Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
La vigorosidad sobre la discusión en torno a la relación Iglesia con el Estado se vio incentivada por el impacto social que alcanzó el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el año pasado y la efervescencia del movimiento de mujeres a nivel nacional. Durante la primera sesión informativa del año pasado en Cámara Baja, el actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña se vio sorprendido por una pregunta de Carla Carrizo, diputada del bloque Evolución Radical, quien sostuvo: “Quisiera plantear un poco la equidad de culto en la Argentina y garantizar la pluralidad de voces de todas las religiones en la escena pública democrática del país ¿Cuánto aporta el Estado en los sueldos de los funcionarios eclesiásticos?” El recinto se tornó silencioso. El Jefe de Gabinete afirmó que se destinan 130 millones 421 mil 300 pesos, percibiendo un obispo hasta 46 mil 800 pesos mensuales. La diputada levantó sus anteojos rápidamente y aseguró: “Cada uno de estos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino”. Desde el oficialismo resaltaron que el Estado está obligado por la Constitución Nacional a pagar esas sumas a la Iglesia, amparados en el artículo 2: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano” y aclararon que estas no representa ni un 7% del dinero de la Institución.
Con este planteo y, sobre todo, a partir del debate de la Ley IVE se desarrolló en Argentina la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado, que reclama un Estado laico y denuncia la influencia material y simbólica de la Iglesia católica en las decisiones de interés público.
En medio de la discusión, la 116 Asamblea Plenaria del Episcopado dio a conocer, en noviembre de 2018, la resolución por la cual la Iglesia renunciaría paulatinamente a este financiamiento estatal. Los obispos expresaron su voluntad de aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que ponían lo suyo en común.
De las leyes que regulan el financiamiento de la Iglesia en la actualidad, tres fueron decretadas durante la última dictadura militar, sin modificarse ni derogarse durante los sucesivos gobiernos democráticos. La 21.950 establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente al 80% de la que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 las define como vitalicias. La 22.162 le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera. La ley 22.950 crea un régimen de sostenimiento a la Iglesia Católica Apostólica Romana para promover la formación de sus ministros, que surjan de la población nativa. Por último, el Decreto Ley 22.430 instituye una asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculares que hayan cumplido los 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desarrollado su ministerio en el país por un lapso no menor a cinco años, recibiendo una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Un estudio realizado recientemente por la Universidad de San Andrés reveló que un 74% de la población argentina conectada a Internet dijo estar «de acuerdo» acerca de la separación del Estado y la Iglesia, frente a un 18% que se mostró en desacuerdo. Considerando el nivel de religiosidad, el 86% de los no creyentes dijo estar de acuerdo con la campaña “Iglesia y estado, asunto separado”, al mismo tiempo que el 79% de los religiosos también estuvo de acuerdo.
Desde marzo de 2018 a la actualidad, varios fueron los proyectos de ley presentados por distintos partidos en torno a la temática. Las diferentes iniciativas coinciden en plantear la condición laica del Estado así como también de la educación pública, y buscan recortar el financiamiento a la Iglesia Católica. Para la diputada Carrizo se trata de que la Iglesia sea considerada “persona jurídica privada”, como el resto de las religiones. En cuanto a remuneraciones propuso asignarle el equivalente a la del profesor universitario concursado. A su vez, al igual que el proyecto presentado por el Frente para la Victoria (FPV), a cargo de la diputada Araceli Ferreyra, su propuesta busca prohibir la exhibición transitoria o permanente de imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en todos los edificios y espacios públicos. Por otro lado, la dirigente del Partido Obrero, Romina del Plá, presentó otro proyecto orientado a derogar una ley de transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo. El diputado del PTS/FIT, Nicolás del Caño, junto a su compañera de banca Nathalia González Seligra, presentó una iniciativa para derogar los decretos de la dictadura y el Concordato entre la República Argentina y el Vaticano de 1966 (Ley 17032). Con el mismo objetivo lanzó su proyecto el diputado radical Alejandro Echegaray.
El mismo debate se desarrolla en la Legislatura porteña. En la audiencia pública desarrollada el 6 de septiembre de 2018, Gabriel Solano, legislador del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), presentó el proyecto de ley de mayor alcance, que busca poner fin a las exenciones impositivas establecidas en el Código Fiscal, anular las cesiones de tierras e inmuebles y eliminar los subsidios que reciben las entidades religiosas. En diálogo con este medio, el diputado explicó: “Presentamos esta iniciativa para colaborar con la lucha que están librando en las calles las mujeres y la juventud. La estrategia fue mostrar de qué modo se produce este entrelazamiento de intereses. Hicimos una investigación donde sacamos a la luz los impuestos que la Iglesia no paga, o la forma en la que se le entregaron decenas de propiedades. El accionar defensivo de la Institución Católica fue abrir una negociación con el Gobierno para cambiar la forma en la que el Estado paga los salarios de los obispos y curas de frontera”.
La Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado
Ya se había levantado del asiento que ocupaba hacía cincuenta minutos en la línea 98. Colocada frente a las puertas de descenso, apretaba fuertemente con su mano derecha un papel impreso doblado al medio, mientras que con la otra se sostenía del caño del colectivo. Llevaba una remera blanca de mangas cortas con la frase «Abajo el patriarcado», unos jeans ajustados y zapatillas deportivas negras. Su cabello rubio caía sobre sus hombros. En su muñeca derecha tenía amarrado un pañuelo naranja y en su mochila, uno verde. Llevaba puestos unos auriculares conectados a un mp3. Se dirigía hacia la Asamblea Abierta, organizada por los referentes de la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado.
Taty Barranco, salteña, transfeminista, militante de género, diversidad sexual y derechos humanos, es la impulsora de la campaña. En diálogo con ANCCOM habló sobre su origen: “La campaña se inició antes de las elecciones legislativas por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese momento, aún no se hablaba al cien por ciento sobre cómo la Iglesia y sus dogmas religiosos y morales influyen en las decisiones políticas. Entonces pensé que era necesario y urgente que se cree un movimiento que pueda reflejar este palo en la rueda de la evolución y adquisición de derechos, que solamente le competen al Estado y no a la institución Iglesia.”
Para Barranco, el pañuelo naranja, emblema de la Campaña, es mucho más que una prenda: “Significa que lo que necesitamos y queremos es la real separación del Estado y la Iglesia: que el Estado sea laico, que no sea sólo teoría y que en la práctica se demuestre este descontento. También, que se deje de transferir millones de pesos a la institución año a año y que se le quiten los privilegios que tiene sobre otras religiones. Pero lo que más significa y deseamos es que haya un cambio sociocultural donde la primacía del dogma moral y religioso caiga.”
La Campaña es apartidaria y funciona en todo el país. Presentan un documento de adhesión donde las agrupaciones pueden acceder a él. A su vez, la acción tiende a ser conjunta y horizontal. “Estamos las veinticuatro horas en comunicación, coordinando acciones federales o provinciales. Nos ayudamos, alentamos, complementamos y cada acción se consensua e informa”, describe Barranco. También presenta comisiones especializadas: legales, género, comunicación, arte, militancia y finanzas. “En cada comisión tenemos profesionales que asesoran y ponen su tiempo por convicción a la campaña y esperamos que se sumen más”, termina de explicar Tatiana. Unas de las acciones más trascendentes llevadas a cabo en este último período por la Campaña son las invitaciones masivas a apostatar: “darse de baja de la Iglesia Católica.” Esto implica realizar un trámite, explicado paso por paso en la página oficial, que permite desbautizarse.
La postura de la Iglesia Católica
El cura Jorge Bazán, miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sostiene la legitimidad de la unión de la Iglesia con el Estado en la tradición y en el lugar hegemónico que la institución eclesiástica ha ocupado históricamente en la sociedad. “No hay dudas -asegura- de que las elites fundadoras del país asignaron a la Iglesia Romana un papel fundamental en la constitución del Estado Nación, sin embargo, el status jurídico que la diferencia del resto de los cultos suele pasar inadvertido. La Iglesia no sólo es reconocida por la Constitución Nacional como un Estado autónomo, sino que el Código Civil le asigna personería jurídica pública a diferencia de las demás religiones, reconocidas como personas jurídicas privadas”.
El funcionario eclesiástico niega la necesidad de equiparar la institucionalidad jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana al del resto de las religiones ya que carecen del tamaño y la complejidad estructural que posee su credo. Según Bazán, “el problema es que otras Iglesias, como las Evangélicas, teórica y fácticamente no tienen la estructura de la Iglesia Católica. Por eso se dice que en Argentina hay diversidad religiosa pero no igualdad religiosa.”
Además, el culto católico se erige como la religión predominante, cuyo alcance real se observa fácilmente en la extensión de sus instituciones de carácter social. Con respecto al financiamiento estatal de la educación privada católica, Bazán argumenta que “el Estado debe subvencionar la educación, pero no necesariamente toda la educación tiene que ser del Estado. Este debe subvencionar la educación que los ciudadanos eligen para sus hijos”. Por otra parte, afirma que el Estado necesita de la guía moral de la Iglesia para obrar correctamente ya que sin su influencia en materia normativa, cualquier tipo de perversiones serían legalmente permitidas.
Sin embargo, esta no es la única postura del catolicismo frente al debate. Generalmente se tiende a construir una imagen simplista y homogénea de la Iglesia Católica que omite la existencia de contradicciones internas y diferentes corrientes de pensamiento al interior.
“Dentro del concepto ‘Iglesia Católica’ subsisten las Iglesias Ortodoxas, Nacionales y alta Iglesia Anglicana”, explicó el Monseñor Luis Bergonzi, representante de la Iglesia Católica Apostólica Argentina, una vertiente del catolicismo que se independizó de Roma en 1945. Esta corriente se ha posicionado históricamente a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado ya que plantea que el reconocimiento de la igualdad jurídica de todas las religiones es fundamental para la construcción de una sociedad más justa.
Según Bergonzi, la mezcla entre política y religión se opone a la esencia misma de la Iglesia ya que “al recibir sueldos y prebendas por parte del Estado, en detrimento de las demás confesiones religiosas, la Iglesia Católica Romana cae en un acto de discriminación que en nuestro país está penado por la ley”. Por lo tanto, aseguró que “es necesaria una nueva ley de culto, democrática, consensuada y ecuánime, sin privilegio alguno para la Iglesia de Roma ni cualquier otra confesión.”
Un debate más complejo
La socióloga Verónica Giménez Béliveau plantea que no hay que perder de vista la complejidad del panorama al pensar la cuestión de la separación ya que “el catolicismo es un espacio complejo, plural y heterogéneo en el que conviven corrientes, instituciones, comunidades e individuos. Es decir, son objetos sociales diversos que tienen distintos niveles de institucionalidad y de relación con distintas esferas de actividad”. Estos espacios se articulan con una gama de instituciones sociales que incluyen desde escuelas parroquiales, hogares de ancianos y huérfanos hasta la distribución de alimentos en parroquias y capillas.
Por lo tanto, se distinguen dos funciones estatales que han sido históricamente delegadas a la Iglesia Católica: la educación y la acción social. “Al Estado le sale más barato subsidiar las escuelas privadas confesionales que crear unidades educativas nuevas”, explica Giménez Béliveau con respecto al ámbito educativo. Y agregó que sólo en la Ciudad de Buenos Aires el 47,3% de los niños asiste a escuelas privadas donde el 31,6% de la matrícula es confesional, de la que el 96% pertenece a instituciones católicas. Muchas de ellas son parroquiales y atienden a una población empobrecida o se establecen en zonas donde la educación estatal no llega.
Con respecto a la esfera de acción social, resaltó: “El Estado, tanto provincial como nacional, terceriza gran parte del trabajo de cuidados en institutos religiosos”. Por lo que se pregunta qué es lo que hay que separar y hasta dónde se debería plantear la separación.
La socióloga señala que el presupuesto estatal destinado a estas actividades es insignificante con respecto a su volumen real, tanto en términos de presupuesto estatal como en la forma en que las diócesis administran ese dinero. “La Secretaría de Culto destina 50 mil pesos por diócesis. Con esto no quiero decir que no sea necesaria la separación, sino que la cuestión de sostenimiento económico no puede ser un obstáculo para la separación”, agregó.
Por otro lado, el historiador Roberto Di Stefano explica que el desarrollo del debate en torno a la separación de la Iglesia del Estado en Argentina ha adquirido tintes pasionales que no han permitido sostener una discusión informada y racional acorde a la complejidad de la cuestión. Un eje clave que ha sido eliminado de todo debate es la pregunta por el tipo de laicidad que se desea instalar en el país. Di Stefano explicó que la laicidad está formada por dos elementos, por un lado la libertad de conciencia e igualdad de derechos que utiliza como herramienta la separación de la Iglesia y el Estado; y por otro lado la neutralidad del Estado con respecto a toda religión u otras filosofías de vida. Existen distintos tipos laicidad posibles: cerradas, abiertas, con Iglesia de Estado o con separación de la Iglesia y el Estado.
Di Stefano afirma que es posible la convivencia de la libertad de conciencia e igualdad de derechos con una Iglesia de Estado, pero que en Argentina la experiencia histórica exige una laicidad con un Estado autónomo. “Tenemos una historia en la que el catolicismo se ha propuesto, e incluso impuesto, como identidad religiosa vinculada a la identidad nacional de manera muy estrecha y eso ha servido para discriminar gente, para establecer desigualdades jurídicas, políticas o simbólicas”, explicó.
De todas formas, “no es un tema para tomar en términos de hinchadas de fútbol”, agregó en referencia a la tendencia a simplificar argumentos, “lo que me parece importante es sentarnos a debatir, informarnos y tener un debate público serio evitando ponernos camisetas y pensar críticamente.”
May 31, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
«Hoy estoy acá para que se restituyan las pensiones que dejaron de cobrar alrededor de 18.000 personas. Se de primera mano lo que es luchar con las obras sociales, en mi caso PAMI, ya sea por asistencia o por implementos. Siempre hay un abogado de por medio que hay que poner, porque nunca hacen valer nuestros derechos», dijo Marcelo Roldán, uno de los protagonistas de esta problemática. Marcelo es discapacitado motriz, padece una distrofia muscular mitocondrial hace unos 30 años y trabaja en el programa radial Rodantes Rebeldes, en el que comunican y visibilizan lo que conlleva vivir con una distrofia muscular.
La Plaza de los dos Congresos y las inmediaciones se inundaron alrededor de las 18 de personas con diferentes reclamos. Banderas, pancartas y carteles llenaron de color las grises calles de la Ciudad, los sonidos de tambores, silbatos y algunos petardos se hicieron resonar en esta fría tarde de mayo. La marcha #ConLosDiscapacitadosNo, autoconvocada por los familiares de personas con distintas discapacidades para reclamar la violación de sus derechos contó con la participación de organizaciones sociales como ATE, Asociación Para Espina Bífida e Hidrocefalia, Asociación de Familias Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, Asociación Argentina de Electrodependientes, Padres Auto Convocados con Hijos con Autismo, entre otras.
La marcha fue autoconvocada por los familiares de personas con distintas discapacidades para reclamar por la violación de sus derechos.
Mientras que la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral los ampara, el Estado no. Ambas leyes establecen que el Estado tiene el deber de brindarles salud y educación a las personas con discapacidad. Esto quiere decir que lo que reclaman hoy no es más ni menos que un derecho legítimo.
Daniel Salvatierra tiene una discapacidad motriz denominada distrofia muscular de cintura. Detectaron su enfermedad a los 27 años, sin embargo los médicos no pudieron ayudarlo ya que no es curable. «La distrofia es progresiva y hace que pierdas la tonicidad en la musculatura. Yo hace cuatro años caminaba», contó desde su silla de ruedas. A medida que la enfermedad va mutando él también lo hace, por lo cual va necesitando diversos elementos como sillas bipedestadoras especiales para el baño, sillas de rueda manual, entre otros recursos. «A veces cuando vas a solicitar estas cosas te miran como diciendo ya es mucho. Ahora pedí una silla de ruedas y está tardando. Calculo que esto tiene que ver con que somos un gasto para el Estado», agregó. No obstante, Salvatierra no pierde la voluntad y la fuerza. Trabaja como empleado estatal, es artista plástico, actor teatral y lleva a cabo junto a Roldán el programa Rodantes Rebeldes. «Tratamos de que la vida pase por otro lado, antes la discapacidad cortaba la vida, ahora la acompaña», dijo con una sonrisa en su rostro. Participó de la marcha porque considera que los discapacitados no son vulnerables sino que son vulnerados por el Gobierno: «El Estado no reconoce nuestros derechos, recorta la asistencia, nos niega las pensiones», reclamó. Salvatierra vive solo y necesita un asistente 24 horas al día, parte del sueldo de esa persona lo paga él porque el dinero que recibe no le alcanza.
Mientras que la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral los ampara, el Estado no.
En la voz y en la mirada de Paula Abad Crespo se reflejan el cansancio y la tristeza, pero también la fuerza de una mujer que daría su vida por lo que más quiere en el mundo: su hijo, Fernán Abad. Él es un joven de 20 años que sufre una severa discapacidad motriz producto de un mala praxis durante el parto, ocurrida en el Hospital Español. Ocho meses atrás, Fernán era socio de dicho hospital hasta que el PAMI se quedó con sus instalaciones, dejándolo en la calle, como a tantos otros. «El PAMI alega que no se puede hacer cargo. Así que de un día para otro, mi hijo se quedó sin prestaciones médicas. Por eso estamos luchando. Pero la justicia es lenta y las necesidades las tenemos hoy», dijo apesadumbrada. Ella no solo reclama por su hijo, sino también por todos los familiares de personas discapacitadas que necesitan prestaciones y tratamientos. «Estamos pasando momentos difíciles porque los recortes que hace el estado están afectando la salud de todas las personas con discapacidad», concluyó.
