Jun 22, 2021 | Comunidad, Novedades
Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy.
El nuevo milenio se tiñe de blanco. Ya sea por un sincero deseo de orientarse hacia una economía ambientalmente sustentable o por las ventajas comparativas que subyacen en la explotación de un recurso abundante para países como Argentina, Chile o Bolivia: estados y empresas transnacionales se han lanzado a la conquista del litio.
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de proyectos de ley para promover la transición hacia una economía verde. Una consigna que acompaña al actual presidente desde la campaña y que tiene en la extracción de litio el primer eslabón en una cadena de valor que contempla la producción de baterías para la fabricación de autos eléctricos.
El triángulo andino
Argentina integra, junto a Bolivia y Chile, el denominado “triángulo del litio”: una región que concentra más de la mitad de las reservas del mundo. Según estudios de la Secretaria de Minería, nuestro país ocupa el tercer lugar, por detrás de Chile y Australia. Esto ha convertido a las provincias del noroeste argentino en un atractivo destino para las empresas mineras. En la actualidad, existen dos proyectos en operación: uno en el Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy, bajo explotación de Orocobre y Toyota Tsusho (con un 8,5% de participación de la empresa público-privada jujeña JEMSE), y otro en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, un desarrollo de la firma estadounidense Livent Corp. Además, hay otros dieciocho emprendimientos avanzados y cuarenta en etapas preliminares.
El litio es uno de los recursos de mayor crecimiento en los últimos años, insumo esencial para la fabricación de las baterías que usan celulares y computadoras portátiles, pero también utilizado en la industria metalúrgica, farmacéutica y del vidrio. Es clave en la transición energética que buscan promover los países comprometidos con el Acuerdo de París de la ONU, en el que la movilidad eléctrica aparece como el objetivo a alcanzar, ya que reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y resolvería los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles, cuya escasez solo aumentará.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha impulsado estudios para evaluar las condiciones de inserción del país en el nuevo paradigma mundial de electromovilidad. Fernando Porta, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), lideró el equipo de investigación para determinar las posibilidades de producción de baterías y automóviles eléctricos: “Es necesario un cambio en la matriz productiva. Nosotros tenemos una oferta energética insuficiente y al mismo tiempo basada en una matriz de producción que es bastante costosa”. Una vez instaladas estas fábricas, podrían aplicarse incentivos a la demanda, como beneficios fiscales específicos para quien acceda a un vehículo eléctrico.
La construcción de baterías y la consecuente fabricación de automóviles impulsados eléctricamente es el fin de la cadena. En el principio está la extracción de litio, el cual debe ser purificado para su utilización. En la actualidad, Argentina solo produce el mineral en grado técnico, como carbonato y cloruro de litio. A pesar de que, de acuerdo a informes de la Secretaria de Minería, para el año 2019 estas exportaciones representaron 189 millones de dólares, el monto es despreciable en comparación con los valores que se obtienen en instancias posteriores de procesamiento. Las estimaciones realizadas por Livent muestran que la renta obtenida por el carbonato y el cloruro de litio constituye solo el 5,74 % del total, mientras que productos derivados como el hidróxido de litio, cuyo refinamiento se efectúa en las filiales de Estados Unidos, China o Gran Bretaña; reditúan más del 55 %.
La fosa de evaporación marca el inicio del proceso de producción del litio.
¿Están dadas las condiciones para agregar valor a la cadena productiva en Argentina? Para Porta, el obstáculo es institucional antes que técnico: “Argentina tiene un sistema científico tecnológico robusto. Lamentablemente nuestra legislación no ha protegido al litio como a otros minerales en términos de darle su carácter estratégico y, por lo tanto, el Estado nacional y los provinciales no tienen disposición sobre las reservas. Estas han sido concesionadas bajo el imperio de la Ley Minera, que es lo suficientemente laxa como para permitir que quienes han obtenido los derechos de concesión no estén obligados a desarrollar ningún tipo de eslabonamiento hacia adelante”.
En este contexto, el gobierno se reúne con empresas para expandir los actuales emprendimientos mineros, así como elaborar conjuntamente proyectos que apunten a agregar valor a la producción de litio. Recientemente, en un seminario organizado por el Wilson Center, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos potenciales inversores se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de concretar operaciones similares a futuro y Alberto Carlocchia, presidente de la cámara que agrupa a los empresarios mineros (CAEM), aseguró que no hay condiciones para expandir la inversión, ya que “los costos laborales aún son altos”.
Según Porta, “las mineras no son empresas que tengan un alto nivel de ocupación, por lo que este no es un factor importante en su estructura de costos. La Ley de Minería vigente les asegura ganancias extraordinarias bajo distintos mecanismos: una muy baja imposición, estabilidad fiscal por 30 años y escaso control sobre sus números, puesto que sabemos de sus operaciones lo que ellas mismas declaran”. Para el economista, este es un problema general del capitalismo argentino, caracterizado por “baja productividad, baja inversión por años y por una estructura que maximiza las rentas del corto plazo y las oportunidades financieras”.
Por otro lado, algunos especialistas desconfían de los anuncios del gobierno. El investigador de CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Bruno Fornillo, afirma que no hay una estrategia integral que apunte en una dirección distinta a la que desarrollaron gestiones anteriores: “Por un lado, la política litífera la está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin un contacto fuerte con áreas como Ciencia. A su vez, el instituto creado por la Ley de Movilidad Eléctrica no se relaciona ni se financia con las rentas litíferas. Lo más patente respecto al impulso actual es la expansión de la frontera extractiva”.
El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es explotado por la firma estadounidense Livent Corp.
El mes pasado, un memorándum de entendimiento celebrado con la firma china Ganfeng Lithium incluyó la voluntad de que esta empresa fabrique baterías en el país, aunque no establece plazos ni montos concretos. “Hace años que los gobiernos provinciales dicen que hay compañías con intenciones de fabricar baterías en Argentina -recuerda Fornillo-, pero incluso si eso llegara a suceder, esas empresas no nos compartirían la tecnología de punta, y perderíamos la oportunidad de utilizar el mercado local para un crecimiento y un desarrollo endógeno. Una empresa como INVAP o YTEC debería tener la tecnología; no una extranjera que venga a llevarse el litio casi regalado y nos venda productos manufacturados acá, en lugar de importarlos”; afirma quien también es Doctor en Geopolítica por la Universidad de Paris VIII. La observación es aún más pertinente si se considera que esta semana el gobierno de Salta anunció una inversión de 580 millones de dólares por parte de la empresa china para la ampliación de las operaciones de extracción.
Minería del agua
No obstante, y como es habitual en las discusiones sobre explotación minera, el factor económico es solo uno entre los principales a considerar. Como señala Fornillo, la del litio es, en particular, una minería del agua: “Las técnicas actuales extraen una cantidad de agua potable que, en un par de décadas, convierte a esa zona en inhabitable. Una zona que de por sí es árida y endorreica, con cuencas cerradas”. El procedimiento consiste en extraer la salmuera que se encuentra bajo tierra y depositarla en enormes piletones a cielo abierto para que, una vez que se evapore el agua, las sales resultantes sean sometidas a un proceso de purificación para lograr el grado técnico necesario. Esta última instancia, a su vez, demanda grandes cantidades de agua dulce. Según estimaciones de las mismas empresas, para obtener una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce, que se adicionan a los 600.000 evaporados de la salmuera inicial. Las 40.000 toneladas que se extraen anualmente (entre los dos proyectos en operación, según Secretaria de Minería) requieren así de más de 25.000.000.000 de litros de agua.
Si bien existen grupos de investigación que han desarrollado métodos alternativos para la extracción, estos no han podido implementarse en gran escala, y su utilización implica un costo mayor, que las empresas no están obligadas a asumir. El método de separación electroquímica que han desarrollado científicos del CONICET a través de YTEC, la empresa de base tecnológica de YPF, por ejemplo, permitiría obtener litio sin necesidad de evaporar el agua de la salmuera, obteniendo, adicionalmente, agua salubre del proceso. Para Fornillo, la ausencia de presiones legales a las empresas se combina con la falta de visión estratégica del Estado: “No existe vínculo entre el área extractiva y el área de crecimiento tecnológico. Nosotros hemos conformado el Foro de Especialistas de Litio en la Argentina, donde nos reunimos alrededor de 200 investigadores que trabajamos en esto hace por lo menos 10 años. Tratamos de ver de qué manera podríamos aportar en la creación de valor tecnológico y demás, a partir de investigaciones que hoy están atomizadas, descoordinadas. Y hay iniciativas individuales de sectores productivos interesados: Fabricaciones Militares; INVAP; IEASA; YTEC está interesada en hacer celdas; Astillero Río Santiago podría producir barcos movidos eléctricamente. Pero no hay una política estratégica conjunta, orientada y con un financiamiento acorde”.
El impacto ambiental y la falta de acuerdos con los pobladores locales conducen a distintas medidas de resistencia. “Se los considera como un sujeto a ser removido o a quien se le ofrece una serie de dádivas menores. Además, las comunidades originarias, los pueblos atacameños de la Puna habitan los salares hace miles de años y en verdad son los dueños naturales de esa zona”, dice Fornillo. Se trata de un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las explotaciones de recursos minerales en el país, como sucede con el cobre en Andalgalá.
¿De quién es?
En 2015, Chile conformó una Comisión Nacional del Litio para establecer una normativa en la que los distintos actores tuvieran participación. No solo se acordaron mayores ganancias para las comunidades locales (alrededor de 25 millones de dólares anuales), sino que las empresas son obligadas a tributar el 40 % de sus ganancias, y parte de ese monto es utilizado para financiar investigaciones tendientes a desarrollar la cadena de valor.
El litio es central en el mapa geopolítico actual y futuro, y otros países ya lo han entendido así. En Bolivia el control de todos los yacimientos es estatal, en Chile es un recurso estratégico, también en Brasil, en México se han revocado las concesiones privadas y se piensa en armar una empresa estatal. Existen voluntades de coordinar esfuerzos a nivel regional, pero la discrepancia entre los distintos modelos dificulta los planes de articulación.
En este sentido, una parte de la coalición de gobierno se ha manifestado a favor de avanzar en una ley que asegure la participación del Estado argentino en la industria litífera. El proyecto elaborado por los diputados Marcelo Koenig y Carlos Heller propone declarar al litio como recurso estratégico y conformar una Comisión Nacional que integre al sistema científico en el desarrollo de la cadena de valor. Una iniciativa resistida por los gobiernos provinciales nucleados en la Mesa del Litio, que buscan mantener las rentas locales aseguradas por la minería.
También lo han entendido los principales actores de la economía mundial. Elon Musk, dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla (cuyas ganancias aumentaron 700 % durante la pandemia), llegó a bromear con el golpe de estado en Bolivia y “atribuírselo” en función de una liberalización de la explotación de los yacimientos nacionalizados por aquel gobierno. Un gesto risueño de los que el empresario acostumbra hacer en Twitter (como aquel que le costó millones en pérdidas a la criptomoneda Bitcoin), pero que señala con claridad en qué medida los grandes capitales miran hacia las reservas minerales del sur mundial.
Ago 17, 2016 | inicio
“La única verdad es la realidad”. La frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un irónico corto aplauso entre los diputados peronistas. Y actuó casi como un mantra argumentativo durante su interpelación por el “tarifazo” en el maratónico plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía, Consumidores y Obras Públicas de la Cámara baja.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, el responsable de la cartera de Energía se presentó para explicar -y defender- el “gradual” aumento tarifario dictaminado por el Gobierno y que, por una decisión de la Cámara Federal de La Plata, actualmente se encuentra suspendida y a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Todos los bloques de diputados, excepto el oficialismo, estamos acá para retrotraer el tarifazo”, sostuvo taxativamente el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de E-Economía Axel Kicillof.
Segundo ruidazo contra el tarifazo de Macri , el 4 de agosto pasado.
En las largas mesas ocupadas por los representantes legislativos del kirchnerismo, la protesta contra el gobierno nacional se manifestó en carteles con las frases “Gobierno para ricos, tarifazo para pobres”, “Los servicios públicos son derechos humanos, el tarifazo los vulnera”, “Bajó el consumo de leche, háganse cargo”, “¿Prueba?¿Error? No somos conejillos de Indias”.
El cuestionamiento de todo el arco opositor se unificó sobre la figura de Aranguren como funcionario público por su rol como ex CEO de la multinacional Shell de la que aún forma parte como accionista mayoritario, una clara violación de la Ley de Etica Pública según la oposición.
“La madre de todas las ilegalidades es que usted está ocupando el cargo de ministro, cada decisión que tome, es para beneficio propio”, sostuvo el legislador por Rio Negro del FPV, Martín Donaite, en unos de los varios tensos pasajes de la discusión.
Entre gritos y aplausos, exposiciones que superaron largamente los tres minutos consensuados y numerosas chicanas, principalmente entre diputados de Cambiemos y del FPV, transcurrió un intenso debate de más de seis horas que se presentó en su arranque, como “respetuoso” y “constructivo”.
Un poco más de 30 minutos duró la fría exposición informativa del ministro Aranguren. El funcionario dio cuenta de los datos que llevaron a que Argentina en estos últimos doce años haya pasado “de tener energía abundante, exportada y barata” a tener “energía escasa, importada y cara”.
“La única verdad es la realidad”, esa fue la frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según sostuvo el funcionario, el actual gobierno recibió un sector que “manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con roles y funciones equivocadas, alta discrecionalidad y falta de transparencia, desabastecimiento y demanda insatisfecha, causada por una distorsión de precios y atraso tarifario, uso ineficiente de energía, caída en la producción y falta de capacidad de generación”.
Entre otras cuestiones, detalló que el aumento de las tarifas se hizo “de la forma más gradual que le permitía la herencia recibida” y remarcó la importancia de la aplicación de la tarifa social, que alcanzó, según el ministro, tres millones de personas en el servicio eléctrico y un millón en el gas. Sin embargo, evitó explicar los costos de la producción del gas y dar detalles sobre cómo el gobierno construyó los indicadores para diseñar el aumento en el servicio.
Finalizada la exposición, los diputados tomaron la palabra para indagar al ministro.
La ausencia del ex ministro de Obras Públicas y presidente de la comisión de Energía, Julio De Vido, fue una decisión política. El jefe de la bancada del FPV, Héctor Recalde, leyó una carta del ex funcionario y advirtió que Cambiemos tenía “la clara intención de enfocar el debate sobre lo hecho en doce años en materia energética en su persona en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad, en relación a cuáles fueron los criterios técnicos para determinar el brutal tarifazo”.
Los abucheos y gritos de “se han robado todo” de parte de diputados del oficialismo no demoraron en aparecer. Recalde preguntó que si al momento de aumentar las tarifas el gobierno pensó “en lo que podían sufrir miles y miles de hogares argentinos que no pudieron pagar tarifas un aumento porcentual exorbitantes, de 1500 y 1700 %”.
Recalde también sostuvo que el “accionista de la multinacional Shell” realizó una especial “interpretación” de la Ley de Etica Pública al negar que exista incompatibilidad en su cargo.
Aranguren se defendió con un argumento llamativo. “Ninguna de las personas que forman parte y que han estado trabajando en alguna de las empresas en los últimos tres años o tengan participación societaria, tomen decisiones particularmente vinculadas con estas empresas, por lo que “no hay conflicto de intereses”, explicó.
“Durante estos doce años que estuve trabajando en el sector privado traté siempre de apegarme a la ley. Cada vez que desde la administración nacional ha habido una denuncia, siempre me presenté en la justicia y he salido eximido”, arremetió.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) sostuvo que para las decisiones que tomó el gobierno “había un mínimo de legalidad que tenían que cumplir y no lo hicieron”, ante la falta de la audiencia pública que indica como necesaria la Constitución Nacional para la determinación de nuevas tarifas.
La batería de preguntas de la diputada, que incluía el pedido de números informes al ministro, disparó las críticas del bloque oficialista al demorarse más del tiempo permitido. Camaño refutó afirmando que ella tenía “muchas preguntas como la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de preguntar y que no sabe de dónde se sacó el porcentaje de aumento tarifario”.
“Nosotros hemos hecho una adecuación de los cuadros tarifarios, siguiendo la capacidad que nos da la ley de emergencia pública, la 25,562, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017 y en partir de un decreto 120, que se firmó del 2003, que le da capacidad al Estado nacional de ajustar el precio del gas en boca de pozo y por lo tanto todo lo que hemos hecho ha sido legal y obviamente la Corte Suprema decidirá en lo particular”, respondió Aranguren.
El legislador sanjuanino José Luis Gioja (FPV) tomó la palabra y se permitió una de las tantas chicanas de la jornada. Aseguró que se había sentido “casi conmovido” cuando Aranguren comenzó su primera exposición con una de las frases de la liturgia peronista.
El legislador presentó una abultada factura de gas de un trabajador de la provincia de San Juan, fue cuando le consultó directamente al funcionario si sabía realmente “cuál es el costo del gas en boca de pozo en Argentina”.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, cientos de periodistas cubrían ayer la audiencia.
“Hay distintos valores dependiendo la inversión de la empresa, según la región, me niego a dar un promedio”, respondió Aranguren. Fue uno de los momentos más tensos de la audiencia.
Gioja repreguntó y, ante la falta de respuesta, citó un informe realizado por la Fundación Bariloche que establece un costo promedio de 1,9 dólares el B.T.U de gas en boca de pozo en el país. “¿Por qué esa diferencia de 1,9 a 5,5 dólares que ustedes fijaron para las nuevas tarifas? ¿Por qué los usuarios tienen que pagar ese costo? Doña Rosa, no tiene que pagar esos costos que son excesivos”, interrogó.
También le manifestó la preocupación que le generó el destino de un grupo de trabajadores del Ministerio quienes habían iniciado una medida de fuerza ante el serio riesgo de que los despidan.
En respuesta, Aranguren remarcó que el preció del crudo lo “regula el mercado” ya que la ley argentina lo determina así y si se desea establecer un precio desde el Estado, “hay que cambiar el marco regulatorio desde el Congreso”. Respecto a los trabajadores comentó que se iba a reunir con representantes gremiales para ver que sucederá
“Rechazamos la extorsión del ministro, del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional, al decir que la obra pública se va a parar si no se aplica el tarifazo”, dijo el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola durante su alocución, en referencia a las distintas expresiones públicas que han tenido desde el Presidente hasta funcionarios públicos en la semana que la que el alto Tribunal fijará posición sobre el tarifazo. Faltaban apenas unas horas para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, avalara los amparos contra el aumento.
“Rechazamos cualquier criterio de aumento, queremos ir hasta el hueso de un sistema que fundieron los servicios públicos en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen ocultando las clausulas que heredamos del negocio de (Miguel) Gallucio y Kiciloff con la petrolera Chevron?”, cuestionó Pitrola. Además, denunció que “se están despidiendo miles de trabajadores de empresas petroleras en el norte de Santa Cruz y en Chubut”.
Otro punto de tensión se sucedió con el propio Kiciloff quien fue citado varias veces por el ministro, al explicar el porqué de los precios diferenciales para la producción de gas.
“Esto está mal hecho, hay que hacer tabula rasa”, afirmó vehemente Kiciloff, quien pidió que para salir del atolladero generado por el tarifazo “hay que hacer las audiencias públicas que marca la ley”.
Remarcó que el modelo de “regulación del libre mercado” y “precios internacionales” que tuvo fuerte vigencia durante la década del 90, no es “el modelo que queremos” ya que fueron los causantes de que la cantidad de reservas de gas disminuyeran profundamente, dejando una vez finalizado ese período “reservas de gas para 10 años”.
En contraposición a lo que viene sosteniendo el gobierno nacional, el ex ministro de Economía afirmó que este año “la producción de gas subió un 5%”
Kiciloff pidió que el gobierno nacional “vaya para atrás” respecto a las subas de las tarifas y que luego se discuta “el cuadro tarifario por los próximos cuatro años” y subrayó que “no sirve la austeridad, porque se descarga sobre la gente y la gente no puede vivir, no puede comer, y la industria y la economía inevitablemente se desploma”.
Al finalizar, le preguntó al presidente de la comisión y al ministro interpelado: “¿Van a volver atrás con el tarifazo? ¿Van a escuchar el pedido de las organizaciones sociales, clubes de barrio, sindicatos que ustedes dicen proteger? Porque sino esto es sólo un acto que les permite ganar tiempo para luego continuar con la misma tarifa y a querer cobrar el retroactivo por todos estos meses”.
Aranguren respondió con sequedad: “Este gobierno dio señales de escuchar y por eso están presentes en el salón”. Hubo aplausos de la bancada oficialista.
La férrea defensa del “tarifazo” por parte del oficialismo tuvo al jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, como uno de sus protagonistas centrales.
Sostuvo que “a cualquier Estado le gustaría tener una política de subsidio ilimitado” pero que dicha decisión se tomó “en un momento de crisis” pero que luego se transfomó en una necesidad electoral”, en referencia al sostenimiento de los subsidios que mantuvo los gobiernos de Cristina Fernández.
“Lo peor de todo es que decidimos seguir con esa política cuando perdimos el déficit fiscal”, reafirmó Massot.
Actualizada 17/08/2016
