intensidad y de más largo plazo y que, además, indirectamente, sí va a generar a futuro un impacto en las masculinidades.
“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.
Abr 14, 2021 | Comunidad, Novedades
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 42% de las personas y el 31,6% de los hogares argentinos son pobres. Dentro de este conjunto, se distingue un 7,8% de hogares indigentes, que incluyen al 10,5% de las personas. La información, correspondiente al segundo semestre del 2020, evidencia una problemática acuciante y que arrastra varias décadas en el país. Las políticas sociales parecen el único instrumento sensible para evitar que la inequidad se transforme en violencia para la simple supervivencia, por las necesidades básicas insatisfechas. Un indicador alarmante de este último informe es que los jóvenes menores de 14 años son los más pobres. En otras palabras: carecen de alimentos básicos para su desarrollo físico e intelectual.
Los datos del Indec, publicados el 31 de marzo, arrojaron números alarmantes. En términos absolutos implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la Línea de Pobreza -aquellos cuyos ingresos no pueden satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales- se ubican 2.926.890 hogares que abarcan a 12.000.998 personas. Asimismo, 720.678 hogares se encuentran por debajo de la Línea de Indigencia. Estos son quienes no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para la subsistencia, e incluye a 3.007.177 personas.
El Indec también destaca que la franja etaria de 0 a 14 registra la mayor cantidad de pobres con el 57,7% de las personas, seguida por el grupo de 15 a 29 con un 48,2%. Además, los niveles más altos de incidencia de la pobreza en personas se observaron en las regiones de Gran Buenos Aires con el 44,3%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 16,5%.
El Noreste argentino cuenta con una pobreza global del 43,5%, con variaciones según las provincias: Corrientes 42,9%, Formosa 36,4%, Gran Resistencia 53,6% y Posadas 37,7%. Por su parte, la región Pampeana alcanza un 38,2%, en tanto la Patagonia suma 35,2%.
Mientras que la mayor cantidad de indigencia por personas se concentra en la zona del Gran Buenos Aires con el 13,3%, la Patagonia posee el 7,8% (Neuquén-Plottier 12,3%); y la menor indigencia se observa en Cuyo con un 5,3% y en Noroeste un 7,0%.
Los índices de pobreza e indigencia se calculan sobre la capacidad de los hogares de acceder, respectivamente, a la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), mediante sus ingresos monetarios, y la brecha es la distancia entre estos y las canastas.
Los últimos datos revelan que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $29.567, mientras la CBT promedio del mismo grupo alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%. En el caso de la indigencia, la CBA promedio de los hogares fue de $21.572 y el ingreso total familiar promedio de $12.864, lo que implicó una brecha del 40,4%.
Estos números son la muestra certificada de una cruda realidad social. La deuda interna que dejó el macrismo, según el Banco Mundial, marca una recesión y caída del PIB de 2,5%, en 2018, y 2%, en 2019. A esto, se adiciona el endeudamiento externo por 40 mil millones de dólares y la aparición de la inédita pandemia originada por el virus del Covid-19.
La contracción de la economía durante 2020, producto de las restricciones impuestas a partir de la cuarentena, generó una caída de 9,9% interanual del Producto Interno Bruto (PIB). Estas consecuencias negativas se replicaron en la mayoría de las latitudes del mundo. En el caso de América Latina, el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo que, en el año pasado, se registró una caída del PIB de 7,7% y la tasa de pobreza extrema y de la pobreza se situaron en 12,5% y 33,7% de la población, respectivamente. Esto significó que a finales de 2020, en la región, 22 millones de personas engrosaron la fila de la pobreza.
Para la CEPAL, pese a las medidas de protección social de emergencia adoptadas por los países, orientadas a frenar la pandemia, estos números en la cantidad de pobres no se habían observado en los últimos 20 años.
Evolución de la pobreza
La problemática de la pobreza arrastra varias décadas en nuestro país y se agudiza con el tiempo: es, tal vez, la mayor deuda de la democracia con la sociedad. La exclusión social en los últimos 50 años (1970 – 2020) mostró niveles de pobreza cada vez más altos.
“En la década de 1970 la pobreza promedio fue de 5,7%, aunque ya en la década siguiente prácticamente se cuadriplicó al pasar al 19,6%. La década de 1990 volvió a crecer al ser del 26,4%, mientras que en la década del 2000 el salto volvió a registrarse al establecerse en niveles de 36,4%. Donde vemos que todas las décadas el número de pobres no paró de crecer en su promedio. La única excepción fueron los últimos 10 años, en donde el promedio se ubicó en valores igualmente desgraciados del 29,3%”, afirma Julián Zícari, Economista y Doctor en Ciencias Sociales.
En la misma sintonía, un estudio del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recalcó que, entre 1983 y 2018, la pobreza medida por ingresos “sólo disminuyó en el rebote de las dos crisis macroeconómicas profundas que vivió el país [después de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001], y en el período de excepcionales circunstancias externas durante parte de los 2000 [principalmente entre 2004 y 2007]”.
Desde una mirada más reciente en el tiempo, a partir del estudio del Cedlas se puede advertir que, considerando en su conjunto los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la pobreza cayó del 58,2% al 30,1%, mientras que la indigencia descendió del 21,1% al 5,9%. El documento también destacó que la disminución tanto de la pobreza como de la indigencia se dio de forma acelerada entre 2003 y 2007, y luego siguió bajando, pero de forma paulatina hasta el 2011. Desde ese momento, se mantuvieron en los mismos niveles, con algunos altibajos durante el gobierno de Cristina Fernández.
Respecto al mandato de Mauricio Macri, el primer dato oficial del Indec señaló que la pobreza y la indigencia en el segundo trimestre de 2016, alcanzaron respectivamente al 32,2% y al 6,3% de la población. Luego hubo un leve descenso de la pobreza a partir del 2018, pero como consecuencia de la crisis macroeconómica, ese número aumentó significativamente. De este modo, los números del Indec indicaron que en 2019 el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández recibieron un país con 35,5% de pobreza en las personas y 8% de indigencia.
Pobreza en pandemia y asistencia social
La grave situación económica que atravesaba el país a fines del 2019 y, acentuada al año siguiente, generó los números cristalizados en el informe del Indec. Para Itai Hagman, economista y diputado del Frente de Todos, la pandemia “no sólo no permitió revertir un proceso de crecimiento sostenido de la pobreza desde abril de 2018”, sino que también “ocasionó que el punto de partida sea aún más bajo”. Hagman también advierte que “sin las políticas de asistencia que existieron durante la pandemia, la situación sería todavía más dramática. Aunque eso no justifica que se podrían haber hecho más cosas para evitar los resultados que hemos conocido”.
Pese al rebote en la actividad económica de los últimos meses, sin una intervención activa del Estado esa mejora no va a alcanzar para revertir todo el daño que se produjo en la pandemia.
Para Hagman, este contexto “demanda políticas distributivas más intensivas, de transferencias de ingresos. Hay propuestas en danza, desde las más ambiciosas como establecer un salario universal que por lo menos garantice un ingreso equivalente a la línea de indigencia, y que permita también disminuir la pobreza. Hasta políticas más focalizadas que permitan inyectar recursos en los sectores más vulnerables, básicamente, con políticas de urbanización de barrios populares, de construcción de viviendas, de inversión en infraestructura que le de trabajo e ingresos a esos sectores de la población. Requiere de políticas concretas y no va a derramar automáticamente del crecimiento económico que está ocurriendo en la industria y que es importante, pero resuelve solo una parte del problema”.
En 2020, el Estado fue un protagonista inexorable por la crisis global y local. No sólo para adquirir los insumos indispensables que el sistema de salud usó en la pandemia, sino también en la implementación de políticas que pudieran morigerar el impacto económico y social que tuvo el Covid-19. Entre ellas, la asistencia y los planes sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los incrementos en los montos de la Tarjeta Alimentar y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todos ellos permitieron contener a aquellos sectores más vulnerables.
Conforme a la Memoria detallada del estado de la Nación 2020, la Tarjeta Alimentar implicó una inversión de $95.355 millones y alcanzó a 2.040.277 personas. El monto otorgado fue de $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años, y de 6.000 para las familias que tuvieran más de un hijo en la misma franja etaria, y sin límites de edad en el caso de los niños y niñas con discapacidad. Durante mayo y diciembre se duplicaron ambos montos de las tarjetas.
Por otra parte, el IFE -creado el 24 de marzo- llegó, al menos en una ocasión, a 9.048.499 personas (32,8% de la población entre 18 y 65 años) y significó una inversión de $263.169 millones. Consistió en el pago excepcional de $10.000 a trabajadores desocupados, informales, de casas particulares, cuentapropistas de menores ingresos y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Embarazo para Protección Social (AUE). Se abonó en tres oportunidades a lo largo de seis meses.
El ATP -lanzado el 1 de abril- fue recibido por 2.965.909 trabajadores y 306.761 empresas fueron beneficiadas y representó una inversión de $236.377 millones. Mediante este programa el Estado se hizo cargo de parte de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas en todo el territorio nacional que evidenciaron una afectación considerable en su facturación producto de la pandemia.
Asimismo, el INDEC publicó el segundo informe del impacto del coronavirus en los hogares del Gran Buenos Aires, correspondiente a agosto-octubre de 2020. En él se destaca que 68,3% de los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia. La cobertura alcanzó al 82,2% si se suman quienes comenzaron a recibir transferencias con la pandemia (22,8%), quienes cobraron esas sumas y ya obtenían algún tipo de programa (45,6%) y quienes solamente cobraban en base a programas previamente existentes (14%).
Los números de la cobertura y el alcance de estos programas evidencian la importancia que tuvieron durante el 2020. Ante ciertos relatos peyorativos sobre estas ayudas estatales, Hagman señala que se anclan en prejuicios, “porque supone que cuando el Estado hace transferencias de ingresos lo que está haciendo es sacarle a un sector de la población que, supuestamente, es productivo y meritorio, y destinarlo a un sector que es parasitario. Esto no es así. La razón por la que el Estado tiene que hacer políticas distributivas no se vincula con sacarle a los que se esfuerzan y darle a los que le viene todo de arriba. Tiene que ver con reparar o equilibrar una injusticia social”.
Abr 10, 2019 | Comunidad, Novedades, Vidas políticas
Juan Grabois encabezó el gondolazo.
Distintas organizaciones sociales, como la CTEP, Patria Grande y el Frente Popular Darío Santillán, presentaron el pasado lunes 8 un proyecto de Ley de Góndolas. En un momento económico caracterizado por los importantes aumentos inflacionarios y caracterizado por el aumento de la pobreza, la Plaza de los dos Congresos se pobló de changos sin mercadería.
Jonatan Rondan, militante del Frente Popular Darío Santillán, expresó la situación de impotencia que vive el sector de la economía popular ya que no puede ingresar sus productos al circuito comercial masivo. «Los monopolios de las empresas alimenticias, con complicidad de los supermercadistas y la falta de políticas públicas, que regulen el sector, son los responsables de esta realidad», afirma.
“Tenemos que recurrir a los bolsones de comida que nos da Desarrollo Social para seguir comiendo a lo largo del mes y los últimos días no cenamos –continuó-. Lo que producimos, no tenemos cómo venderlo, recurrimos a locales chicos del barrio y al MECOPO (Mercado de Consumo Popular), que tiene 15 puntos de venta. Pero así y todo, no llegamos. No queremos más los planes sociales, queremos trabajar, producir y comercializar nuestros productos. Eso es lo que nos dignifica.”
Eva Verde, dirigente de MECOPO, declaró que ellos se encargan de articular al productor y al consumidor en sus puntos de venta, ya sea a través de la logística o con el manejo de los plazos de pago. De esta manera, se logra bajar el precio de los alimentos de la canasta básica, darle pelea a la inflación, mejorar la calidad de los productos y generar puestos de trabajo. A través del ‘precio justo’, estas cooperativas pueden mantenerse en el tiempo. “La gente tiene que confiar en los productos de estas cooperativas, porque se producen con elementos de alta calidad y al no estar tercerizados por la cadena de distribución comercial, tienen costos más bajos. Hay que cambiar los hábitos de consumo”, concluyó Eva.
Los manifestantes exigen regular a los monopolios y defender a los productores de la economía popular.
La mirada de Grabois
En diálogo con ANCCOM, el dirigente de la CTEP Juan Grabois explicó las diferencias existentes entre el proyectó que presentó y el que diseñó la diputada oficialista Elisa Carrió. “En su propuesta falta que todos los supermercados estén obligados y que paguen multas si no cumplen. La ley de Carrió elimina lo más importante, que es que cualquier superficie de venta con más de 100 metros cuadrados, en las ciudades pequeñas, y con más de 200, en las grandes, o los grupos de mercado de proximidad, como son los micro Coto o micro Carrefour, tienen que cumplir la ley. Lo que propone Carrió es solo para los que tengan una facturación superior a 6.000 millones de pesos y esa facturación ninguno la tiene individualmente, sino en conjunto, entonces es una ley para que no se cumpla. De esa forma se sigue legitimando a los monopolios. Es una ley engañosa, es el ‘opo-oficialismo’, es mostrar que están en contra de las políticas que lleva su propio gobierno. Porque vos tenés hoy controlando a los supermercados al dueño de La Anónima, que es una de las cadenas monopólicas de la Patagonia. Acá hay una decisión política. No es que no saben qué hay que hacer. Ellos deciden inflar los precios para generar mayores ganancias a costa de la pobreza de los nuestros. (más…)
