Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades
Se desclasificarán 49 mil páginas provenientes del al Archivo Nacional de los Estados Unidos, de los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, de la CIA, el FBI y de otras doce agencias de Inteligencia de ese país.
La desclasificación de archivos acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en la Argentina tendrá nuevos interpretantes. El proceso de reconstrucción de la verdad que han iniciado hace más de treinta y seis años los organismos de derechos humanos respecto al plan represivo que llevó adelante el Estado terrorista celebra la participación de diecinueve jóvenes voluntarios comprometidos con la memoria y la búsqueda de justicia.
Los practicantes tendrán como responsabilidad relevar y analizar los documentos oficiales enviados por Estados Unidos el pasado 12 de abril, que se corresponden a la cuarta y última tanda de este proyecto de desclasificación iniciado entre el Estado Argentino y Estado Unidos en 2002. Convocaron a la práctica Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, junto con el Centro de Investigación, Comunicación e Intervención Social Antonio Gramsci (CICOMIS), de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA, y el traductorado de inglés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.
Los documentos suponen un material importante para la comprensión y comprobación de las complicidades y los modos de circulación de la información, así como la búsqueda de pruebas sobre la práctica genocida llevada adelante en Argentina entre 1976 y 1983. “El proyecto aportará a la conformación de una base de información procesada e interpretada, a partir de la lectura minuciosa y posterior traducción de dichos archivos sobre la dictadura”, detalla la convocatoria.
Por primera vez participarán jóvenes estudiantes en el trabajo de desclasificación.
Los seleccionados para realizar esta práctica son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y estudiantes del traductorado del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas: Agustina Castro, Naiara Mailen Maicini, Virginia Pompo, Joaquín Eloy Bousoño, Andrea Ximena Ayestarán, Cecilia Veliz, Guadalupe González Antúnez, Florencia Sosa, Macarena Sandoval García, Lucero Castillo Novoa, Macarena Mina, Mariano Closs, Melina Giselle Santa Cruz, Paula Maureli, Rocío Salazar Cuello, Silvana Bouza y Sofía Maranesi. Serán además voluntarios, por fuera de estas instituciones, Candela Guerriri del traductorado de la Universidad del Salvador y María Laura Escobar del traductorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Es la primera vez que se decide trabajar con jóvenes en la desclasificación, lo cual se funda en la importancia del traspaso generacional para la reafirmación del «nunca más». Los practicantes son hoy un puente para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En el acto de apertura realizado en la sede de Abuelas el jueves 29 de agosto último, dieron la bienvenida Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de Francisco Madariaga, restituido en 2010; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS. “Me da orgullo que esto se haya reproducido tanto, por el compromiso que tienen por el país”, comenzó Madariaga, quien añadió luego que leer los documentos no es nada fácil y que en primera instancia puede resultar doloroso.
“Hay datos que solos pueden parecer insignificantes pero puestos en contexto, pueden significar mucho”, dijo. Villela.
Entre los telegramas, informes, memos y cables presidenciales que serán analizados y traducidos, los practicantes podrán encontrar testimonios en primera persona de las atrocidades cometidas por los genocidas, conversaciones transcritas entre la cúpula militar y el gobierno estadounidense e informes que dan cuenta de la complicidad en la trama de delitos entre Buenos Aires y Washington. Las 49 mil páginas (en inglés) pertenecen al Archivo Nacional de los Estados Unidos, a los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, a la CIA, al FBI y a otras doce agencias de Inteligencia de ese país.
La desclasificación de documentos oficiales ha sido un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos y se inscribe en la Ley de Acceso de Información de Estados Unidos que permite a otros Estados consultar y solicitar registros de estos organismos.
Estuvieron también presentes en el acto las autoridades de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras, Larisa Kejval y Sebastián Comellini, del Centro de Investigación en Comunicación Antonio Gramsci, Alicia Entel, Gabriela Bustos y Ianina Lois; y del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Gabriela Minsky. Para todos ellos, la importancia de traducir los documentos y hacerlos accesibles para toda la población es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y funcionan, además. como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad.
La desclasificación de los archivos ha sido un reclamo constante de los organismos de derechos humanos.
Carolina Villela, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo introdujo a los practicantes en la tarea que deberán desarrollar y luego de repasar las instancias en las que se realizaron las primeras desclasificaciones, mencionó algunos ejemplos sobre la importancia de estos documentos. “Hay datos que solos pueden parecer insignificantes, pero deben estar atentos, porque puestos en contexto, pueden significar mucho”. Villela invitó al coordinador del área jurídica de Abuelas, Alan Iud, a contar en detalle el caso del memo que sirvió para prueba en el juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que en julio de 2012 condenó, entre otros, a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y a Reynaldo Bignone a 15, que luego la Cámara confirmó en 25 años.
El documento del que habló Iud es una comunicación del año 1982, entre el entonces embajador argentino Lucio Alberto García Solar y Elliott Abrams, alto funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana, “lo que sería un vicecanciller acá en Argentina”, explicó a los estudiantes que deberán comenzar a familiarizarse con cargos y nombres de las instituciones estadounidenses. En aquel memo, que desde Abuelas pidieron expresamente volver a desclasificar porque tenía tres párrafos borrados, se informa que los desaparecidos están muertos, pero sus hijos han sido entregados a otras familias para ser criados y que la decisión de Bignone era no revisar el tema. Ese documento fue crucial para probar que existió un plan y que sus responsables estaban en pleno conocimiento porque eran los ejecutores de las órdenes. Iud agregó que Abrams, incluso, fue llamado a declarar en el juicio y que ratificó los dichos en el memo, que él mismo había redactado, según testificó desde Washington, por video conferencia.
Información como esta, más o menos explícita, podrán encontrar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Lenguas Vivas, quienes deberán ir completando e interpretando con la ayuda de las tutoras de los organismos de derechos humanos y los profesores y profesoras que se han sumado a esta iniciativa académica y de intervención, para la reconstrucción de la memoria colectiva de la Argentina.
Mar 1, 2017 | Culturas
Articulación y fortalecimiento para asociaciones civiles y cooperativas que trabajan con la separación de residuos. Con esos dos objetivos, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires llevan adelante un convenio que busca consolidar el rol de las organizaciones sociales que intervienen en los procesos de reciclaje. Lorena Pastoriza, una de las fundadoras de la cooperativa Bella Flor, que tiene una de sus plantas ubicadas dentro de uno de los complejos ubicado al costado del Camino del Buen Ayre, señala: “La Universidad es un interlocutor, funcionó en hacer entre nosotros y la empresa un puente de comunicación, de ideas y de trabajo”.
Muchas organizaciones sociales trabajan con la separación de basura y su posterior reciclaje. Ante esa realidad, un equipo de especialistas de la UBA, nucleados en el marco de un convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias Sociales y la empresa, interviene en el polo de residuos más grande de América Latina, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, donde se reciben 17 mil toneladas de desechos diarios. La iniciativa busca elaborar propuestas para colaborar con el proceso de consolidación de las experiencias de gestión asociada entre las organizaciones sociales y el CEAMSE, que es propiedad de los estados bonaerense y porteño.
En la Ciudad de Buenos Aires esta empresa pública posee las plantas de Flores, Pompeya y Colegiales que recolectan la basura generada en la Capital. Por su parte, en José León Suárez están los Complejos Norte I, II y III que reciben esos desperdicios y también los generados por algunos partidos del Conurbano. A partir de la situación económica y social generada por las políticas implementadas en la década del 90, los vecinos de las zonas aledañas a dichos complejos comenzaron a subir a los rellenos sanitarios en búsqueda de comida. Ante esa situación, desde 2004, se comenzaron a elaborar proyectos productivos para armar plantas de reciclajes que contemplaran tanto a las tareas de las personas que ingresaban al predio como los objetivos del CEAMSE.
Actualmente, son doce las plantas recicladoras administradas por organizaciones sociales que tienen, cada una, su propio convenio con la empresa y que congregan a 800 trabajadores. Diez se encuentran dentro de los viejos rellenos: una en Norte I y las otras nueve en el sector más importante, Norte III, llamado comúnmente “Reciparque”.
Muchas organizaciones sociales trabajan con la separación de basura y su posterior reciclaje.
Marcela Pozzuoli trabaja en CEAMSE desde 1993 y actualmente es jefa del Departamento de Plantas de Reciclaje. Destaca que la empresa es consecuente con la política de responsabilidad social adoptada, que está relacionada con el desarrollo de un proyecto medioambiental pero que además asume un lado social: “CEAMSE no fue ajeno a la realidad circundante que había. Nunca se dudó que se debía trabajar con la gente que vivía de separar basura manualmente”, explica.
En este escenario complejo es donde el equipo de profesionales de la UBA interviene en la implementación de un programa que busca fortalecer a cada una de las organizaciones sociales que administran las plantas de reciclaje, tanto en el aspecto productivo como en el organizativo. El convenio fue planificado por un año: en julio de 2016 se comenzó con el proceso de inserción y diagnóstico de las organizaciones y hoy en día se lleva adelante la segunda etapa, de implementación de propuestas técnicas y organizativas.
Diego Brancoli, docente en la Carrera de Trabajo Social de la UBA, es el coordinador de la asistencia técnica del proyecto, en el cual se trabaja de forma interdisciplinaria para obtener una mirada integral del proceso. El grupo de profesionales está compuesto por trabajadores sociales, ecólogos, un biólogo, un ingeniero, una comunicadora social, un antropólogo y un especialista en seguridad e higiene. Brancoli señala cuál fue la tarea de la Facultad al intervenir en la relación que existía entre CEAMSE y las organizaciones:“La idea es que se encuentren canales a esa relación, canales de acuerdo y de respeto. Nosotros tratamos de aportar ideas, desde lo metodológico, y de cuestiones más conceptuales”.
Pozzuoli también se refiere a la intervención de la Facultad: “Hay un momento que sin querer perdemos de vista ciertas cosas que nos resultan cotidianas al ojo. La Universidad lo que hace es volvernos un poco al eje. De alguna manera, la imparcialidad que tiene la Facultad es la de ser un actor nuevo en un proceso que viene desde hace muchos años”.
Cada día, los 800 trabajadores reciclan una tonelada del total de residuos que recibe el CEAMSE. Una de las propuestas del equipo de profesionales de la UBA consiste en aprovechar mejor la infraestructura ya instalada en las plantas para poder avanzar hacia un menor enterramiento de basura. “Quizás a veces con el trabajo manual no se terminaba utilizando todo lo que la tecnología nos podía dar. Entonces tratamos de redefinir puestos en la cinta y redefinir un poco qué se separa y cómo”, señala Pozzuoli.
Para mejorar la productividad, también se han mantenido reuniones con algunos municipios para acordar programas de separado de origen, que simplificarían el trabajo y mejorarían las condiciones laborales de los recicladores. Respecto a estas posibilidades, Pastoriza piensa que “cada tonelada que nosotros trabajemos en mejores condiciones, van a ser toneladas que no se entierren, implicando más espacio para el CEAMSE y menos contaminación”.
Además, durante el tiempo de intervención que llevan los especialistas de la Facultad se ha conformado una radio dentro del “Reciparque”, se han hecho capacitaciones sobre la importancia de la utilización de los elementos de seguridad e higiene en el trabajo y se han actualizado los reglamentos internos en las plantas. También, se ha planteado crear una diplomatura en la Universidad sobre plantas sociales basada en esta experiencia, e inclusive este año empezó a madurar la idea de armar una escuela primaria y abrir una salita de atención primaria dentro del predio. “Imaginamos un Reciparque como un faro de modelo de gestión de residuos, porque creemos que esto se va a ir replicando, sobre todo en los municipios. Así que es un camino que va a seguir recorriendo CEAMSE y las plantas”, cierra Brancoli.
Actualizado 01/03/17
Jul 13, 2016 | inicio
Arranca la mañana en el aula magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Sin clase magistral, ni médicos, ni especialistas del campo. El aula, coronada por un domo gris, está repleta de chicos y chicas de escuelas medias de los barrios del sur porteño. Asisten al acto de otorgamiento de las Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda que la Universidad entrega desde hace cinco años como parte de sus actividades de extensión. Luego de las palabras de cierre de las autoridades, se abre el espacio a las preguntas de los asistentes y desde un asiento de las primeras filas una mano sale disparada al aire. Una de las jóvenes becarias presenta una consulta acuciante: “¿Es verdad que la UBA cierra a mitad de año?”.
El fantasma de una crisis profunda en la mayor universidad pública del país volvió a convertirse en tema de agenda este año cuando, a mediados de mayo, el presidente Mauricio Macri se reunió con un grupo de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para negociar la adjudicación de una partida presupuestaria de 500 millones destinada a mitigar los crecientes gastos de funcionamiento registrados en las instituciones educativas por los tarifazos en los servicios públicos y una inflación creciente que estimaciones de diversas consultoras privadas sitúan para este año en torno al 40%.
La Universidad de Buenos Aires había expuesto su situación particular en la resolución 4.664 del 27 de abril cuando el Consejo Superior declaró la emergencia presupuestaria de la Universidad y consideró como provisionales —e insuficientes— los recursos del Tesoro Nacional otorgados a la UBA para desarrollar normalmente las funciones de docencia, investigación y extensión.
ANCCOM dialogó con los decanos de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para comprender el modo en que se compone el presupuesto universitario nacional, los montos que corresponden a la UBA, cómo se distribuyen entre las diferentes unidades académicas, y el impacto que la crisis presupuestaria puede tener no sólo para el conjunto de sus unidades académicas, sino también para todo el sistema universitario nacional. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires fue consultado para la realización de este artículo pero no dieron respuesta.
El presupuesto destinado a la Universidad de Buenos Aires para 2016 fue de unos 8.689 millones de pesos, casi el 17% del total del presupuesto universitario nacional estimado en la Ley de Presupuesto, algo que tal vez no resulte sorprendente, ya que con más de 30.000 cargos docentes es la universidad más grande del país. Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, explica que esta posición de poder otorga a la UBA un lugar incómodo en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales y se encarga de negociar con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el presupuesto que el Estado destinará a las instituciones de educación superior. “Es que se trata de 51 universidades nacionales, y la UBA se lleva el 17% del presupuesto”, subraya.
Los números de la UBA fueron uno de los factores determinantes al momento de negociar una partida adicional -500 millones de pesos- para paliar el aumento de los gastos de funcionamiento, especialmente a partir del impacto del tarifazo.
Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, recuerda que cuando se resolvió otorgar dicho monto, el rector Alberto Barbieri declaró que la UBA se llevaría 150 de esos 500 millones, mientras que el CIN consideraba que esa suma no debía ser superior a los 70 millones, lo que a juicio del Consejo correspondería a la UBA proporcionalmente. “Algunos creen, de hecho, que fue gracias a la presión de la UBA que se consiguió ese dinero”, explica Postolski.
Juan Carlos Reboreda, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, declaró que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento.
Esos fondos se complementarán con la llegada de la partida destinada a solventar los gastos operativos de los cuatro hospitales universitarios de la UBA (el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, el Instituto de Oncología A. Roffo y el Hospital Odontológico), cuya adjudicación era un reclamo permanente, y que recién se materializó como un gesto hacia esta universidad cuando el saliente gobierno kirchnerista dispuso su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto. Este monto permitiría a la Universidad devolver a su función el dinero destinado a cubrir el gasto de los hospitales, hasta ahora financiados con fondos de la partida destinada a educación y cultura.
La UBA estima que 711 de los 1.000 millones destinados a la función salud para las 51 universidades nacionales (suma cuya ejecución quedó supeditada a la voluntad política del jefe de Gabinete de Ministros), le corresponden. Sin embargo, la casa de estudios fue notificada mediante una nota presentada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que recibiría 500 millones de esa partida. Fue horas antes de que multitud marchara desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada en reclamo de mayor presupuesto para las universidades, mejoras salariales para los docentes y el establecimiento de un boleto universitario.
Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, afirmó:»Hay una intención de ir arreglando, una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes».
Morgade y Postolski coinciden en señalar que el gobierno mantiene con el conjunto de las universidades nacionales una estrategia de concesiones que tienen el propósito de desactivar las tensiones inmediatas. “Creo que hay una intención de ir arreglando, de ir haciendo acuerdos parciales, de darle a algunas universidades algo de lo que piden; una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes”, afirma Morgade. Postolski lee la situación en términos similares, y asegura que bajo este gobierno “no hay una política universitaria clara. Y enfatiza: “Hay una ideología, un proyecto de país que está yendo hacia otro lado”.
Para el decano de Sociales, algunos funcionarios del área “cuentan con un grado de astucia al momento de la negociación, saben a qué actores cooptar para bajar los niveles de conflictividad”.
“Cuando hay algún movimiento capaz de interpelarlos políticamente -subraya- buscan alguna clase de acuerdo: ni bien la universidad presentó una potencial tensión política, la descomprimieron” con una oferta de dinero para paliar las deficiencias presupuestarias que el incremento de los gastos supuso para el mantenimiento de las diversas facultades de la UBA.
La complejidad del panorama se incrementa si se considera que cada una de las Facultades que integran la Universidad de Buenos Aires tienen reclamos y necesidades propias. Juan Carlos Reboreda, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento. Un porcentaje similar maneja el Hospital de Clínicas, y el restante 70% es controlado por el Rectorado de la Universidad, con el cual las facultades tienen que negociar a la hora de solicitar arreglos estructurales y reformas edilicias. En la Universidad de la Plata, esa distribución es exactamente la inversa. “Es materia de discusión”, explica Reboreda, “el grado de centralización o descentralización que debe tener la Universidad de Buenos Aires en lo que hace a su parte administrativa; es una discusión pendiente. Pero lo que hubo en los últimos 15 o 20 años es una centralización cada vez mayor que hace a las facultades fuertemente dependientes del Rectorado”.
Para el desarrollo de sus funciones de extensión e investigación, las Facultades cuentan con aportes provenientes del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y becas que el Rectorado otorga y son ganadas por concurso. Pero, además, las facultades pueden celebrar distintos convenios con instituciones estatales. Esta estrategia de financiamiento autónomo de las facultades ha sufrido un golpe importante luego de la sanción del decreto 336/2016, que determinó, a partir del 1 de abril de este año, la suspensión de todos los convenios celebrados entre organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, y universidades nacionales, provinciales o privadas.
Estos convenios resultaban esenciales “en el marco de un proyecto político que consideraba a las universidades nacionales actores privilegiados a la hora de hacerse cargo de tareas y proyectos que el Estado tercerizaba”, explica Morgade. Los ingresos provenientes de estos convenios representan para la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, la posibilidad de financiar la Editorial Universitaria de esa facultad —encargada de imprimir y distribuir una serie de títulos vinculados con las carreras que allí se dictan—, y de continuar con las tareas de investigación y articulación territorial del Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Acción Comunitaria (CIDAC) presente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. De estos convenios, cuenta Morgade, la Facultad mantiene dos: uno con el Ministerio de Educación, y uno con el Ministerio de Trabajo. La perspectiva a largo plazo resulta incierta.
Glenn Postolski. decano de la Facultad de Ciencias Sociales, contó que se suspendieron convenios con el Ministerios del Desarrollo Social y de Trabajo y con la AFSCA y la AFTIC.
Algo similar sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales. Postolski cuenta que los convenios suspendidos se habían establecido con diferentes áreas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) —disueltas por el decreto de necesidad y urgencia 267 presentado a fines de diciembre del año pasado. En total, la celebración de estos convenios aportó unos 12 millones de pesos en recursos propios con los que esta Facultad ya no cuenta. Una parte importante de esos fondos iba directamente a la financiación y ejecución de los convenios, pero un resto quedaba en sus manos para decidir cómo gestionarlos. “Nosotros estamos tratando de que todo lo que haya sido firmado, nos lo paguen”, explica Postolski. “Intentamos abrir el juego: estamos convencidos de que esta Facultad puede producir conocimiento y generar una serie de tareas para el Estado; no vamos a renunciar a eso, aunque tal vez sea algo que a este gobierno no le interese”, agrega.
Tratar de especificar o conocer qué es lo que sí interesa al gobierno en materia de políticas universitarias no resulta tarea sencilla. Postolski aporta algunos elementos para comprender esta dinámica. Por un lado, diagnostica “un alto grado de imprevisibilidad y hasta de improvisación” en materia de generación (o hasta de comprensión) de políticas universitarias. Acaso prueba de ello fuera la propuesta y el casi inmediato arrepentimiento del productor televisivo Juan Cruz Ávila como secretario de Políticas Universitarias. Para Postolski, “los encargados de la política universitaria pueden tener una visión de hacia dónde quisieran ir, pero esta visión no se condice con la realidad que presentan los actores y su dinámica en el escenario actual”. Pero hay aún otro elemento de importancia, quizá el que permita comprender mejor qué es lo que sucederá en el futuro: “La UBA tiene, desde la época de Guillermo Jaim Etcheverry como rector, una política de negociar con el gobierno por fuera del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta estrategia de negociar por encima del CIN, a la UBA le resultó mejor este año que en los dos anteriores. Con el gobierno anterior, existía una estrategia política destinada al sector universitario en donde la UBA no ocupaba un lugar central. Pero desde el 10 de diciembre pasado, es muy probable que la estrategia del nuevo gobierno esté destinada a desactivar una serie de conflictos negociando con algunas pocas universidades”, concluye el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es aquí donde podría jugar un papel preponderante la extracción política del actual rector de la Universidad, Alberto Barbieri, afín al radicalismo, partido que es aliado e impulsor del actual gobierno macrista en el marco de la alianza Cambiemos.
Para Reboreda, el debate sobre la cuestión presupuestaria agita varios fantasmas. Es que en nombre de la eficacia o eficiencia de la universidad o sus gastos comienzan las discusiones a propósito del número de ingresantes, o incluso del arancelamiento. Anticipando posibles cuestionamientos, Reboreda realizó una breve comparación entre el gasto por alumno que tienen otras dos grandes universidades: la Universidad de São Paulo, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La primera, con un presupuesto de 1.323 millones de dólares y cerca de 90 mil estudiantes, registra un presupuesto por alumno estimado en 15 mil dólares; para la UNAM, con 325 mil estudiantes y un presupuesto de 2.300 millones, el valor estimado para cada estudiante es de 7.000 dólares. En la Universidad de Buenos Aires, ese valor es de 2.150 dólares, cuando se contemplan su presupuesto de 600 millones de dólares y su matrícula de 280 mil estudiantes.
Actualizada 13/07/2016
