Jul 14, 2016 | inicio
“El Isauro Arancibia amaneció con una triste noticia”, comunicaron desde el centro educativo para chicos y chicas en situación de calle ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Si ya estaban preocupados por la amenaza de demolición –debido a la construcción del Metrobus programada para inicios del 2017–, los docentes y estudiantes de la escuela recibieron otro duro golpe. En la madrugada del 13 de julio, la puerta lateral del edificio fue violentada para robar y destrozar el establecimiento. Se llevaron materiales del jardín maternal y maquinarias del emprendimiento gastronómico autogestionado por los jóvenes que asisten allí.
Según detallaron los trabajadores del centro educativo, luego de violentar la entrada ubicada sobre la calle Cochabamba y de destrozar varias puertas, los intrusos llegaron a las salas donde funciona el jardín maternal y robaron ropa de bebé, leche, pañales y juguetes. Además, rompieron los armarios y se llevaron materiales didácticos. “Había un montón de cosas. El día anterior habíamos recibido una donación de leches maternizadas y de cremitas para los bebes. Se afanaron todo”, contó a ANCCOM la docente Lila Wolman. También atacaron el lugar donde los estudiantes realizan los emprendimientos gastronómicos. Destruyeron armarios, se llevaron elementos que se utilizan para cocinar, comida que tienen los chicos para desayunar, un horno industrial de mucho valor –donado por la Embajada Suiza–, dos microondas, cafeteras, y mercadería. “O sea, usaron un auto, o una camioneta. A la noche hay una chica de seguridad puesta por el Gobierno de la Ciudad, pero dice que no escuchó nada. Es rarísimo”, opinó Wolman. Según explicó Susana Reyes, directora del centro educativo, la empresa que se encarga de la seguridad es gestionada por el Gobierno y hace años que custodia el edificio. “No se puede creer lo que pasó. Incluso a la policía, cuando hicimos la denuncia, le resultó raro”, aclaró Reyes.
El 13 de julio a la madrugada fue violentada la puerta de la calle Cochabamba, destrozaron varias puertas, entraron al jardín de infantes, se robaron ropa de los bebés, juguetes, rompieron armarios y sustrajeron materiales didácticos.
“Los chicos están destrozados. Todos los que están en el emprendimiento de cocina lloraban, porque dicen que esto les va a significar un gran retroceso, porque no van a poder trabajar”, lamentó Wolman. Pero agregó: “Tenemos que reciclar para seguir. No bajar los brazos. No lo van a conseguir”.
El episodio contra la Isauro Arancibia ocurre en el mismo mes en que una patota destrozó las instalaciones donde funciona el diario Tiempo Argentino y Radio América, sin impedimento policial, y al igual que el saqueo y destrozo de la parroquia de Isla Maciel, y el intento de detención de un hombre que viajaba en el tren con un cartel contra las políticas de ajuste del gobierno. “Ese mismo día le rompieron un vidrio al Club Atlético. No parecen chorros. Hay que tener una organización para llevarse todo esto. No sabemos quién fue, pero estamos preocupados, y asustados. Porque esto parece una provocación”, agregó Wolman. Laura Duguine, arqueóloga del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, contó a ANCCOM que horas antes el área administrativa de este Sitio de Memoria también sufrió un intento de robo. “Rompieron un candado, entraron a un área de tránsito del Gobierno de la Ciudad y ahí rompieron un vidrio para acceder a la sala de exhibición. No llegaron a pasar porque todavía había gente y los escucharon”, explicó. Por otro lado, también hubo un intento de ingreso a la plaza “30.000 compañerxs” –frente al Sitio de Memoria– que fue desalentado por personal de seguridad de dicho espacio.
“Los chicos están destrozados. Todos los que están en el emprendimiento de cocina lloraban, porque dicen que esto les va a significar un gran retroceso, porque no van a poder trabajar”, lamentó la docente Lila Wolman.
El Centro Educativo Isauro Arancibia logró detener, en 2014, la construcción del Metrobus de Paseo Colón que hubiera implicado la demolición del edificio. Ahora, las autoridades porteñas volvieron a la carga con el proyecto y otra vez el emprendimiento educativo se encuentra amenazado. Luego de lograr que el Gobierno de la Ciudad comience con las reformas edilicias comprometidas con el Instituto –con un presupuesto de 14 millones de pesos, aprobado en 2011 a partir de la venta de terrenos en Catalinas– y a días de su inauguración, permanece en la incertidumbre ante el nuevo peligro de demolición que implica el trazado del Metrobus de la avenida Paseo Colón, previsto para 2017.
A pesar de haber realizado un pedido de informes sobre su situación, la comunidad del Isauro Arancibia no recibió ninguna información oficial. “Respecto a la demolición no tenemos respuesta. Suspendieron otra vez la Comisión de Educación en la Legislatura. No entendemos qué pasa, por qué no laburan. Los que tienen el quórum son los del PRO, entonces ellos dicen que no, y es no. Es la tercera vez que nos cancelan. Encima ahora entran en feria y hasta agosto no tenemos posibilidad”, expresó Wolman. El viernes 24 de junio, en Radio del Plata, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre la construcción del Metrobus en Paseo Colón, y ante la pregunta de un oyente sobre la situación del Isauro Arancibia aseguró que “la idea es trasladarlo”. Afirmó que incluso ya está acordado el predio alternativo, que será en la misma zona y respetará las vacantes actuales. Sin embargo, según explicó Susana Reyes a ANCCOM, en el centro educativo no recibieron ninguna información al respecto. “No contestan. Suspendieron todas las reuniones. Larreta anunció que nos trasladarían pero nunca nos contactó para notificarnos, ni para hablar sobre el tema”.
«Larreta anunció que nos trasladarían pero nunca nos contactó para notificarnos, ni para hablar sobre el tema”, explicó la directora de la institución, Susana Reyes.
Este viernes a las 9.30 se realizará una conferencia de prensa en la sede del centro educativo –Paseo Colón 1318– para comunicar lo sucedido y debatir sobre la coyuntura que transita la escuela. La inauguración oficial de la sede reformada está prevista para los últimos días de agosto. “Nosotros vamos a seguir. Vamos a continuar trabajando y festejando todo lo que tenemos y todo lo que hemos conseguido. Esto no nos va a tirar abajo”, concluyó Reyes.
Actualizado 14/07/2016
Jun 1, 2016 | destacadas
Los médicos residentes de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en estado de alerta desde el 3 de mayo pasado. Si bien los profesionales de la salud acordaron en paritarias con el Gobierno porteño un aumento del 17,4% anual, la cifra no satisface las necesidades de los trabajadores residentes. Por eso, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ya realizaron marchas y dos paros en el último mes. Además, se declararon en asamblea permanente.
Además del reclamo salarial, los residentes buscan mejoras de las condiciones de su trabajo y tener representación propia en las negociaciones. La demanda es realizada por gran parte de estos profesionales que prestan servicio en los 33 hospitales porteños, pero el cuerpo de médicos residentes del Hospital Gutiérrez es uno de los más organizados.
El aumento paritario pactado por la Asociación de Médicos Municipales, dirigida por Jorge Gilardi, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), está pautado en tres partes: la primera, de un 18,4% a cobrar a partir de mayo mes de mayo; la segunda, de un 7,4% a partir de septiembre, y por último un 8% que se haría efectivo en noviembre. Con disgusto, la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Gutiérrez explican que el incremento representa “de enero de 2016 a enero de 2017, un 17,4% de aumento”.
A primera hora del miércoles 11 de mayo de 2016 los residentes del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutierrez llevaron a cabo un paro y realizaron una asamblea con residentes de otros hospitales para reclamar por el acuerdo de sus paritarias.
¿Qué es un residente?
El trabajo de un médico residente no es siempre valorado. “Piensan que no somos médicos. Sin embargo, ya estamos recibidos y matriculados”, explica Inés Gavagnin es R1, la categoría correspondiente a los residentes recién ingresados.
El período de residencia es una etapa optativa en la que los médicos buscan especializarse en alguna rama de la medicina. Los residentes de un hospital público ingresan por concurso. Según el puntaje obtenido, pueden elegir en qué institución trabajar. Una vez dentro del hospital, tienen cuatros años para profundizar en el área seleccionada y, por trimestres, van rotando por diferentes secciones dentro de la especialidad que eligieron.
La desconfianza en la labor del residente se suma a un cierto descuido por parte del sistema que los regula. La Ordenanza Municipal N° 40.997 (y sus modificaciones, que reglamenta la actividad de residencia), no concibe, entre otras cosas, la licencia por estrés. “La normativa contempla de la misma manera a un profesional residente de cirugía, a uno de psicología o a otro de trabajo social”, explica Gavagnin.
En el hospital, cada área tiene un jefe de planta y médicos que ejercen en el sector. Ellos son los responsables del trabajo en el lugar. Pero, en la dinámica actual, los que brindan la atención directa hacia el paciente en muchísimos casos son los residentes. Bajo la lógica de que “tienen que aprender” son ellos los que revisan, diagnostican y realizan las interconsultas con otros sectores. El horario de trabajo es de ocho horas diarias, con un mínimo de seis guardias por mes, entre las que se encuentran las de los fines de semana, que son de 24 horas.
El horario de trabajo de los residentes es de ocho horas diarias, con un mínimo de seis guardias por mes, entre las que se encuentran las de los fines de semana, que son de 24 horas.
Múltiples tareas
Guillermo Moscatelli es médico de planta, miembro del equipo de Parasitología y Chagas del Hospital Gutiérrez. “Si bien la responsabilidad de sectores tales como Internación o Guardia es de los médicos de planta –explica-, sin el trabajo de los residentes no podrían llevarse adelante los servicios”. Destaca que los residentes “ocupan el rol de un médico común” y agrega que “revisan a los pacientes, les sacan sangre y mandan las muestras al laboratorio. Hacen el trabajo de un médico y de un enfermero”.
En este contexto, los residentes se encuentran, también, inmersos en el abandono de los hospitales de la Ciudad. La falta de personal hace que terminen realizando tareas que no les corresponden, como las de los enfermeros, camilleros y hasta las de los trabajadores sociales. Gavagnin, quien trabaja en el sector de Internación Clínica, explica: “Son dos camilleros para todo el hospital. Entonces no los podemos contar. Estás una hora afuera, acompañando a la mamá, con el tubo de oxígeno y el nene en la camilla”. Además completa: “Tenemos mucho trabajo administrativo. Hay chicos que vienen con causas judiciales, familias que no pueden cuidarlos y el sector de Servicio Social tiene cuatro o cinco trabajadoras sociales para todo el Hospital. Entonces nosotros les hacemos los trámites, de leche o insumos, por ejemplo”.
Los profesionales señalan que no faltan medicamentos pero denuncian que carecen de elementos imprescindibles para las secciones administrativas y que las instalaciones del Hospital no están a la altura de las necesidades que se requieren para la atención correcta de los pacientes. Aún así, Gavagnin reconoce que las condiciones de trabajo para un residente del Gutiérrez son mejores a la de otros establecimientos públicos.
Con respecto al paro realizado por los residentes del Hospital Gutiérrez, los días 11 y 12 de mayo pasados, el Departamento de Prensa del Ministerio de Salud porteño expresó, sin identificar la voz de la declaración, su desconocimiento al trabajo del residente: “Sin ellos la atención se realiza igual, son los médicos de planta los que tienen la agenda del sector y hacen las cosas”.
Julián Rodríguez Kibrik tiene categoría R4 en el Gutiérrez -atraviesa su último año de residencia- y explica: “La situación de desprotección llega a que no se nos esté liquidando el sueldo como corresponde. El salario de un médico residente es 1,25 del salario de uno de planta por 24 horas de trabajo. Pero desde hace años, ese cargo es por 30 horas y eso no se trasladó a los residentes. Un R1 cobra en mano $13.500 mensuales con la responsabilidad que su cargo implica”.
Los residentes del Gutiérrez insisten con la reapertura de las negociaciones paritarias –reclaman un 40% retroactivo a enero- a pesar de que desde la Asociación de Médicos Municipales propone esperar hasta septiembre, cuando les darían representación en una mesa “pre-paritaria”. Los residentes van más allá y piensan elaborar un proyecto de una nueva ley de residencias, en la cual ellos puedan tener participación. Para esto ya cuentan con el asesoramiento de los legisladores Marcelo Ramal (Frente de Izquierda de los Trabajadores) y Carlos Tomada (Frente para la Victoria).
En el sector de la salud se dificulta la organización sindical. Dada la responsabilidad y dinámica propia de la tarea, nunca el paro es total. Cada profesional se maneja de manera autónoma y puede seguir trabajando a pesar de que se realice una medida de fuerza. Sin embargo, el 18 de mayo se realizó un paro de médicos de planta, también por reclamos referidos al bajo número acordado en paritarias con el GCBA. La salud pública sigue en crisis.
Actualizado 31/05/2016
May 31, 2016 | inicio
Es martes a la tarde y en el Liceo N°4 Remedios de Escalada de San Martín alumnos y docentes se preparan para el acto patrio en conmemoración por el 25 de mayo. Un hombre de expresión severa en un sobretodo azul oscuro está dando indicaciones precisas al personal de limpieza. Su nombre es Diego Laplacette y es el rector de la escuela, en la que hace un mes desembarcó un proyecto de co-docentes en las aulas, conocido con el nombre Pexa, un programa impulsado desde el Ministro de Educación porteño en asociación con Enseñá por Argentina, una ONG en cuyo consejo asesor participan el ex ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa, el economista Juan Llach, y Gustavo Iaies, ex viceministro de esa cartera durante el gobierno de la Alianza y actual asesor de Sergio Massa.
«Para averiguar sobre el programa deberías hablar con Paula Nese, la asesora pedagógica de la escuela, decile que vas de parte mía, la encontrás en el segundo piso», indica Laplacette y prosigue con su tarea.
«No a las drogas», se lee en más de uno de los afiches confeccionados por alumnos que cuelgan en las paredes de los pasillos. «Sí al boleto estudiantil», reza uno de los graffiti en el patio a cielo abierto. En la oficina del segundo piso no está Paula Nese sino una compañera suya que aguarda la llegada del SAME para que atienda a un adolescente que se golpeó durante esa jornada. «El programa de las parejas pedagógicas está funcionando en la escuela actualmente, pero hubo problemas con eso, hay docentes que no los quieren y también hubo problemas con el gremio», comenta.
En total son cuatro las personas adentro de la oficina, en la que apenas caben el escritorio con tres sillas, y un gran armario de metal. Los otros dos son promotores del Gobierno de la Ciudad que acaban de llegar de la calle: su trabajo consiste en averiguar por qué algunos alumnos dejaron de asistir a clases y hacer que vuelvan a las aulas. «La idea es articular nuestro trabajo con el de los Pexa (miembros de la ONG Profesionales de Enseña por Argentina) para que los chicos no queden tan colgados cuando vuelven a las clases después de varias semanas sin asistir y puedan retomar el ritmo», aporta uno de ellos, entusiasmado. Minutos después llega Nese a pasos apurados, lleva consigo una notebook de Conectar Igualdad y varios papeles, está trabajando a contrarreloj para un proyecto de la escuela y le está resultando difícil encontrar un lugar donde poder concentrarse.
Formando líderes
«Postulá a nuestro programa de formación en liderazgo dando clases en las comunidades educativas que más lo necesitan y sé parte del cambio», invita el sitio de Enseñá por Argentina. «En nuestro país, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos están casi dos grados escolares por detrás de niveles socio-económicos altos», aseguran desde la web. Al pie de la página figuran los socios de la organización, casi todos ellos empresas privadas extranjeras: Microsoft, Nestlé, Ogilvy, Roche, DHL, Direct TV, HSB, Galicia, Supervielle, Deutsche Bank, Western Union, LAN, entre otros.
«Para postularte solo necesitás un título de grado», aseguran desde la ONG en conversación telefónica, «no hace falta que seas docente ni que hayas hecho las materias pedagógicas de la carrera. Durante el voluntariado necesitamos que trabajes full time, 30 horas por semana, y nosotros te becamos el profesorado en un instituto privado. Ahora, si vos preferís hacer las materias del profesorado en una universidad pública es válido también, lo podés hacer por tu cuenta».
En este momento, Pexa toma solicitudes para el ciclo lectivo 2017. La postulación se realiza por medio de un escueto formulario web, y luego comienza el proceso de “Reclutamiento y Selección”: entrevistas grupales, entrevistas individuales, un curso de ingreso y más tarde las prácticas dentro del aula.
¿Trabajo precario?
«El proyecto llegó a la escuela, el rector lo aceptó, y yo trabajo en la articulación. La realidad es que este año el Gobierno de la Ciudad quitó bastantes recursos, y nos ofreció este programa», explica Nese. «Los co-docentes trabajan en las aulas junto con los docentes, nunca están a solas frente a la clase. La responsabilidad civil la tiene el profesor, y en caso de que éste haya faltado, de ninguna manera el co-docente queda a cargo de la división». Durante la conversación con la asesora pedagógica, salen y entran de la oficina chicos de la escuela preguntando por las fechas de los exámenes de materias adeudadas. «De matemáticas no va a haber, no hay fondos para pagarles horas extra a los profesores que tienen que tomar», repite una y otra vez. «Como ves, hacen falta muchas cosas en la escuela, y para mí la ayuda siempre es bienvenida, venga de lo público o de lo privado», justifica.
Los Pexa dedican veinte horas de su carga horaria como pareja pedagógica y diez a la planificación de proyectos institucionales. Se estima que ganan entre cuatro y cinco mil pesos por mes, que se les paga con fondos del Ministerio de Educación porteño a través de la ONG. Juan Martinena, delegado gremial de Ademys en el Liceo Nº 4, considera que se trata de trabajo precarizado que va contra el estatuto docente. «Los co-docentes entraron al colegio por la ventana. Se comunicó como un hecho consumado que iban a empezar a venir en una reunión de profesores por cargo, no se decidió conjuntamente. Tengo entendido que ni siquiera se comunicó a los padres de los chicos esta decisión», comenta preocupado.
Para dar clase en escuelas públicas hay que pasar por un proceso que incluye la suma de puntajes, títulos, cursos, consulta de antecedentes, apto médico y psicológico. Los cargos disponibles se publicitan mediante acto público para asegurar un acceso democrático y transparente a las funciones. «Con el programa Enseña por Argentina se está precarizando la formación del que está dentro del aula, no se sabe con qué mecanismos se los selecciona, porque eso depende de los coordinadores de la ONG», sostiene Martirena. Resalta el hecho de que en Enseña por Argentina se fomenta la formación en institutos de enseñanza privada por medio de becas, en detrimento de los profesorados públicos.
Por el momento, muchos de los docentes del Liceo Nº 4 optaron por no dejar que los co-docentes ingresen a las aulas, ya que el programa es optativo. La objeción no es contra los individuos que se desempeñan en la ONG, sino contra la forma en que fue implementado, que implica una intromisión de lo privado en la educación pública.
La decisión que el programa se implemente en el establecimiento la tomó Eduardo Toscano, supervisor de la región. A pedido de los docentes, acudió a la escuela para dar detalles sobre el proyecto. «El supervisor no conocía el convenio por el cual la fundación entra a las escuelas públicas. Lo que yo entiendo es que se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirma Martirena.
«Se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirmó Martirena.
Profesionales que quedan afuera
En 2007, bajo el gobierno de Jorge Telerman, en la ciudad de Buenos Aires se creó la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, dictada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), una institución educativa pública y gratuita. La carrera propone una formación integral de los educadores, teniendo en cuenta ámbitos educativos diversos, con eje en la visión de la educación como un derecho. Propone una actitud crítica y reflexiva ante la educación y la concepción del sujeto. Los egresados de esa carrera llevan años intentando lograr modificaciones o excepciones en el estatuto para poder acceder a cargos en escuelas públicas ya que cuentan con formación idónea para desempeñarse como asesores pedagógicos dentro del Estado, pero no han recibido respuestas del gobierno en todos estos años.
“En Enseña por Argentina trabajan con el (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de exámenes estandarizados elaborados con los parámetros de países centrales, que desconocen los procesos de profunda desigualdad que dan lugar a la realidad educativa de nuestro país”, comenta una egresada de la institución que prefiere mantener su nombre bajo reserva, ya que trabaja en el Gobierno de la Ciudad. “La mejora de la educación –agrega- se tiene que realizar por medio de políticas públicas que atiendan las contradicciones de un Estado que legitima la desigualdad. Esta ONG, en su web, dice que está orientada a formar en el liderazgo; es decir, propone un horizonte educativo que tiene que ver con el mundo empresarial”.
Gabriela Pignataro, una estudiante de la carrera del ISTLyR, considera que la implementación de la ONG es una “pantalla de voluntariado que esconde un negocio”. Y agrega: “He visto avisos para trabajar en esta organización publicados en Zona Jobs como trabajo pago. Los cargos técnicos en las escuelas deben otorgarse a personas que estén formadas con una mirada en procesos educativos. Un título universitario no te garantiza una mirada pedagógica. ¿Cualquiera puede estar dentro de un aula?”.
Toma de posiciones
La implementación del programa de co-docentes en Capital Federal trascendió gracias a una denuncia de Ademys, pero lleva años siendo implementado en las provincias de Córdoba y Salta. No es la primera irregularidad en la injerencia de ONGs en la escuela pública: diez días atrás, la Justicia Porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niños, niñas y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG ILSI (International Life Sciences Institute) realizaba en establecimientos porteños a través del programa Mi Escuela Saludable. La organización estaba sustentada por multinacionales como Monsanto y Coca-Cola.
El motor que impulsó la visibilización del caso de Mi Escuela Saludable fue la acción de los padres de la Cooperadora de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, en donde se intentó implementar el programa. “Cuando vino Cecilia Antún, la coordinadora del programa, a hablar con los padres para que firmáramos la autorización para realizar los estudios, no nos pudo dar explicaciones acerca de si esos análisis estaban aprobados para ser realizados en niños, ni tampoco podía explicar por qué se había elegido a ILSI, una institución cuestionada a nivel mundial, y ni siquiera nos pudo decir para qué serían utilizados los datos que ellos deseaban relevar. Cuando le preguntamos si los resultados del estudio serían aplicados al menú del comedor escolar nos dijo que el programa no tiene articulación con los comedores escolares”, comentó Diana Reingart, tesorera de la Cooperadora y madre de dos alumnos de la escuela.
Desde Ademys están trabajando estrategias para revertir esta tendencia de las ONG: “La escuela se debe organizar y dar el debate. Hay que transmitir a los docentes que el directivo no es el dueño de la escuela. Por otro lado, es preciso analizar cuáles son los recursos genuinos que le hacen falta a cada institución y de esta forma evitar las decisiones tomadas por medio de votaciones ideológicas”.
Actualizada 31/05/06
May 26, 2016 | inicio
El plato de lentejas y los comensales están listos. La asamblea programada para las 13 ya puede comenzar. “¿Quién está yendo a la escuela?”, se les pregunta a los adolescentes sentados alrededor de la larga mesa. “Yo esta semana no fui, estaba cruzado y no quería agarrármela con el psicólogo. Después iba a tener cargo de conciencia, el pobre tipo no tiene nada que ver”, responde uno de los jóvenes. “Ir a la escuela a veces es como ir al dentista. Si te duele mucho una muela, ¿por qué no ir? Cuando uno más cruzado está es el mejor momento para ir a la escuela, porque te pueden ayudar”, le explica Claudio Di Paola. Es el director, junto a Edgardo Tabasco, de “La verdadera casa para vivir”, nombre del hogar que el centro educativo Isauro Arancibia ha logrado conseguir para que chicos y chicas en situación de calle que hayan tenido un paso por la institución tengan un lugar para habitar y puedan formar un proyecto propio.
En el 2006 los maestros y directivos del Isauro Arancibia decidieron formar una asociación civil para intentar conseguir un lugar en el que pudieran vivir los alumnos que más lo necesitaran, ya que los hogares que existen son para menores de 18 años y, pasada esa edad, el Estado ofrece paradores “que son horribles, son para parar, no para vivir”, explica Susana Reyes, directora de la escuela. Recién a finales de 2015 consiguieron que un banco industrial les alquile una vivienda por tres años. “El gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí hicimos con él fue un convenio que se le da a todos los hogares de la ciudad, que es una determinada cantidad de plata para la comida”, aclaró y continuó: “El eje de la casa es el proyecto de vida de los chicos, es un hogar de tránsito, para vivir un tiempo, para que hagan pie para su proyecto. Ellos están ahí para pensarse, para decidir qué es lo que quieren, porque en la calle no se puede. Y en un año y medio o dos poder irse. La idea es que laburen. Les vamos a abrir una caja de ahorro para que vayan ahorrando y que en dos años se puedan ir”.
La casa abrió sus puertas en diciembre de 2015, y en enero los primeros en llegar ya estaban instalados. Actualmente viven nueve chicos y durante este mes ingresarán algunos más, ya que pueden vivir hasta 18 adolescentes. Daniel Santamaría, uno de los chicos que habita allí, contó que el sueño de la casa propia lo tenían hace mucho tiempo. Por eso, junto a otros compañeros, conformaron la agrupación Hermanos de Calle: “Nos juntamos y fuimos a una banda de lados para que se haga una casa linda. Hicimos marchas, fuimos a la Legislatura. Primero nos dieron los hoteles a un par que vivíamos en la calle. Y como estaban sacando gente de los hoteles, Susana quiso hacer un proyecto que sea más accesible para nosotros y que no nos quedemos en la nada”, dijo.
Martin Lang, trabajador social que forma parte del equipo técnico de acompañamiento de la casa, explicó que la apuesta del proyecto “es que estén el menor tiempo posible, sabiendo que son chicos que no tienen vidas sencillas y que la construcción de un proyecto autónomo es un camino largo y complejo. Con cada uno hay un proyecto de trabajo, con cada uno se construye un rumbo”. Lang y la psicóloga Aixa Flores se encargan de la garantía de algunos derechos como la educación, la salud, la identidad, y el acompañamiento jurídico. “Trabajamos con el afuera de la casa, con tratamientos de salud y tratamientos terapéuticos que los chicos quieran empezar, o que nosotros le propongamos porque se están zarpando con el uso de drogas o se están yendo de mambo con el alcohol”, comentó.
Además del equipo técnico, con los chicos viven acompañantes que los guían en el proceso de conformar un proyecto autónomo. Juan Carlos Fernández, que terminó la primaria en el centro educativo y ahora asiste a un secundario que depende de la UOCRA, quiere desarrollar un emprendimiento de eco bolsas: “Esto lo aprendí en el Isauro. Tengo unas telas y me tengo que armar un stock para ir vender a alguna feria o algo, para ganarme la moneda. Y con eso poder comprar más tela y poder armar algo con serigrafía que me denomine a mí, algo mío. Tengo que organizarme bien. Conviene hacer más cantidad y más barato, porque ganas más rápido la moneda y además le haces un favor a la gente”.
“Mudarse a una casa nueva está buenísimo. Muchos de ellos están por primera vez bajo un techo. Pero es una crisis también. En la ranchada quedaron muchos amigos, y a los chicos les carcome la culpa. Hay que contener eso”, explicó Lang. Además, el trabajador social manifestó su preocupación por la incomprensión y la marginación social a la que se ven expuestos: “A un chico lo encontraron fumando porro en la esquina y se lo llevaron. El cana que estaba tomando los datos se preguntaba por qué lo habíamos ido a ver. Tienen un prejuicio muy grande. No lo entienden”, dijo. Uno de los chicos que actualmente vive en la casa, contó: “Un día estaba vendiendo la revista La realidad sin Chamuyo que hacemos en el Isauro, ahí en la placita Dorrego, y un cana me echaba. Como yo volvía, me acusó de haberle querido robar a una pareja que pasaba. Sentate ahí me dijo, me quiso agarrar. Le saqué la mano y me quiso dar un palazo. Justo puse la mano y me dio acá (muestra una cicatriz en el brazo). Lo empujé para defenderme, y me empezaron a agarrar tres cobanis a palazos. Por suerte, saltaron unos amigos y hasta vino la pareja que estaba viendo la situación a aclarar que nada que ver, que yo no les había querido robar. Pero bueno, no me quedó otra que salir corriendo”.
Con respecto al achicamiento del Estado y los despidos masivos que se vienen realizando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Martin Lang opinó: “Al haber echado a tantas personas de su laburo, hay gente suelta en el mercado laboral, y a ellos los pone en un lugar de asimetría bastante pronunciado”. Si bien la idea es que creen su propio emprendimiento, “el proyecto de vida implica tiempo, soñar con algo que no está. Es difícil cerrar los ojos e imaginarse de acá a cinco años cuando tu vida fue siempre la supervivencia, pensar en levantarse y ver si se llega hasta la noche porque hay condiciones concretas, materiales, que implican que capaz que no llegás”, continuó el trabajador social.
El requisito para poder entrar a la casa es haber tenido un paso previo por el Isauro Arancibia. La escuela que fue creciendo para poder brindar una educación digna a aquellos que han sido desplazados del sistema. El centro educativo, que actualmente se encuentra en peligro de demolición por el trazado de Metrobus, que frenó las construcciones que se estaban realizando para refaccionar el edificio, ya enfrentó la misma situación en 2014 y ahora vuelve a luchar para evitar que tiren abajo lo que les costó tanto conseguir. Luego de un reclamo en la Legislatura en abril, aún continúan sin respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad: “No tenemos ninguna notificación oficial pero sí nos ha llegado la información por varios medios. Por ejemplo, el coordinador del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que está en la esquina, nos contó que se van a mudar pronto porque en enero inician las obras por el Metrobus”, dijo Lila Wolman, maestra del Isauro.
La lucha recién comienza
Para visibilizar su reclamo, durante los últimos días llevaron a cabo las jornadas de lucha El pueblo quiere saber de qué se trata. El viernes 20 se realizó el debate pedagógico Inventamos o erramos, en el que participaron Tito Nenna, Pablo Imen, Laura Invernizzi, Ricardo Cotta, y Fátima Cabrera. Reflexionaron sobre la importancia de la educación popular y del papel de una escuela como la Isauro Arancibia en la coyuntura actual: “No solo tenemos que resistir, sino seguir construyendo, para que esa resistencia no sea inocua. Hay que seguir haciendo cultura. No podemos abandonar los sueños que tienen estos pibes”, dijo Tito Nenna, que pidió inaugurar el panel porque tenía que irse a defender la ley anti-despidos del veto macrista. El inicio de la próxima jornada, que tuvo lugar el lunes 23, contó con la visita inesperada de dos personas de Infraestructura de la Nación, que vinieron a corroborar que efectivamente los alumnos y docentes se están enfrentando a un invierno complicado: faltan vidrios en las ventanas y no tienen calefacción. “Venimos llamando desde hace meses y nunca conseguimos nada. Tenemos que salir en la prensa para que se acerquen a ver lo paradas que están las obras”, dijo la directora al iniciar el debate que tuvo como eje los derechos humanos. El encuentro se denominó Robertito Autero, “en memoria de nuestro estudiante asesinado por un policía de la Metropolitana de un tiro en la nuca, que aún está libre”, explicó Lila Wolman. Formaron parte del panel Jesús Fumagalli, Horacio Ávila, Amanda Toubes, María Elena Naddeo y profesionales de ATAJO, la Agencia de Acceso Territorial a la Justicia. Esta vez los chicos estuvieron presentes, mostrando los carteles que exigían la defensa del Isauro y contando las problemáticas que sufren día a día por el maltrato de la Metropolitana en las ranchadas. El martes 24 fueron ellos los protagonistas, en el acto cultural que llevaron a cabo en la calle Cochabamba, cortada para la ocasión. Las estrofas del Himno Nacional sonaron fuerte desde los parlantes del pequeño escenario montado y aún más desde las gargantas de los presentes. Los obreros, que al parecer volvieron a trabajar, se asomaron a ver el espectáculo desde las ventanas del primer piso. Aseguraron a ANCCOM que la refacción estará lista en dos semanas, y que no entienden por qué si se ha puesto tanto empeño en mejorar la escuela el gobierno está amenazando con demoler. Para acompañar los actos de circo, canto y distintos números interpretados por los estudiantes, cerca de las 13, se sirvió locro a los presentes. “Esto solo será el comienzo”, aclaró Wolman.
“Seguimos para adelante. Porque pensar en que un pibe que durmió en la calle –hasta hace poco tuvimos un chico en el Argerich porque la policía lo cortó- venga a la escuela y nosotros decirle que no damos clases porque el edificio no está terminado nos da vergüenza ajena. Acá las clases van a seguir, pero vamos a continuar luchando”, explicó la directora Susana Reyes. La identidad que aglutina a los chicos que habitan “La verdadera casa para vivir” es el Isauro Arancibia “como centro educativo que los alojó, los cobijó, que los quiere y que los convocó desde el amor. Estos chicos si se salvan, se salvan por amor”, agregó Martin Lang.
Actualizado 26/05/2016
Abr 19, 2016 | inicio
Luego de una semana de enfrentamientos y manifestaciones, los trabajadores callejeros de la Avenida Avellaneda se movilizaron este lunes hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar una mesa de diálogo que dé solución al conflicto por el cual hace más de diez días no pueden trabajar en las calles del barrio de Flores.
La marcha hacia el Ministerio había sido anunciada durante un nuevo reclamo, el pasado sábado (día en que más movimiento comercial hay en la zona), y luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) los desalojara de las calles desde hace más de una semana. Aquel día, acompañados por dos cordones policiales, cerca de 500 trabajadores marcharon por la avenida para hacer oír sus reclamos.
El pico del conflicto se desató el martes de la semana pasada cuando efectivos de la Policía Federal y Policía Metropolitana desalojaron por la fuerza a los manteros que se encontraban sobre la Avenida Avellaneda. Pasados los días, los vendedores callejeros regresaron varias veces al lugar en acto de protesta, realizando ollas populares y marchas para que el GCBA les dé una alternativa que les permita no perder sus fuentes de trabajo.
Los trabajadores callejeros se movilizaron hacia las puertas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires el lunes.
Por su parte, los comerciantes que tienen locales en la zona denunciaron a los manteros por realizar una actividad ilegal que les reduce las ventas y además alertaron a las autoridades sobre amenazas directas recibidas por parte de los vendedores callejeros. Miriam L. -quien pidió a ANCCOM no revelar su apellido por temor- es propietaria de un local de indumentaria femenina en el barrio y comenta: “Los manteros nos perjudican porque ofrecen mercaderías similares a las nuestras pero sus precios son más bajos porque no pagan impuestos ni tienen empleados”.
Los manteros también necesitan trabajar para sobrevivir y, ante los continuos desalojos, se organizaron estableciendo delegados por cuadra. “Dicen que quieren libre la Avenida Avellaneda, entonces que nos den un lugar para trabajar, donde entremos todos”, solicita Jorge López, delegado principal de los manteros. Si bien este tipo de venta es ilegal -tal como ellos mismos admiten- la realidad es que muchos ven en esta actividad la única forma para subsistir ya que no tienen otra salida laboral: “Escuchamos a medios de comunicación y fiscales justificando el desalojo, diciendo que están investigando una red delictiva detrás de nosotros. Yo no veo acá delincuentes sino personas honestas que día a día se vienen a ganar el pan. No estamos pidiendo limosna, pedimos trabajo”, declara López.
La movilización fue en reclamo de una mesa de diálogo para solucionar el conflicto que impide la labor de los manteros hace más de diez días.
Como consecuencia de los enfrentamientos de la semana pasada, el Ministerio de Espacio Público informó que la solución más viable sería trasladar a estos vendedores callejeros a un galpón lindero a la estación de trenes del barrio de Once, en la calle Perón al 3000. Pero este espacio -que por otro lado no les fue explícitamente ofrecido- cuenta solamente con 200 puestos, que serían insuficientes según las estimaciones hechas por los mismos manteros. Según sus propios cálculos, sumarían aproximadamente 3.000 las personas que practican la venta callejera en las calles de Flores. El número toma en cuenta tanto a quienes trabajan los días de semana como a quienes lo hacen también los sábados, cuando más compradores se acercan a este barrio comercial.
Pese a que los agentes del Ministerio de Espacio Público habían anunciado el pasado viernes la realización de un censo de vendedores callejeros para reubicarlos en el predio de Once, los manteros ven esto como parte de una persecución y advierten que tienen miedo de dar sus datos ya que algunos compañeros sufrieron allanamientos policiales en sus domicilios en busca de mercadería ilegal: “Nos inscriben para perseguirnos y tenernos fichados, no para darnos una solución. Yo junto mis pesos y voy a La Salada, compro la mercadería y la vendo acá. De lo que gano, una parte la uso para comer y la otra queda para volver a comprar mercadería”, cuenta a ANCCOM Gisela Barrientos, quien hace tres años trabaja en la calle Avellaneda de lunes a sábado. El inconveniente en este punto es que tal como declaran los manteros, a ellos las autoridades del Gobierno porteño les exigen tener alguna factura que acredite la compra de la mercadería que venden. “Nosotros no somos una mafia que vende cosas robadas como dicen los medios, no tenemos factura porque compramos en lugares que son igual de ilegales que nosotros, en La Salada, Once o, incluso, en Avenida Avellaneda. Dicen que tienen todo en regla pero no dan factura a nadie. A ellos no los persiguen, a nosotros sí”, se defiende Barrientos.
El Ministerio de Espacio Público propuso que los vendedores se mudaran a un galpón en Perón al 300, cercano a la estación de tren de Once, pero los puestos no serían suficientes según los cálculos de los manteros.
Ante la ausencia de respuestas, los propios vendedores callejeros propusieron al Gobierno el permiso para ubicarse en un predio lindero a vías del Ferrocarril Sarmiento (a escasas 4 cuadras de la Avenida Avellaneda), donde consideran que entrarían todos si se organizan. Pero las autoridades no se lo permiten: “Pacíficamente pusimos una manta simbólica en las vías de Venancio Flores pero también nos sacaron. En ese lugar entraríamos todos pero nos dicen que le pertenece al ferrocarril. Actualmente está abandonado, se junta gente que anda en la calle, hay prostitución e inseguridad. Si nos dieran ese lugar nosotros lo cuidaríamos y lo haríamos trabajar”, indica Alejandra D., vendedora callejera desde hace 17 años, quien también pidió reservas sobre su apellido por precaución.
Los manteros manifiestan que son los dueños de los locales los que llaman a la policía y al Gobierno para que los desalojen y les decomisen la mercadería que venden en la vía pública. También revelan que estos comerciantes, quienes acusan a los manteros de ´ilegales´, irónicamente también infringen la ley: “Fíjense arriba de los locales. Esas ventanas son talleres clandestinos. Yo lo sé porque yo trabajé durante un tiempo en uno de estos lugares”, recuerda Gisela Barrientos. “En los locales tienen a la mitad de los vendedores en blanco y a la otra mitad en negro. Si viene la AFIP los mandan a dar una vuelta hasta que se vayan. Pedimos que si quieren blanquear que empiecen por los de arriba, no siempre por los más pobres. Nosotros no tenemos plata para coimear a la policía, por eso nos desalojan”, agrega Alejandra D.
Los vendedores callejeros propusieron al Gobierno el permiso para ubicarse en un predio lindero a vías del Ferrocarril Sarmiento.
El principal reclamo de los manteros es que ante los continuos desalojos puedan ser reubicados pero no en cualquier lugar, “Pedimos una solución para los trabajadores de Flores en Flores. En esta semana le pedimos solidaridad a los comerciantes de nuestro barrio, porque ellos tienen que entender que si acá viene tanta gente a comprar es también gracias a los trabajadores de la vía pública”, reclamó Jorge López. La gran mayoría de los manteros no solo trabajan Flores sino que también son vecinos del barrio y un traslado a Once, dicen, les traería más complicaciones: “Les pedimos un espacio en Flores porque todos vivimos cerca de acá. Nuestros hijos van a las escuelas del barrio y los sábados, si no tenemos con quien dejarlos, tenemos que traerlos a trabajar con nosotras”, comenta Barrientos. Por estas razones, explican, solicitan un lugar donde puedan trabajar en condiciones dignas y de alguna manera salir de la “ilegalidad”, Varios consultados por ANCCOM opinaron que si se les diera la oportunidad aceptarían estar inscriptos impositivamente y poder desarrollar su trabajo con tranquilidad: “Estamos dispuestos a pagar el monotributo, no queremos que nos regalen nada. Si se pactara una suma que podamos pagar, lo haríamos. Nosotros tampoco queremos evadir impuestos”, resume Alejandra D.
Actualizada 19/04/2016
