“Lo más importante del proyecto es que la semilla se paga”
“Nos encontramos con una ley que es más vieja que yo y que no contempla un montón de cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles”. Con ese diagnóstico como punto de partida, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, defiende el proyecto de modificación de la Ley de Semillas que el gobierno envió al Congreso días atrás. Ex asesor de empresas agropecuarias y profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA), Negri defiende la iniciativa de seis artículos diseñada “en el diálogo con los distintos actores de semillas” y reconoce que la discusión es y será ardua porque “hay muchos intereses en juego”.
¿En qué estado estaba el debate en torno a la modificación de la Ley 20.247 cuando asumió como Secretario de Agricultura?
Cuando llegamos nos encontramos con una ley que es más vieja que yo, por lo que no contempla un montón de las cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles. El INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el Ministerio habían realizado varias resoluciones pero no hubo una decisión política seria para resolver esta falta. Es un tema que se arrastra desde el 2004. Nosotros veníamos con algunas ideas sobre la modificación a la Ley pero la verdad es que las conversaciones con los distintos actores de la cadena de semillas son diferentes si uno no está en el Gobierno.
En los últimos años se formularon distintos proyectos para modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, ¿en qué se diferencian del que diseñó el gobierno?
Lo que pasó en 2013 y 2014 fue que hubo grupos de trabajo que llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley. Lo que nosotros presentamos hoy es una modificación de la ley actual que creemos que es un gran paso para mejorar no sólo la cadena de la soja sino de todas las semillas.
¿Cuál es el eje del proyecto, el punto que usted considera más importante?
Lo más importante del proyecto es que se paga la semilla. Y que el uso propio está restringido a las hectáreas que se compran. Esto es fundamental para nuestro primer objetivo que es el de lograr una buena industria semillera. Si podemos ser el supermercado del mundo también podemos ser el semillero del mundo, y no sólo de autógamas (n.d.r: son aquellas que se reproducen por autofecundación como el trigo, la soja, el arroz y cítricos, entre otras) sino también de muchas otras semillas que se producen en el mundo y que se podrían producir en la Argentina perfectamente.
¿Por qué la discusión lleva tantos años y aún no pudo resolverse?
Primero porque no estaba la decisión política de llegar a un acuerdo, y después porque hay muchos intereses en juego. El uso propio es un derecho ancestral, pero la tecnología de alguna manera tiene que ser retribuida. Cuando la ley es laxa, ganan los “pillos” y a ellos no les conviene que haya un acuerdo. Además, si no se priorizan las discusiones a largo plazo, se hace difícil actuar.
¿Cuáles fueron los puntos que se debatieron puertas adentro del Ministerio este año para la modificación de la ley?
Fueron muchos: quién paga, a quién, cómo, qué pasa con los infractores. Hoy lo que se paga a los obtentores es insuficiente para poder desarrollar la industria semillera argentina, pero a la vez los que aplican bien el uso propio no son ilegales. Es un tema de derechos de unos contra derechos de otros.
¿Cómo resolvieron las diferencias entre los intereses de la Mesa de Enlace y los de las empresas multinacionales?
Lo que hicimos fue tratar de juntar las puntas lo máximo posible, no pudimos juntarlos a todos en la misma mesa porque los intereses son demasiado divergentes. Fuimos trabajando con cada uno de los actores. Lo que mandamos es lo que creemos más factible para que se apruebe en el Congreso Nacional.
Luego de las negociaciones, ¿cómo quedó la relación del Ministerio con Monsanto?
La relación con la empresa siempre fue buena. Nosotros le mostramos el rol del Estado y qué es lo que queremos. Le decimos que los derechos del obtentor y los derechos sobre la biotecnología son importantísimos para nosotros. De todas formas, no se mostraron conformes con el proyecto.
¿Qué opina sobre los reclamos de la Sociedad Rural (SRA)?
Eso es un tema netamente comercial, es una cuestión de precio. El problema es que hay temas legales, temas de propiedad intelectual, y temas comerciales mezclados en la misma discusión. Nosotros nos reunimos con ellos como nos reunimos con los demás actores para discutir sobre el futuro de la Ley de Semillas.
Recientemente hubo algunos cambios en el Ministerio, en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿cuáles son las razones de la renuncia de Oscar Alloatti a casi un año de haber asumido en el cargo?
Oscar entró en diciembre y ya estaba cansado. Es un hombre grande y le puso todas las pilas a su trabajo.
El Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI) reclama por una baja en el presupuesto del sector, ¿cómo ve el futuro de la Secretaría? ¿Pasará a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca?
Eso es decisión del ministro. Por ahora estamos ordenando la Secretaría. Lo que hay es un ordenamiento presupuestario. Estamos ajustando los gastos como en todos los Ministerios, lo que no tiene que ver con reducciones sino con aumentar eficiencias. Tenemos un Estado Nacional con un déficit muy grande y tenemos que achicarlo.
¿En qué situación está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)?
El INTA está dentro de esta situación de ordenamiento. No están en juego los salarios ni los presupuestos de investigación, pero tenemos que regular situaciones de gastos que a veces son excesivos. Estamos cuidando el bolsillo como todos los argentinos.
En cuanto al avance en los derechos de propiedad intelectual, ¿se dio en algún momento la discusión sobre la posible adhesión al acta UPOV (Unión de Productores Obtentores Vegetales) 91’?
El proyecto está en el marco del acta de 1978. Hoy queremos cumplir bien UPOV 78’ para analizar si vamos a UPOV 91’, tenemos que ir por partes.
¿Por qué es necesario constituir un nuevo directorio en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)?
Hace muchos años que no tiene constituido su directorio. Lo que queremos es darle más operatividad al instituto, y que el trabajo entre INASE y la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) sea más fluido.
¿Quién se encargará de establecer el precio del canon que se pagará en la compra de semillas?
El INASE va a verificar que el precio esté dentro de las reglas de mercado. Queremos que el valor lo pongan las compañías y los productores según la oferta y demanda, que haya una buena competencia.
Similar al Sistema de Regalías Extendidas…
El sistema de regalías extendidas fue una forma privada de resolver los conflictos. El INASE no va a trabajar en que sea un mercado regulado, sino un mercado transparente. Y entonces el sistema ya no va a ser necesario.
¿Cuáles son los planes para el año que viene?
La idea es trabajar en un proyecto de ley para reemplazar la vigente, pero tenemos que ir paso a paso. Primero necesitamos que se apruebe esta modificación.
¿Cuándo cree que será aprobada por el Congreso?
Por mí que se apruebe mañana, pero eso no depende de nosotros. Queremos entrar a la campaña que viene al menos con la media sanción.
Actualizado 1/11/2016
