La inmobiliaria del Gobierno, ahora abre en Saavedra

La inmobiliaria del Gobierno, ahora abre en Saavedra

 

La Plaza de las Esculturas se trasformó en un depósito de vagones del subterráneo.

«Saavedra no duerme cuando llueve», es el grito de protesta de los vecinos de la Asamblea de Saavedra.

“Lo que quieren son las tierras públicas, es el negocio inmobiliario”. Así se expresa José Olivo, referente de la asamblea del barrio Saavedra, para hablar de la política del gobierno porteño respecto de los espacios públicos del barrio. Desde finales de 2018, con la aprobación del Nuevo Código de Planeamiento Urbano, las obras planificadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta  cobraron un nuevo impulso, pese a la oposición vecinal.

El 2 de abril del 2013, el barrio se inundó y debido a ello fallecieron seis personas. La gravedad del hecho determinó que los vecinos conformaran  una asamblea que funciona activamente hasta el día de la fecha para articular numerosos reclamos. “Saavedra no duerme cuando llueve” es uno de los principales mensajes de visibilización que adoptó.

Un reclamo perdido fue el vinculado a la construcción de una planta de reciclado en el predio que se encuentra en Arias y Holmberg. Mercedes Austral, vecina de Saavedra e integrante de la asamblea, explica que “usaron la Plaza de las Esculturas como depósito de vagones de subte viejos y el barrio estuvo esperando y reclamando esa plaza durante 20 años”. Austral agrega: “Presentamos un amparo que nunca terminó de prosperar porque devino en abstracto cuando cambió el Código de Planeamiento Urbano. “Nuestra última propuesta fue que eleven la construcción y la hagan sobre una plataforma para que quede el espacio absorbente debajo. No nos escucharon”. La Plaza de las Esculturas nunca se inauguró y en cambio sí la planta de reciclado.

Al Parque Sarmiento quieren trasladar al Instituto Romero Brest. Docentes y estudiantes se resisten.

La Plaza debería formar parte del Parque Lineal Goyeneche, que se extiende a lo largo de la avenida homónima y que, con la sanción del nuevo Código, permite que se hagan diferentes edificaciones en los espacios verdes.  José Olivo cuenta que “los proyectos pensados para esta zona incluyen una guardia de auxilio, el centro de investigaciones de la Metropolitana y la instalación de un polideportivo de entrenamiento para la policía de la Ciudad.”.  

Uno de los puntos más conflictivos fue la construcción del túnel de Ricardo Balbín y la Avenida Donado. La obra estuvo parada un año debido a los reclamos vecinales. Sin embargo, la construcción se terminó sin tener en cuenta las observaciones de los habitantes del barrio sobre el gran caudal de los arroyos Medrano y Vega, que circulan subterráneamente en la zona. “Tanto la ingeniera hídrica como los vecinos, que luchamos para que una obra simplemente vial se transforme en una obra hidráulica, estamos preocupados que por la caída de 90 milímetros de agua se inunde el túnel”, señala Olivo.

“Cuando hacen este tipo de obras, nunca te quieren mostrar el impacto ambiental porque es desfavorable. Se supone que ese informe debería ser de acceso público. Ahora, además, cambió la Ley  de Impacto Ambiental y para obras de no más de 2.500 m2 no es necesario presentar ese  informe de impacto”, subraya Olivo.

Otro espacio verde que funciona como atenuador pluvial, y es además un lugar central de recreación, es el Parque Sarmiento, que fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. El proyecto oficial actual pretende trasladar el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest a este parque. Al respecto, Olivo sostiene  que “estamos hablando con todos los que podemos para que se entienda cuál es la problemática. Inclusive la comunidad docente y educativa que forma parte del Instituto Romero Brest tampoco quieren venir al Parque. En donde están, tienen todas las comodidades: hace dos años que se terminó de construir y lo único queda es arreglar la pileta, no es que tienen que hacer una inversión astronómica para seguir funcionando ahí. Lo que el gobierno quieren son las tierras, es el negocio inmobiliario. Forma parte todo de lo mismo”.

La zona cercana al Romero Brest es una de las que podría experimentar mayores cambios. Entre los predios comprometidos con la iniciativa de Cambiemos,  se encuentran el CENARD y el Club Obras Sanitarias, en Núñez. Olivo agrega que “ahí tienen un corredor importante de tierras públicas que se juntan con lo que es el Tiro Federal para hacer lo que es un negocio inmobiliario impresionante”. Baldiviezo puntualiza que “de aprobarse estos proyectos, la Ciudad perderá parques públicos y los legisladores habrán violado la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental que ordenan que en Buenos Aires los espacios verdes públicos deben incrementarse y que se debe conservar su integridad”.

El Cenard es otra de las instituciones que el gobierno quiere trasladar para vender sus tierras a emprendimientos inmobiliarios.

La relocalización del Tiro Federal fue programada para el 2020. Ante esta decisión, la presidente de una institución que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en el 2005, redactó una carta al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sosteniendo que “el análisis concreto de las presentes circunstancias fácticas determina que las previsiones legales reseñadas no se ajustarían, cabalmente, a las necesidades que requeriría nuestra institución para su supervivencia económica, y por ende, deportiva”. Sin embargo, el traslado del Tiro Federal hacia un sector pegado al Río de la Plata y cercano al Parque de los Niños, sigue vigente.

Otros espacios que se verían afectados con la reorganización de los barrios de Núñez, Saavedra y la zona cercana al río serían la cancha de River (de hecho su presidente, Rodolfo D’Onofrio, planteó la necesidad de mudar el estadio)  y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) que sería trasladado hacia el Hospital Muñiz junto con otros cinco hospitales. Según la lectura de Jonathan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “esta venta es parte de la mayor privatización de tierras públicas de la Ciudad, que ya incluye más de 350 hectáreas desde que gobierna el Pro”.

 

Política descomunal

Política descomunal

Las juntas comunales están pensadas como nexo entre los vecinos y el Gobierno de la Ciudad, pero nada de esto ocurre. El reglamento no se cumple y los presupuestos quedan atados a las decisiones del Poder Ejecutivo. Los vecinos, el Movimiento Comunero y representantes comunales reclaman hace diez años que se cumpla la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Es que la modificación de la Constitución Nacional de 1994, otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y tras la sanción de la Ley 1777/05, el territorio de la Ciudad se dividió en 15 comunas, pensadas como unidades administrativas, con el objetivo de descentralizar el gobierno de la Ciudad en gobiernos participativos. Desde 2011, cada comuna elige a sus comuneros -quienes representantes a partidos políticos- para integrar las distintas Juntas Comunales. 

Las comunas cuentan, por ley, con potestad de administrar el patrimonio de su territorio. Sin embargo, esta premisa es incumplida. En un comunicado de diciembre de 2018, las Juntas Comunales reclamaban que se hiciera efectiva la autonomía administrativa y también la asignación de presupuesto que está estipulada por ley (un 5% del total de la Ciudad para cada comuna, lo que hoy serían 1100 millones de pesos), para poder decidir cómo destinar sus recursos acorde a sus particularidades y necesidades.

Carlos Wilkinson, fundador de Movimiento Comunero -un colectivo no partidario, conformado en 2009 por vecinos porteños en defensa de la autonomía comunal- explicó a ANCCOM cuál es el espíritu que pregona la Constitución porteña al proponer la descentralización: “Se trata de una democracia participativa, en la cual el pueblo delibera y gobierna con sus representantes. Las personas electas deben trabajar con los ciudadanos y sus organizaciones para gestionar”. Sin embargo, la Constitución porteña nunca fue seguida por una reglamentación y unificación de criterios entre las comunas y sobre las comunas, y es justamente de eso que el PRO se sirve para seguir ostentando el monopolio de la decisión. “El rol de Movimiento Comunero y de los vecinos ha sido el de presionar para que se dé la Ley Orgánica de Comunas y se alcance la autonomía. Del lado del gobierno, y desde el 2009, no hay diálogo ni voluntad en llevar a la práctica la ley. Desde la oposición, no reclaman. Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, señala el referente.

Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13 por Unidad Ciudadana -que incluye Belgrano, Colegiales y Núñez-, explicitó en diálogo con ANCCOM que “las Juntas Comunales ofrecen cercanía entre los vecinos y el Gobierno. Lo ideal sería que se genere un círculo de diálogo, de propuestas entre ambos lados, y si se cumpliera la asignación presupuestaria, a nosotros nos tocaría la administración y mantenimiento de los espacios verdes, centros de salud y hospitales, escuelas, espacios culturales, veredas, calles. Las comunas ofrecen cercanía tanto al vecino con el Gobierno, como al Gobierno con el vecino”.

Imagen de archivo del año 2015 en la que está Larreta sonriendo tras ser elegido como Jefe de Gobierno

«Nosotros queremos vecinos conocidos por su acción, no partidos políticos”, dijo Carlos Wilkinson.

La democracia participativa presente en la Constitución porteña está pensada bipartita. Los vecinos cuentan con Consejos Consultivos -uno por cada comuna- en donde se exponen las propuestas y quejas que se elevarán a las Juntas. Allí participan, también, los encargados de mediar entre lo institucional y lo ciudadano, los comuneros.

La ausencia de unificación entre los sistemas comunales de representación hace oscilar el número de comuneros, pero el reparto de los cargos es de la siguiente manera, según describe Julieta Costa Díaz: “En una comuna que elige cinco comuneros, dos de ellos serán del partido que gane las elecciones, dos de la primera minoría y el restante de la segunda minoría. Estos últimos -eventuales- cinco integran la Junta Comunal de una comuna. El comunero que más votos saque en las urnas presidirá la comuna”.

Ahora bien, uno de los principales problemas que parece traer esta organización radica en que «primero, el partido que gane las elecciones tiene mayoría en las comunas y casi todos los presidentes de las quince comunas. Segundo, que con ello se centraliza la gestión y también la información. Los vecinos no acceden a datos de contratos y licitaciones, e información de esa índole que es primordial para el funcionamiento transparente de la ciudadanía”, aclara Costa Díaz. “Al no cumplirse lo estipulado por la ley, todas las decisiones están centralizadas en el Poder Ejecutivo. Nunca logramos que desde la Legislatura salga aprobado el presupuesto con la asignación presupuestaria a las comunas, así la caja la tiene el Jefe de Gabinete y él asigna a su entendimiento”, denuncia la Comunera de Unidad Ciudadana.

El Estado se muestra aún más ausente en aquellas comunas más relegadas. Facundo Roma, comunero por Unidad Ciudadana de la Comuna 8 -que incluye Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati- comentó: “Tenemos, aproximadamente, 3500 chicos en las villas sin vacantes para estudiar; problemas de urbanización sin resolver y, obvio, las promesas inconclusas, como por ejemplo la del Hospital Grierson -obra con la que lanzó su candidatura Macri para jefe de Gobierno en 2007. Destinó varios miles de millones a la Villa Olímpica y el Grierson está sin terminar, cuando se trata de la comuna que más utiliza la salud pública; falta de promoción cultural y de espacios culturales; el Premetro funciona con baja frecuencia y sin aire acondicionado”, enumera Roma y agrega: “Entonces se desprenden dos cuestiones. Por un lado, hay problemáticas como la de las vacantes o varios centros de salud inconclusos o mal mantenidos a lo largo y ancho de la ciudad. Ahí debería recoger el guante el gobierno central y diseñar políticas generales. Pero también la falta de escucha a las comunas frena el avance y las necesidades particulares de cada comuna y las soluciones que ésta propone para sí misma”.

Las voces consultadas coinciden en que los obstáculos para la participación ciudadana son frecuentes. “Nos enteramos tarde de las licitaciones, si es que hay, para obras públicas, para las cuales no somos consultados. No podemos elegir, por ejemplo, si seguir terciarizando el mantenimiento de plazas o emplear personas o empresas de las comunas en la obra pública. Nos enteramos repentinamente de proyectos de venta de espacios públicos, o determinado uso de espacios verdes al cual no adherimos los vecinos. Es un avance constante sobre la ciudadanía por un gobierno de personas que no suele tener mucha idea de lo público y su espacio”, revela Julieta Costa Díaz.

Comuna 1, Ciudad de Buenos Aires

“Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales.», dijo María Julieta Costa Díaz .

El 2019 es un año bisagra tanto para la política nacional como la porteña. “Este año se vota desde Presidente de la Nación hasta Comunero. Es el escenario ideal para cambiar la dirección política y con ello ir hacia la autonomía comunal y la asignación presupuestaria. Si las comunas andan bien, vivimos mejor. El rol comunero es poco conocido pero muy importante”, declara Costa Díaz y analiza la participación ciudadana como una paradoja que acorrala al oficialismo que promueve la privatización de los espacios público: “Institucionalmente falta, porque tendrían que participar más vecinos en las asambleas barriales y en los Consejos Consultivos, pero a mayores intentos del gobierno de avanzar sobre los vecinos, éstos contestan más y más en defensa del espacio público y el objetivo de participación. Hay varios ejemplos recientes -enumera la comunera- el caso de las protestas vecinales en contra de la venta de espacio del Parque Rivadavia, de Plaza Clemente, del corredor Tiro Federal-CeNARD-Romero Brest, entre otros”. En este sentido, la representante de la Comuna 13 se muestra esperanzada: “Es un año en donde puede gestarse un gran cambio, sobre todo en la Ciudad, es imprescindible destacar la importancia de los cargos comunales en las boletas electorales. Hemos propuesto también ir en boletas separadas. A nosotros nos toca machacar sobre nuestro rol, seguir alentando una mayor participación para que, aprovechando el año electoral, se comiencen a vislumbrar cambios».

El negocio inmobiliario ahora avanza sobre una escuela

El negocio inmobiliario ahora avanza sobre una escuela

En medio de la feria judicial y las vacaciones escolares, la jueza Andrea Danas dictaminó que en la escuela Yrurtia hay espacio para otra institución más y rechazó la medida cautelar de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) para evitar el traslado de la Escuela de Cerámica, el tradicional establecimiento de educación media del barrio de Almagro.

El conflicto se inició el 26 de noviembre del año pasado, cuando estaban finalizando las clases y la comunidad educativa se enteró que el Ministerio de Educación porteño había decidido trasladar la Escuela de Cerámica Nº 1, ubicada en la calle Bulnes 45, al Polo de las Artes del barrio Vélez Sarsfield, a más de cinco kilómetros de distancia. Luego de más de 13.000 firmas de vecinos,  referentes de la cultura y la educación y numerosos actos en contra de este traslado, el juez Francisco J. Ferrer había ordenado la suspensión de la mudanza, frenando la resolución de la ministra de Educación Soledad Acuña. Pero ahora, otra magistrada, levantó la feria judicial para revertir esa resolución.

El traslado de la Escuela de Cerámica se enmarca en lo que parece constituirse la política más visible del Ejecutivo porteño: su proyecto para reunir cinco hospitales en un solo predio, el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza, el traslado del CENARD y la venta del predio del Tiro Federal, entre otras iniciativas, solo parecen tener como objetivo aumentar la recaudación a través de la venta de terrenos públicos a grandes grupos constructores.

Acuña manifestó que padres y alumnos, en su mayoría, estaban de acuerdo con la medida del traslado. Vanina Espinoza, profesora de taller de la Escuela en dialogo con ANCCOM expresa: “Lo que dice esta lleno de falacias de principio a fin. Dice que toda la comunidad está de acuerdo y eso es mentira, en las pocas reuniones que han tenido, tanto con familias como con docentes, hemos manifestado nuestro rechazo rotundo” y agregó que  “con les estudiantes nunca se reunieron y elles han manifestado siempre: no al traslado.”

En la misma línea, como defensa de su decisión, Danas advirtió que se inscribieron más chicos desde que comunicaron el traslado, lo cual Espinoza indica que es otra mentira. “No hubo más inscripción, o por lo menos no nos han informado. Se realizaron en septiembre y los exámenes de ingreso también, por ello nunca se pudo haber inscripto a nadie después de esa fecha. Que nos muestren las listas”, demanda Espinoza.

Luna, vicepresidenta del centro de estudiantes, cuenta la reacción que tuvo el estudiantado al enterarse del fallo en contra de la media cautelar que había dictado Ferrer a su favor, “nos sorprendimos, nos descolocamos, pero decidimos reunirnos con toda la comunidad educativa y revisamos la justificación de la jueza. Uno de los puntos es que la mayoría de las familias del Cerámica está a favor del traslado, cosa que es mentira, ni bien nos enteramos del traslado de forma unánime nos declaramos en contra porque a todos nos perjudica”, describe.

Para la estudiante, el traslado es algo injusto y van a seguir luchando y oponiéndose al mismo: “Para los alumnos esto es devastador, la escuela tiene un marco histórico impresionante, que también es parte de nuestra identidad”. Hace hincapié en que la medida les fue notificada una semana antes de terminar las clases, impidiéndoles anotarse en otra escuela porque las inscripciones y vacantes cerraron. Sumado a que el 80% del alumnado tendría que tomarse entre dos o tres medios de transporte para poder llegar a la nueva sede.

El edificio a donde pretenden trasladar el bachillerato no está terminado ni habilitado. “La justicia le pidió al Gobierno los planos de convivencia del Rogelio Yrurtia y de la Escuela de Cerámica y  no tienen fecha de finalización de obras, ni información sobre las habilitaciones, que para nosotros es fundamental: saber en qué condiciones los chicos van a realizar sus actividades”, argumenta Cecilia Paul, madre de una alumna del Cerámica y docente de otra institución.  

Paul remarca que los menores se ven afectados por esta medida por la pertenencia al barrio y a la escuela, y advierte que el traslado también es un atropello a la comunidad de la Escuela de Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia que está esperando un edificio propio hace 15 años y por el que trabajaron los últimos cuatro para que esto sea posible.

Desde el Ministerio dijeron que el Cerámica no presentaba dificultades de espacio. “El recurso que interpuso el Gobierno de la Ciudad carece de documentación, por eso los abogados de UTE preparan la apelación con la información que le dieron las familias, por ejemplo  con respecto al horario de los chicos donde no hay horas ociosas”, concluye Paul.

Para continuar con la lucha se va a realizar un abrazo a la escuela, semaforeadas, actos con banderas y la posibilidad de firmar el petitorio para frenar el traslado. Sumado a que los docentes de UTE apelarán la decisión judicial por considerar que el traslado es inconstitucional, Solo favorece al Gobierno y perjudica a la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica. En su comunicado oficial indican que la decisión tomada carece de contenido jurídico y hace hincapié en que las escuelas están para garantizar el derecho social a la educación y no para hacer negocios inmobiliarios.

Ante estos avances, el próximo 4 de febrero, la comunidad educativa realizará un abrazo y sostendrá una guardia en la escuela para evitar cualquier tipo de acción que quiera iniciar el Gobierno de la Ciudad con respecto al traslado.

Negocio inmobiliario mata organización barrial

Negocio inmobiliario mata organización barrial

Policia evitando el ingreso de los vecinos a la Asamblea barrialEste miércoles, el Gobierno de la Ciudad desalojó a la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza con un operativo en el que participaron la Policía de la Ciudad, la Federal y la Gendarmería. Ubicada  en terrenos estatales de la esquina de Triunvirato y Roosvelt, el Ejecutivo porteño decidió dejar a la intemperie a la asociación comunitaria para subastar el espacio que será destinado a emprendimientos inmobiliarios privados.

Los vecinos se reunían en ese local –donde antiguamente estaba la pizzería La Ideal- desde la crisis de 2001, cuando se organizaron para brindar asistencia a distintos sectores vulnerados. Actualmente funcionaban allí una biblioteca popular,  una videoteca y una docena talleres gratuitos, entre otros servicios.

Desde muy temprano, decenas de policías y gendarmes acordonaron el lugar e impidieron los vecinos acercarse.  A pesar de intentar sostener un diálogo, fueron ignorados por las fuerzas estatales. Incluso, dos asambleístas resultaron detenidos. Los vecinos denunciaron que el operativo fue ilegal, dado que no lo presenció ningún oficial de justicia.

El pasado 2 de octubre, los “viyurqueros” ya habían resistido un desalojo y comenzaron negociaciones para reubicar la asamblea. Sin embargo,  esta mañana y por sorpresa, las autoridades gubernamentales arremetieron con 16 años de historia barrial.

A la mañana, palos y a la tarde, rejas

A la mañana, palos y a la tarde, rejas

Durante las últimas horas de la tarde de ayer, un grupo cada vez más grande de trabajadores, militantes políticos y vecinos se fue acercando a la comisaría número 30 de Barracas para pedir por la inmediata liberación de los 16 metrodelegados detenidos a la mañana después de haber sido reprimidos por la Policía de la Ciudad en la estación Las Heras de la línea H. “A la mañana intentaron sacarnos a los palazos de nuestros puestos de trabajo con cinco carros de asalto de la Policía y guardias de Infantería. Una cosa aberrante”, enfatizó el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli.

Cartel de boca del subte que señala que todas las líneas están fuera de funcionamiento por medida gremial.

Todas las líneas de subte y premetro pararon ayer al mediodía.

“Es un política del gobierno demostrarle a los trabajadores que los que luchan no van a ser escuchados, van a ser reprimidos”, explicó la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Vilma Ripoll.

Recién pasadas las ocho horas de la detención, y seis del paro de todas las líneas de subte y premetro que comenzó a las 12, una de las abogadas defensoras de los detenidos, Andrea Forgueras, confirmó que el secretario de los metrodelegados Néstor Segovia sería llevado al Hospital Argerich. “Es hipertenso y no le baja la presión”, detalló.

A medida que pasaban las horas la incertidumbre de qué iba a pasar con los detenidos crecía. La ambulancia que debía trasladar al secretario de los metrodelegados no llegaba y, por orden del fiscal Daniel Dupuy, los restantes detenidos tenían que ser llevado a la Fiscalía Contravencional y de Faltas número 12. Pianelli sostenía con firmeza que demorar la liberación era “una maniobra para que mañana los medios digan que los trabajadores tenían de rehenes a los usuario”. El legislador porteño Gabriel Solano sostuvo que “los que tienen de rehenes a la población es el jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) y Metrovías (empresa concesionaria del subte), hicieron esto a propósito”.

En una conferencia de prensa, Felipe de Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que los trabajadores del subte “no pueden negociar paritarias”, es decir que no reconocen a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Además ratificó la decisión de aplicar “sanciones, descuentos y suspensiones”. No obstante ello, sostuvo que, de todas formas, están “abiertos al diálogo”.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en declaraciones a Radio Con Vos, defendió el accionar de la policía: “Segovia fue detenido porque cometió los delitos de resistencia a la autoridad e interrupción del servicio de transporte público”. Igualmente sostuvo que los trabajadores “no estaban dispuestos al diálogo”.

“Loco, dejan pasar a todos menos a los hijos”, gritó con bronca uno de los familiares del secretario de Metrodelegados Néstor Segovia. “Dicen que tiene la presión alta, lo quiero ver”.

Imagen del interior de la estacióm de subte tomada a través de las rejas.

El conflicto laboral entre los trabajadores, la empresa y el gobierno porteño se mantiene desde principios de año.

El reclamo iba hacia el gran cordón policial que restringía el acceso a la comisaría sobre la calle California. Algunas horas antes, en ese mismo sector, la policía también había reprimido con balas de goma a trabajadores que pedían por la libertad de sus compañeros detenidos. “Estábamos esperando a que haya una resolución y llegó un cuerpo importante de infantería a desalojarnos”, explicó un manifestante.

Pasadas las 19.30, la ambulancia llegó a la comisaría, y después de algunas vueltas, salió por la calle General Hornos, donde había un portón que le permitió entrar para hacer el procedimiento sin la presión de los manifestantes. Sentado en la parte de atrás del vehículo, mirando al piso, Segovia fue trasladado al Hospital Argerich y luego a la Fiscalía 12, en Barrio Norte, donde fue liberado algunas horas más tarde junto con los otros 15 metrodelegados. El conflicto laboral entre los trabajadores del subte, la empresa Metrovías y el gobierno porteño se romonta a principios de año, cuando la Unión de Transporte Automotor (UTA) arregló una paritaria del 15.2 por ciento en tres cuotas.

Desde hace varios años los trabajadores del subte no se ven representados por la UTA y formaron su propio sindicato. “UTA nos echó del sindicato y nosotros formamos otro, ni un trabajador del subte se siente representado por ellos”, manifestó Pianelli. Según el diputado Néstor Pitrola, el sindicato creado fue ilegalizado por el gobierno de Macri. “No es que no tengan personería, se la sacaron”, aclaró.

“Nos querían bajar el salario y nosotros salimos a hacer un plan de lucha, que no afecte al usuario, para que nos convoquen a discutir. La respuesta de la empresa y el Gobierno de la Ciudad fue sancionar a 80 trabajadores con 20 días de suspensión”, expresó Pianelli. Ahora, además, los reprimieron y detuvieron.