Una campaña electoral sin propuestas para los medios

Una campaña electoral sin propuestas para los medios

A 14 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ninguno de los candidatos a presidente tiene propuestas concretas referidas a los medios de comunicación.

En octubre de este año se cumplieron 14 años de sancionada la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Su formulación fue producto de un intenso debate entre múltiples sectores: organizaciones de radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de medios, investigadores y estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y distintos movimientos sociales.

Todos se habían vinculado en 2004 en la Coalición por una Radiodifusión Democrática para la creación de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, donde denunciaban la necesidad de reemplazar el DecretoLey 22285 de 1980 de la última dictadura y también de acabar con la serie de políticas posteriores desarrolladas en democracia que tendieron a acrecentar los mecanismos de concentración y extranjerización del sistema mediático argentino. La nueva LSCA compartió los mismos objetivos.

ANCCOM dialogó con docentes e investigadores en comunicación y con trabajadores de medios comunitarios para entender cuál es el escenario actual en materia de legislación y también de cara a los (no) proyectos de los dos candidatos a la presidencia que se enfrentarán en el balotaje.

Los inicios

El derrotero del proyecto sancionado en 2009 quedaría marcado por una rápida judicialización impulsada por el Grupo Clarín, que denunció la supuesta inconstitucionalidad de la LSCA. Luego vendría una modificación veloz de los artículos judicializados con el  Decreto 267/15, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, quién, además, modificó la Ley 27078 Argentina Digital, creando un único organismo de aplicación para ambas leyes: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Los objetivos consensuados por las organizaciones quedaron en el olvido al habilitarse nuevamente la concentración y entorpecerse los mecanismos de aplicación de las leyes en manos de un único ente regulador que concentra los mundos audiovisuales y los de las telecomunicaciones.

Al respecto, Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la  Comunicación (UBA) y asesor legislativo del Frente de Todos sostiene que las modificaciones “subsumen lo audiovisual a la lógica más comercial”. A esto se le suma que, gracias al mismo decreto que lo crea, de los siete miembros del directorio del ENACOM hay cuatro que son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, cuando antes eran solo dos. La tradición presidencialista en Argentina no escapa a las comunicaciones.

 

El panorama cambió cuando, apenas iniciada la pandemia de COVID-19, el DNU 690/20 de Alberto Fernández declaró como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a los servicios TIC, incorporando a la telefonía móvil y a la televisión, y suspendió los aumentos de precios durante seis meses. Sin embargo, «su aplicación no fue total», como destaca Mariela Baladrón, docente e investigadora en comunicación de la UBA.

A pesar de ese DNU, Rossi comparte que la gestión del actual gobierno tuvo “algunos claroscuros”, ya que “a través del ENACOM no controló cuotas de pantalla o la preeminencia de producciones nacionales. Hay mecanismos virtuosos que no fueron aplicados. Hay otros, como el giro de fondos a organismos públicos o la aplicación del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), que sí». En sus términos, quedó a mitad de camino “la cuestión de asumir el rol de la política pública en materia de comunicación».

Con la pandemia de por medio, las brechas digitales se vieron acrecentadas: “El escenario audiovisual y digital ha tenido transformaciones muy profundas en los últimos años y nuevos desafíos que en muchos casos aún no están resueltos desde el punto de vista regulatorio en todos los países del mundo”, como explica Baladrón. Entre los desafíos, se encuentra “la responsabilidad de los intermediarios de Internet por la generación de contenido de terceros, la autorregulación, co-regulación y/o regulación de las redes sociales, la protección de derechos y la promoción de la industria audiovisual por parte de plataformas de servicios audiovisuales globales, la protección de datos personales ante estos nuevos actores de la comunicación, y los nuevos usos de la Inteligencia Artificial”. Para la especialista, hay proyectos de ley circulando que aún no alcanzaron el estado parlamentario como para ser debatidos por amplias porciones de la sociedad.

Medios y propiedad cruzada

Uno de los proyectos de ley en los que Rossi es asesor propone “reencuadrar a la TV de pago como servicio audiovisual ya que el DNU 267/15 lo pasó a la Ley Argentina Digital generando conflictos a la hora de tutelar derechos de audiencias, cuotas de pantallas y presencia de señales en la grilla; precisar el cumplimiento de normativas antidiscriminación y de tutela de derechos de audiencias vulnerables como niños, niñas y adolescentes; disponer una cuota de pantalla de exhibición o catálogo de producciones audiovisuales nacionales; establecer beneficios tributarios en el caso de que las plataformas de streaming produzcan crecientemente en la Argentina, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de nuestros territorios; explicitar el alcance tributario a estos nuevos servicios de comunicación audiovisual siguiendo parámetros de gravamen similares a señales satelitales y TV de pago”.

A pesar del alcance que propone el proyecto, la dificultad de que trascienda tanto este como otros posibles puede advertirse en varios factores. Primero, que el tema audiovisual es una cuestión sensible en Argentina ya que la expresión “Ley de Medios” resultó sinónimo de control sobre la propiedad cruzada y la multiplicidad de licencias en el sector. Cabe aclarar que esa misma ley judicializada en algunos artículos que afectaban los negocios de los grandes medios, fue también el marco que permitió mejorar la “accesibilidad de derechos, de financiamiento y de acompañamiento”, como sostiene Ivana Cruz, comunicadora comunitaria e integrante del colectivo de Radio Sudaca, en Trelew.

Por otro lado, en las plataformas electorales presentadas antes de las PASO, la “cuestión audiovisual” aparece ínfimamente mencionada. En la de Unión por la Patria (UxP), refieren a la calidad institucional y a la responsabilidad de las empresas periodísticas (ante el contexto político producto del atentado contra la vicepresidenta) y mencionan la necesidad de regulación del “ecosistema mediático digital”; en la de La Libertad Avanza (LLA), mencionan el desarrollo de las comunicaciones por 5G y el “incentivo de inversiones en comunicación”. Por último, y vinculado al contexto político de cara al balotaje presidencial, es poco probable que los candidatos arriesguen su trayectoria electoral de los últimos meses dando luz a propuestas hasta ahora desconocidas por la sociedad. Como marca Rossi, “el tema es incómodo” incluso hacia adentro de las coaliciones electorales.

 

¿Todo depende del 19 de noviembre?

«Con el avance de las plataformas hay un periodo de ventana de no regulación hasta que viene la regulación que entiende de qué se trata», sostiene Rossi. Sobre todo en los últimos años, las transformaciones digitales han escapado a muchas regulaciones -como sucedió siempre: ante la novedad, se ven los vacíos legales-, y por eso hay gigantes como Netflix o Youtube de Google que «aprovechan esos espacios de regulación opaca o de no aplicación de la ley para ellos, tomando ventaja comparativa con otro sector». El profesor y asesor legislativo sostiene también que «en LLA no van a hacer propuestas de reglamentación. En todo caso su discurso es eliminar trabas, quitar trámites, todo eso”. Por otro lado, para el especialista “el discurso de Unión por la Patria es de tutelar derechos, adaptar marcos normativos para entender los nuevos procesos».

Consultada acerca de la posibilidad de que se genere un nuevo proceso político y social que desemboque en nuevas regulaciones sobre el sector, Baladrón sostiene que la “agenda de temas que cruzan los derechos comunicacionales incluye la soberanía tecnológica y otras múltiples cuestiones en las que muchas organizaciones sociales y actores pueden coincidir, pero cuyas agendas de trabajo difícilmente abarquen todas ellas. En este aspecto, la dinámica política de los próximos años es difícil de prever e incluye a grandes empresas globales a diferencia de otros momentos históricos”.

 

¿Y los medios comunitarios?

Ivana Cruz sostiene que “la comunicación es no solo un derecho humano fundamental sino una lucha política”. Reconoce que, a partir de la sanción de la LSCA, se les abrieron opciones que antes no eran posibles por vías legales. Cuenta que participaron de uno de los concursos FOMECA y les fueron otorgados fondos que les permitieron ampliar sus capacidades técnicas de transmisión. Sin embargo, así como accedieron a un FOMECA, tardaron años y dos gestiones del ENACOM en adquirir la categoría de “emisora”.

La vigencia de la ley también se juega en eso: sin el marco regulatorio y sin la correcta aplicación, hay muchos proyectos que, sin fines comerciales, verían su capacidad de ejercer un derecho básico con poco margen de maniobra. Cruz cuenta que “en el imaginario colectivo de Trelew está Radio Sudaca como herramienta de comunicación” para personas que llegan de distintos espacios de militancia: de los movimientos antiextractivistas, de los géneros y de las diversidades sexuales, de los docentes. Resulta poco probable que medios comerciales den espacio a este tipo de luchas, algo que aumenta la desigualdad en las posibilidades de expresarse de la sociedad.

Al igual que Rossi y Baladrón, Romina Bravo, también comunicadora social de Radio Sudaca, cree que los mecanismos de aplicación de la ley se burocratizaron a tal punto que es agotador para los proyectos comunitarios familiarizarse con los trámites a resolver. Esto impide que la comunicación comunitaria se profesionalice dentro de su ámbito, ya que se dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo, desgastando al voluntariado que sostiene la radio. Considera que, desde la intervención de la gestión macrista sobre la Defensoría del Público en 2018, los mecanismos se han entorpecido aún más, sin cambios durante los últimos cuatro años.

Desde la sanción de la ley, se sucedieron distintos eventos que pusieron en jaque su constitucionalidad, que la modificaron para beneficiar a algunas empresas periodísticas en detrimento de otros sectores comunicacionales y que burocratizaron sus mecanismos de aplicación. Además muchas de las circunstancias previstas por la ley se vieron superadas por el veloz cambio tecnológico. Sin embargo, también se crearon canales de televisión públicos, se realizaron concursos de fomento y, a duras penas, se otorgaron licencias a medios comunitarios. La regulación existente está en su mayoría vigente, pero no de manera completa. Lo conseguido es resultado de una ardua lucha social y política, y lo que queda por conseguir también lo será.

Las desventuras de los medios comunitarios en la era Macri

Las desventuras de los medios comunitarios en la era Macri

Mientras que en 2015 el 38 por ciento de los medios comunitarios se presentó al FOMECA, en 2017 lo hizo solo el 16%.

En un contexto donde las la crisis económica golpea fuerte en la sociedad, los medios comunitarios intentan subsistir como pueden, casi sin apoyo del Estado. ANCCOM relevó el panorama de radios y televisoras sin fines de lucro e indagó en cómo subsistieron al macrismo y qué esperan de ahora en adelante.

Luis Lazzaro, docente de Derecho a la Comunicación y la Información en la Universidad nacional de Moreno, y miembro fundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, explica: “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado una reserva destinada a estos medios, también un fondo de promoción que generaba subsidios para su funcionamiento pero a partir del gobierno de (Mauricio) Macri, se generaron muchas dificultades en la implementación de estos subsidios que ayudaban a su subsistencia, acompañados por un contexto económico donde los tarifazos generaron mayores complicaciones para estos medios.”

Otro de los problemas es el pobre acceso que tienen estas organizaciones a la publicidad oficial, sea del Estado nacional o de los provinciales y municipales. Según el reciente informe de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y  Popular (RICCAP), en 2018 solo el 2,1% de los medios accedió a pauta oficial de la Nación. Este número disminuyo considerablemente del 9% que tenía pauta del Estado nacional en 2015. Otro aspecto importante es la centralización de esos recursos, ya que de los medios que reciben estas pautas, el 55,9% se localiza en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.

Más del 50% de la pauta oficial destinada a los medios comunitarios es recibida por emisoras porteñas y bonarenses. 

El acceso a fondos públicos de fomento es otro de los elementos que pueden sostener a los medios comunitarios. La principal línea es la de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable), que se pusieron en práctica en 2013. Desde ese año hasta el 2015, las presentaciones de estos medios fue creciendo de manera constante, pero a partir de  ahí comenzó a descender la cantidad que los solicitaba. Así, los que se presentaron para obtener FOMECA pasaron de ser un 38% del total de experiencias de comunicación comunitaria relevadas en ese 2015 a representar apenas un 16 % en 2017, siempre según el informe de la RICCAP.

Daniel Rosarolli es fundador de FM Aire Libre de Rosario, cuenta que recibe tanto pauta oficial como acceso al FOMECA, pero no la suma de ambos no alcanza para sostener la radio: “Nosotros accedemos a pautas provinciales y municipales, pero  no nos alcanza ni para pagar la luz”, dice y añade:  “Y también accedemos al FOMECA, después de un montón de requisitos que te pide ENACOM para que puedas participar del concurso. Y cuándo lo ganás no te lo dan en el momento, sino que hasta te hacen esperar años para cobrarlo, y encima con la inflación… no ajustan el importe al valor actual, te lo dejan al valor de cuando lo debiste cobrar”.

Las televisoras comunitarias tienen mayores dificultades en su subsistencia, ya que se necesita un equipamiento más caro y  mayor cantidad de trabajadores en ese sector. Según el informe de la RICCAP, el  10,6% de los medios comunitarios en Argentina está formado por emisoras de televisión. Un caso ilustrativo es Barricada TV, que fue fundado en 2009 y obtuvo la licencia en noviembre de 2015, y se emite por la TV digital abierta por el canal 32.1.  Natalia Vinelli, directora del canal, cuenta como hace la emisora para poder subsistir: “Nos mantenemos con fondos de fomentos concursables, que más allá de ser subejecutados permanentemente, nos ayudan a sostenernos, así como también recibimos pauta publicitaria de Nación y de la Ciudad, más la inserción comunitaria y el apoyo de las organizaciones”.

En este contexto los medios comunitarios tienen que aguzar el ingenio para poder subsistir, buscando los recursos que pueden tener al alcance de la mano. Julieta Urdinola, directora de la FM En Tránsito, de Castelar, explica cómo sostienen a la radio: “El proyecto dependía principalmente de las publicidades, y entonces la cooperativa empezó a hacer otros trabajos, como proyectos audiovisuales, para presentarlo en diferentes organizaciones; armamos una productora cultural que organizaba eventos, que nos ayudó a obtener un ingreso extra para por lo menos retribuirle algo a la gente que trabaja acá. Desarrollamos proyectos y actividades en el campo de la comunicación, cultura y economía”. FM En Tránsito se fundó en 1987, y siempre estuvo en lucha por mantenerse de pie. Obtuvo la licencia en abril de 2019.

Estos medios espera que su situación cambie con la llegada del nuevo gobierno, presidido por Alberto Fernández.  ¿Qué debería hacer el Estado en esta nueva etapa? Según todas las fuentes consultadas las medidas deberían incluir una tarifa social para los medios comunitarios, una ley de publicidad oficial que los apoye, la reserva del 33%  del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro y, por sobre todas las cosas, que la comunicación sea vista como un derecho que apoye a quienes menos voz y alcance tienen.

Ejecución cero

Ejecución cero

A pocos días de haber iniciado el período presidencial de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, el decreto de necesidad y urgencia 267/15 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). De esta manera, se intervinieron dos elementos centrales en materia de comunicación: Argentina Digital y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Así, la ampliación de voces y la democratización de la palabra quedarían garantizadas, aunque con un largo camino por delante. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) fue el mecanismo ideado para implementar en el plano de lo real la redistribución de los ingresos generados por gravámenes y multas. La finalidad era multiplicar los procesos de actualización tecnológica y de producción de contenido por parte de actores sociales sin fines de lucro, mediante convocatorias abiertas a concursos públicos. Entre 2013 y 2015, el fondo redistribuyó más de $166 millones que, en su mayoría, fueron invertidos por organizaciones en la compra de equipamiento para la producción radial y audiovisual.

El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.

El proceso constaba de un primer momento de concurso, que tenía exigencias específicas según la característica particular del concurso; luego, se llevaba a cabo el pago de la primera parte y su respectiva rendición, para acceder al segundo pago. Sin embargo, desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde: se trata de, aproximadamente, 300 ganadores que ven complicada la posibilidad de llevar a cabo su proyecto original. Por otro lado, el ENACOM todavía no ejecutó su presupuesto 2016, razón por la cual tampoco llamó a nuevos concursos. Esta decisión política en materia de comunicación trae aparejada una deuda hacia aquellos sectores que se comprometieron con una planificación planteada que no puede ser llevada adelante, justamente por falta de pago. De esta manera, se vulnera simultáneamente otra indicación de la LSCA, que contempla que 33% del espectro radioeléctrico se destinará exclusivamente a medios de la esfera social y comunitaria.

El miércoles, en las puertas del ENACOM (Perú 106, ex sede de AFTIC), cientos de oyentes, televidentes e integrantes de medios comunitarios se reunieron con carteles y banderas para hacer escuchar estos reclamos. La convocatoria se dio desde Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Arecia, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), Red Colmena, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), AMARC y RedCom. Mariana Pugliese, presidenta de FARCO, dijo: “Queremos que se abran las líneas de FOMECA con la totalidad del presupuesto que la ley dispone. Que se pague la totalidad de lo adeudado. Que participemos (si es que hay un debate de una ley de medios convergente, como se estaba planteando) con la misma intensidad democrática con que participamos en la ley que hoy está vigente. No se trata sólo del cumplimiento, sino de la forma de ese cumplimiento. Dicen que quieren fomentar el sector comunitario y nosotros entendemos ese fomento como el crecimiento real del 33%”.

Desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde.

Los manifestantes sostenían carteles que expresaban los reclamos: “Respeten 33% para los medios sin fines de lucro. No a la concentración” o “¿Sabías que hay sólo tres canales comunitarios legalizados y dos de ellos son interferidos por Canal 13?”. Este último caso da cuenta de la situación en la que se encuentra Barricada TV, que ganó un concurso y obtuvo una licencia en televisión digital abierta de baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el canal de prueba de Canal 13 interfiere con su señal. Otro de los pedidos incluidos en la concentración era, justamente, que se habilite a los canales que ganaron concursos en televisión digital y terminar con la concentración mediática.

Aunque las autoridades tardaron en dar una respuesta, finalmente un integrante del directorio del ENACOM, Heber Martínez, se acercó y dejó asentado el compromiso de que Miguel De Godoy se reúna con los representantes de los medios comunitarios el jueves de la próxima semana, aunque no confirmó ningún horario puntual. Santiago Vivacqua, de Red PAC, dijo al respecto: “Fue muy importante el acompañamiento de los oyentes, los televidentes, de los que todos los días hacemos comunicación comunitaria, popular y autogestiva. Sigamos organizándonos para que, en algún momento, algo de todo lo que nos están prometiendo, se cumpla”.

 

Actualizada 29/07/2016

Bolivia al aire

Bolivia al aire

Edwin Sánchez llegó siendo niño a la Argentina desde Bolivia, en 1997, junto a su madre y sus hermanos. “Durante todos estos años nos dedicamos a trabajar y a estudiar”, dice. Se formó en comunicación pasando por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una beca de producción radial en la TEA. “Desde ese momento empecé a trabajar en producción radial. Luego pensé en hacer un material dentro de mi propia comunidad: la boliviana”. Actualmente es el director del Canal Bolivia Al Aire y de la productora audiovisual Calidad de Radio (CDR).

Sintonizando boliviaalairetv.com pueden verse distintos materiales sobre la colectividad boliviana. Los domingos a las 15 Edwin conduce con serenidad y entusiasmo el noticiero Bolivia al Aire, creado por la productora CDR. El programa también se transmite en simultáneo por el Canal 8 de Villa Celina y por Urbana TeVé de la Villa 31, Retiro. El contenido cuenta con informes sobre cine y música, historias de vida de artistas, pero también de emprendedores textiles y rurales, y visibiliza problemáticas actuales de los trabajadores de esta comunidad residente en el país. Además, reflexiona críticamente sobre acontecimientos nacionales como la reciente conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, celebrando aquel  proceso de descolonización que estimuló la independencia de la región, aunque denunciando que actualmente subsisten otros tipos de colonización: cultural y económica.

De Mendoza a la pantalla

“Muchos dueños de campos tenían amenazados a trabajadores rurales bolivianos al decirles que si salían de la finca, los podrían detener”. La idea de realizar un medio audiovisual se gestó a partir de un trabajo de investigación periodística sobre este tema que realizó Sánchez en 2006. “Durante unos meses me puse a trabajar en una finca en Mendoza para conseguir datos, porque no es fácil ingresar si no sos un trabajador”, dice el director y agrega: “En aquella época no existía la tecnología actual, así que sólo tenía apuntes, audios y fotos. Pensé que de tener un registro audiovisual, podría haberlo denunciado y tener mayor difusión en los medios”. De todas formas, el informe logró su objetivo: “Lo llevé al consulado de Bolivia y pasó al Ministerio de Desarrollo Social. A partir de ahí, autoridades y periodistas empezaron a indagar sobre el asunto con mayor profundidad”, declara.

Cuando volvió a Buenos Aires, y a partir de aquella experiencia, Sánchez, junto a su colega Marco Ramos, comenzaron a realizar el programa radial llamado Calidad de Radio, específicamente para la comunidad boliviana en el país. Al programa le fue bien, “lo empezaron a retransmitir en Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca”. Pronto notaron que el producto estaba consolidado y junto a otros compañeros conformaron un equipo y se propusieron realizar producciones audiovisuales. “En 2009, empezamos a trabajar en el Canal 4 de La Matanza. Ahí tomamos las siglas de Calidad de Radio para la Productora CDR y agregamos Bolivia al Aire para que se relacione más con la comunidad. El programa tuvo buena aceptación. Invertí un dinero que había juntado para comprarme un automóvil. Pero a medida que fueron pasando los meses no logré recuperar lo invertido. Tuvimos que salir del aire a los siete meses, ya que no podíamos costear el alquiler de las cámaras y el estudio”. Sin embargo, no se desalentaron. Sánchez continúa su relato: “Después de 2009 seguimos trabajando a nivel periodístico. Teníamos el propósito de hacer un programa audiovisual, aunque no tanto acompañamiento económico. Pasamos tres años practicando y produciendo algunos informes. Cuando estuvimos más consolidados, en 2013, volvimos a emitir por el Canal 4. Tuvimos un éxito importante, y al año siguiente vimos la posibilidad de que, además de formar una productora, podíamos llegar a ser un canal. Así que con el equipo técnico, de ingeniería y diseñadores, lanzamos la señal vía Internet. Hoy en día el canal está consolidado y se transmite las 24 horas. Además somos los corresponsales de Bolivia TV, un canal estatal de allá”.

«Tuvimos un éxito importante, y al año siguiente vimos la posibilidad de que, además de formar una productora, podíamos llegar a ser un canal», cuenta Sanchez.

“La Ley de Medios nos dio un horizonte”

Edwin Sánchez dice que antes de que se sancionara la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual era impensado que la productora fuese un canal. “Sin esa legislación hubiese sido difícil proyectarlo porque sabes que por delante te vas a cruzar con barreras. Con la ley, ese camino se mostraba abierto para avanzar y apostamos por Bolivia al Aire TV”. El Programa Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMECA), que incluía la ley, ofrecía concursos y constantes capacitaciones para los medios emergentes y comunitarios. Varios integrantes de Bolivia Al Aire han participado de ellas. Consultado por ANCCOM acerca de cómo es la situación actual del canal, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado en diciembre de 2015 por la administración Macri y la eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en abril de 2016, Sánchez respondió: En 2015 nos presentamos para la licitación de un canal. Actualmente hemos presentado un escrito al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estamos esperando que nos den respuesta, ya que sólo nos dicen que todavía están en revisión de temas estructurales. Por otro lado, hay productoras con las que tenemos relación, que han ganado los concursos del FOMECA y hoy no se les está pagando; en cambio, los primeros concursos los abonaron en tiempo y  forma, y vimos que el apoyo a los medios comunitarios por parte del AFSCA era real. La mayoría son productoras jóvenes y cooperativas que hacen un trabajo interesante. Si no tienen un apoyo económico, tarde o temprano van a dejar de hacerlo. Es una pena que el gobierno actual no vea la necesidad de darle la oportunidad a aquellas otras voces que tienen ideas y energía.”

Los medios y la representación de la comunidad boliviana

Ante tristes placas como “Accidente fatal en Flores: mueren dos personas y un boliviano”, Sánchez considera que en los medios hegemónicos existe una estigmatización sistemática, no sólo de la comunidad boliviana sino de los migrantes en general. Sin embargo, sostiene que en estos últimos años ha ido menguando por parte de la sociedad.

Con respecto a la visualización de la comunidad boliviana sostiene: “Sucede que silencian la tarea bien hecha que desarrollan. Acá hay muchos emprendedores, que incluso han invertido en la Argentina al vender una casa o terreno en su país natal. Hace poco fuimos a hacer informes a zonas del conurbano donde se cultivan hortalizas y verduras que se consumen en Buenos Aires. Muchos de ellos han empezado alquilando tierras y luego llegaron a comprarlas en cuotas. El trabajo que hacen es muy importante, de otra forma estos alimentos tendrían que llegar desde zonas más lejanas, lo que aumentaría el costo de distribución, que se volcaría al precio que paga el consumidor. Los bolivianos hacemos trabajos importantes y los medios no los destacan.” Y ésta es la visibilización que tiene como objetivo la Productora CDR.

“En 2015 nos presentamos para la licitación de un canal. Actualmente hemos presentado un escrito al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estamos esperando que nos den respuesta, ya que sólo nos dicen que todavía están en revisión de temas estructurales».

También se focaliza en incentivar la integración de la cultural. “Bolivia se caracteriza por tener una cultura muy rica, desde el canal tenemos la intención de seguir cultivando las raíces”, declara Sánchez y agrega: “Nosotros mostramos las manifestaciones culturales porque se nota muchísimo la integración. Incluso muchos de los que participan de estas celebraciones son argentinos”.

Bolivia Al Aire tiene presencia en distintas festividades de la comunidad. En abril realizó Festyniños, un evento en celebración del día del niño en Bolivia y que se transmitió por el canal. La iniciativa surgió de Elena Quelca, maestra jardinera boliviana, que ha realizado sus estudios en Argentina. “Festyniños está pensado para que los padres se diviertan al igual que los niños. Los adultos bolivianos se dedican mucho al trabajo y a veces se pierden de disfrutar. En Buenos Aires hay muchas obras de teatro infantiles y los padres argentinos llevan a sus hijos. Pero dentro de la comunidad boliviana no están tan habituados a eso. Incluso los papás manifiestan: ‘En mi niñez nunca disfruté de esto’. Nosotros notamos cómo en Festyniños los adultos se divierten a la par de sus hijos.

Por otro lado, Sánchez dice: “Con Elena vemos que dentro de los establecimientos de educación no se habla mucho de la discriminación. Al niño y a la niña nadie les enseña a discriminar, pero existe a nivel ciudadano y los niños adoptan esos comportamientos. Dentro de los afectados están los niños migrantes, que al ser nacidos de familias que vienen del lado del altiplano, han crecido con las costumbres de sus padres. Incluso su forma de hablar es diferente. Entonces en los colegios, muchas veces los discriminan. Sería bueno que todos los niños entiendan que el otro es igual uno”.

Bolivia Al Aire hace la cobertura de los principales acontecimientos de la comunidad, desde Alasitas, el Carnaval en Parque Roca, Charrúa, la entrada folklórica en el centro porteño, hasta su reciente participación en el Encuentro de Tinkus de Villa Celina, realizado el mes pasado. Laura Jiménez, que participa de la productora desde el 2014 como diseñadora gráfica explica: “Para mí el canal representa una oportunidad de hacer lo que me gusta. Soy hija de bolivianos, trato de colaborar para a dar a conocer mis raíces y esto es lo que me permite la productora”.

En cuanto a las producciones de ficción, la productora CDR está trabajando en la realización de series cortas. “Tenemos un proyecto en formato serie de ficción, protagonizada por un detective boliviano que interviene en un barrio típico boliviano bonaerense y relata las aventuras de este personaje, en clave de humor, fantasía y absurdo”, explica Juan Iglesias, cineasta y camarógrafo de la productora. Y agrega: “Jugamos en las historias, con la parodia de ciertos personajes comunes de la colectividad y a su vez reflejamos hábitos y costumbres que los bolivianos mantienen fuera de su país, comportamientos que se transforman al encontrarse en Argentina”. Francisco Pote, actor argentino que participa en la serie, dialogó con ANCCOM: “Para mí es muy importante participar en la serie. Los actores, con distintas experiencias y formaciones, ponen mucho énfasis en hacer un producto interesante. Creamos desde la improvisación materiales muy valiosos. Además me enteré de muchas cosas que suceden dentro de la comunidad boliviana en la Argentina, como por ejemplo, la venta de una crema blanqueadora. Una atrocidad brutal, que deviene en parte de una sociedad que tiende a la xenofobia con migrantes de países limítrofes y a la exaltación de valores de países de Europa o Estados Unidos, aunque seamos todos latinoamericanos”.

Este tipo de material es novedoso ya que, si bien se han realizado películas sobre bolivianos en Argentina, nunca se habían hecho series. Sánchez considera que este tipo de producción es un incentivo para quienes los ven filmar en los barrios, incluso para la comunidad en sí. “Muchos nos ven trabajando y pueden pensar: ‘De una manera humilde lo están haciendo posible. Entonces, yo también lo podría hacer’”.

En un bar de Almagro, Sánchez pide un café negro. Era pasado el mediodía. Su mañana había estado ocupada con una reunión que se extendió poco más de lo previsto. Su agenda suele estar ocupada con actividades relacionadas con la productora. Habla de manera calma, pero siempre entusiasta. Aunque a veces mantiene unos instantes de silencio, reflexiona: “El canal es mi vida. Y no vamos a cambiar el discurso”.

“Tenemos un proyecto en formato serie de ficción, protagonizada por un detective boliviano que interviene en un barrio típico boliviano bonaerense y relata las aventuras de este personaje, en clave de humor, fantasía y absurdo”, explica Juan Iglesias, cineasta y camarógrafo de la productora.

Actualizada 08/06/2016