Les exige cifras millonarias para hacerse cargo del costo de las clases que los docentes no pudieron dar por las tomas del año pasado. La Secretaría de Derechos Humanos ofrece asistencia legal a las familias. 

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intimó económicamente a padres y madres de estudiantes involucrados en las tomas de colegios que tuvieron lugar en 2022. No es la primera vez: ya se habían iniciado causas penales el año pasado. Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ofreció asistencia legal a los padres y madres demandados.

Desde mayo de 2022, los estudiantes de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a denunciar la falta de realización de obras de infraestructura, el incumplimiento de la implementación del programa de Educación Sexual Integral (ESI), la mala calidad de las viandas o las condiciones de las pasantías no rentadas, entre otros reclamos.

Tras no haber recibido respuesta alguna de parte de las autoridades, los estudiantes decidieron optar por tomar sus respectivos colegios y más de treinta las escuelas resultaron tomadas entre septiembre y noviembre del año pasado. “La toma con pernocte fue la última de una serie de medidas que empezaron a realizar en mayo. Fue muy meditado, decidido colectivamente, con mucha gradualidad y, además, cumpliendo el protocolo de tomas que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, argumenta Daniela, madre de una estudiante involucrada. (N.d.R: Las familias consultadas pidieron reserva de su identidad por el asesoramiento de sus abogados y para preservar a sus hijos adolescentes).

Así, las autoridades de la Ciudad, encabezadas por el jefe de Gobierno porteño y su ministra de Educación Soledad Acuña, llevaron a cabo una segunda tanda de demandas millonarias a las familias de los estudiantes que participaron de las tomas: comenzó en septiembre de este año y aún hay muchos padres y madres que todavía no pudieron ser notificados de las acusaciones. Lejos de resignarse, las familias afectadas se organizaron para que se dé marcha atrás. “El centro de estudiantes es reconocido por el Ministerio de Educación y todos los reclamos eran legítimos”, señala Daniela.

En algunos casos la suma que reclaman llega a los tres millones de pesos, otros plantean un millón y medio por cada día de toma, como surge de los casos del Colegio Mariano Acosta y del Profesorado de Artes Visuales Manuel Belgrano.

«Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi tres millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros de la ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios», contó la joven Juana D. en sus redes sociales. «Una vez más el Gobierno opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que, en vez de resguardarnos, decide mirar para otro lado y esconderse… Que la gente se entere de que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes». Juana recordó que durante la toma realizaron intervenciones artísticas en la fachada de la escuela, así como en los baños y aulas, y que luego procedieron a la limpieza.

Sin embargo, ya hay un antecedente referido a demandas hacia los padres de los estudiantes que data de más de un año. Las 21 causas penales que Soledad Acuña decidió abrir en septiembre de 2022 fueron desestimadas por un juez de la Ciudad en el mes de mayo de este año, declarando que no había delito alguno. “Lo que demanda el GCBA (en esta ocasión) es daños y perjuicios por los sueldos pagados a los docentes que no pudieron dar clases”, detalla Gastón, uno de los padres demandados, sobre la multa que recibió.

Este lunes 2 de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos se pronunció ante las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a padres y madres de los estudiantes secundarios: “Si recibiste una de estas demandas porque tus hijos ejercieron el derecho a peticionar a las autoridades, comunicate con nosotros para obtener asesoramiento legal.”

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), por su parte, también difundió un comunicado repudiando la intimación y deslindando responsabilidades: “El Gobierno interpuso una demanda por aproximadamente 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil, por compensaciones por supuestos “daños y perjuicios”. Entendemos esta maniobra como un capítulo más de las persecuciones que Rodríguez Larreta y Acuña han realizado durante su gestión a la comunidad educativa.”

La ministra de Educación de Buenos Aires, en respuesta al comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos vía redes sociales, acusó al candidato a presidente y ministro de Economía de la Nación Sergio Massa y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de “apañar a los que están al margen de la ley.” Por otro lado, Karina apuntó que “la Secretaría simplemente está brindándonos herramientas para poder defendernos.”

«Es un mensaje contradictorio: por un lado, hay muchos contenidos en la escuela que hablan de los legítimos derechos que concede la Constitución para participar por una mejor sociedad y después dicen que es un delito”, dice Daniela.

Más allá del momento de incertidumbre que atraviesan los padres y las madres de los estudiantes involucrados en las tomas de colegios, desde el ámbito legal hay optimismo para que el Poder Judicial falle a favor de las familias demandadas: “Los abogados que leyeron las causas dijeron que el caso tiene muy poca viabilidad. Es muy difícil que puedan demostrar daños o utilización de la fuerza, porque no hubo. No tiene sentido desde lo judicial”, afirma Gastón.

Este tipo de conductas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad funcionan como una manera de “disciplinamiento por el bolsillo” y de “criminalizar la protesta”, actitudes que provocan descontento y confusión de cara al futuro. “Es darles un mensaje contradictorio a los estudiantes: por un lado, hay muchos contenidos en la escuela que hablan de la democracia y de los legítimos derechos que nos concede la Constitución para participar por una mejor sociedad y después les dicen que es un delito”, concluye Daniela.