«Nos dijeron que a personas como nosotros nos tenían que pegar un tiro»

«Nos dijeron que a personas como nosotros nos tenían que pegar un tiro»

En el juicio a 14 policías porteños por el asesinato de Lucas González, declararon los padres del adolescente baleado y los amigos que viajaban con él en el auto. La contundencia y emotividad de sus declaraciones fueron demoledoras.

La familia reclama justicia frente a los Tribunales en noviembre de 2022.

“Vos siempre confiá en la policía, le decía a Lucas”, dijo Cintia Janina López que, con sus dedos, retorcía la botella de agua que tenía entre sus manos. El craqueo del plástico doblado es lo único que logró acompañar la voz de los testigos mientras daban sus declaraciones en el auditorio sumido en silencio. La mamá del joven asesinado fue la primera en declarar en la segunda audiencia del juicio que investiga la muerte de Lucas González.  

La sala estaba llena de personas. Tres cuartos de ella estaba ocupada por los catorce policías imputados y sus defensores, y un cuarto por la familia, los tres amigos de Lucas y sus abogados. Detrás de los vidrios, los familiares y la prensa escuchaban atentos las declaraciones y las preguntas de los letrados. 

“Yo a la noche siempre le dejaba a Lucas preparado su desayuno para el día siguiente que se iba a entrenar, ese día también le había dejado todo preparado”, dijo Cintia que pausó y tomó agua, no podía hablar llorando. “Justo esa mañana pasaron por la tele que habían agarrado a cuatro delincuentes: a dos los habían agarrado, uno se había dado a la fuga y al otro lo habían abatido o disparado. Y yo le digo al papá: ´Mirá, cerca de ahí entrena Lu´. Y bueno quedó en la nada porque eran delincuentes. Yo sabía quién era Lu, yo sabía a quién habíamos criado y ese no era mi hijo. Esto pasó a la mañana y nosotros nos enteramos recién como a las dos de la tarde. Nadie nos dijo nada”. 

Héctor González, el padre de la víctima, también declaró en esta audiencia. Camionero, “Peca” -como le dicen sus amigos- iba con su camisa negra y roja y con su pin de “Justicia por Lucas”.  “Diego, mi amigo, llega a mi casa y me dice llorando: ´Vamos que le pasó algo a Lucas´”, dijo mientras contaba cómo se habían enterado que su hijo estaba en el hospital.

“Cuando llegamos al Hospital Penna no nos dejaban verlo, había como cinco policías de la Ciudad custodiando a mi hijo. Cuando entré y pude verlo fue lo peor que me pasó en la vida, ver a mi hijo, tener que destaparlo y tener que verle los tatuajes, porque él estaba irreconocible -declaró Cintia, apenas conteniendo las lágrimas-. Lo destapé todo para ver si tenía más marcas además de la de la cabeza y me di cuenta que tenía una aureola en la mano, esta era de una quemadura reciente de cigarrillo, para ver si estaba vivo o muerto creo yo”. 

“´Los chicos de ahora no le dicen nada a los padres y andan en cosas raras´, me decían los oficiales y yo no lo podía creer. ´A su hijo le volaron el frasco´, me dijeron. Escuchar que dijeron que le volaron el frasco me dolió en el alma. Era su cabecita”, clamó la mamá. Sentada en el banquillo con su remera con la cara de Lucas, levantó un botin negro que tuvo en su falda durante toda la declaración, y siguió: “Dijeron que Lucas tenía un arma, dijeron que por eso lo perseguían, por eso traje esto. Esta era el arma, este era el juguete de Lucas: sus botines” .

“Yo no sé qué hago acá, Lucas debería estar entrenado ahora. A Lucas me lo asesinaron. Y sí, son asesinos, porque lo vieron, los buscaron y lo acribillaron -dijo Héctor- ¿Porque tenía una visera? ¿Porque era marrón? O negro como ellos dicen. ¿Por eso era chorro? Yo tenía miedo que le roben los que se suponía le tenían que robar, pero los que tenían que cuidarlo me lo mataron”. 

“Yo quiero que la justicia por favor actúe de la forma que tenga que actuar pero yo quiero que hagan algo. Yo no odio a la policía, no odio a nadie. Lo que quiero es justicia. No es que matás a alguien y la vida sigue, para nosotros la vida no siguió”, dijo la mamá de Lucas. Hector cerró su declaración también pidiendo: “Justicia por Lucas”, para después abrazarse con Cintia y sentarse detrás de sus abogados para escuchar el resto de la audiencia. 

Amigos y familiares marchan días después del asesinato de Lucas. 

En el juicio también declararon los amigos de Lucas: Julián, Joaquín y Niven. Los adolescentes no solo declararon como testigos del asesinato, sino que también actúan como querellantes del encubrimiento y la detención ilegal que sufrieron. 

Los tres contaron cómo esa mañana fueron a las canchas a probarse para entrar al equipo de fútbol de Barracas Central, cuando salieron los cuatro se subieron al auto que manejaba Julián y saliendo del predio pararon a comprar un jugo en el kiosco de la esquina. 

Julián Alejandro Sánchez fue el primero en declarar. Con diecinueve años, de suéter negro y camisa blanca, se sentó en el banquillo de los testigos. “Todo comenzó cuando salimos de entrenar los cuatro del predio”, dijo referenciando a la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando ellos tenían diecisiete años y todavía iban a la secundaria. “Hablábamos de cómo nos fue y cómo iba a ser nuestro próximo entrenamiento a futuro, por fin íbamos a compartir plantel los tres (Joaquín, Lucas y Julián) -contó el joven de rostro serio inflexible.-. De repente, veo que un vehículo se me empieza a acercar y lo primero que hago es tocarle la bocina porque pensé que estaban distraídos. Veo que las personas se bajan con un arma y yo pienso que me quieren robar. Cuando se bajan, el conductor empieza a disparar, sin sentido alguno. Yo lo que hago es volantear y me subo un cordón. Y en ese momento me nublé y no sé cuántos fueron los tiros. Cuando empiezan a gritar por Lucas, que lo habían matado, que le habían pegado un tiro, ahí es cuando me dejo de nublar”.

“Nos dijeron villeros, negros de mierda, nos preguntaron de donde veníamos, les dijimos que de Quilmes y de Florencia Varela y nos respondieron: ´Ah altos negros de mierda´», relató Joaquín, uno de los amigos de Lucas González.

También Joaquín Zuñiga, con su remera blanca, pelo negro y diecinueve años, saludó a los jueces y se sentó a declarar: “Íbamos muy tranquilos hasta que de repente levanté la cabeza y había algo extraño, estaban todos alborotados. Yo estaba con el celular y vi que un auto se nos cruzó. Veo a la derecha y había una persona apuntándonos con un arma. Me agaché y siento que salimos y estuve así hasta levantar la cabeza y ahí vi a Luquitas que estaba lastimado. Empecé a gritar ‘a Lucas lo mataron, a Lucas lo mataron’”. 

“Vemos a dos mujeres policías y les pedimos ayuda -explicó Julián-. Nos dicen que bajemos del vehículo y yo llamo a mi mamá y a mi papá para contarles lo que había pasado. Ahí estaba Joaquín contra la reja, yo dejo el celular y me acerco. A lo que viene un policía a maltratarme. Cuando nos tiraron al piso y nos empezaron a maltratar no entendíamos nada. Cada vez que les contábamos lo que había pasado se reían y nos maltrataban. Les intentábamos contar lo que había pasado pero no podíamos. No entendíamos lo que estaba pasando, para nosotros simplemente escapábamos de un robo”. 

“Yo tenía una remera negra, ¿Puedo mostrarla?”, preguntó Julián y ante la aprobación del juez sacó la remera rota y pasó la mano atravesando los agujeros grandes que le habían dejado. “Nos dijeron villeros, negros de mierda, nos preguntaron de donde veníamos, les dijimos que de Quilmes y de Florencia Varela y nos respondieron: ´Ah altos negros de mierda´ y ahí nos dijeron que a personas como nosotros nos tenían que pegar un tiro en la cabeza, como lo hicieron con nuestro amigo”, contó Julián mientra sus cejas se elevaban y juntaban, su mandíbula se tensaba y las comisuras de sus labios descendían.

Cuando les digo que soy de Varela me dicen ‘ah sos de Varela villero de mierda, lo mataste vos a tu amigo’. Uno me gritó fuerte en la cara ‘villero de mierda’. Venían y me preguntaban ‘¿Dónde está la falopa? ¿Dónde está el arma? ¿A dónde se fue el otro que salió corriendo?’ A todo esto Lucas seguía ahí”, contó Joaquín. Cuando le preguntaron si podía reconocer a las personas que lo maltrataron él dijo: “No podía reconocer a quienes me esposaron, porque estaba tirado boca abajo, pero sí al que me maltrató”, y prosiguió a señalar a Sebastián Jorge Baidón que estaba sentado con los demás imputados mientras los chicos declaraban.  

Las caras serias de los catorce policías imputados, con sus ojos fijos en el banquillo de los testigos, se mantuvieron durante las casi diez horas de audiencia, acompañando a las declaraciones de los padres, de los chicos y las preguntas de los abogados querellantes y defensores. 

“Nadie tenía las llaves de las esposas que nos estaban lastimando y resulta que cuando llegó el padre de Joaquín vinieron y lo primero que hicieron fue sacarnos las esposas”, dijo Julián. “Después se acercó mi papá, y por suerte, porque si nos pusieron un arma de juguete y nos maltrataron así no sé qué más podrían haber hecho -aclaró Joaquin-. Cuando mi papá les intentaba explicar la situación no daban bola, le querían hacer entender a mi papá que éramos ladrones, pero mi papá tenía bien en claro que no”. 

“‘Vamos a proceder a retirar un arma’, cuando dijeron eso se me vino el alma abajo, porque yo sabía que los querían engarronar. Un circo hicieron alrededor del arma -contó Javier Alejandro Salas, el padre de Julián quien, a continuación de los chicos, dio su declaración de los hechos de ese día-. A ellos hoy los están juzgando pero ellos, ese día, condenaron a Lucas. Lo condenaron con dos balazos en la cabeza”. 

“Lo peor de todo es que nosotros nos fuimos al Inchausti sin novedades de Luquitas, yo no sabía nada. Y nos tuvieron toda la noche ahí. Pasé la peor noche de la vida, se escuchaban gritos, era un horror. Fueron dos días tristísimos, porque al otro día se me fue, se me fue Lucas”, contó Joaquín que hablaba angustiado, con la voz tomada y las lágrimas que empujaban para salir. 

Niven Huanca, recién iniciado en la mayoría de edad, pasó a declarar tercero. “Esta declaración puede ser importante. Dicen que él puede llegar a reconocer a los que dispararon”, se escuchó en la sala donde estaba la prensa. 

De remera blanca y ojos caídos, Niven hablaba serio: “Íbamos normal en el auto, yo estaba con el celular. De pronto veo que baja la velocidad, levanto la cabeza  y veo que sacan el arma. Yo lamentablemente, ya había vivido con mi papá asaltos acá en Buenos Aires y esto fue igual. Salieron con el arma a dispararnos. Yo vi dos, el que salió detrás del conductor y el copiloto, después cerré los ojos. Primero sentí los balazos y después el volantazo de Julián. Ahí veo que la cabeza de Lucas se está cayendo para el lado de Julián. Y escucho que alguien grita ‘Mataron a Lucas. Nos están siguiendo, nos van a matar.’” 

 “Corro. Yo no conocía por ahí, no sabía dónde estaba. Me miré la campera y tenía las manchas de sangre de Lucas. Estaba en shock -dijo contando el camino que atravesó para llegar a su casa-. En el departamento, cuando llega mi primo le conté que me habían robado y que habían matado a mi compañero, y en la tele vi que decía ‘Tiroteo en Barracas’ y estaba la foto de Joaquín y Julián tirados en el piso. Éramos delincuentes para ellos y para todos. Éramos delincuentes para todos, hasta que pudimos hablar”. 

Los rostros de Julián, Joaquín y Niven aparecían en la pantalla grande del auditorio mientras declaraban. La tensión en la sala cortaba, afilada con palabras técnicas de los abogados y jueces. Los vidrios separaban a los imputados de los familiares y la prensa. La seguridad cubría toda la sala, “SPF” se leía en todos los chalecos de los guardias del “Servicio Penitenciario Federal”.  

A los jóvenes les preguntaron: “¿Escuchaste un ‘alto policía’?”, “No”, respondieron los tres, “¿Una sirena previo al hecho?” “No”, “¿El personal estaba uniformado?, ¿Usaban chaleco de alguna naturaleza?” “Nada”. “Fueron chorros directamente -dijo Niven-. Bajaron directo a apuntar a Lucas que tenía el vidrio bajo”.

Luego de las declaraciones, comenzaban las preguntas tanto de los abogados querellantes como de los defensores. Preguntas que iban desde la aclaración de algunos hechos y repaso por anteriores declaraciones, hasta otras que tenían que ver con la elección del horario de entrenamiento o en qué consistía el mismo. 

“Lo que yo quiero simplemente no se puede. Porque yo quiero tener a mi amigo acá al lado, pero ya no está más”, dijo Joaquín mientras cerraba su testimonio. 

«Un mocazo»

«Un mocazo»

Comenzó el juicio por el fusilamiento del adolescente Lucas González, baleado en Barracas por tres integrantes de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021. Otros once miembros de la fuerza son acusados por encubrimiento. En la primera jornada se escucharon los audios de los involucrados dando cuenta de los hechos.

 

Comodoro Py se llenó de camisetas rojas y blancas, de remeras con la frase “Justicia por Lucas”, todas estampadas con la cara de un pibe que asesinó la Policía de la Ciudad: Lucas González. Sus familiares, amigos y compañeros también de Joaquín, Julián y Niven -los otros tres chicos baleados- se concentraron fuera de los tribunales para exigir justicia. Empezaba la primera audiencia por el juicio que busca reparar de alguna manera la injusticia de su asesinato.

Con la representación de Gregorio Dalbón actuaron como querellantes tanto la familia de Lucas, como los tres amigos que iban en el auto con él, ya que ellos también fueron perseguidos, amenazados y torturados por los uniformados porteños. 

Era 17 de noviembre de 2021, cuando Lucas fue asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Esa noche, ANCCOM estaba junto a la familia, escuchando sus reclamos contra el gatillo fácil. Fue recién al día siguiente cuando los medios más grandes cambiaron sus titulares: de “Barracas: tres detenidos tras una persecución y tiroteo con la policía. El hecho ocurrió en la calle Luzuriaga, cuando policías de la Comisaría C4 porteña interceptaron y persiguieron a delincuentes en medio de un tiroteo” a “Persecución policial y tiroteo en Barracas: la familia del adolescente baleado denunció ‘gatillo fácil’”.

Ayer, afuera, con cuarenta grados de sensación térmica, llegaron desde Florencio Varela, media hora antes de que iniciara la audiencia, dos colectivos llenos de personas que fueron a abrazar y sostener a los pibes y a sus familias. Remeras blancas y rojas del Club de Barracas Central, donde jugaban Lucas y sus amigos, y verdes y blancas de Defensa y Justicia, la institución de lal cual Lucas era hincha, se mezclaban con otras que leían “Justicia por Lucas”. Entre banderas, botellas de agua y ojos llorosos, Comodoro Py se rodeó del fuerte reclamo por justicia. 

Tanto el padre Héctor «Peca» González como los hermanos de Lucas se presentaron al juicio, mientras que la madre no pudo ir porque se encontraba internada con problemas de salud. Previo al inicio de la audiencia, el papá de Lucas dijo: «Lo que hicieron con nuestras vidas estas basuras es imperdonable, nos arruinaron por completo. Vamos a buscar justicia, no venganza». «No queremos una Justicia ejemplificadora», agregó Dalbón, marcando diferencia explícita con el tratamiento del caso de Fernando, llevado adelante por el abogado Burlando.

La familia y los amigos de Lucas reclamaron justicia frente al Palacio de Tribunales en noviembre de 2021.

Dentro de la sala fría, de luces blancas y cortinas marrones, ojos rojos, piernas inquietas y remeras blancas con las letras grandes que decían “Justicia por Lucas”, ocuparon las sillas en el sector del público. Los familiares y amigos de Lucas, acompañaron durante toda la audiencia a los querellantes escuchando las declaraciones de los policías imputados. 

Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero, se sentaron en las sillas negras frente a los abogados, imputados y querellantes. Los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal N°25 dieron comienzo al juicio alrededor de las 10 de la mañana. 

En las pantallas grandes de la Sala AMIA se vieron los rostros de los imputados que pasaron uno a uno al estrado para dar sus declaraciones de indagatoria. Ni el padre, ni los tres chicos estuvieron presentes porque, según explicaron los jueces, no se les permitía dado que al momento ellos no habían declarado todavía. Una nube de tensión cubrió toda la sala cuando declararon los primeros policías que persiguieron a los cuatro chicos y fusilaron a Lucas: el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. Los tres repitieron en orden la misma corta declaración: “Actúe en cumplimiento de mi deber, en legítima defensa y no cometí ningún delito”. Las voces de los familiares y amigos de Lucas se escucharon desde arriba. Susurros de indignación en un lugar donde vociferar no es posible. “¿Defensa propia?”, se escuchó, con asombro y bronca.  

Representados por Fernando Soto, abogado defensor de Luis Chocobar, están acusados de delito de homicidio agravado “por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. 

Los 11 uniformados restantes, imputados por encubrimiento y torturas hacia Joaquín, Julián y Nieven, variaron en sus declaraciones sobre el día del asesinato. Estos fueron Héctor Claudio Cuevas, Roberto Orlando Inca, Jose Horacio Romero, Fabian Alberto Du Santos, Daniel Alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro Ozán. La mayoría decidió no declarar, por lo cual se hizo un repaso de declaraciones anteriores. Solo declararon Juan “El Perro” Romero y Roberto Orlando Inca, comisario y subcomisario de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4.

“¿Qué pasa Rodo, se mandaron un moco?”, la voz del comisario Du Santos retumbó en los parlantes del auditorio. El contraste entre la formalidad de las declaraciones dejaron consigo una gélida sensación en el auditorio, cuando por pedido del abogado querellante se pasó la conversación entre Du Santos y Ozán, conseguidas del peritaje al teléfono del primero. “Un mocazo”, contesta Ozán, quien procede a pedir que llame al “Perro” Romero para “emprolijar la situación”. La incomodidad no era una característica en los policías que declararon, acostumbrados a rondar por los tribunales, a diferencia de varios de los que se encontraban allí. 

La jornada se extendió por cerca de diez horas dentro de las salas del tribunal de Retiro. Las declaraciones que se esperaban del papá de Lucas y de los tres amigos se pasaron para la próxima audiencia debido a la falta de tiempo. La semana siguiente contarán lo que vieron ese día y cómo se desarrolló lo acontecido. Con tensiones entre los abogados, esta fue la primera de lo que se espera sean once audiencias, repartidas una por semana hasta el mes de julio.  

A la salida de Comodoro Py, sentados en silla, echados en el piso, parados a un costado cubriéndose del sol, los familiares y amigos que fueron a apoyar a la familia de Lucas, a Joaquín, Julián y Niven, no se movieron hasta que finalizó la audiencia. El abrazo de los vecinos de Florencio Varela, de los miembros de Barracas Central y de Defensa y Justicia, de los amigos y compañeros y de los padres, tíos y hermanos de los chicos, no soltó fuerza en ningún momento.

«¿Cuál gorra es más peligrosa?»

«¿Cuál gorra es más peligrosa?»

Miles de personas, familiares de víctimas de gatillo fácil, marcharon desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, en la VIII Marcha de la Gorra, para reclamar contra la violencia policial. La lista de pibes muertos por la represión estatal cada vez es más amplia.

Dos chicos con gorras altas, una naranja y otra verde, corrían entre la gente, zigzagueando los carteles en los que se leía “Ni un pibe menos, ni una bala más”; “El juicio es producto de la lucha, la condena es el repudio popular”; “¿Cuál es la gorra peligrosa? Basta de matar pibes en los barrios”. 

“¡Hola Emi!”, dijo una chica mientras abrazaba a la mujer de remera blanca. No era la única, ya desde las dos de la tarde, firmes sobre la avenida Rivadavia, estaba la línea de madres y familias sosteniendo la barredora que decía “Marcha nacional contra el gatillo fácil: Ni un pibe menos. El estado es responsable”. También estaban las remeras blancas y los carteles con las caras de ellos, de los pibes que no están. 

Este 26 de agosto, la Marcha Contra el Gatillo Fácil se convocó por octava vez a nivel nacional bajo la consigna “Ni un pibe menos, ni una bala más’. El Estado es responsable”. En Ciudad de Buenos Aires, familiares y amigos de las víctimas de violencia institucional, acompañados de organizaciones como La Poderosa, el MST, la Correpi, la Defe, el Polo Obrero, el MTL, CUBA, Movimiento Evita, Bloque Piquetero Nacional, entre otros, juntaron a miles de personas que marcharon del Congreso de la Nación a Plaza de Mayo.

Fuerte era el estruendo de los tambores que acompañaban las cejas fruncidas y las mejillas húmedas. Firmes se sostenían las columnas y firmes comenzaron a avanzar los pies. Ahí nadie se desarmaba. Como serpiente, la columna giró por avenida Rivadavia. “Y dale alegría, alegría a mi corazón / la sangre de los caídos se rebeló / Ya vas a ver / las balas que vos tiraste van a volver”, las voces comenzaron a cantar acompañando los tambores. 

“Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha a nivel  nacional que visibiliza y repudia la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares, aquí nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia”, dijeron los familiares durante el discurso. 

Los nudos en las gargantas hacían que los gritos se cortaran, pero no perdían su calidad de grito. Por el megáfono se escuchó: “¡Basta de gatillo fácil!”, “!Basta!”, contestaron atrás. “¡Basta de matar a nuestros pibes!”. “¡Basta!”, volvieron a decir.

Con la remera de Nahuel Hormachea, la mamá se secaba las lágrimas de sus cachetes, mientras su compañera con la misma remera la abrazaba y levantaba su mano para arengarla. “A ver a ver / quien dirige la batuta / el pueblo en lucha / o los ratas hijos de yuta yuta yuta”, se escuchaban las voces que acompañaban el ritmo de los tambores. 

“Yo vine por Pablo Alcorta. Sí, soy familiar”, es lo único que logró decir la mujer con un cartel en el que se leía “Debajo de cada gorra hay un pibe con su historia”, antes de que se le cortara la voz.

“Yo sabía / yo sabía / que a los pibes / los mató la policía asesina”, cantaron con bronca. Se marchó por un familiar, por un amigo, por un conocido o por un completo extraño. “Nuestras palabras pueden parecer repetitivas, pero es que la situación de represión e  impunidad se profundiza año a año”, explicaban las madres.

La marea de cejas fruncidas y dolor concentrado abría paso por la avenida. La familia de Paly Alcorta cantaba hasta quedar con la cara colorada: “El policía es un cagon / Defiende a los que tienen plata mientras el pueblo va a prisión / y algo vamos a hacer / aunque vengan con bastones / porque son unos cagones / igual los vamos a correr”. Un chico bajó su cartel para abrazar a su mamá. “¿Cuántas balas va a disparar tu gatillo fácil?”, se leía.

Las personas ajenas a la marcha frenaban a un costado sin poder sacar los ojos de las cejas hundidas, de los puños altos, de los carteles rojos, de las fotos de los asesinados. Era difícil mirar para otro lado.

Rodeando la columna, como sombras de negro, siete chicos pintan las paredes. Las frases: “Muerte a la yuta”; “venganza por todxs lxs pibxs” y “yuta asesina” circundaban la placa de Gustavo Benedetto, asesinado por la represión policial el 20 de diciembre de 2001 en Avenida de Mayo y Tacuarí. La columna frenó para acompañar el grito de la mamá de Gustavo: “Gustavo presente, ahora y siempre”.

“Vamos que esta es nuestra plaza, la plaza del pueblo, la de los familiares”, gritó una madre mientras las personas se acomodaban dentro del círculo de pañuelo blancos en la histórica plaza. “Hagan espacio que tenemos que entrar todos los familiares”, se escuchó mientras rodeaban el escenario.

Mientras el acto comenzaba sobre la tarima, algunos familiares se acercaron a la Casa Rosada a dejar las fotos de los dueños de los gatillos. El tapiz de caras y nombres cubrió la entrada a la Casa Rosada. “Papá sigue luchando no solo por vos Bochita, sino por todos los pibes y pibas que siguen en peligro”, decía la remera del hombre agarrado de los barrotes de la Casa Rosada. “Que los que matan se mueran de miedo”, aparecía en el cartel pegado a las rejas.

“Denunciamos no sólo a los policías, prefectos, gendarmes, funcionarios o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen -explicaban desde el escenario-, sino al Estado en su conjunto, del que forman parte esencial”. 

«Yo tengo tanta bronca e ira, y hablo de Ismael y de mi comunidad. Recién hablaban de la nena que murió de desnutrición, a nosotras también se nos mueren, las buscamos pero no aparecen -dijo la mamá de Ismael Ramírez, el nene de la comunidad qom que a los trece años murió de una bala en el pecho-. Yo sé que la justicia para nosotros es una mierda, pero yo por los niños de mi comunidad voy seguir luchando”.

En el discurso también recordaron a Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez, Aníbal Suárez, Brandon Romero, Huguito Arce, Carlos Vázquez, Pablo “Paly” Alcorta.  “Es terrible leer tanta muerte todo el tiempo”, se interrumpió Delia mientras leía el documento que narraba las historias de chicos muertos. Marcos Acuña, Nicolás Vázquez, Cristopher “Bocha” Rego, Facundo Ferreira, Cecilia Basaldúa, Leo Bravo, Daiana Abregú, continuaba.

“En todas estas luchas, peleamos por la sentencia, pero también y sobre todo por la conciencia. Para que exista de verdad el nunca más que no fue nunca más -dijo Emi, la mama de Paly Alcorta-. Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. En este sistema injusto el peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza.”

En Plaza de Mayo, las fotos clavadas en la tierra formaron una pasarela de recuerdo y reclamo.

Con nombre y apellido

En Plaza de Mayo, las fotos de las víctimas clavadas en la tierra formaron una pasarela de recuerdo y reclamo. Estaban:

Danilo Sansone, Natalia Melmann, Brandon Romero, Camila López, Nahuel Hormachea, Gonzalo Domínguez, Aníbal Suárez, Huguito Arce, Carlos Vázquez, Marcos Acuña, Nicolás Vázquez, Cristopher “Bocha” Rego, Facundo Ferreira, Cecilia Basaldúa, Leo Bravo, Daiana Abregú, Christopher López, Hugo Arce, Ezequiel Demonty, Camilo Braian Agustín Monzón , Walter González, Agustina, Huguito Carlos, Pablo “Paly” Alcorta, Miguel Núñez, Víctor Elías Balzar, La China, Yazmín Larios, Gustavo Ezequiel Acosta, Diego Ariel Tolaba, Mauro, Agustina Galarza, Facundo Bravo, Lito Costilla, Gustavo Alderete, Ismael Ramírez, Agustín, Cristian Montecinos, Coqui Del Primaveral, Leonel Sotelo,  Agustina Nieto, German Gómez, Felipe Villalba, Santiago Maldonado, Leandro Bravo, Kiki Lezcano, Gustavo Benedetto, Florencia Cuéllar, Vanesa Núñez, Sonia Colman, Martín Rodrigo Carreras, David Monzón, Matías Casas, Javier Alarcón, Gonzalo Crespo, Anamaría Bustamante, Nicolás Barrera, Marcos Moya, Germán, Darío Santillán, Franco Díaz, Christopher Torres, Alan Maidana, Fabián Gorosito, Daniel Oblitas, Josué Lagos, Nico Bustamante, y muchos más nombres que los manifestantes gritaron «presente, ahora y siempre»

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.

A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió. 

El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.

Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172. 

A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”. 

Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”. 

“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”

Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.

En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.

Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.  

El modus operandi de la policía que termina en asesinatos como el de Lucas González

El modus operandi de la policía que termina en asesinatos como el de Lucas González

Según la CORREPI, cada 20 horas ocurre una muerte por violencia institucional. El caso de Lucas González, ocurrido a una cuadra de la 21-24, es uno de ellos. ANCCOM dialogó con vecinos del barrio para descubrir cómo actúa cotidianamente la policía con los jóvenes. También cuentan cómo se organizan para resistir el abuso de las fuerzas estatales.

 

El homicidio de Lucas González, a manos de la Policía de la Ciudad, tuvo una gran repercusión mediática por su gravedad: un claro ejemplo de la estigmatización y de la criminalización por portación de rostro. Sin embargo, el de González no es el único caso de violencia institucional que ocurre en la Ciudad. Según la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), cada 20 horas una persona es asesinada por las fuerzas del Estado.

El “Diagnóstico y estrategia para erradicar la violencia institucional en CABA” es un documento presentado por el Ministerio Público de Defensa (MPD) y fue recientemente difundido por Página/12. Revela que sólo entre el 1º de julio y el 19 de noviembre de este año, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 472 hechos de violencia institucional. En promedio se contabilizan 94 casos por mes y más de 3 por día.

Las comunas de la zona sur son las que concentran una mayor cantidad de violencia institucional.

La persecución policial que le costó la vida a Lucas González ocurrió a una cuadra de la villa 21-24, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Según el informe, las comunas de la zona sur son las que concentran una mayor cantidad de violencia institucional: la 1, la 4 (en donde se encuentra Barracas) y la 8 suman el 50% de los casos. Además, al menos el 37% de las víctimas se encuentran en una situación habitacional de vulnerabilidad: el 17% situación de calle y el 20% habita viviendas precarias.

Carlos Desajes, docente de una escuela de la Vill 21-24, ex vecino, y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, dice que los jóvenes del barrio ven a las fuerzas de seguridad como “algo violento”, que los “mantienen encerrados y perseguidos». Explica que esto ocurre porque actúan sin estar “en absoluto preparadas para intervenir, en casi ninguna situación, y mucho menos en barrios como los nuestros. No tiene preparación, no saben cómo hacerlo, no tiene estudios en sociología, ni en psicología, ni en antropología, ni en nada”, declara.

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En el barrio, la actitud que tiene la unidad de Prevención Barrial (UPB) con los jóvenes , que depende de la Policía de la Ciudad, “es la de siempre”, dice Lucas Bogado, miembro de la Junta Vecinal y militante del Movimiento Evita. Sin embargo, advierte que, en los últimos dos años, cuando la Prefectura dejó de ser la fuerza a cargo del barrio y se creó la UPB, los casos de violencia aumentaron: “Históricamente los molestan por tener un cigarrillo de marihuana, los paran, los revisan, los cachean. Y ni siquiera hace falta que tengan marihuana, sino que tienen esa rutina de parar.  Esas situaciones generan violencia con los jóvenes, porque se hacen los piolas, los pillos; y los efectivos de las fuerzas de seguridad también son jóvenes, entonces se genera un enfrentamiento, una competencia y una pelea. En vez de cuidarte, hacen que sientas miedo y confrontación”, asegura.

Respecto a los cambios en las fuerzas intervinientes en el barrio se puede señalar: inicialmente la presencia de la Policía Federal, después la Prefectura y Gendarmería, durante un breve período la Metropolitana y, hoy, la UPB. Esta última, “al principio se presentaba amablemente hacia la comunidad”, cuenta Desajes. Y continúa: “Como dice el refrán popular: ‘escoba nueva barre bien’. Intentan mostrarse como gente honesta, no corrompible, que iba a hacer su trabajo como corresponde, pero a los pocos meses empezaron los conflictos”.

Tanto Desajes, como Bogado coinciden en que el sector más violentado por la policía es el de la juventud. En tal sentido, el informe postula que la edad promedio de las víctimas es de 33 años, en un rango que va desde los 15 a los 65. Por otra parte, Desajes explica que si bien la adolescencia es un momento difícil en la vida de todas las personas, en las villas se acentúa. “Algo que nota una persona que viene de afuera de la villa es que la niñez tiene algo de jugar en el pasillo, de andar en la calle, de encontrarse con amigos a jugar, de entrar en una casa y salir en otra”, cuenta. 

El problema se genera, especialmente para los varones, cuando terminan la primaria, comenta. “Aquel pibe que ayer era un chico al cual su familia lo cuidaba y lo protegía, de golpe se le cierran las puertas, las posibilidades de continuar”, dice Desajes. Y, acorde con el informe del Ministerio Público de la Defensa, cuanto mayor es el nivel de vulnerabilidad, más alta es la posibilidad de sufrir abusos por parte de las fuerzas de seguridad: el 57% de las víctimas no completó la educación secundaria y el 65% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad: 20% desocupados, 20% actividades de subsistencia y 25% ocupaciones informales”.

Por otro lado, el docente recuerda que, desde una perspectiva psicológica, “lo que genera identidad para un adolescente está en esto de confrontar con un otro para darte identidad a vos mismo. Bueno eso se da en todos lados, no sólo acá por ser una villa, aunque a veces por esta situación de ocultamiento tiene picos más violentos que quizás en otros lugares”, propone. Entonces, a esta sensación de desamparo o de falta de acompañamiento, combinada con una actitud confrontativa se le suma una “presencia policial, que es más notoria dentro del barrio y alrededor del barrio, no solamente por lo numérico sino también por el tipo de relación que se establece con el habitante joven del barrio”.

La presencia de la policía no se limita al cercamiento externo del barrio: mientras los efectivos uniformados rodean el barrio, en su interior se encuentran las “brigadas”, que recorren los pasillos de la villa vestidos de “civil”. Desajes dice que trabajan “con un arma que muchas veces se utiliza para mantener dividida a la población, separada, peleada: el rumor, que funciona como un arma de división dentro del barrio”. De esta forma, la policía genera enfrentamientos entre distintos grupos. “Así tenés la fórmula perfecta: encierra, divide y reinarás. De esta manera mantiene el control social las fuerzas de seguridad en un barrio como el nuestro”, asegura.

Respecto al modus operandi de la policía, tanto Desajes como Bogado coinciden en que los hechos de violencia suelen ocurrir durante la noche y, especialmente, cuando las víctimas se encuentran bajo el efecto de alguna sustancia. Y “cuando (los jóvenes) se encuentran en una situación de soledad, ahí agarrate Catalina porque empieza el baile”, advierte Desajes. En tal sentido dice que la Policía actúa “con una prepotencia que pareciera que se creen los dueños dentro de un zoológico”.

No obstante, desde hace muchos años, se vienen gestando diversas formas de organización territorial para hacerle frente a los abusos policiales. Cuando algún caso llega a los oídos de los vecinos, conscientes del accionar inhumano de la policía, se organizan en asambleas y salen hermanados a poner el cuerpo. Eso fue lo que ocurrió con el caso de Lucas González, quien no era del barrio, pero “como vecinos son simpatizantes del club Barracas, en el que él jugaba, inmediatamente salieron a denunciar”, narra Desajes. Y agrega: “Al día siguiente estábamos cortando la calle las organizaciones de la 21. Es decir, no teníamos una relación directa, pero acompañamos a la familia a la comisaría y fuimos a reclamar. Inmediatamente se puso sobre la mesa que acá había habido un gatillo fácil; que no había habido ningún enfrentamiento, que los pibes salían de entrenar. Simplemente está esa discriminación de ver al pibe morocho, con ropa deportiva y la gorrita; eso de por sí es sospechoso: cuatro pibes arriba de un auto, por el color de piel y por la forma de vestirse. Eso es lo trágico”, concluye.

Por su parte, Bogado también destaca todo el trabajo de las organizaciones que actúan en el barrio. En ese sentido, cuenta que llevan adelante la tarea de concientizar a los jóvenes y de enseñarles sus derechos pero advierte la complejidad de la situación “porque podés saber todos tus derechos, pero si te agarran en un pasillo a las doce de la noche cuando no hay nadie, es difícil”. Y finaliza diciendo: “Las fuerzas de seguridad dependen del Estado. Deberían tomar medidas más serias y un mayor control. Estas brigadas que existen en el barrio no deberían estar”.