Otra conectividad es posible

Otra conectividad es posible

Cooperativas, mutuales y asociaciones civiles hacen de Internet una posibilidad en zonas donde el mercado no se anima a meter mano. Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA presentaron un libro que recopila experiencias de conectividad popular en defensa del derecho a la comunicación.

El pasado jueves, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó Conectividad Popular. Organizaciones sociales prestadoras de Internet en barrios populares y áreas rurales de Argentina. Coordinado por Mariela Baladrón, Larisa Kejval y Diego Rossi, el libro reúne diez experiencias de redes comunitarias, diversas en su trayectoria y geografía, pero cercanas en su tarea de hacer Internet posible en zonas rurales, barrios populares y otros puntos del país donde la teoría del derrame choca con la desigualdad estructural, el desinterés empresarial y las deficiencias del sistema privado.

Las experiencias estudiadas adoptan distintos recorridos y formas institucionales: cooperativas con antecedentes en servicios públicos, organizaciones comunitarias de radio y TV, mutuales de servicios, asociaciones civiles de distinto tipo. No obstante, todas estas organizaciones comparten una matriz económica solidaria, que antepone el bienestar de su comunidad a la obtención de ganancias, diferenciándose de las empresas tradicionales. El objetivo es claro y compartido: brindar conectividad sin fines de lucro, crear redes de Internet en lugares donde no llegan otros prestadores, superar la brecha de acceso a las TIC, capacitar a la población, ofrecer contenidos y más, cada una con sus particularidades y su estilo. En fin, se trata de garantizar el derecho a la comunicación.

Puntualmente, la investigación aborda los casos de La Ranchada IP, por parte de la Mutual Padre Mujica; Atalaya Sur, impulsada por Proyecto Comunidad; Soldati Conectada, que opera en los barrios populares de Villa Soldati; La Poderosa; el Polo Digital de Inclusión Social, que opera en el partido de La Matanza; la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA); la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet); la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, ubicada en General Pueyrredón; las redes Nono Libre y El Valle Reinicia, en la provincia de Córdoba; y la Red de Internet Comunitaria de Jujuy.

Internet imperfecta

El entorno digital está muy lejos de la “perfecta competencia”. En áreas rurales y barrios populares, sectores de población dispersa o con bajo poder adquisitivo, la conectividad queda atada a la voluntad del prestador, cuya decisión de brindar un servicio depende de la rentabilidad de su inversión antes que de cualquier otra cosa. Según la investigación, esto produce y reproduce relaciones de desigualdad entre los centros urbanos y las zonas rurales y en situación de pobreza. Por ejemplo, el último trimestre de 2022, ENACOM reportó que 14 de las 24 provincias del país se encontraban debajo de la media nacional de acceso a la banda ancha fija (77, 21 accesos cada 100 hogares).

Con la pandemia de covid-19 y el fuerte avance de la virtualidad sobre lo cotidiano, esta problemática se hizo mucho más evidente. Así, las políticas públicas tomaron centralidad en el desarrollo de redes de Internet en diversas zonas de nuestro país. A este respecto, el informe reconoce la incidencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/202, que durante la pandemia incluyó a Internet como parte de los servicios esenciales, junto con la provisión de agua potable, energía eléctrica y gas natural, aunque luego su implementación fue bloqueada por los reclamos de las empresas en la justicia y, tras las últimas elecciones, vetado por el Poder Judicial. También se destaca una prolífica elaboración de programas estatales a partir de 2020, destinados a la conectividad en ámbitos comunitarios y públicos, al desarrollo de infraestructura en zonas marginadas, al otorgamiento de tarjetas de prepago para servicios móviles a sectores vulnerables, entre otras iniciativas.

Según el estudio, distintos colectivos desarrollaron un camino significativo en la intervención pública con el reconocimiento de las redes comunitarias, entrando así en valor las diez experiencias relevadas en la investigación, como parte de una política social integral hacia la conectividad popular y democrática.

Una de ellas es Atalaya Azul, cuya red comenzó en 2014 en las calles de Villa 20, en el barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la red conecta a mil hogares, el 40% a través de fibra óptica (por encima de la media nacional), y promueve la capacitación de sus vecinos en prácticas de operación de redes y producción de contenidos audiovisuales. “Nosotros siempre pensamos Atalaya en tres dimensiones. Una tiene que ver con el acceso a la conectividad, otra con las capacitaciones y la formación tecnológica y la tercera con la producción de contenidos locales. También estamos generando cuadrillas que salen al mercado, y eso permite generar puestos de trabajo cuyos excedentes se vuelquen en la red y permitan su sostenibilidad”, detalla la coordinadora Manuela Gonzales Ursi, en diálogo con ANCCOM. La organización también trabaja con merenderos, talleres de robótica, cooperativas de vivienda y su radio, FM La Patriada. “Hay una sinergia entre el territorio de Villa 20 y la radio. Creo que el desafío de este año es fortalecer los contenidos, que puedan visibilizar no solo las demandas del barrio, sino también las experiencias que existen en el territorio. Eso permite contar cuestiones del día a día, que tienen que ver con la organización, la resistencia, con lo que sostiene a la comunidad frente a las adversidades”, dice Gonzales Ursi.

Otra de las organizaciones presentes en la investigación es la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet), que lleva casi 70 años prestando servicios públicos a ese partido del noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En 1999, la cooperativa se inició en la prestación de Internet, servicio que hoy provee a más de 12 mil usuarios, de los cuales un 20% vive en barrios populares. Pablo Fernández, gerente de Telecomunicaciones de Coopenet, contó las dificultades que la cooperativa enfrentó durante el año: “Como entidad social, por un lado, la cooperativa encara desde hace tiempo los problemas del tema del tipo de cambio, porque para la conectividad todos los insumos están dolarizados. Por otro lado, este último año nos complicó el tema de la importación de tecnología: se frenó la entrada de equipamiento, y eso nos dificultó concretar algunos proyectos como cubrir con fibra óptica algunos barrios”. Además, Fernández reconoce que la coyuntura actual es de incertidumbre: “Todo el problema va a ser los costos. El acercamiento del dólar paralelo al oficial nos va a generar un gran problema para las nuevas inversiones, en un contexto inflacionario donde la gente no puede cargar con un aumento de tarifas. Nosotros tenemos las tarifas socializadas, con un muy buen precio, pero no sabemos qué va a pasar de acá a tres meses, si vamos a poder seguir dando el servicio o si vamos a tener que hacer un aumento, siempre y cuando el socio-usuario lo pueda absorber. Esa es la gran pregunta que tiene el país en todo sentido”.

Mariela Baladrón, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del proyecto, también reflexionó sobre el futuro de la investigación e intervención pública en el campo de la conectividad popular: “Estamos en un momento de mucha incertidumbre, porque ni en la campaña ni en la plataforma del gobierno que ganó las elecciones se dijo algo explícito sobre este tema. Pero frente a un gobierno entrante que habla de recortar, de que todo esté en manos de los privados, se puede reivindicar estos modelos de organización comunitarios, y tratar que se sostenga lo que se logró conseguir. Obviamente la expectativa es luchar por más, pero el contexto parece ser adverso”.

En su diseño teórico y metodológico, este trabajo se sirve de distintas perspectivas académicas: los estudios sobre comunicación comunitaria y alternativa, las políticas públicas audiovisuales y de telecomunicaciones y la economía política de la comunicación. Baladrón enfatiza la importancia de involucrar a las Ciencias Sociales en los análisis y debates sobre la conectividad en sus diversas formas tecnológicas: “Me parece fundamental que seamos parte de esta conversación, que aportemos miradas, trabajos y experiencias, porque no se trata de discusiones que tengan una resolución meramente técnica o económica. Es importante tener una mirada y un conocimiento social, sobre todo si pensamos en que la comunicación y el acceso a Internet son un derecho humano”.

La verdadera red de redes

La verdadera red de redes

La pandemia dejó al descubierto muchos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que ya eran imposibles de ignorar. Uno de ellos es la famosa brecha digital. Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que ya para esta altura del año ha mutado en diversas etapas de apertura depende la locación, se puso sobre la mesa el hecho de que una buena cantidad de hogares carece de las condiciones de acceso a Internet apropiadas para realizar su trabajo o cumplir con las actividades académicas,  ya sean de nivel primario, secundario, terciario o universitario, entre otra gran cantidad de actividades.

“La situación de pandemia ha puesto de relevancia una situación de asimetría persistente, que ya tenía lugar desde hace muchos años, donde las trazas de conectividad por fibra óptica no alcanzan, ni a todas las ciudades ni a todos los habitantes que viven al interior de las ciudades” explica Daniela Monje, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Políticas de Comunicación. Y agrega: “No solamente hay asimetría en términos de infraestructura, sino también en nivel de costos. En muchas ciudades de Argentina solo se cuenta con un proveedor, quedando la situación de conectividad y el precio del servicio en manos de ese proveedor. Y ni hablar que por el mismo servicio se cobran diferentes precios en distintos lugares del país”.   

También puede agregarse a estas situaciones de asimetría el aspecto socioeconómico si se tiene en cuenta que en el país los sectores con menores recursos son la mayoría y con las posibilidades de conectividad fija y las condiciones de acceso móvil estructuradas según los niveles de ingresos, poder acceder a Internet es realmente un privilegio.

RedVuelta, le brinda conectividad al barrio La Vuelta del Paraguayo en la ciudad de Santa Fe.

En este contexto es que entran las redes comunitarias de acceso a Internet. ¿Qué son? Según el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), se considera como redes comunitarias de acceso a Internet a aquellas construidas y operadas por ciudadanos de comunidades desatendidas que se organizan para conectar a su comuna, ciudad o pueblo y brindar recursos propios. Es decir, grupos independientes que buscan generar una situación más justa para los afectados por las asimetrías ya mencionadas.

“Las redes comunitarias transformamos la lógica del consumo que impera en el mercado por una nueva lógica basada en la participación y la comunicación democrática”, expresa Manuela González Ursi, miembro de Proyecto Comunidad, la organización social detrás de Atalaya Sur, una red comunitaria de Buenos Aires. Atalaya Sur tiene como propósito la apropiación popular de la tecnología, planteando tres líneas de acción articuladas: el armado de redes comunitarias para garantizar el acceso a internet, la generación de espacios de formación y capacitación en TIC y la creación de contenidos locales. Su experiencia más fuerte es en la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la red comunitaria tiene hoy activos 14 puntos de acceso WIFI público y gratuito y una red domiciliaria que conecta a más 60 hogares.

Con la brecha digital totalmente expuesta a causa de la pandemia, el equipo de Atalaya Sur no se detuvo. “La pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio impactaron de lleno en la villa y dejaron en evidencia la falta de políticas públicas por parte del Gobierno de la Ciudad, las deficiencias en infraestructura, la falta de agua en varias manzanas y, por supuesto, la falta de conectividad, recurso que se volvió imprescindible en este contexto. Es por ello que el trabajo de Atalaya Sur se mantuvo y el equipo técnico siguió realizando conexiones, incorporando protocolos acordes al cuidado y la prevención de los vecinos y vecinas” afirma González Ursi.

El Proyecto Atacama, en la Villa 20, es pionero de una organización social que brinda Internet comunitaria. 

Otro caso de red comunitaria es el de RedVuelta, que le brinda conectividad al barrio La Vuelta del Paraguayo en la ciudad de Santa Fe, compuesto por familias de pescadores. “Las razones que inspiraban el despliegue de una red de internet comunitaria estaban relacionadas con la necesidad manifiesta de lograr herramientas de comunicación para abordar situaciones de violencia de género, entre otras problemáticas detectadas y manifestadas por vecinos y vecinas de la comunidad del barrio. En ese sentido, se desarrollaron una serie de actividades de reflexión, visibilización y formación en torno a la comunicación y las redes comunitarias de internet”, detalla Bernardo Gaitán Otarán, integrante de RedVuelta.

Grupos como RedVuelta son más que necesarios en barrios como Vuelta del Paraguayo. “En general, los proveedores de internet dejan grandes zonas de vacancia -por desinterés comercial- tanto en lugares alejados como en los grandes conglomerados urbanos, así, el derecho a la comunicación queda dispensado a los caprichos del capitalismo. Según un informe del INDEC con datos del cuarto trimestre de 2019, en lo que denomina como Gran Santa Fe (aglomerado de 500 mil y más habitantes), el 86,8% de la población cuenta con acceso a Internet. La Vuelta del Paraguayo, que está en una zona de islas y limita con el Riacho Santa Fe, se encuentra en ese 13,2% careciente de acceso a una red fija que posibilite vincularse con servicios de información, comunicación, producción y transferencia de contenidos, que incluyen claro, la internet”, aclara Gaitán.

Un proyecto particular es el de AlterMundi, oriundo de Córdoba. AlterMundi no es una red comunitaria, sino una ONG cuyo objetivo principal es elaborar un conjunto de herramientas de software libre, documentación y hardware abierto que faciliten el despliegue de redes libres comunitarias de bajo costo y alto rendimiento. Por ejemplo, QuintanaLibre, red que conecta a más 70 familias en José de la Quintana, uno de los pueblos de la provincia cordobesa.

“Sentimos que era necesario pensar de manera organizada alternativas de telecomunicaciones comunitarias, asequibles y accesibles para personas sin conocimientos técnicos previos. Crear un proyecto sólido de apoyo, promoción, acompañamiento y defensa de redes comunitarias, hecho para y entre ellas mismas”, cuenta Jésica Giudice, co-fundadora de AlterMundi.    

Atalaya Sur, en la Villa 20, cuenta con 14 puntos de acceso WIFI público y gratuito.

Si bien estas organizaciones son de gran ayuda para que las personas en desventaja en cuanto a conectividad no queden desconectadas del mundo, la intervención por parte del Estado es necesaria. Para Giudice, la respuesta es simple. “Son las mismas comunidades las que tienen el impulso para desarrollar redes comunitarias. Y además pueden adaptar, más que nadie, la respuesta tecnológica y de logística a las necesidades y recursos locales. Claramente, lo único que necesitan muchas de las comunidades rurales, eternamente relegadas de la vida digital, es dinero”.    

Por su parte, Monje cree que la solución es un poco más compleja. “Sin dudas la opción para solucionar todo esto es una política pública de comunicaciones y telecomunicaciones que sea capaz de reunir todos los datos que ya hay en torno a la situación de infraestructura, conectividad, dispersión en el territorio, nivel socioeconómico, etc. A partir de esa información, generar mapas integrales que permitan una visión completa del territorio de los ciudadanos argentinos, en toda su asimetría y diversidad. Y en base a esos mapas, tomar decisiones diferenciadas y específicas según los sectores, según las urgencias y según las necesidades”, determinó.   

La organización no gubernamental AlterMundi coloca equipos en la provincia de Córdoba,

Piedrazos en la red

Piedrazos en la red

Agostina tenía 12 años cuando un grupo de chicas de su colegio le robó la contraseña de Facebook para subir fotos obscenas a su perfil. “Al principio me dio desesperación porque no sabía cómo parar la situación, y en el colegio sentía mucha vergüenza ya que todos lo sabían” recuerda hoy, a los 17. Desde entonces intenta no hacer pública su vida personal. “Me fijo bien antes de subir fotos y redactar”, asegura.

En los últimos días, Juan S., de 12 años, fue hostigado en las redes sociales por su particular forma de hablar. Debido al grado de viralización que alcanzó el video, uno de los noticieros que lo publicó decidió hacerle una nota para abordar la problemática del acoso mediado por la tecnología, y el dibujante Liniers, a quien había mencionado como uno de sus artistas preferidos, salió a defenderlo.

Estos hechos que podrían pensarse aislados, forman parte de una modalidad de acoso que, conocido vulgarmente como ciberbullying tiene entre su población más vulnerable a chicos de entre 12  y 17 años. Un grupo en Facebook creado para “odiar” a un chico, imágenes digitales alteradas para ridiculizar a un compañero de escuela, videos con agresiones hacia un tercero que se suben a YouTube, son algunas de las formas que adquiere. Si bien no existen cifras oficiales de denuncias por acoso en la red, desde el INADI afirman que durante el 2014 procesaron 80 casos de discriminación por mes, lo que arroja un promedio diario de 2 a 3 denuncias en la “Plataforma por una Internet Libre de Discriminación”.

La psicóloga Vanesa Aiello Rocha, integrante del “Equipo Bullying Cero” que busca concientizar y trabajar en la prevención y detección de estos casos, sostiene: “En los últimos años, la visibilidad del acoso en Internet ha provocado, contradictoriamente, la banalización del término, la naturalización. Esto es un problema grave porque en el intento de instalar la preocupación por la violencia social, de género, el Ni una menos o el bullying, la información pareciera paradójicamente desinformar”.

Según Aiello Rocha, puesto que los adolescentes se encuentran “moldeando su personalidad”, las consecuencias “dependen de múltiples factores, entre ellos el tiempo de duración, la calidad del vínculo entre agresor-agredido, la conducta de los pares testigos, las características propias de cada chico y las estrategias de afrontamiento que haya podido implementar”. La mejor estrategia, subraya, consiste en hablar con los niños y escuchar cuáles son sus necesidades.

Se define al acoso en Internet -en inglés ciberbullying- como el hostigamiento reiterado entre menores, mediado por el uso de las tecnologías de la comunicación y la información como computadoras, teléfonos celulares, tablets y un sinfín de dispositivos que permiten la conexión a Internet. El acoso se puede producir a toda hora y desde cualquier lugar y la utilización de la red posibilita el anonimato del hostigador. Además, la mayoría de quienes lo padecen mantienen la situación en secreto, lo que ayuda a volver invisible la problemática.

En Argentina, el acoso en la red no está previsto como delito. “El derecho penal poco y nada puede hacer con estas conductas que además están cometidas por niños. Recordemos que la imputabilidad penal arranca desde los 16 años por lo cual tampoco tendría ningún sentido”, puntualiza Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal e investigador en materia de delitos informáticos, quien sugiere que el tema debe ser abordado desde la política educativa.

Bajo esta perspectiva, en 2013 se sancionó la ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas que propone la revisión de las normas vigentes en las jurisdicciones y la elaboración de acuerdos internos mediante la participación de los diferentes actores de la comunidad para “garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica” en el ámbito escolar mediante la implementación de estrategias de prevención y las sanciones que se consideren necesarias.

María Zysman, psicopedagoga y directora del equipo “Libres de Bullying” que tiene por objetivo brindar a la comunidad herramientas para detectar estas situaciones e intervenir en ellas, afirma: “Además de los cambios de comportamiento habituales en un chico hostigado, notamos una gran dependencia y ocultamiento de sus actividades online”. Y agrega: “Muchas veces tienen miedo, se muestran atemorizados e irritables, y las reacciones ante un sonido o vibración de sus celulares son de alarma exagerada”.

La permanencia de estos chicos en Internet se debe a “situaciones que tienen que controlar”, dice la especialista como por ejemplo quiénes se suman a los grupos en su contra y la cantidad de “me gusta” en las publicaciones que se hacen sobre ellos.

Zysman sostiene que es necesario trabajar para que los chicos que son hostigados no se identifiquen con los dichos del otro y así evitar que se dañe aún más su autoestima. Por último, propone “no demonizar las redes ni culpabilizar a los dispositivos del uso o mal uso que hagan los chicos, interiorizarse respecto a las actividades de los hijos o alumnos online, conocer las modalidades de cada una y, básicamente, tener una actitud abierta al diálogo, flexible y contenedora”, como manera de evitar este tipo de situaciones. El adulto debe aconsejar sobre los riegos y usos responsables de estas nuevas tecnologías y demostrar con el ejemplo que vida privada y vida pública no son lo mismo.

Actualización 12/08/2015