Clase de represión

Clase de represión

“La educación del pueblo no se vende, se defiende”. Plaza Congreso se vestía de blanco una vez más cuando un nuevo avance por parte de la Policía Federal arremetió con el reclamo de los docentes, reprimiéndolos con gas pimienta y golpes. Tras la represión, cuatro docentes quedaron detenidos en la Comisaría N° 6 con el cargo de “resistencia a la autoridad”. Los maestros, convocados por distintos gremios, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), estaban montando la estructura para armar la escuela itinerante, una medida pacífica para continuar con el reclamo por la apertura de paritarias nacionales y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo. La escuela itinerante es una alternativa al paro como forma de protesta y consistiría en un aula con capacidad para treinta personas, ubicada en un principio frente al Congreso Nacional pero que luego recorrería distintos distritos del país. Según informaron desde los gremios docentes, el lunes habrá un plenario de CTERA donde se decidirán las nuevas medidas para la continuación del reclamo.

En una jornada de manifestación pacífica, que ni siquiera afectaba la circulación vehicular, los docentes permanecían Plaza Congreso desde el mediodía del domingo, cuando comenzaron con el armado de la escuela itinerante. Esta modalidad alternativa se decidió ya que a pesar de los paros y de la gran Marcha Federal Educativa, a la que concurrieron más de 300.000 docentes, alumnos y autoconvocados, el Gobierno Nacional sigue firme en su negativa a llamar a paritarias. Llegada la noche del domingo, los trabajadores de la educación fueron interrumpidos con una violenta represión con gas pimienta y golpes. Cuatro docentes quedaron detenidos, entre ellos, Juan José Mauro y Miguel Acuña, delegados de UTE. A las nueve y media los dirigentes de los gremios comunicaron la desconcentración de la Plaza, pero otras organizaciones llegaron a la puerta del Congreso para manifestar su apoyo a la situación docente y repudiar la acción violenta de la Policía Federal. Hasta la medianoche hubo movimiento en la Plaza Congreso, que una vez más se convirtió en el escenario de la resistencia contra el ajuste del Gobierno de Mauricio Macri.

Luego de la represión, el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, encabezado por Eduardo Macchiavelli, informó mediante un comunicado que se le “sugirió” al personal policial el desarme de la carpa porque no tenían autorización para instalarla. Sin embargo, el permiso había sido solicitado por parte de los gremios docentes, sin haber obtenido respuesta del Gobierno de la Ciudad.

Actualizado 10/04/2017

“Un fallo de época”

“Un fallo de época”

A fines de 2015, luego de un largo trámite y de dilataciones impuestas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) obtuvo la personería gremial. En marzo de este año, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió retirarle la personería y darle lugar a una apelación presentada por la UTA hace más de un año.

Roberto “Beto” Pianelli, Secretario General de AGTSyP, denunció la falta de argumentos de la UTA -y por ello también del fallo de la Cámara- quién impidió en tres oportunidades la realización de la prueba necesaria para determinar cuál es el sindicato con mayor representación. El martes, la AGTSyP presentó una apelación al juzgado para que este caso sea tratado por la Corte Suprema de Justicia. 

Luego de considerar el fallo como parte de una decisión política del gobierno de atacar a los sindicatos opositores, Pianelli reflexionó sobre el rol de los sindicatos en la actualidad y acusó de colaboracionistas a algunos gremios de la CGT que se vieron forzados a actuar.

¿Qué estableció la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo?

Dio lugar a una apelación presentada por la UTA, que sostiene que en el trámite administrativo no se le dieron los suficientes elementos para poder defender su personería gremial. Eso es mentira. La UTA estuvo tres años impidiendo que se haga la comparación entre los gremios, para ver cuál era más representativo. Hubo tres fechas para la compulsa, y en las tres interfirió. En la última, directamente no se presentó. Sin embargo, el fallo dice que no hubo suficientes garantías, y manda el trámite de vuelta al Ministerio de Trabajo para que convoque a una nueva fecha. Obviamente, es un fallo de características políticas. Este Ministerio no va a llamar jamás a una compulsa, porque la UTA es aliada del gobierno actual. Es un fallo hecho a medida, ya que se resolvió en siete días. La UTA presentó hace un año la apelación, pero el Ministerio de Trabajo la tuvo frenada. Cuando decide mandar el expediente, se resuelve en siete días. Es escandaloso, porque claramente no hubo tiempo de haber leído un expediente que lleva años de trabajo, con idas y vueltas, con documentos cruzados y apelaciones, en siete días. Estuvo un año parado, y casualmente lo resuelven en un momento donde hay una ofensiva sindical contra el gobierno. Creemos que es un fallo a medida, un fallo de época.

¿Cómo es el trámite para acceder a la personería gremial y cómo fue en este caso?

Primero es necesario inscribir al sindicato y que te den esa inscripción, en un proceso que no puede durar más de tres meses. En nuestro caso, producto de la presión de la corporación sindical, en vez de tres meses duró casi tres años. Después de la inscripción, debés tomar la decisión, en el momento que consideres adecuado, de pedir una compulsa para tratar de demostrar que tenés mayor representación que el otro,  porque le dan la personería gremial al que tiene más representación. Se mide seis meses para atrás, desde el día que decidís compulsar: en esos seis meses tenés que tener 20 por ciento más de afiliados que el sindicato que tiene la personería. El día que nos presentamos para hacer la compulsa, teníamos 40 por ciento más de afiliados. Si bien el cómputo se considera desde el día solicitado hacia atrás, la compulsa se realizará cuando el trámite administrativo lo considere. Cuando nosotros pedimos la compulsa y el Ministerio de Trabajo lo comunica, la UTA apela y empieza a hacer todo tipo de maniobras jurídicas, logrando demorar más de un año el trámite. Llega un momento que el Ministerio decide poner otra fecha,  pero la UTA judicializa el trámite. Era improcedente, pero el Ministerio no tiene otra alternativa que mandarlo a la Justicia que, luego de un año, termina diciendo que era improcedente. Entonces el trámite vuelve al Ministerio, que fija una nueva fecha y debe levantarla porque la UTA vuelve a apelar. Finalmente, pone otra fecha y nosotros nos presentamos. No hay tiempos establecidos para este tipo de trámites, aunque en general suelen demorar un año. Nosotros tardamos tres, pero hay gremios a los que no convocan nunca, por decisiones políticas.

¿Cómo se mide la representación de afiliados?

Tenemos que presentar los libros con la cantidad de afiliados que cotizan en el sindicato. Y ellos tienen que traer sus libros, demostrando también la cantidad de afiliados cotizando. En su caso es más fácil, porque los descuentos de cotización se hacen en el recibo de sueldo. Nuestro caso es más difícil,  porque la empresa se niega a descontar del recibo de sueldo. Entonces nosotros descontamos vía CBU. Tuvimos que llevar los libros y un montón de papeles que demostraban que durante seis meses, registrado por escribano público y el banco, ingresaba ese dinero de cotización por la cantidad de compañeros. Nosotros llevamos eso, pero la UTA no vino. Como no se presentó, el Ministerio nos dio la personería gremial a nosotros. Cuando termina el trámite administrativo y ya nosotros tenemos la personería gremial, la UTA va a la justicia y dice que no se garantizaron sus derechos durante el trámite. Esto lo hizo la UTA no bien asumió Jorge Triaca como ministro, y sobre esto es que falló a favor la Sala II.

¿Cómo decidieron abrirse de la UTA y formar AGTSyP?

Todos nosotros éramos delegados de UTA. Y la crisis que duró 10 años tuvo que ver con que nos oponíamos a aceptar firmas de convenios que empeoraran las condiciones laborales o implicaran despidos. Siempre dijimos que íbamos a hacer lo que digan nuestros compañeros y eso fue lo que hicimos. Eso generó una contradicción muy fuerte con la conducción. Hubo huelgas organizadas por nosotros, a las que la UTA se oponía y venía a romper con patotas a punta de pistola. Y bueno, llegó un momento en que nos quisieron echar a todos los delegados, y decidimos formar otro sindicato.  

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?

El martes presentamos la apelación al juzgado pidiendo ir a la Corte Suprema. El juzgado puede darnos lugar o puede decir que no. Lo más probable es que diga que no. Entonces podemos ir a la Corte, en queja con el juzgado. Ese es el trámite administrativo, ir a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva sobre este tema. Pero puede durar años. Eso desde el punto de vista jurídico. Pero vamos a ir  a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a presentar una queja por falta de libertad sindical. A los únicos que nos están cuestionando los derechos es a nosotros, porque habíamos ganado la personería gremial y nos la sacaron de una manera trucha. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre. En caso de que quieran llevar esta resolución arbitraria a los hechos y nos quieran impedir que participemos de las paritarias o defender a nuestros compañeros, obviamente vamos a actuar.

¿Cree que esta decisión forma parte del contexto político?

Sí, de un gobierno que está intentando hacer retroceder las conquistas de los trabajadores y de los sectores populares, conseguidas durante los últimos años. Hay una política de flexibilización laboral que intenta bajar las condiciones salariales de los trabajadores, y está recibiendo la reacción de un sector importante del sindicalismo. Pasó con los bancarios a principio de año, y está pasando en este momento con los docentes. Nosotros creemos que este fallo tiene que ver con una política que busca disciplinar a las organizaciones opositoras, y beneficiar a las colaboracionistas, como es el caso de la UTA. Consideramos que  es una decisión simbólica-política, en contra de los sindicatos que se enfrentan al gobierno y a favor de los sindicatos que colaboran con la reacción de los grupos económicos concentrados de ir en contra de los laburantes y los sectores populares.

¿Cuál debe ser el rol de los sindicatos?

En este contexto en particular, los sindicatos tienen que salir a defender las condiciones conquistadas por los trabajadores. Y obviamente, como siempre, un sindicato lo que tiene que hacer es defender los intereses colectivos e individuales de sus trabajadores e intentar mejorar las condiciones, no evitar que las empeoren. Por suerte hay un montón de sindicatos que hacen eso, aunque otros desgraciadamente no.

¿Cuáles son los sindicatos que efectivamente están actuando para defender a sus trabajadores?

Podemos decir que hay sectores como las dos CTA, sectores como la Corriente Federal de la CGT y otros gremios que tienen una política de defensa de los compañeros y han salido a a la calle. Pero también vemos gremios de la CGT –sobre todo la conducción de la CGT– que durante el año hicieron todo lo posible para no enfrentar las medidas del gobierno. Es más, colaboraron. El caso más escandaloso fue cuando se discutió el impuesto a las ganancias. Había una ley que había salido por mayoría de Diputados y, cuando iba a ir al Senado, la CGT arregló una ley que era peor. Fueron a salvarle las papas al gobierno, que había perdido por mayoría en Diputados. En vez de exigir a los senadores que aprueben esa ley, fueron y arreglaron empeorando la ley que ya estaba. Por eso hoy el impuesto a las ganancias es una de las promesas incumplidas de este gobierno, que sacó todos los impuestos para los grupos económicos concentrados y dejó los impuestos que pagan los trabajadores. Hoy los únicos que siguen pagando son los laburantes. Eso se dio gracias a la colaboración de un sector del sindicalismo, cuya mejor expresión quizás es el triunvirato de la CGT, que tiene una política peor que la que tuvo el massismo.

¿Cómo interpreta el conflicto ocasionado durante la última movilización de trabajadores para fijar la fecha del paro nacional?

Nunca en la historia pasó que en una movilización convocada por la CGT o convocada por una conducción que  mueve 500.000 personas, esa multitud te corra del escenario y te grite: “Poné la fecha, la puta que te parió”. Es una situación política de descontrol, producto de que los tipos se estaban haciendo los boludos. Yo creo que ese fue el límite. Si hay algo que no querían hacer, era parar. Pero la gente está cansada, está viendo cómo pierde su poder adquisitivo cotidianamente. Va al supermercado y ve que no alcanza. Hay mucha gente que perdió y pierde su trabajo, y muchos que  están suspendidos. Veníamos de discutir paritarias que mejoraban nuestras condiciones de vida, y pasamos a quedarnos sin trabajo y con paritarias que te bajan esas condiciones. El año pasado, los que mejores firmamos obtuvimos más del 30 por ciento y la inflación fue de 40. Y este año quieren hacer una maniobra, que es lo que están intentando con los docentes, discutir la inflación futura y no la que perdimos. Hay gremios que aceptan esas condiciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires UPCN acepta lo que hoy están rechazando los docentes. Aceptó firmar el 18 o 19por ciento, también aceptando la pérdida de lo obtenido el año pasado, que había firmado por el 20 por ciento. Por suerte, los docentes decidieron que no van a permitir eso.

¿Qué opina del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich?

Si querés empeorarles las condiciones laborales a los trabajadores y a los sectores populares en general, obviamente lo que vas a intentar es acallar la protesta social. Como no quieren acallar la protesta social cediendo a los reclamos de los trabajadores, recurren a los palos. Es la otra pata de la misma política, esa es la tarea que hoy está llevando adelante la tristemente célebre Patricia Bullrich. Como no pueden persuadir a la gente de que vivan cada vez peor, lo van a intentar hacer con garrotes.

 

Actualizada 23/03/2017

“El gobierno busca amedrentar las negociaciones. Es un mensaje cuasi mafioso”

“El gobierno busca amedrentar las negociaciones. Es un mensaje cuasi mafioso”

El sindicato de los bancarios logró obtener el aumento salarial de 24, 3% la semana pasada luego de programar un paro de 72 horas que se levantó una vez obtenido el arreglo. La medida sindical surgió porque el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había decidido no homologar el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias realizado en noviembre pasado, porque el Gobierno planteaba un máximo del 18% de aumento para las paritarias. El acuerdo inicial había sido entre las cámaras que nuclean el 80% del sector financiero, pero no habían participado de este las bancas internacionales, nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina.

La Asociación Bancaria, previo a tomar la medida de paro, accedió a la Justicia, que en enero pasado había resuelto por medio de una medida cautelar que se realizara el pago y estableció que el poder ejecutivo nacional no debía interferir en el acuerdo. El martes se difundió que el Gobierno busca realizar juicio político a los dos jueces que falllaron a favor de los bancarios.

Sergio Palazzo es el titular de la Asociación Bancaria, la preside desde 2013 y lideró la solución del conflicto. En entrevista con ANCCOM analiza la escena actual.

El gobierno decidió hacer juicio político a los dos jueces que tomaron la cautelar para que no se pusiera límite a la negociación las paritarias. ¿Cómo se posiciona el sindicato frente esto?

En realidad la decisión del Gobierno es una insensatez jurídica. La cautelar fue una medida preventiva, no era la cuestión de fondo. Más aún cuando luego el arreglo termina siendo superior a la cautelar. Pero si esto se realizara, vamos a acompañar junto a otros sindicatos a los jueces cuando declaren. También si fuese necesario haremos una denuncia internacional. La medida del gobierno es temeraria. Implica un desconocimiento de la división de poderes, y obliga a pensar que es un gobierno autoritario.

¿Cómo considera que esto puede influir en negociaciones de otros sectores?

El gobierno busca amedrentar este tipo de medidas. Es un mensaje cuasi mafioso. Yo creo que luego de la lucha de bancarias ya no hay techo de 18% en cuatro cuotas como estableció la gobernadora Vidal en el caso de los estatales en Buenos Aires. Habrán acuerdos variables, pero por lo menos se logró sortear lo que se pretendía que fuera una pauta uniforme y que obviaba el sistema de paritarias argentino. El gran mérito de bancarias fue haber sostenido el sistema de paritarias como un sistema de negociación, y no como la imposición de una de ellas.

Se conoció que Cristina Kirchner le realizó una llamada telefónica luego del acuerdo para felicitar al sindicato. ¿Tiene alguna lectura política?

En los medios sólo trascendió la llamada de la expresidenta, pero también llamó el Socialismo, Sergio Massa, el triunvirato, Pablo Moyano y Carlos Melconian. Hay una intencionalidad en ciertos sectores de poder, entre ellos cierta parte del periodismo, de querer instalarnos en esa discusión política. Quienes ahora intentan ubicarme como un «radical cristinista» porque me llama Cristina, son los mismos que antes de decían que era un «radical cobista» cuando hacía paro en su gobierno, por ejemplo con los despidos en la Caja Popular de Tucumán por problemas de paritarias, o por el tema del impuesto a las ganancias, entre otros. Uno siempre está en el mismo lugar. Los políticos se arriman más o se separan de acuerdo a la posición que tengan en relación con las funciones del estado.

¿Cómo hace en su rol de dirigente de los trabajadores para salir las interpretaciones partidarias?

Tengo claro que mientras más cerca de mis compañeros estoy, más lejos del error. Eso ayuda a posicionarme y que los afiliados entiendan cuando hay una operación política. Podrán ponerme en un lugar o en otro, pero mis compañeros saben que fui por lo que me pidieron y que logré lo máximo que podía lograr.

¿Cómo es hoy la relación de la expresidenta con el sindicato?

Tengo un profundo respeto por ella como lo tengo por otros líderes de Estado. Sin duda es una referente política en la Argentina para un vasto sector de la sociedad. La he conocido más después de que dejó de ser presidenta. Antes criticaba más nuestra postura, una vez nos dirigió una cadena nacional para hablar de los bancarios y el impuesto a las ganancias. Bienvenido sea que hoy nos comprenda, al igual que otros dirigentes políticos que llamaron. Yo sigo estando donde siempre estuve, con el anterior gobierno y con el actual.

A lo largo de la historia se analizaron factores que han cumplido la función de columna vertebral para el ejercicio del poder de cada gobierno. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos peronistas, el sindicalismo. En el caso de un gobierno como el de Mauricio Macri, ¿cuál es la columna vertebral?

Sin duda es el establishment. El Estado argentino parece ser una gran empresa manejada por CEOs que administran lo público. Por eso tantos intereses encontrados entre lo público y lo privado, como el caso del correo que se conoció recientemente y muchas otras medidas. Un gobierno que le pone techo a las paritarias, pero no a la suba de los precios de los supermercados es un modelo que tiende a favorecer a los sectores concentrados. Es un gobierno de ricos que gobierna y legisla para ricos.

¿Cómo afecta entonces en el gobierno el desacuerdo con los sindicatos?

Yo creo que son todos efectos negativos. La sociedad va interpretando cada vez más su forma de gobernar. Habían generado cierta esperanza en algún momento, en algún sector de la sociedad como la clase media, y por eso llegó a ser presidente. Hoy en día es la clase más afectada.

Hay un desacuerdo latente todavía, el proyecto de que las farmacias y supermercados tengan funciones bancarias, como abrir cuentas, entre otras cosas. ¿Cómo los afecta? ¿En qué situación se encuentra el proyecto?

El proyecto no se termina de cerrar porque hay una fuerte resistencia nuestra. No sólo por la flexibilización laboral que implica para el sector, sino también porque se pierden determinados controles que sirven para evitar el lavado de dinero. Un trabajador que está en la farmacia o el supermercado no está especializado en controles, y además no puede estar abriendo una caja de ahorro mientras está cobrando un carrito de supermercado, porque algo se le va a pasar de su atención. Es un riesgo muy alto.

¿Cuál es la postura del sindicato frente a la plataforma digital que permite la venta y compra de billetes de un banco a otro, sin la intervención del Banco Central (BCRA)?

Es una operación entre privados que genera pérdida de puestos de trabajo y mayores costos a los clientes. La plataforma funciona de la siguiente manera: si alguien tiene dinero ahorrado en billetes de 10 pesos y los quiere cambiar, otro banco se los cambia, pero considerando cada billete a 9,95 pesos, por ejemplo. Están comprando y vendiendo plata entre privados. Antes si había excedentes o faltantes se recurría al BCRA. La nueva operación genera pérdida de valor en la moneda.

¿Cómo es que el sindicato bancario se convirtió en uno de los más combativos, considerando que se compone en su mayoría de la clase media?

La resistencia sindical en la historia del sindicalismo siempre vino por los sindicatos que estuvieran en mejores condiciones. Por un lado, es una responsabilidad social. Por el otro, hay más probabilidades de éxito en la lucha. A un trabajador de un sindicato pequeño se le hace más difícil. No porque las convicciones sean distintas, sino porque al ser chico el sindicato no tiene el poder de fuerza. Además, un día de descuento por paro hace que quizás no pueda llevar un plato de comida a su casa. Para dar un ejemplo, el Cordobazo en 1969 surgió del sindicato de Luz y Fuerza. Julio Anguita, el presidente del Partido Comunista español ha dicho una vez que la revolución siempre se hace con la panza llena, porque el que no la tiene piensa en otras necesidades. Por eso generalmente los sindicatos con mayor poder adquisitivo y mayor poder tienen una responsabilidad mayor.

¿Cómo se genera consenso dentro de un sindicato donde muchos votaron al gobierno de Mauricio Macri?

Con un discurso transparente y mucho debate. Este sindicato es la más acabada expresión de la clase media argentina, por la variedad y crisol ideológica de cada uno de sus afiliados. La clase media argentina suele ser bastante espasmódica, reacciona cuando ve afectados sus intereses, y muchas veces no lo hace cuando le sucede al resto de la gente en el país. El bancario está cambiando mucho. Mira lo que le pasa a los demás trabajadores. Eso tiene que ver mucho con el discurso del sindicato, que es muy amplio, que busca no sólo cuidar los puestos dentro del sistema financiero, sino también afuera. Porque cuando caen afuera hay consecuencias adentro. Si hay menos trabajadores, hay menos cuentas sueldos, se entregan menos préstamos, va a haber problemas en las tarifas de créditos, etc. La caída tarde o temprano termina afectando. Por eso hemos logrado que el trabajador bancario se haga solidario de las luchas.

Desde su postura radical, ¿cómo ve el accionar de su partido dentro del gobierno actual?

No comparto que estén formando parte de una propuesta de derecha que no respeta las instituciones, cómo es el claro ejemplo de la decisión de hacer juicio político hacia los jueces. El Gobierno está avanzando en una flexibilización laboral que es muy parecida a los años noventa. En esos años las pasantías, programas de primeros empleos, las quitas de cargas sociales a las empresas crearon la tasa de desocupación más alta de la Argentina y la precarización laboral de quienes ya tenían empleo. Ni yo, ni el sindicato  compartimos el proceso de flexibilización laboral que pretende llevar el Gobierno actual.

¿Cómo vislumbra el escenario político para las elecciones de octubre?

La tarea del sector político argentino tiene que ser construir un espacio político donde converja, independientemente del origen partidario, una propuesta que contravenga con la actual, a través de un referente que genere esperanza. Porque sino, el descontento a Macri termina en el «que se vayan todos» del año 2001. Se debe volcar esto a la política misma, para generar cambios a través de esta.

Actualizada 23/02/2017

Otra denuncia contra Manguel

Otra denuncia contra Manguel

Trabajadores de la Biblioteca Nacional (BN) denunciaron haber recibido amenazas de despido por replicar en las redes sociales el informe de un portal de noticias que apuntaba al director del organismo, Alberto Manguel, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos para viáticos. Los empleados advirtieron que existieron directivas del director de la BN a los responsables de diferentes áreas para que intimen a los trabajadores a evitar la divulgación de lo que considera una “campaña de difamación”. La denuncia derivó en un pedido de audiencia de los delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) con el ministro de Cultura, Pablo Avelluto.

“Tienen dos opciones: o se dejan de entorpecer nuestras tareas comunes por medio de alarmar y acusaciones repetidas sin fundamento, o buscan trabajo en otra parte. Este es un país libre y nadie está obligado a permanecer en una institución que juzgan fraudulenta”, fue el mensaje que recibieron los empleados, según pudo reconstruir ANCCOM.

El artículo que los empleados difundieron en sus redes sociales fue publicado por el sitio Letra P el 24 de noviembre pasado. La nota detalla que en apenas cinco meses de gestión, Manguel lleva gastados más de 400 mil pesos de viáticos para sus viajes alrededor del mundo. El salario del director de la BN es del mismo rango de un secretario de Estado: 150 mil pesos.

La unión hace la fuerza

Tres de los cuatro trabajadores afectados pertenecen a ATE. Decidieron unirse a UPCN en la denuncia y, sin excepción, pidieron preservar su identidad.

Las tensiones en la Biblioteca no son nuevas. En marzo, los trabajadores lograron reincorporar a 140 de los 240 despedidos en el primer ajuste laboral de la administración de Cambiemos. “En este contexto, cuando un director amenaza con despedir, por más que sean dichos de la bronca del momento, nosotros nos tenemos que plantear como trabajadores y exigir una respuesta”, explicó uno de los afectados a esta agencia al anticipar el pedido de audiencia con Avelluto.

El miércoles 7 de diciembre cada gremio hizo una asamblea y luego realizaron otro plenario en conjunto. Ambas comisiones internas declararon el estado de alerta y movilización al considerar que las directivas representan “prácticas persecutorias que atentan contra la libertad de expresión”.

Javier Arone, delegado de UPCN, advirtió que los dichos de Manguel “no fueron muy oportunos” y subrayó que los gremios están aguardando todavía que el director del organismo cultural “se explique un poco”. “Es importante que la libertad de expresión no se pierda, especialmente en una institución como la Biblioteca Nacional”, subrayó.

Desde UPCN, advirtieron que hasta este episodio “había un canal de diálogo que estaba funcionando muy bien con este nuevo director”. “Ese diálogo se frenó y ahora estamos esperando que se recomponga”, agregó Arone. 

Juan Domingo Pignataro, otro de los delegados de ATE, advirtió que la denuncia del gremio va más allá del conflicto público por el destino de viáticos. “Lo que impugnamos es el hecho autoritario de decir que un trabajador pone palos en la rueda por reenviar un mensaje. Estamos hablando de mensajes que es de la vida privada de cada uno”, puntualizó.

Y completó: “Después de todo lo que pasamos con los despidos no vamos a tolerar este tipo de accionar ya que vulnera los derechos individuales y colectivos cercenando la libertad de expresión y pensamiento”.

Los gremios aguardan para los próximos días la reunión con Avelluto. Hasta entonces, los trabajadores siguen esperando escuchar la voz del director de la Biblioteca Nacional.

 

Actualizado 21/12/2016

Reporterazo

Reporterazo

En mayo de este año, el Grupo Octubre -encabezado por el secretario general del gremio de los trabajadores de edificios, Víctor Santa María- presentó su fusión con el diario Página/12. Desde entonces, los trabajadores mantienen un conflicto paritario con la empresa, que ofreció aplicar un aumento del 24,9% anual, sin otorgar ningún bono a los trabajadores, una cifra que está casi 20 puntos por debajo la inflación. Por esta razón, desde la semana pasada y hasta este miércoles la publicación salió sin firmas como señal de protesta.

El secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Tato Dondero, denuncia que la cifra del aumento fue impuesta por la cámara de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), entidad que “no representa los intereses de los trabajadores de prensa”. Como contrapartida, el personal Página/12 exige un salario digno. Diego Martínez, delegado de la comisión interna del diario y redactor en la sección política, manifestó en diálogo con ANCCOM, que “el Grupo Octubre no da respuestas” y “que ha apelado por tercera vez al Ministerio de Trabajo, en donde el jefe de esa cartera, Jorge Triaca, volvió a dictar la conciliación obligatoria”. Para Martínez, “la conciliación planchó el reclamo” porque “el abogado que representa a la empresa, en la mesa de negociación con el Ministro y los representantes de los trabajadores, sigue sin ofrecer nada”. El Grupo Octubre tampoco dio ninguna respuesta ante la requisitoria de este medio para dialogar sobre el tema.

 

 

Este miércoles, termina la tercera semana de la última conciliación obligatoria dictada el mes anterior, y el Grupo Octubre se mantiene firme en su postura de darle a los trabajadores un 27% de aumento a cobrarse en cuotas durante trece meses, lo que anualizado da solo un 24,9% de incremento. Mientras tanto, los trabajadores de Página/12 publicaron una edición paródica del diario titulada “Caras y Caretas”. Los empleados subrayan que, además del titular del Grupo Octubre, Santa María es  Secretario de estadísticas en la CGT. “Reclama para su gremio lo que en su empresa no aplica”, dicen los delegados del diario en referencia al acuerdo paritario firmado por SUTERH, donde se detalla un 27,5 % de aumento hasta noviembre de este año, fecha fijada para la reapertura de paritarias. Por eso, como novedosa acción de protesta a la que denominaron Reporterazo, periodistas y administrativos decidieron baldear las veredas “para ver si Santa María registra que somos trabajadores”.

 

 

Actualizado 09/11/2016