Jul 31, 2021 | Culturas, Novedades
En el nombre del litio es un documental crudo de Calma Cine junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, producido a partir de la investigación de Pia Marchegiani, en el que se mezclan paisajes naturales con irrupciones tecnológicas generando un contraste incómodo. Sus directores y guionistas Martin Longo y Tian Cartier pisan la cuenca hídrica compuesta por las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc y se encuentran con las comunidades indígenas que habitan el territorio que, agrupadas en la Mesa de los 33, se levantan ante el avance de empresas extractoras de litio que se proponen una explotación impune de los salares.
“Lo que se intenta mostrar es la desigualdad que hay en el mundo, el conflicto que trae el sistema extractivista desmedido y el poco espacio que tienen las minorías para poder expresarse”, expresó Longo en diálogo con ANCCOM.
Los viajes a la zona en donde se llevó a cabo la filmación comenzaron en 2017. Cuatro años después -pandemia de por medio- la problemática sigue más que vigente.
Ante el riesgo que provoca el cambio climático, países centrales y gobiernos del mundo, se unen para intentar apaciguarlo. Cada vez más discursos circulan de cadena nacional en cadena nacional, alegando que el futuro solo será futuro si se lleva a cabo una transición energética. Transición para la cual el litio es un mineral indispensable, ya que tiene la capacidad de almacenar energía.
El norte argentino contiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio y por eso, hay concesiones mineras sobre casi toda la puna argentina.
Las comunidades Kolla y Atacamas de las provincias de Jujuy y Salta vienen desplegando denuncias desde 2009, cuando exploraciones mineras dejaron graves daños en las capas acuíferas, producto de las perforaciones en el salar. Esto se visibiliza en el documental junto con el impacto que pueden tener estas extracciones en las actividades económicas que brindan subsistencia a las comunidades.
En la vulneración sistemática a los pueblos se incluye la violación del derecho a la consulta regido por el Kachi Yupi, protocolo que redactaron las comunidades estableciendo procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Esto, amparado por los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas; y las constituciones provinciales de Salta y Jujuy, en sus artículos 15 y 50 respectivamente, que hablan de “integración”, “protección” y “reconocimiento” de los pueblos.
El documental plantea que el eje debería estar puesto en otro lado: “Evidentemente hay una necesidad de transición energética, de pasar de las energías de combustibles fósiles a energías renovables. La importancia que tiene el litio en esa transición es mucha”, sostuvo Longo. Sin embargo, expresó que la pregunta que circula es cómo reemplazamos la fuente de energía en vez de cuestionarnos sobre el consumo de energía que realizamos. “El desarrollo industrial nos puso en la situación en la que estamos hoy y no estamos viendo cómo frenar este avance. Me parece que la transformación está en cambiar algunas costumbres que tenemos con relación al consumo”, concluyó.
Como ANCCOM ha mostrado en investigaciones anteriores, maneras de extraer litio de una forma consciente existen, pero esas formas chocan con los intereses económicos de gobiernos y empresas privadas. “Creo que es ahí donde hay que generar el cambio. Se entiende que lo económico es fundamental pero igual de fundamental es lo ambiental y lo social”, afirmó Longo.
En el nombre del litio no trae soluciones sino que intenta visibilizar, abrir el debate y llamar a la reflexión.
Parece que la tarea impuesta de nuestro país es financiar la transición energética de los países centrales. ¿A qué costo? Destruyendo la vida de las comunidades indígenas. En nombre de la humanidad, la Puna se vuelve zona de sacrificio. En el nombre del litio se perpetúa la explotación, la colonización y la desaparición de los pueblos indígenas. Parece que la historia siempre vuelve a su punto de partida. En esta ocasión, para eliminar lo que estorba, no hacen falta balas, solo un Estado ausente y potencias impunes y desesperadas.
Longo pone el ojo sobre el comportamiento de quienes tienen el poder de cambiar las cosas: “diría que todo va a seguir por la misma línea, lamentablemente”. Aunque agregó: “Confío en que hay voces nuevas, que hay movimientos fuertes que no creo que se puedan frenar. Hay un movimiento ambiental y social que se está impulsando, sobre todo en los más jóvenes. Tengo esperanza de que en algún momento, por lo menos cuando mis hijos puedan tomar decisiones, esa masa crítica ayude a cambiar un poco el rumbo de esta situación”.
En el nombre del litio estará disponible del 1 al 9 de agosto a través de https://enelnombredellitio.org.ar/. Como una epifanía, desde el 1° de agosto, día en que los pueblos indígenas de América Latina agradecen a la madre tierra. Día de la Pachamama.
Sep 24, 2020 | DDHH, Novedades
Este jueves en la sesión de Diputados será tratado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo ya obtuvo media sanción en el Senado de forma unánime y, en la Cámara de Diputados, un dictamen de comisión también por unanimidad. Resta que el Tratado sea aprobado para que Argentina se convierta en el décimo país en ratificarlo, siendo necesarios once países para que entre en vigencia. Hasta el momento, de los veintidós países firmantes sólo nueve lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar afirma que si Argentina ratifica el Acuerdo “se convertirá en líder en temas ambientales, resonando con la reconocida referencia en materia de derechos humanos. El Tratado brinda herramientas concretas para transformar la gobernanza ambiental en Latinoamérica y el Caribe, haciéndola más abierta y participativa. Además, es reivindicativo de la militancia ambiental porque impulsa de manera activa la incorporación de la diversidad de voces, demandas históricas y saberes construidos colectivamente en la elaboración de políticas públicas ambientales”.
El Acuerdo de Escazú nació a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y uno de los representantes electos ante el comité de negociación, el Acuerdo “brinda herramientas vinculadas con el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que hace referencia al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia, habida cuenta de que muchos países de la América Latina y el Caribe no tenían legislación vinculada con esos temas o aquellos que la tenían contaban con problemas de implementación, como es el caso de Argentina”. Por esta razón se elaboró un artículo destinado al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar al financiamiento de la implementación en cada país.
Protesta en la ciudad de Rosario por los incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná.
El Acuerdo se distingue por ser el primer tratado en el mundo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nápoli explica que “la incorporación de estas disposiciones vino de la mano del pedido del público y de la situación crítica que está viviendo la región. Por ejemplo, uno de los casos más fuertes que nos tocó enfrentar en este tiempo fue el asesinato de Berta Cáceres, una militante de Honduras que murió por defender su territorio en contra de una construcción de represas”. Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2019 fueron asesinadas 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, por lo que es la región más afectada siendo Honduras el país per cápita más peligroso de 2019.
Para Luisa Tang, integrante de Alianza por el Clima, una coalición de jóvenes, movimientos y organizaciones socioambientales que luchan por la crisis climática, el reconocimiento de los derechos ambientales da cuenta de una revisión institucional histórica en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. “Tenemos una deuda por no haber visto antes la vinculación entre los derechos humanos y ambientales. Hay mucho por construir y en el empoderamiento de la juventud surge la necesidad de dar debate y ganar derechos. Por eso este Acuerdo es tan importante. Ya no hay futuro posible en el que no pongamos en debate los impactos ambientales”, asegura Tang.
A la espera de la ratificación en Diputados, Tang afirma que promover el Acuerdo en nuestro país implica también un gran desafío a nivel regional: “La ratificación en Argentina podría impulsar a que otros países aprueben el Acuerdo para que entre en vigencia”. A la fecha se encuentran a la espera México y Costa Rica, mientras que Chile, a pesar de haber sido el principal impulsor del Acuerdo, comunicó que no lo firmará alegando posibles “controversias internacionales” que pondrían en riesgo la soberanía del país.
Resta por verse qué posición adoptará Argentina en este momento histórico marcado por la pandemia en donde se han expuesto las consecuencias de la crisis social y ecológica.
Ene 19, 2016 | inicio
Dos botes angostos y largos van y vienen, cada uno navegando por tres tripulantes, un par de instructores que se encarga de señalar aciertos y errores y cuatro chicos que paletean contra una débil corriente de agua turbia y cuyos movimientos sincronizados son fuente de energía de las embarcaciones. Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.
Reman envueltos en chalecos flotantes naranjas, entre una vegetación copiosa y unas casitas precarias de hormigón ubicadas a metros de la orilla, frente al Meandro de Brian, una curva sinuosa del río Matanza-Riachuelo, dentro de la Comuna 4 y bordeando los márgenes del barrio porteño de Barracas. La blancura de los botes contrasta con un agua negra que ha sido oscurecida por dos siglos de irresponsabilidad ambiental. A lo largo de la historia, el Estado no controló a las fábricas como debería haberlo hecho y el empresariado desechó sistemáticamente sus residuos tóxicos en el río para aumentar su rentabilidad.
Los jóvenes son vecinos de la Villa 21-24 e integran el programa Deportes para la Inclusión.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca. Si bien dicho informe destaca algunos logros de la intervención estatal ocurridos durante 2010 y 2012 (como la fiscalización de las industrias y la remoción de 100 basurales y puntos de arrojo sobre un total de 360), todavía queda pendiente un Plan de Ordenamiento Ambiental, conforme a lo establecido por la Ley 26.168 (diciembre 2006), que permita una planificación de las actividades productivas, que regule las obras del Estado y que proteja los espacios verdes.
Por otra parte, es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente tripartito formado por Nación, provincia de Buenos Aires y la Capital y que se creó en 2006, la que realizó distintas actividades de limpieza del río y de basurales, desarrollo de cloacas y agua potable y control de residuos industriales. En tanto, los planes de relocalización de los habitantes que viven en las zonas más contaminadas de la cuenca han avanzado, pero todavía queda mucho por hacer.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado hace tres años había denunciado la ausencia de un plan integral que remediara en conjunto el daño ambiental y mejorara la calidad de vida de los siete millones de habitantes que son afectados a diario por los problemas que arrastra la cuenca.
Por su parte, los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores. Pero esta larga cuenca sigue compuesta por un veneno ácido que se extiende a lo largo de 64 los kilómetros que la componen.
Pero para el grupo de chicos que entrena semana a semana no hay contaminación posible que sea excusa para no remar en “nuestro río”. Ellos son parte del programa de actividades de promoción cultural y prevención del delito y la violencia que fomentan en conjunto -al menos hasta el 19 de diciembre pasado- los ministerios de Cultura y de Seguridad, con el apoyo de los de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El proyecto contemplaba, entre otras disciplinas, clases de remo gratuitas a adolescentes de entre 14 y 21 años de la Villa 21-24, impartidas por personal de Prefectura Naval. Comenzó en 2012 y se ha mantenido hasta hoy con algunas interrupciones en el medio. Sus integrantes confían que a partir de abril retomarán las actividades.
Graciela Martín Ruiz trabaja como coordinadora de la Mesa de Seguridad Barrial, un programa de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad. El organismo tiene como función sumar a los vecinos y las organizaciones sociales en las políticas contra la delincuencia y por la integración social. La coordinadora asegura que los deportes contribuyen en la prevención del delito pues son una vía para la inclusión social. Y explica: “La seguridad no se hace con un policía más, un policía menos, se hace también desde la contención y la capacitación de los sectores menos pudientes. El remo es un deporte menos conocido porque suele ser muy costoso y para las clases sociales de mayores recursos. Apostamos a que esta actividad les sirva a los chicos más relegados a que participen en deportes distintos y que, a futuro, les pueda servir para integrarse en el mercado laboral de la náutica”.
Asimismo, el programa sirve como un modo sino de ensamblar al menos de acercar a algunos actores sociales que históricamente resultan antagónicos, como lo son el de las fuerzas de seguridad y la parte de la sociedad civil económicamente más castigada. “La Prefectura Naval capacita a sus profesionales y lo que buscamos es que ese personal capacite a la gente común. Que ese conocimiento no se quede dentro de los cuarteles sino que también se enriquezca la ciudadanía”, puntualiza Ruiz.
Marcelo Avellaneda tiene 29 años, trabaja de remisero y se ha capacitado para coordinar la actividad. Durante la semana entrena a los chicos en el Parque Leonardo Pereyra, a unas diez cuadras del asentamiento; lo hace después de las 7 de la tarde, de modo de no interrumpirles la actividad escolar. Y además cumple la importante tarea de oficiar de nexo entre los habitantes del barrio y los prefectos. Rememora la génesis del proyecto de esta manera: “Lo que comenzó siendo una colonia de verano terminó como un proceso inclusivo más amplio”.
Los habitantes del asentamiento de Barracas aseguran que el agua no presenta la contaminación de tiempos no tan lejanos: a simple vista, dicen, no luce tan sucia y el olor no es tan intenso como en otros sectores.
El docente agrega: “Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”. Al ser consultado sobre su experiencia en navegación en el estado actual del Riachuelo, Marcelo asevera que en los primeros años de la actividad el río estaba todavía más contaminado. “El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”, se explaya.
Unos quince chicos y chicas integran el grupo que reparte su tiempo entre la asistencia a la escuela y el aprendizaje de esta actividad milenaria. El sábado es el día tan ansiado por todos. Si el tiempo acompaña y Prefectura da el permiso, el entrenamiento semanal es puesto en práctica en el Riachuelo, en una jornada que se extiende desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde.
“Lo que es una disciplina que lleva tiempo entrenar pasa a ser también un espacio de contención en estas zonas vulnerables”
El día, efectivamente, acompaña. Y Marcelo está vestido para la ocasión: pantalones cortos, musculosa y una gorrita que atemperan la inclemencia de un sol que atraviesa el celeste de un cielo que contrasta con el negro del agua. Su labor empieza más temprano, ya que todo debe estar listo antes de la llegada de Prefectura. En conjunto con otros dos coordinadores, el jardinero y el casero, todos vecinos del asentamiento, entre mate y mate, prepara el equipo, alista los botes, los lava y los ensambla en el agua, con el cuidado de amarrarlos bien a la plataforma flotante. El muelle de la villa, de unos 20 metros de ancho por 12 metros de largo, está ubicado en el sector llamado Tres Rosas o El Fondo, demandó una inversión de 400 mil pesos y su reconstrucción ha sido realizada por sus propios habitantes, sobre unas maderas originales, las cuales aún aguantan la corrosión, desde que fueron levantadas hace unos ochenta años.
Miguel Vallejos, de 17 años, toca el trombón en la Orquesta Juvenil de Barracas, desde el inicio concurre al programa y jamás había tenido en mente realizar este deporte. A veces nota que sus amigos del barrio temen acercarse a esta práctica por miedo al río y a la contaminación. “Aunque es molesta la basura que pasa, que hace que se traben las palas y que se ensucien los botes, la contaminación no es una traba para navegar, porque es tan lindo…”, asegura Vallejos.
“El nivel de descomposición lo tiene que determinar un científico o un especialista en ambiente, pero a nosotros, que realizamos esta actividad, no nos afecta, porque no tocamos el agua. Aunque sí lo que molestaba mucho era el olor, que ahora disminuyó bastante; al menos en esta zona”.
Alejandro Moreira, también de 17 años, hace un año que participa de la actividad. De inmediato se enganchó con la remada. Siempre hizo mucha ejercicio físico, pero destaca que no hay deporte más completo que el remo. “Trabajás todos los músculos: pecho, espalda, brazos, piernas”, indica.
Otro miembro del equipo, Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura. A su lado, Aldo Encina, de 17, cuenta que empezó a entrenar con Marcelo las últimas semanas y este fin de semana pasó a hacer la práctica en el agua. Al principio se le notaba la falta de coordinación en las brazadas, pero con el correr de los kilómetros fue tomando ritmo y sincronización. Cree que con determinación cualquiera puede pasarla bien en este deporte.
Víctor Cornejo es delegado de la Manzana 28 y contribuye en las tareas de mantenimiento del sector. No deja de destacar el valor del programa, pero señala que sería conveniente un mayor presupuesto, porque los insumos suelen deteriorarse con frecuencia.
Vladimir Acevedo, de 16 años, siente que el remo le aporta habilidad y sabiduría a su vida, y fue a partir de Deportes para la Inclusión que encontró su vocación: se imagina en un futuro no tan distante en la Academia de Prefectura.
Aunque parece un hermano mayor, a Marcelo los chicos le dicen “profe”, pero él especifica que su función es la de “coordinador terrestre”: controlar la actividad que se desarrolla a partir del entrenamiento diario en el parque y termina con el abordaje al bote, el cual se realiza desde la plataforma flotante que funciona de enlace para bajar del muelle al agua. Después de que él se encarga de chequear las normas de seguridad, la actividad pasa a ser controlada por los instructores de Prefectura. Marcelo anhela que la Asociación de Remo de la Argentina deje de lado el prejuicio y la subestimación y atienda el pedido de federación de los jóvenes de la villa. Según él, hay varios chicos a quienes les avizora un porvenir promisorio en este deporte. “Es solo cuestión de que se les permita la inscripción a competiciones así pueden medirse deportivamente, así la actividad deja de ser solo un pasatiempo”. Y especifica: “Que podamos entrenar con un objetivo más grande”.
La escuelita de remo ha sido invitada a participar en diversos festivales y certámenes. Sus chicos han navegado más allá de La Boca, en el Tigre, en Quilmes y en Zárate. Representa un ejemplo de acercamiento de la cultura del deporte a los hijos de las familias de las clases más relegadas. Constituye un engranaje que permite proyectar sueños individuales y contribuye al desarrollo de la comunidad entera. Pero requiere el compromiso y el esfuerzo de ser ampliado y sostenido a largo plazo. Por lo pronto, la alegría de remar de los jóvenes de la Villa 21-24 se extendió hasta fines de este 2015. Está en manos del nuevo gobierno la posibilidad de que los chicos la puedan seguir remando.
