Las asambleas de inquilinos se oponen a la nueva Ley de Alquileres

Las asambleas de inquilinos se oponen a la nueva Ley de Alquileres

Inquilinos Agrupados le dio voz a los vecinos para debatir las estrategias frente a la inminente modificación de la actual normativa.

Luego de la media sanción obtenida en Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto, la nueva Ley de Alquileres avanza hacia el Senado. Esta semana, y antes de la votación, se escucharán las dos campanas: primero a los propietarios y a las inmobiliarias, luego a las asociaciones inquilinas. Inquilinos Agrupados, máximo referente de este último grupo, llevó a cabo una asamblea vecinal con el único objetivo de frenar el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio (JxC).

En el marco de una sesión especial, que duró alrededor de cuatro horas, la oposición, con excepción de la Izquierda y de La Libertad Avanza, otorgó media sanción al proyecto de reforma a la Ley de Alquileres, con la sorpresa de aprobar un dictamen de minoría. Esta modificación busca reemplazar la normativa actual, vigente desde junio de 2020. El proyecto fue rechazado por 112 diputados, 99 de los cuales forman el bloque de Unión por la Patria (ex Frente de Todos). 

La reforma, que se terminará de decidir en la Cámara de Senadores, busca modificar puntos centrales de la legislación actual. Las organizaciones inquilinas rechazan de manera vehemente las modificaciones propuestas. Entre ellas, la duración de los contratos, que pasarán de tres a dos años, la actualización de los aumentos, que pasarán de anuales para ser cuatrimestrales, y la forma de calcular ese aumento. La ley aprobada en 2020 proponía un índice, realizado por el Banco Central, que funcionaba como techo: un promedio entre el índice de Precios al Consumidor (IPC) y el índice de variación salarial. Con la nueva iniciativa estos aumentos quedarán a merced de un acuerdo entre las partes, moderado por los propietarios. Es decir, el Estado ya no funcionará como mediador. “Es una media sanción que tiene muchas trampas en la redacción”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

Ciudad de Buenos Aires

Inquilinos Agrupados es una asociación civil que cuenta con representación en varios puntos del país y brinda asesoramiento legal para todas aquellas personas que arrenden una vivienda. Son, además, los principales promotores de mantener la ley de 2020 y rechazan de manera unánime la reforma propuesta por JxC. Para ello, realizan convocatorias y asambleas vecinales con el fin de sumar aliados y debatir sobre la actualidad. 

En la tarde del sábado realizaron una reunión en su sede, la misma que comparten con Ni Una Menos, sobre la calle Bartolomé Mitre, a pocos metros del Congreso de la Nación. Allí, el presidente de la asociación, Gervasio Muñoz, presentó las modificaciones que busca llevar a cabo la nueva ley. Con el correr de los minutos, la convocatoria fue más de la esperada y la asamblea se trasladó a las calles. Para dar más visibilidad al debate los asistentes decidieron cortar la esquina de Mitre y Avenida Callao, y desde allí continuaron debatiendo ideas, con megáfono de por medio. 

Varios de los vecinos, de diferentes edades y puntos de la Ciudad, tomaron la palabra y expusieron sus opiniones. Una mujer exigió tomar en cuenta el rol de los jubilados inquilinos, quienes deben destinar gran parte de sus ingresos escasos al derecho básico de una vivienda digna. Luego tomaron la palabra otros dos hombres de mediana edad. Ambos reclamaron por la presencia de organizaciones gremiales en la lucha por las locaciones y la inclusión de ese tema en las paritarias, ya que la gran mayoría de los allí presentes reclamaban lo mismo: más de la mitad de sus sueldos debe ser destinados al alquiler. 

También debatieron sobre las ideas a futuro, tanto a largo como a  corto plazo. Algunos remarcaron la importancia que tiene la presencia en las calles e invitaron a todos los concurrentes a convocarse las veces que sean necesarias, especialmente en las puertas del Congreso. Otros propusieron trasladar la lucha, al mismo tiempo, al plano digital: memes, tweets y redes sociales en general. La idea es alertar, en todos los espacios frecuentes, a los demás inquilinos del país.

Más tarde llegó el turno de otros representantes de la asociación, en este caso de Tamara, quién de manera efusiva habló sobre la identidad del inquilino, ya no como algo temporal, como pretenden instalar ciertos sectores, sino como una posición permanente. Otros, más optimistas, exigieron el debate sobre el derecho a la vivienda propia. También exigieron un impuesto a la vivienda ociosa. “El proyecto de ley no contempla la vivienda ociosa porque el momento en el que estamos no es de ampliación de derechos, es todo lo contrario”, sostuvo Gervasio Muñoz. Además, agregó: “Hoy la urgencia es defender lo que tenemos, que se mantenga la ley, que se cumpla, y a partir de ahí profundizar”.

Según un estudio comparativo, llevado a cabo por Inquilinos Agrupados, a partir de los datos recabados por los últimos tres censos nacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), la cantidad de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires descendió de un 69% en 2001 a un 52,9% en 2022. Por el contrario, los inquilinos en la ciudad son cada vez más: en 2001 solo el 22,2% alquilaba, actualmente esa cifra se duplicó y alcanzó el 40,2%. Además, la cantidad de viviendas cada determinados habitantes también bajó, lo que indica que hay cada vez más inquilinos, pero cada vez menos propietarios con más viviendas en su haber. “Lo que produjo la Ley de Alquileres es que el mercado se organice y golpeé. Y la forma que tiene de golpear es el alquiler turístico y la vivienda vacía, entre otros”, añadió Muñoz.

En paralelo a este debate entre vecinos que seguirá en las próximas semanas en el Congreso, avanza también un proyecto, impulsado por Ana María Ianni, senadora de Unión por la Patria, que busca regular los alquileres temporarios de entre 1 y 90 días, creando un Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario y la obligatoriedad de las plataformas de mostrar la habilitación de las viviendas. “Que Argentina, que está en una situación donde lo que quieren es flexibilizar los alquileres de vivienda, avance sobre regulación del alquiler temporario también es importante”, opinó al respecto el representante  de Inquilinos Agrupados.

Aunque la ley vigente sigue siendo la votada en 2020, muchas inmobiliarias ya han comenzado a operar con la reforma que aún debe obtener el visto bueno de los senadores. Es por esto que la desde la Federación de Inquilinos Nacional solicitaron al presidente Alberto Fernández la prórroga de todos los contratos de alquiler para enfrentar la especulación, a raíz de la media sanción, y la suspensión de los aumentos por seis meses. En principio, durante esta semana las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto recibirán a distintos referentes de esta pulseada. A partir de ello, y si se consigue el quórum necesario, se volverá a debatir y, de ser aprobada, reemplazará a la ley que rige desde hace tres años. 

“La posición que consensuamos las organizaciones inquilinas del país es no negociar absolutamente nada porque la negociación que nos plantean es medio cínica. Nos plantean que nosotros perdamos dos cosas, el plazo y la actualización anual”, sentenció Muñoz, y agregó: “La Ley de Alquileres es víctima de un plan que se viene para flexibilizar las condiciones de vida en Argentina”.

Por lo pronto, la saga de esta discusión continuará como secuela de una película de terror escrita por los sectores más privilegiados que curiosamente representan un dictamen de minoría. 

«Alerta inquilina»

«Alerta inquilina»

Inquilinos y agrupaciones partidarias protestaron frente al Congreso contra el proyecto de Ley de Alquiler que pretende aprobar Juntos por el Cambio: propone aumentos cada tres meses y deja su valor librado al mercado.

“Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas”, se podía leer en una pancarta colgada sobre las rejas que rodean al Palacio del Congreso. Más de un centenar de personas se agolparon sobre la esquina de Rivadavia y Entre Ríos para mostrar su desencanto y vociferar su reclamo. 

El dictamen que Juntos por el Cambio aprobó por minoría tiene como objetivo, entre otros puntos, modificar el plazo de los contratos de tres a dos años y dejar a elección de los propietarios el lapso entre aumentos, posibilitando que este se dé hasta cada tres meses. “Es muy posible que la semana que viene o la otra haya una sesión en la Cámara de Diputados para tratarlo y también es muy probable que tengan los votos para hacerlo -señala Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional-. Por eso, es tan importante que nos organicemos para denunciar lo que sucede”, concluye. 

La movilización tuvo también un costado artístico de parte de integrantes de Inquilinos Agrupados. De pronto aparecían casas vacías de cartón que se movían entre la multitud, mientras cruzaban la avenida Entre Ríos decenas de personas con la careta de Don Ramón (el reconocido personaje de El Chavo del 8 que era sistemáticamente amenazado de desalojo), a la vez que por un megáfono cantaban consignas como “alerta inquilina, nos dejan sin vivienda en la República Argentina”. Los reclamos también se podían leer: “Quiero alquilar, pero también vivir”.

“El cambio que proponen pretende expulsar a todos los pobres del centro de la ciudad, que pagar alquileres sea imposible y hacer que Buenos Aires sea solo para ricos”, indica JB, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Los grandes aumentos de precios con el ciclo inflacionario han hecho que en los últimos tiempos muchas personas hayan tenido que mudarse lejos de los lugares que frecuentan en busca de precios más cercanos a su poder adquisitivo. “Hoy, a pesar de que tengo un empleo en blanco, el alquiler se lleva literalmente todo mi sueldo. Vivo en La Boca con mis tres hijos y estoy totalmente contra las cuerdas, o contra el Riachuelo -comenta JB-. Con las modificaciones que pretenden hacer no me va a quedar otra que irme de la ciudad en que nací”. 

El tratamiento de este dictamen y la posible modificación de la ley, sumados a la suba de la inflación, generan una preocupación extra en los inquilinos. Para Gervasio Muñoz “sería un retroceso para lo poco que hemos logrado hasta ahora, quedaría el campo libre para que las inmobiliarias impongan las condiciones que se les ocurran”. Facundo Cabral concuerda, “los sueldos no llegan a cubrir los aumentos y que se posibilite que haya aumentos cada tres o seis meses me parece perverso”. Con respecto a esto, el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, señala en diálogo con ANCCOM: “Cuando se aprobó la ley actual nos parecía que no iba a ser una solución de fondo, sin embargo, esto que están planteando no solo no es la solución si no que empeora el problema. No hay bolsillo que aguante”.

Desde la oposición se señala continuamente que la ley vigente ha probado ser ineficiente, principalmente por el índice utilizado para pautar los aumentos anuales. Sin embargo, RM, una docente y miembro de Inquilinos Agrupados, aclara: “El índice me benefició, si hubiera tenido que pagar lo que quería el mercado sería un número mucho mayor que el de ahora”. Una de las principales fallas que señala es la falta de organismos de control: “No hay ningún lugar frente al cual pueda realizar quejas. Si yo quiero denunciar alguna irregularidad, sea cual fuere, no tengo ante quién hacerlo.” Gervasio Muñoz comparte esta visión: “La ley en sí es muy protectora de los inquilinos, pero no ha habido ningún tipo de control. Una de las peleas que estamos dando es que el Estado se haga cargo del cumplimiento de la ley”. Para el dirigente, el problema no se encuentra en la tipificación de la norma sino en una falta de voluntad política: “Con el ministro de Hábitat y Vivienda actual (Ferraresi) no hay muestras de que se quiera dar un cambio de fondo”, concluye. 

¿Fracasó la Ley de Alquileres?

¿Fracasó la Ley de Alquileres?

Oficialismo y oposición anunciaron que la nueva normativa, que se proponía ampliar derechos de los inquilinos, no funcionó. Unos y otros proponen modificarla. ¿La normativa es mala o falta impulso político para implementarla?

Tras cuatro años de discusión en comisiones y debates parlamentarios, así como también entre los actores involucrados, se sancionó en junio de 2020 la
Ley de Alquileres que tiene como fin regular el mercado de las viviendas. A un año y medio de la sanción, tanto oposición como parte del oficialismo coinciden en su fracaso. Para complementar la afirmación cabría preguntar, ¿para quién?

Lejanas parecen ya las promesas de las y los candidatos en la última campaña electoral. Muchas de ellas, quizás, tendrán lugar nuevamente en la agenda mediática de cara a los próximos comicios. Sin embargo, misteriosamente hay un asunto que desde entonces y hasta ahora, no ha dejado de estar presente en los matutinos nacionales. Se trata de la ¿controvertida? Ley de Alquileres.

María Eugenia Vidal hizo su campaña como candidata a diputada nacional con un fuerte eje en la necesidad de derogar la norma en cuestión. Semanas más tarde, cuando todavía no estaba claro el resultado final de los sufragios, el propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, habló sobre el “fracaso” de la Ley 27.551 y de la necesidad de “discutir una nueva Ley de Alquileres que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tienen a lo largo y a lo ancho del país”.

Desde allí, casi ininterrumpidamente, semana tras semana, se publican artículos sobre el supuesto fracaso de la ley, sobre la necesidad de derogarla o modificarla. Raro planteo para una norma que, tras perder estado parlamentario años antes, finalmente consiguió el consenso necesario y fue sancionada sin ningún voto en contra.

Daniel Lipovetsky, ex diputado nacional de la entonces coalición Cambiemos, y mentor del proyecto de ley, reconoce en ella “programas muy positivos como lo es el alquiler social” al mismo tiempo que en su balance expresó que “claramente (la ley) tiene cosas por corregir”. Para el actual Diputado provincial bonaerense “lo correcto sería hacer una reforma”

En diálogo con ANCCOM, el legislador de Juntos por el Cambio marcó como puntos deficientes de la ley el índice de actualización y el registro de los contratos en la AFIP. Coincide, entonces, con las peticiones de los sectores que manejan el mercado inmobiliario. Otro de los puntos que reclama el sector empresarial es el tiempo del contrato de alquiler, que en la norma tiene un piso de tres años para locación de inmuebles para vivienda y que dichos sectores buscan volver a la modalidad anterior, es decir, de dos años.

El legislador del mismo espacio, Martín Tetaz, presentó al poco tiempo de asumir en su cargo, un proyecto de ley en el que busca modificar los mismos puntos que vienen cuestionando los sectores inmobiliarios. Sin embargo, el proyecto de Tetaz va más allá y propone que los contratos se celebren cada un año y que los ajustes puedan celebrarse de “común acuerdo”, desconociendo de este modo que la desigualdad en las relaciones entre locador y locatario.

La otra mejilla

Quien se encargó de sacar el velo mediático fue Gervasio Muñoz, presidente de la agrupación de Inquilinos Agrupados. Desde ese espacio explicaron a ANCCOM que en el país hay alrededor de nueve millones de personas que viven en viviendas alquiladas y que, si bien la nueva ley no soluciona el problema habitacional de fondo, sí “fija un piso para elevar la discusión sobre la regulación del mercado”.

Muñoz respondió de manera crítica a los dichos de Massa en aquel acto por el Día de la Construcción: “Una ley no fracasa, lo que fracasa es la implementación de una ley que en todos los artículos amplía derechos de los inquilinos”. Y además agregó: “Evaluarlo desde el fracaso de alguna manera es discutir en los términos que intenta el mercado inmobiliario y la oposición, e inclusive parte del gobierno, del massismo, el albertismo y en particular el ministro Ferraresi, porque es mucho más fácil decir que hay fracaso que instrumentar los mecanismos del Estado para que esa ley se cumpla”.

Para el representante de los inquilinos los puntos más fuertes de la ley son tres: “Extender el plazo mínimo a tres años”, “el índice con el que se actualiza el precio del alquiler” que se ajusta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de manera anual, y “el otro punto importante es el registro de contratos de alquiler en AFIP”. Justamente los puntos que marcan como falencias los detractores de la ley.

Muñoz apuntó al rol del Estado como eje para conquistar los nuevos derechos. Al respecto señala: “El precio de los alquileres en Argentina no está regulado; está regulada la actualización durante el contrato pero el precio está completamente librado al mercado”. Además señaló que “hay un Estado que en materia de alquiler de vivienda ha dejado todo en manos del mercado, inclusive la información y sin información es imposible tener políticas de Estado, pues esos tres puntos son los más importantes y son justamente los que el mercado necesita del hogar”. Finalmente concluyó: “En materia de vivienda no hay ventanilla del Estado que se encargue de mediar controlar y proteger los derechos de aquellos necesitan un lugar donde vivir”.

Los inquilinos se movilizan por una nueva Ley de Alquileres

Los inquilinos se movilizan por una nueva Ley de Alquileres

Según la Primera Encuesta Nacional a Inquilinos, el pago del alquiler se lleva, en promedio, el 41% del salario mensual.

“Estamos en un país y en un mundo en el que ya no vamos a ser propietarios”, dictamina Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN). La Ley de Alquileres tiene media sanción de Diputados y busca la aprobación definitiva del Senado este año. “Es una ley que tiene muchas dificultades para salir por la presión del mercado, cierta tibieza de un sector de la clase política, también diversos temores y conservadurismo”, afirma Muñoz.

El objetivo principal para  2020, es que la ley se vote en sesiones extraordinarias en febrero. “La predisposición para que desde el gobierno hagan algo, tiene que ver con la fuerza que tengamos los inquilinos porque la política es presionar y convencer. Hay un punto muy importante y es que hemos logrado organizar a los vecinos de todo el país”, relata el presidente de la Federación.

Desde hace tres años, Inquilinos Agrupados, que forma parte de la FIN,  apunta a construir la representación de un sector que no la tiene y plantear la solución al problema de la vivienda en Argentina mediante una nueva Ley de Alquileres. “Hay que intervenir sobre el mercado inmobiliario, la desdolarización, el precio de los alquileres y tener una política de vivienda mucho más sólida, donde el Estado tome las riendas y no el mercado”, explica Muñoz.

Existen tres aspectos cruciales de la ley que destaca el titular de Inquilinos Agrupados y FIN: “La regulación del precio por un índice oficial, promedio entre inflación y salario, la extensión del plazo del contrato de alquiler a tres años para generar mayor estabilidad y el blanqueo del mercado inmobiliario a través del registro de contratos de alquiler” y añade: “El Estado debe reparar el desequilibrio que hay entre los propietarios y quienes no tienen vivienda”.

La Ley es vista por Inquilinos Agrupados como un paso hacia el retorno de una administración interventora. “Queremos que el gobierno de Alberto Fernández dé una señal a los nueve millones de inquilinos y ese indicio tiene que ser con un proyecto que recupere el rol del Estado en materia de vivienda”, sostiene Muñoz. “El diálogo y la discusión con los sectores políticos lo tenemos permanentemente. Sé que es incómodo el planteo que estamos haciendo porque nos introducimos en un negocio que afecta a un sector grande de la clase política”, concluye.

El 87% de los inquilinos tiene como principal preocupación el precio del alquiler.

Según la Primera Encuesta Nacional a Inquilinos, de principios de 2018, el 87% tenía como principal preocupación el precio del alquiler y, en promedio, destinaban un 41% de sus salarios a los pagos mensuales (sin sumar expensas, tarifas e impuestos inmobiliarios). El 64% de la población inquilina averiguó por un crédito hipotecario a pesar de que un 87% opina que nunca va a lograr ser propietario. “Las dos únicas formas de acceder a la vivienda son por alquiler o por toma. Un trabajador que se pueda comprar una casa, como sucedía años atrás, ya no existe, se terminó para siempre”, sentencia Muñoz.

Inquilinos perjudicados

“Todo lo que es ‘el mundo del alquiler’ está hecho a favor del dueño que, sin mover un dedo, recibe dinero mientras le cuidan la casa. Por ley puede echar al habitante, no devolverle el depósito o tomar ciertas acciones en perjuicio de quien está alquilando si considera que el inmueble no está en condiciones”, cuenta Martín que alquila hace cuatro años un monoambiente en Villa Crespo. Y agrega: “Creo que ni siquiera deberían cobrarnos un mes de depósito si ya tienen la garantía de que vamos a pagarles”.

Para Martín, en la nueva ley “las condiciones de accesibilidad y de pago tienen que estar como prioridades. En Capital Federal hay un montón de departamentos vacíos que son adquiridos por grandes fondos que los compran como inversiones y se llenan de plata mientras la gente duerme en condiciones deplorables. De todas formas, a futuro, lo más preponderante sería lograr el acceso a la casa propia mediante créditos blandos”.

Julia vive en Parque Chacabuco y hace diez años que es inquilina. Residió en Boedo, Caballito, Flores, Devoto y Monte Castro. “El principal problema a la hora de entrar en un departamento es económico, es una barbaridad la plata que te piden. Cuando alquilé a través de la inmobiliaria, se abusaron con el aumento. Tenía pensado el incremento como acumulado, no anual, entonces me aumentaban el 12,5% o el 15% cada seis meses y terminó siendo más de lo proyectado para el año en curso”, testifica y recuerda algunas arbitrariedades que le tocaron vivir: “Se han quedado con el depósito para arreglar partes de la casa que no había arruinado en mi estadía, sino que ya estaban deterioradas desde antes”. Y agrega: “Otro inconveniente a la hora de mudarme fue tener una mascota. En general no quieren inquilinos con animales o intentan cobrarte más caro, pedirte más depósito o más meses de adelanto”.

Si se incluyen expensas, impuestos y servicios, un inquilino destina entre el 60% y el 70% de sus ingresos a su vivienda.

Las condiciones se vuelven más hostiles cuando el inquilino es extranjero. “Las primeras veces que fui a inmobiliarias y escuchaban mi acento, me decían: ‘Acá alquilamos sólo con garantía propietaria’ y pasaban a mostrarme las opciones de alquiler temporario que estaban más pensadas para turistas, no para personas decididas a establecerse en el país como yo”, describe Daniela, hondureña y radicada en Buenos Aires desde hace nueve años. Y agrega: “Para sortear el problema, tuve que alquilar de forma temporaria o habitaciones individuales en departamentos”.

En uno de sus alquileres temporarios por Almagro, Daniela se enfrentó a una de las injusticias que suelen nombrar con frecuencia los inquilinos. “La dueña me había prometido renovar el contrato por otros seis meses pero no sólo no lo hizo sino que se negó a devolverme el dinero del depósito. Fui a la inmobiliaria y no se hicieron cargo, me dijeron que lo tenía que resolver con la propietaria que, para ese entonces, no contestaba mis llamadas y mensajes”.

Carolina vive en Palermo desde agosto del 2019 y tardó un año y medio en encontrar departamento. “No conseguía un lugar que me gustara, me pedían una garantía propietaria en Capital y era imposible conseguirla o que presente dos, tres recibos de sueldo de un monto determinado para poder entrar a un monoambiente ínfimo”, cuenta la inquilina. La solución llegó a través de un seguro de caución: “Tuve que presentar otro recibo de sueldo, el de mi hermano, para poder sacarlo ya que mi salario es básico. Si no tenía esa posibilidad, me quedaba afuera”, apuntala.

Si se toma en consideración el conjunto de gastos que incluyen expensas, impuestos y servicios, un inquilino destina entre el 60% y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional a Inquilinos, realizada en el último trimestre de 2018. Luego de 35 años sin tratar esta problemática en el Congreso, La Federación de Inquilinos Nacional puja por la desprivatización del mercado inmobiliario y la aprobación de una ley que mejore la calidad de vida de millones de argentinos.