¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

¿Qué pasó con las familias desalojadas de Guernica?

Nov 8, 2023 | Comunidad, Destacado 3

A tres años de la toma de tierras el Gobierno provincial está construyendo 160 viviendas en el predio para aquellos que fueron desalojados . Los beneficiarios reclaman que sus abogados y arquitectos participen del proyecto.

Archivo 2022. 

Corrían los últimos días de julio del 2020 en la localidad de Presidente Perón cuando un grupo de familias ocupó 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica en plena pandemia del covid-19. Tres meses después se produjo el desalojo con una feroz represión de Policía Bonaerense. ANCCOM quiso saber qué pasó con aquellas demandas por viviendas.

El 29 de octubre del 2020 se produjo el operativo del que participaron cuatro mil policías. Las casillas de los ocupantes fueron derribadas y algunas incendiadas por efectivos de la Guardia de Infantería. También reprimieron con disparos de balas de goma a las 300 personas que se resistían a abandonar los terrenos con pedradas e insultos. Hubo decenas de detenidos acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y usurpación.

A finales de mayo de 2022 el gobernador Axel Kicillof anunció que el gobierno provincial destinaría 1.098 millones de pesos para edificar 160 viviendas de las cuales ocho serían para personas con discapacidades, en un proyecto que incluía veredas, forestación y equipamiento para el barrio, en el mismo predio donde dos años atrás unas dos mil familias sin vivienda habían sido desalojadas. 

los vecinos concurren al predio con frecuencia para ver si hay avances en la obra de construcción. «Ya había un proyecto, estaba aprobado, hubo licitaciones, se empezaron a construir las casas, son dos partes, una de 160 viviendas y la otra de 600 y pico, pero aún así no llegaría a resolver la totalidad de esos vecinos que se organizaron y estuvieron ahí en la recuperación», precisó Torrado.

Los beneficiarios proponen armar una comisión de seguimiento de avance de obra, «un proyecto de barrio comunitario, el cual claramente nos rechazaron y es todo bastante como ilógico, porque ellos nos rechazan este proyecto, nos desalojan y después nos dan las propuestas de estas viviendas en el mismo territorio de donde nos sacaron», dijo la mujer. La idea es obtener un nuevo compromiso del gobierno provincial y municipal para que los profesionales, como arquitectos y abogados de derechos humanos, puedan ser parte de esta comisión y así seguir acompañando a las familias.

Ana Torrado es de las mujeres que aguardan una solución habitacional. 

Nicole Salvatierra, de la Asamblea Permanente de Guernica, precisó que en el mismo predio donde los desalojaron se están construyendo viviendas que serían entregadas para las familias de Guernica en un plazo que está atado a dos licitaciones. Una finalizará en noviembre de este año, y la otra en abril del año 2024. Agregó que habrá una entrega parcial a los vecinos que firmaron el acta, por sorteo, y destacó que «la siguiente pelea que estamos dando en este momento es por todos los demás».

Ante esta problemática y a partir de Ley de Acceso Justo al Hábitat, el Estado Nacional comenzó con la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas, el cual está en proceso con las primeras 160 de las 853 licitadas, por lo que en la actualidad las familias continúan sin un techo para dormir, comer o bañarse. Ya fueron realizadas las tareas de desmalezamiento, cercado, tendido eléctrico e instalación de luminaria en la zona. El pasado viernes 27 de octubre, en coincidencia con los tres años del desalojo, algunas de las familias de Guernica fueron al municipio de Presidente Perón para exigir la concreción de las promesas de urbanización y entrega de viviendas con servicios.

Paula Delfino y Yamila Rodriguez Alagastino. 

Paula Delfino es autora del libro Recuperación de tierras de Guernica. Experiencia y perspectivas desde el trabajo social, junto a Yamila Rodríguez Alagastino. En diálogo con ANCCOM señaló que en la actualidad en Guernica siguen las familias organizadas, y están reclamando para que se pueda efectivizar la entrega de las viviendas. En distintos momentos hubo promesas de los lotes de adjudicación de viviendas, pero todavía no fue concretado. “La lucha sigue y están en ese proceso de seguir demandando al Estado que cumpla con lo prometido», apuntó Delfino. Las escritoras explicaron que su libro pretende ser un aporte que permita entender cómo fue el proceso de organización comunitaria para que miles de familias recuperen tierras en Guernica, así como para «abrir el debate en torno a la responsabilidad del Estado y la intervención de profesionales en conflictos por la tierra y la vivienda».

Por su parte, Neka Jara, militante autonomista, popular y feminista, señaló que en ese momento «fue muy difícil, porque no hubo una política que accediera a una posibilidad de negociación que tenga que ver con el acceso a la tierra, a una casa para vivir». Jara participó desde el área de salud en la asistencia de las personas accidentadas y heridas. «Sentí mucha desolación, la represión marcaba un camino de mucho abandono, de una exposición de una fragilidad enorme a toda esa población», dijo. A su criterio, “con la lucha hay que seguir exigiendo el derecho a la tierra, al hábitat y el derecho a construir nuevas relaciones”

 

“Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna”

“Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna”

Oct 30, 2020 | Comunidad, Novedades

Unas 1.400 familias fueron desalojadas del predio que ocupaban desde julio en Guernica. Casi 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense formaron parte del operativo liderado por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. “Llegaron de noche, y a eso de las cinco de la mañana (de hoy) empezaron a reprimir. No dejaron salir a la gente, ni se nos dejó agarrar nuestras cosas. Nos sacaron como perros, quemaron nuestras casillas y nos tiraron con balas de goma”, relata Juana Acuña, referente del Barrio La Lucha, en diálogo con ANCCOM. Además, hubo heridos y más de 30 detenidos -entre ellos dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires- que lograron la libertad en el transcurso de la tarde.

Acuña estuvo desde el inicio de la toma y dice, con angustia, que cuando habían pasado los dos primeros meses pensó “que el Gobierno se iba a solidarizar”. “Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna –afirma–. Si sos laburante como yo, sabés que cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar el alquiler, y si ganás 20 mil pesos, ¿qué hacés con eso? Nada, o comés o alquilás”. Esta es la realidad de muchas familias que ocupaban el predio y hoy se encuentran peor que hace unos meses: no tienen nada. Algunos vamos a estar de prestados con nuestras familias, pero otros tienen que ver cómo se la arreglan porque no tienen a dónde ir”.

Antes del desalojo se conformó una mesa de diálogo con los referentes y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, donde se estuvo cerca de un acuerdo. Acuña asegura que se les ofreció reubicar los barrios por bloques, pero todo cambió “cuando nos dimos cuenta que en el acta no figuraba ninguna información acerca de dónde íbamos a ir a parar, sólo que eran unos lotes. No nos dieron ninguna garantía real y, a raíz de este rechazo, se desató todo esto”.

El desalojo comenzó a las cinco de la mañana, con topadoras y fuego que destruyeron las casillas.

La coordinadora del Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, subraya que las condiciones estaban dadas para que el desenlace fuera otro. En las últimas semanas, “se había logrado un acuerdo al que adhería la gran mayoría de las personas que formaban parte de la toma, pero cuando faltaban sólo detalles para la reubicación, el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juez, Martín Rizzo, consideraron que los tiempos ya estaban agotados”. Hoy el escenario fue totalmente diferente al que se venía planificando: la represión a los ocupantes se extendió por varias horas dejando a su paso no sólo detenidos y heridos, sino también cientos de familias a la deriva sin ninguna solución a su problema.

Para Miguens, el problema de procesar los conflictos sociales tan complejos mediante causas penales, hace pensar que se trata de una cuestión de legalidad o ilegalidad, y si se lo entiende así es difícil lograr una solución. “El Gobierno debe sostener la propuesta que tanto esfuerzo llevó construir y adaptarla al nuevo contexto para dar una respuesta definitiva a las familias que estuvieron durante tres meses en las peores condiciones posibles. Esto muestra que se trata de un problema estructural, gravísimo y urgente. El Gobierno tiene los nombres y apellidos, toda la información sobre estas familias, por lo tanto, sería inaceptable que se desentienda. Existen predios donde todavía pueden instalarse de manera transitoria. Y hay en marcha una solución definitiva con un predio donde podrían irse a vivir”

La mesa de diálogo que había creado el gobierno provincial, fracasó.

Cuarenta y ocho horas antes del desalojo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció el lanzamiento del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional que contempla una ayuda económica de 50 mil pesos que podrá ser recibido hasta seis veces por beneficiario. El objetivo es que sea destinado a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como fin resolver el problema existente.

Si bien significa una respuesta ante la emergencia, tiene sus límites. “En la provincia de Buenos Aires es un problema estructural más allá del contexto, hace falta política pública que genere oferta de suelo accesible para sectores medios y bajos. La provincia tiene la Ley de Acceso Justo al Hábitat que reconoce herramientas valiosas para cambiar las dinámicas estructurales y hacer que esos procesos de producción de la ciudad no estén sólo orientados a los negocios inmobiliarios, sino que contemplen la demanda habitacional real”, concluye Miguens.