En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.

A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.

 Un desalojo por día

Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.

Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.

Casa Santa Cruz

La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.

El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.

En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.

En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.

Estado ausente

Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.

            El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.

            El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.

Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.

Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.

Los barrios populares quieren su ley

Los barrios populares quieren su ley

Una concentración de la UTEP frente al Congreso logró que en Diputados pusieran fecha para tratar el proyecto que prorroga la Ley de Barrios Populares, que pierde vigencia el 15 de octubre. La cita es sobre el límite, el miércoles 12.

El miércoles 5 de octubre, las organizaciones sociales que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron al Congreso, reclamando el tratamiento de la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares que ya había obtenido dictamen favorable. La respuesta llegó esa misma tarde, como resultado de la reunión entre la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau y la Mesa Nacional de los Barrios Populares, en la que se acordó que la votación tendría lugar el 12 de octubre, tres días antes de que pierda vigencia la ley.

La Ley  Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana o “Ley de Barrios Populares” fue sancionada en 2018. A cuatro años de su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que establece como media más urgente que se prolonguen por diez años las prohibiciones de desalojo.  

“Salimos con una alegría inmensa de una promesa de sesión, se supone que ya la Cámara de Diputados va a estar votando, espero que se cumpla ya que más de cinco mil barrios están esperando para no ser desalojados”, dijo a ANCCOM Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.

Militantes del Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Movimiento Somos Barrios de Pie, comenzaron a concentrarse a las 12 frente al Congreso. En apoyo a la reforma de la Ley Nacional Barrios Populares, que permite la incorporación de 5687 barrios al registro RENAP (Registro Nacional de Barrios Populares), frenar los desalojos por 10 años y asegurar que las obras de integración urbana sigan llegando a los barrios por medio de las cooperativas. 

 

 “Es una ley que nos representa, nos reconoce, reconoce nuestros barrios, nuestra existencia, nuestra historia y trayectoria de vida. También reconoce la deuda histórica del Estado y la política con los vecinos y vecinas de los barrios populares que tiene que ver con la calidad de vida”, explicó Matias Bora, del Movimiento Evita del Barrio Soledad. 

Sobre la avenida Entre Ríos y Solís, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, nutridas columnas se agrupaban, con pancartas que se alzaban hacia el escenario, ubicado en las puertas del Congreso. “Necesitamos que exista esta ley y esta reforma, por la historia de lucha de los movimientos sociales”, dijo desde el escenario el secretario General de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.  

“Queremos dejar de ser los últimos del tarro, queremos decirle a los diputados que ellos tienen la responsabilidad de que más de cinco mil familias no queden en la calle”, manifestó con emoción Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de los Barrios Populares.

Abajo, levantaban palas y azadones en cerrado festejo, al ritmo de los bombos, al grito de “ unidad de los trabajadores, al que no le guste que se joda”.

Piden que se prorrogue la Ley de Barrios Populares

Piden que se prorrogue la Ley de Barrios Populares

En octubre vence la normativa que los ampara. Un plenario de comisiones en Diputados analizará el tema esta semana.

Durante el miércoles 14 de septiembre, se llevaron adelante más de cien asambleas en barrios populares de todo el país, para coordinar el reclamo de tratamiento de reforma de la ley que los regula en el Congreso de la Nación. Se pide que el proyecto sea abordado de manera inmediata, teniendo como horizonte los días finales de octubre cuando la actual normativa perderá vigencia.

Sancionada en 2018, la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como “Ley de Barrios Populares”, estableció principalmente las siguientes normativas:

  1. a) Declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). 
  2. b) Declara de utilidad pública y sujetas a expropiación la tierra de los barrios populares. 
  3. c) Establece que el 25%, como mínimo, de la obra pública en barrios populares debe ser adjudicada a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados por habitantes de barrios populares. 
  4. d) Autoriza al Poder Ejecutivo nacional a la creación de un fideicomiso para financiar la totalidad de las actividades necesarias para la integración socio urbana de los barrios populares. 
  5. e) Suspende las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los barrios incluidos en el ReNaBaP, por el plazo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Cuando están por cumplirse los cuatro años desde su sanción, la Mesa Nacional de Barrios Populares propone una reforma que prolongará a diez años las prohibiciones de desalojo, como la medida más urgente. También se contempla declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental, llevando adelante proyectos de base y de forma integral, con permanente participación vecinal para la conformación comunitaria. 

“Emergencia sanitaria y social también es abordar problemáticas como la desnutrición, las adicciones, el alcoholismo, cuestiones de género y lo que sucede en las familias de los barrios”, sostuvo Araceli Ledesma, referenta de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Acompañando a las obras, se pide fortalecer las herramientas para el acceso a los servicios públicos garantizando la soportabilidad a través de una tarifa social adecuada. La actualización del informe del ReNaBap del año corriente, determina que en el 66% de los barrios contabilizados, la mayoría de habitantes no accede formalmente al servicio de energía eléctrica. En un porcentaje mayor al 90, no acceden formalmente a los servicios de red de agua corriente, red cloacal y red de gas natural.

En la Argentina hay 5.687  barrios populares. En ellos viven un millón de familias, es decir unos cinco millones de  habitantes.

La Mesa Nacional de Barrios Populares, compuesta por vecinos y vecinas junto con referentes comunitarios de las organizaciones sociales de todo el país, propone sistematizar las necesidades transversales de todos los barrios, atendiendo las particularidades de cada territorio, promover la organización barrial e impulsar la política pública pidiendo el compromiso de todas las fuerzas políticas legislativas.

El 21 de septiembre se llevó a cabo un plenario de comisiones en Diputados, en torno a la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo. Se espera para esta semana una nueva reunión plenaria para emitir un dictamen.

Qué pasó con los derechos humanos en la pandemia

Qué pasó con los derechos humanos en la pandemia

POST, el nuevo libro presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presenta un recorrido sobre lo que el año 2020 hizo con nosotros. Desde una perspectiva de derechos humanos, POST invita a repensar las problemáticas que se vieron incrementadas por la pandemia.

Marcela Perelman, directora del Área de Investigación y co-editora junto a Ximena Tordini del libro, explica que para el armado se dio un proceso de intercambio en discusiones plenarias de manera virtual sobre problemáticas que estaban observando en pandemia. Siempre manteniendo como eje el cruce de pandemia y derechos humanos. Algunos capítulos tienen una mayor carga de coyuntura que otros, en este sentido Perelman resalta que “de la relación con otros grupos y organizaciones con las que estábamos trabajando para intervenir en esta coyuntura fueron apareciendo temas, que también cruzan distintas de nuestras agendas temáticas. (La ocupación de) Guernica, por ejemplo, es un capítulo sobre un acontecimiento, pero pone en relación cuestiones de hábitat, de represión, de intervención judicial y criminalización. En torno de un acontecimiento se pueden desplegar diferentes perspectivas de derechos humanos”. 

La problemática de la vivienda o de la situación habitacional es un eje bastante recurrente a lo largo de distintos capítulos. De lo sucedido en Guernica a los problemas para pagar un alquiler en la zona de Almagro, a la situación habitacional que afectaron a las personas trans, travestis y no binaries; sumándose también los temas de alimentación y empleo que afectan, desde varios ejes, a distintos sectores. “Para nosotros era importante mostrar que algunas problemáticas cuya manifestación más aguda se ve en una situación extrema como la de Guernica no están desconectadas de la situación de otro segmento o sectores sociales. El mercado inmobiliario es uno y cuando analizas los problemas del mercado inmobiliario de sectores medios eso hace que vaya encadenando problemáticas que se observan con mayor crudeza en migrantes, personas trans o personas que alquilan informalmente”, aclara Perelman. 

Siguiendo con alimentos, y según se plantea en el capítulo “Nuevo acuerdo popular entre el campo y la ciudad” se expresa que “el eje se corrió de la capacidad de acceso individual a los alimentos a la capacidad estatal y social de garantizarlos». Marcela Perelman explica que, por un lado, hay dificultad para proveer alimentos a la población en este contexto pandémico pero, por otra parte, esas dificultades que derivan de un modelo alimentario concentrado y monopólico pueden observar algunos cambios, quizás hasta de manera positiva. Como lo fue la organización y la dinamización de la agricultura, como se desarrolla en uno de los apartados del capítulo, en la pandemia. “Tanto alimentos como hábitat muestran situaciones que se manifiestan en su forma más cruda para los sectores más empobrecidos pero que son problemáticas muy amplias y extendidas en la sociedad”, agrega. 

El libro abarca también temas de salud mental y la dimensión judicial. El acceso a la justicia, no en su totalidad pero en parte, es en lo que en el texto llaman “la máquina rota”. Se trata de zonas del Estado, que no solamente por el contexto de pandemia, sino por sus características generales, no pudieron responder o hacer frente a un año de confinamiento. “En la introducción del texto, titulado ¿Y ahora qué pasa?, como también en la comunicación del libro, hay una frase que dice, al mismo tiempo que se extendían algunos brazos de protección del Estado, otros funcionaban a media máquina o trabados con efectos contrarios a la defensa de derechos humanos”, explica. 

Otro tema Interesante en POST es el análisis sobre la situación de encierro para la población en manicomios. Mientras que para muchos el aislamiento propuesto para hacerle frente a la pandemia fue toda una novedad, para esta población es algo habitual. Perelman cuenta que Tres puntos para cambiar la política de salud mental es un capítulo en donde se muestra una problemática más crónica. Si bien se destaca que durante la pandemia se agravó la situación de aislamiento y que a la restricción ambulatoria con la que viven se le sumaron mayores restricciones debido a la prohibición de visitas o la circulación interna en hospitales monovalentes, hay cuestiones que son de orden económico y social. “Hay personas que tienen una internación de muy largo plazo que finalmente no pueden salir de esa internación por no poder resolver su situación económica y habitacional, no necesariamente por una necesidad clínica psiquiátrica” y advierte “se necesitan políticas públicas específicas para ese sector, no puede ser que la población permanezca de forma crónica en hospitales monovalentes porque no pueden resolver la vivienda y entonces permanecen como si tuvieran una necesidad psiquiátrica que además se la va generando”.  

La editora del libro comenta que hay algunos hilos que atraviesan los capítulos que tienen que ver con una precariedad social y económica cruzados por nuevas formas de vulneración de derechos particulares. “No es lo mismo lo que le pasa a una mujer internada en un psiquiátrico que lo que le pasa a una mujer trans que no le quieren alquilar la vivienda. Son cosas diferentes, no llegan al mismo punto, pero sus derechos están restringidos por limitaciones que son similares, que son análogas. Te encontrás con problemas estructurales que después tienen manifestaciones específicas según cómo se crucen con la situación particular de distintas personas o de distintos grupos y necesitan respuestas específicas y abordajes particulares”, agrega. 

A lo largo del libro podemos encontrarnos con relatos de distintos casos e historias personales a la hora de describir las distintas temáticas planteadas, más allá de las cifras y estadísticas. Sobre esto, Perelman expresa que tiene mucho que ver con cosas profundas que los atraviesan como organización y con repensar el vínculo entre el caso y su dimensión estructural. “Nosotros estamos pensando críticamente en esa relación. Que el caso no aparezca instrumentalizado, que tenga su propio desarrollo, sus propias voces y un acento más intrínseco y personal. Tiene su peso propio y se puede pensar en una dimensión más amplia, pero hay un vínculo que no es el mismo que el tradicional. Creo que eso se ve en la exposición y en la redacción, pero refleja otras discusiones del modo de vinculación del CELS como organización con las personas”. 

De todas las problemáticas y limitaciones que ya existían y que se incrementaron durante el 2020, Perelman afirma que ninguna de ellas es una novedad, sino que se agravaron y se tensaron. “No hay revelaciones de la pandemia. Lo que hay son los problemas estructurales tensionados, trenzados, con manifestaciones más crudas. En el caso de alimentos también muestra dinamización de algunas posibilidades, para mostrar algunas cuestiones positivas. La organización en torno a la provisión de alimentos de calidad mostró novedades buenas. Por el lado de la organización social, que no es nueva, se pudo ver el dinamismo de algunas organizaciones sociales. Por ejemplo, en el capítulo de la población trans o en el de alimentos se ve. En el de Guernica también. A pesar del desenlace negativo que tuvo como acontecimiento y como conflicto, mostró un tejido asambleario a lo largo de la toma y la forma de toma de decisiones y de resoluciones que fue muy positiva”.

Hábitat, alimentos, alquiler y deuda, salud mental, violencia institucional, búsquedas y desapariciones, seguridad, democracia, movimientos de derechos humanos, son las temáticas que se nos presentan a lo largo del índice de POST. Perelman señala que de las situaciones y temáticas que se plantean en el libro el tema de la vivienda podría ser central este nuevo año. “El endeudamiento es un rasgo que se agravó en la pandemia y la burbuja que creció entre alquiler y deuda o entre vivienda y deuda me parece un problema de un volumen enorme” y agrega que “atado a la vivienda vos tenés las posibilidades de educación, de trabajo, tenés el proyecto de vida de un hogar. En el capítulo de inquilinos se caracteriza como la “tormenta perfecta”. Ese horizonte está ahí y está claro, es imposible de ignorar. Lo que puede haber ahí es la posibilidad y la voluntad de tomar la política para apostar o morigerar esta situación que es gravísima”. 

Sobre los últimos capítulos señala que intentaron escribirlos de la forma más abierta posible. “Son un poco de discusiones internas del movimiento de derechos humanos y que es interesante ponerle atención porque estamos tocando temas que no están muy discutidos. Que son desafiantes. El último, por ejemplo, sobre el lugar del castigo en la lucha de derechos humanos y el de Bolivia. Son discusiones que podrían ser hacia adentro de lo que se llama movimiento de derechos humanos pero que nosotros estamos buscando que tengan una resonancia más amplia. No son de diagnóstico de la situación social, son de otro orden”, cierra. 

POST se presenta como una “demanda a las instituciones y los poderes que no estuvieron a la altura, una constatación de la potencia que anida en las organizaciones territoriales y en el activismo de las redes de solidaridad y, también, una invitación a discutir el futuro de los derechos humanos”.

Feminismo y hábitat: diversidades en los territorios

Feminismo y hábitat: diversidades en los territorios

Las mujeres y disidencias en las calles organizadas en cada lugar del mundo instalan cada vez con más fuerza la necesidad de atender sus derechos; cuestionan todos los sitios donde se manifiestan las desigualdades y las violencias, particularmente sobre los cuerpos propios de las mujeres y los cuerpos disidentes y también sobre los territorios donde trabajan y viven. ANCCOM dialogó con distintos actores sociales que luchan por un hábitat digno para todos, todas y todes. ¿Cómo se piensa el hábitat desde una mirada feminista? ¿Cómo combatir las violencias y las desigualdades de géneros en el espacio?

A partir de referentes en la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias a la ciudad como las arquitectas Ana Falú y Zaida Muxí, empieza a repensarse la planificación de la misma desde una mirada feminista y popular. “Hay una cosa que no podemos dejar de pensar y trabajar que es la división entre el espacio público y privado que tenemos internalizada como estructural de la ciudad, que es parte de la división patriarcal y patrimonialista que hace que los problemas privados queden en lo privado y los problemas públicos sean públicos. Entonces incorporar la vivienda y el espacio público en las discusiones de urbanismo feminista es estructural para poder transformar las condiciones en que se desarrolla la ciudad”, explica la arquitecta Teresita Sacón de Proyecto Habitar.

Hay distintas formas en las que las desigualdades de clase y de géneros se presentan en el hábitat, tanto en la vivienda como en el barrio y en la ciudad. Sacón expresa que “estas desigualdades se manifiestan en las violencias que sufren las mujeres en sus viviendas. También cuando en barrios donde el suelo está contaminado, donde no hay infraestructura, donde el camión de los residuos no pasa entonces tenés a los niños jugando alrededor de la basura, donde los suelos son más bajos y se inundan, son problemáticas que tienen que resolver las familias que transitan más tiempo en ese barrio”.

Las ciudades históricamente han sido pensadas según la división sexual del trabajo que el sistema patriarcal y capitalista asigna a hombres y a mujeres. La mirada feminista viene a romper con esta lógica binaria en todos los sentidos.. “Hay otra cuestión muy relevante que aporta a la idea del urbanismo feminista que es la de recuperar las diversidades de las personas y de los territorios para incorporarlas en los procesos de programación y proyección haciendo que se constituya un proceso más democrático e igualitario, en la posibilidad de que todes sean parte de la toma de decisiones”, continúa la arquitecta.

Sacón forma parte de Proyecto Habitar, una organización de estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectas y urbanistas que trabajan desde la reflexión, la construcción y la programación de la transformación social del espacio. Forman parte de Habitar Argentina, una iniciativa multisectorial que tiene por objetivo generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat digno para todos. Otra de las organizaciones que forman parte de esta red es la Asociación Civil Madre Tierra, de la zona oeste del Conurbano.

 

Esta institución surge en 1985 con un equipo de técnicos profesionales constituido por trabajadores sociales, arquitectas, psicólogos, abogadas y personal administrativo que en conjunto con organizaciones barriales con mucha participación de las mujeres trabajan desde la temática del acceso justo al hábitat en los barrios populares de la zona oeste del conurbano bonaerense. “Trabajar desde esta perspectiva incluye un montón de aspectos no solo en la vivienda sino en todo lo que hace a un barrio y a una comunidad para que pueda desarrollarse” explica Cintia Rizzo, de Madre Tierra.

Ella agrega: “Trabajamos con distintos programas como de mejoramiento habitacional, de lotes con servicio, tenemos un área de incidencia en las políticas públicas donde promovemos programas y formamos parte de muchos colectivos, entre ellos el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires que en el 2012 después de muchos años de trabajo colectivo logramos la sanción de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y desde ese momento que estamos peleando por su plena implementación”.

Rizzo es licenciada en Trabajo Social y Maestranda en Estudios Urbanos con especialización en Hábitat y Géneros y cuenta que desde hace más de diez años que en Madre Tierra trabajan con perspectiva de géneros. “Siempre trabajamos sin nombrarlo quizás con esa mirada. Lo que nos pasaba es que nos encontrábamos en los comedores comunitarios, en las ollas populares, en todos los lugares con las organizaciones con las que trabajábamos en los territorios que eran presididas por las mujeres y los proyectos también. Eso no estaba visibilizado ni valorizado, entonces empezamos a darle un lugar y a reflexionar en conjunto con ellas”.

En ese sentido, puntualiza: “También pasaba que cuando había que ocupar lugares más públicos o de tomas de decisiones terminaban haciéndolo los varones que muchas veces no eran los que estaban involucrados en el proyecto y no sabían tanto de las necesidades de la comunidad, pero se les otorgaba ese rol a ellos porque a ellas les daba vergüenza ocupar ese espacio y creían que no podían hacerlo. Por eso formamos grupos de mujeres para fortalecerlas”.

Rizzo describe otras de las formas en que se hacen presentes las relaciones de poder y las desigualdades de géneros en el territorio y cómo las trabajan: “Respecto de los proyectos de mejoramiento habitacional uno se empieza a meter con qué pasa con los vínculos al interior de las familias y de las viviendas, porque ahí también nos encontrábamos con un montón de situaciones de violencia que nos parecía que teníamos que empezar a abordarlas y a fortalecer y darles herramientas a estas mujeres» porque si no mejorábamos el espacio físico de la vivienda pero construíamos cárceles para que ellas vivieran ahí”. En ese sentido, explica que “nos empezamos a interiorizar más sobre el tema y a empezar a tener herramientas para trabajar con ellas estas situaciones. Lo mismo con lo que tenía que ver con los lotes con servicio, que poníamos a la vivienda a nombre de la familia o del marido y no estaban casados, entonces cuando se producía una situación de violencia ellas tenía muy pocas herramientas para poder disponer del lugar donde vivía y no ser expulsadas”.

En el Barrio 6 de Enero de la localidad de Cuartel V del Partido de Moreno, uno de los proyectos que realiza Madre Tierra es el taller de mujeres constructoras. “La idea del taller aparte de capacitarse y aprender, es ir mejorando las viviendas de cada una de las que participa, cansadas de esperar que los varones en algún momento resuelvan o algunas no tenemos quienes en nuestra familia nos den una mano con eso. Participamos entre cuatro y quince mujeres, depende el día. Participamos también porque lo que nos pasaba cuando intentábamos saber, los padres, los tíos, nos mezquinaban la información o te sacaban la herramienta de la mano, no te dejan hacer. En cambio con Juana (la maestra mayor de obras) nada que ver, nos explica y hacemos nosotras, así aprendemos un montón”, relata Mariana Canicoba, vecina del barrio.

Muchas de las mujeres transitan este taller no solo como el aprendizaje de un oficio sino como una experiencia que las interpela en muchos sentidos. Mariana afirma que “la participación en los talleres fue absolutamente transformadora. Hoy por ejemplo terminamos el contrapiso de mi vecina que hace un montón que le dice al marido y no lo hace, y nosotras lo terminamos en horas. Hace un año no podíamos levantar una bolsa de cemento y ahora hacemos cosas que ni nos imaginábamos que podíamos. Yo ahora estoy con exámenes y no puedo levantar las paredes que quiero en mi baño, pero sé que cuando termine nos organizamos y lo hacemos. Ya no estamos esperando. Te hace sentir tan bien que podés”.

Las viviendas, los barrios y las ciudades expresan relaciones de poder y de género. Estas injusticias territoriales deben pensarse y trabajarse porque son espacios que hacen a la calidad de vida de las personas y es donde se construye lo que puede hacerse y lo que no. Las mujeres y disidencias han logrado instalar temas en la agenda política que tiene como eje central la igualdad, el desafío es continuar con esta incidencia hasta que todos los espacios sean dignos de vivir para todos, todas y todes.

“Lo que soñé siempre es que todas las familias pudieran avanzar lo más parecido posible, que todos tengamos acceso a una casa a la que tengamos ganas de llegar. Donde abrís una canilla y puedas lavarte las manos, lavar los platos, la ropa, sin que todo sea un esfuerzo y un trabajo impresionante, y que te lleve tanto tiempo. Que el barrio sea un lugar donde todas las familias pueden crecer, porque por más que vos estés avanzando no te puede dar felicidad que hay un montón de gente que está viviendo mal”, concluye Canicoba.