“Esto es un retroceso en la calidad de la educación”

“Esto es un retroceso en la calidad de la educación”

Familias, docentes y estudiantes de la Escuela de Cerámica N° 1 de CABA rechazan la reforma que quiere implementar el Gobierno de Jorge Macri. Dicen que tras la fachada de una modernización trae precarización y degradación de la enseñanza.

“Este plan atenta contra la calidad del aprendizaje, desarrollo integral y colectivo de nuestros hijos”, afirma Mariela Sarlinga, madre de una estudiante de la Escuela Superior de Enseñanza Artística de Cerámica N° 1, ubicada en el barrio porteño de Almagro.

Junto con otras madres, padres y estudiantes, Sarlinga forma parte del colectivo “Familias del Cera”, que busca defender al histórico establecimiento educativo, fundado en 1940, de la reforma impulsada en colegios primarios y secundarios por el gobierno de Jorge Macri, en el marco del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende (BA Aprende).

“Se perderá la especificidad de materias curriculares que nuestros estudiantes, quizás, querrán estudiar el día de mañana, pasando a ser un simple taller, todo mezclado y reducido en carga horaria –agrega Sarlinga–. Ni hablar de la incorporación de educación emocional, del enfoque individualista que le quieren dar a la enseñanza, todo esto asociado a las neurociencias… El ‘Cera’ le dice un ‘no’ rotundo a estas reformas”.

Desde 2010, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires viene poniendo en marcha sucesivas reformas educativas, tanto en los contenidos de los aprendizajes como en los planes de estudio primarios y secundarios. BA Aprende es la tercera, con pruebas piloto en algunos colegios desde principios de 2024. “El Cera” y otros rechazan estos cambios, ya que, sostienen, degradan y precarizan la enseñanza.

En pie de lucha, las “Familias de Cera” se organizan para impedir que la reforma quede vigente en 2026, como prevé el Gobierno porteño. “Aceptarla implica permitir cambios perjudiciales para nuestros hijos. El conocimiento queda relegado a un segundo lugar, sin darle la debida importancia a la historia, el arte, la cultura, y en particular a nuestros orígenes. Quieren convertir las materias de Historia, Filosofía, Arte, Ciencias Sociales, Naturales y Educación Física, entre otras, en simples talleres, agrupándolos en áreas llamadas ‘de laboratorio’”, subraya Sarlinga.

Las familias rechazan la imposición inconsulta y arbitraria de esta reforma. Daniela Mauro, otra de las madres del “Cera”, expresa su enojo: “Propone reducir la formación a tres materias troncales: Lengua, Matemáticas e Idiomas, relegando al resto, empobreciendo la formación, dando lugar a conocimientos a corto plazo, dejando de lado una formación cuidada, crítica, cultural e integral de largo plazo, y poniendo en riesgo la fuente laboral docente, ya que su carga horaria será reducida, produciendo inestabilidad laboral y rompiendo la continuidad pedagógica, por lo que nuestros docentes, al igual que los estudiantes, se  verán afectados”.

“Queremos que el aprendizaje que reciben nuestros hijos sea de calidad, y que se respeten los colegios con orientaciones, que escuchen nuestras voces y más aún las de nuestros hijos, ya que ellos son los que eligen estas escuelas como formadoras para su futuro. Para las familias del Cera esto significa un retroceso en la calidad de la educación. Exigimos una enseñanza integral y de calidad”, reclama Mauro.

Hernán Cortiñas, docente del área de Ciencias Sociales de la escuela, remarca que “el Cera ha formado a generaciones de estudiantes en el arte y la cultura”. “Sin embargo, con la reforma –dice– las materias de arte y cultura corren el riesgo de ser reducidas a simples talleres. Estas reformas afectarán el área pedagógica y nuestra propia participación. El objetivo es que los estudiantes trabajen más individualmente, personalizando saberes y conocimientos, en desmedro de lo grupal, reduciendo nuestro rol al de tutores o acompañantes, ya no educadores. Las fuentes laborales de muchos docentes se verán perjudicadas, muchos vamos a quedar sin trabajo, ya que se priorizarán más las horas de cátedra y titularizadas”, detalla.

“Si hoy lo que cobra un docente en CABA por hora cátedra es muy poco, unos 38 mil pesos –prosigue Cortiñas–, esto se verá reducido. Por ejemplo, un profesor de Historia con cuatro horas semanales pasaría a tener solamente dos, porque su materia ya no sería troncal, y formaría parte de un taller semanal de dos horas, con la consecuente disminución de su ingreso. Además, está el tema de las nuevas formas de promoción, calificando logros adquiridos y no saberes, un sistema con características individualistas y que contempla además la participación del sector empresarial. Nosotros seguimos trabajando con mucha incertidumbre, ya que nos enteramos todo por los medios de comunicación y luego por las autoridades”.

Por su parte, Temis Saccomanno, secretario de Educación Artística de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), refiere que el sindicato “está en negociaciones con el Ministerio de Educación en cuanto a la conformación del nuevo plan orgánico funcional y reagrupamiento de horas”. “Entendemos el impacto y la preocupación de los padres y docentes –continúa–. Si bien al principio la reforma ‘Secundaria aprende’ (parte de BA Aprende) estaba más dirigida a escuelas de educación general, como los bachilleratos, ahora involucra a otras con especialidades. Como sindicato pedimos que se respeten la voluntad y los plazos, que el Ministerio de Educación no sea tan exigente y que arbitre los medios para generar espacios de diálogo, ya que el tema aún no está cerrado. Creemos que tenemos la posibilidad de aclarar cuestiones y cambios, antes de que esto se ponga en marcha definitivamente”.

Mientras tanto, las “Familias del Cera” continúan reclamando que se detenga la implementación de la reforma y solicitan a las autoridades del colegio que se las informe y se las escuche, al fin y al cabo, son sus hijos e hijas quienes estudian allí.

No comenzó el segundo cuatrimestre en las universidades

No comenzó el segundo cuatrimestre en las universidades

El Frente Sindical, integrado por todas las representaciones gremiales docentes y no docentes, determinó medidas de fuerza para toda la semana en reclamo de aumento salarial y presupuestario. Continúa el derrumbe de los sueldos en el sector.

Las 66 universidades nacionales no iniciaron este lunes el segundo cuatrimestre debido a un paro de actividades convocado por el Frente Sindical que incluye a todas las representaciones gremiales docentes y no docentes del país. Según las organizaciones y las instituciones de estudio, la medida de fuerza se extenderá entre 24 horas y una semana. Todas reclaman al gobierno aumento salarial y mejoras presupuestarias que permitan revertir la crisis en la que se encuentra sumergida la educación superior.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que «el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza». Según un informe del Consejo Superior de la UBA, el poder adquisitivo de docentes y no docentes se redujo casi un 50% durante 2024, caída que se profundizó en los primeros meses de este año.

Según este dirigente, los últimos aumentos fueron de 1,3% en junio, julio y agosto, pero se cobrarán juntos este mes, y fueron definidos por resoluciones ministeriales sin la mesa paritaria que exigen los convenios colectivos de trabajo. En todos los casos, el incremento es por debajo del índice oficial de la inflación, por lo que continúa el deterioro de los salarios.

Mientras que FEDUBA decidió un paro para este lunes y realizar jornadas de visibilización del conflicto durante toda la semana, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires convocó a un paro total hasta el viernes. El llamado a la medida de fuerza de la AGD se produce en un clima de tensión: el 4 de agosto, la policía de la Ciudad se presentó en la sede central del gremio minutos antes de una asamblea y mantuvo una patrulla frente al lugar hasta que finalizó la reunión. Ileana Celotto, secretaria general del sindicato, calificó la situación como “una maniobra de amedrentamiento y espionaje, prácticamente”.

La medida de comenzar el segundo cuatrimestre con un paro no es aislada. Celotto explicó: “Este plan de lucha no puede hacerse al final del cuatrimestre, porque es el momento del cierre, cuando los estudiantes están preocupados por sus notas y por terminar las materias. No es un buen momento para planificar algo más grande que pueda ir creciendo”. 

El objetivo inicial planteado en esa asamblea –que tuvo “custodia” policial– era implementar paros alternos, una semana sí y una semana no. Sin embargo, la mayoría de las federaciones votó por una continuidad de las medidas con paros rotativos de 48 horas para las semanas del 18, 25 de agosto y 1 de septiembre, además de convocar a una marcha nacional universitaria en la primera quincena de septiembre.

Sueldos inexistentes 

Javier Palma secretario general del AGD de Sociales declaró:“Venimos con un deterioro salarial enorme, 45% de pérdida de poder adquisitivo desde noviembre del 2023. No hemos tenido respuesta. Ni siquiera tenemos un espacio en el cual plantearnos. El gobierno no convoca paritarias desde septiembre del año pasado”. 

 

La situación sigue siendo crítica y el gobierno de Javier Milei decide responder con un plan que los profesores y docentes llamaron como minicuotas. Porque a partir de agosto y hasta noviembre impusieron aumentos mensuales que no recuperan su salario devaluado. Celloto compartió su opinión al respecto de las minicuotas: “En agosto cobraremos 1,3% de junio y julio, en septiembre 1,3%, en octubre 1,2%, en noviembre 1,1% y en diciembre 1,1%. Parece una provocación, porque cuando vos tenes un salario inicial de 240 mil pesos, cuando el gobierno sabe que hay renuncias permanentes en todas las categorías docentes por temas de salario, que digan que aumentan un 7%  en un semestre es una insensibilidad”.

Palma comentó: “Esta destrucción de nuestras condiciones materiales trae consecuencias en la calidad de la enseñanza; los docentes no estamos en condiciones de perfeccionarnos ni de comprar libros, y hasta tenemos problemas para llegar a la universidad.”

Desde el Frente Sindical –integrado por Fedun, Conadu, Conadu Histórica y Fatun– auspiciaron que la jornada de lucha del 11 “contará con un alto acatamiento”. Desde Fedun indicaron que “el gobierno de Milei decide no convocar a la paritaria, da aumentos que se encuentran por debajo de la inflación y no aumenta el presupuesto de los gastos de funcionamiento y de la beca para estudiantes”. Y agregaron que “es la mayor pérdida del poder adquisitivo de la historia, nuestro salario se ha convertido en el peor de Latinoamérica”. Hasta el 24 de agosto se llevarán adelante jornadas de visibilización del conflicto en las distintas casas de estudio y con diferentes modalidades.

Movimiento estudiantil y marcha universitaria

La AGD plantea que es momento de acelerar y marcar una dirección, recordando que siempre que la docencia universitaria logró avances fue en las calles. El movimiento estudiantil juega un rol clave en esta lucha. Según Palma, “es fundamental vincular a los estudiantes y permitir la emergencia de un movimiento estudiantil organizado dentro de un plan de lucha serio que les muestre un camino claro”. A su criterio, aunque las acciones de visibilización son necesarias, a veces no alcanzan y no han logrado mucho. Por eso considera que, frente al momento crítico que atraviesa la educación pública tiene que haber unidad entre profesores y estudiantes para pelear por sus derechos. 

El reclamo no es solo de los estudiantes ni de los docentes. Ileana Celotto afirmó que “este es un conflicto contra un gobierno que se opone a la educación pública y también a la salud pública, por eso también traemos la situación crítica del Hospital Garrahan”. Como señala el posteo oficial de AGD en sus redes sociales, “la lucha es ahora”, acompañada por trabajadores del Conicet, Inta, CNEA y otros sectores que se suman frente al retroceso en salarios y condiciones de trabajo. Palma concluye: “La fortaleza está en llevar la pelea a las calles y en mostrar que la universidad pública es un derecho que intentan destruir, pero que no lo van a lograr”. 

 

Sociales alerta

Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA emitió un comunicado sobre la crisis presupuestaria, en el que anunció la decisión de cubrir con recursos propios cuestiones elementales como la limpieza, el mantenimiento de los ascensores y servicios esenciales. Con la firma de la decana Ana Arias y del vicedecano Diego de Charras, la Facultad mencionó también el deterioro salarial de docentes y no docentes. “La pérdida constante del poder adquisitivo impacta directamente en quienes sostienen la vida universitaria todos los días”, expresó. ”Es urgente que se revierta esta política de desfinanciamiento” porque “sin presupuesto no hay educación, no hay salud, no hay ciencia, no hay futuro”, concluyó. 

La noche en que los caballos entraron a la universidad

La noche en que los caballos entraron a la universidad

Este martes que se cumplen 59 años de La Noche de los Bastones Largos, cuando la policía de la dictadura de Onganía intervino las facultades de la UBA y expulsó a palazos a docentes, autoridades y estudiantes. Así lo recuerdan los protagonistas.

Un mes después del derrocamiento al presidente Arturo Illia, la dictadura militar del teniente general Juan Carlos Onganía, intervino violentamente las universidades nacionales la noche del 29 de julio de 1966. La madrugada terminó a palazos y detenciones de alumnos, profesores y decanos de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, a casi 60 años después, exalumnos y docentes reflexionan sobre el pasado dictatorial, y el presente democrático de la vida política universitaria.

En su momento, la violencia fue justificada por el gobierno de facto como respuesta a la toma de las instituciones por parte de los estudiantes, en acción de repudio al Decreto-Ley Nº 16.912. La medida disolvía el gobierno tripartito de estudiantes, profesores y graduados en las casas de estudio, al mismo tiempo que sometía a rectores y decanos al Ministerio de Educación. Esto pretendía desarticular la autonomía aprobada por el Estatuto Universitario en 1958, bajo la premisa de que las facultades eran el centro de la rebelión y la cooptación ideológica comunista. Junto con el decreto, Onganía determinó un plazo de 48 horas para que las autoridades educativas aceptaran el nombramiento de los interventores. Pero las fuerzas represivas del nuevo gobierno dictatorial irrumpieron mucho antes de que pudieran cumplirse las primeras 24 horas.

“Me acuerdo de haber entrado al aula gritando: “¡La cana, la cana!”, dice Ricardo Chorny mientras su café se enfría. Con 86 años recuerda ese instante y vuelve a ser un joven que nunca dejó de militar. “Esa noche había una asamblea en Arquitectura, que funcionaba en uno de los galpones al lado de la Facultad de Derecho”. “Yo salí del aula para ir al baño, y en ese momento vi que entraba la policía. Nos corrieron, alguno ligó un palazo, pero no fue tan violento como en Exactas”, cuenta. “Nos escapamos. Al día siguiente, intentamos hacer otra asamblea, pero vino la policía montada. Se agachaban para pasar por la puerta y nos corrieron por la Facultad a caballo”.

Según Chorny, este tipo de enfrentamientos, aunque riesgosos, eran habituales para los estudiantes “en el corazón de la resistencia”, como él lo llama: “Estábamos continuamente en la calle”. Chorny, militaba y estudiaba arquitectura, con apenas 20 años, integraba la Federación Universitaria Argentina, y participaba de numerosos “gestos” de rebeldía contra el régimen militar. Marchas relámpago, panfletos y “monedazos” eran algunas de tantas formas de mostrar el descontento: “Aprovechábamos cualquier situación que podíamos. Dejar la mano del decano colgada al momento de la entrega de diplomas, o decir unas palabras por los compañeros que estaban presos”.

“Cuando uno es joven es más inconsciente, y nosotros hacíamos cosas muy osadas”, reflexiona el arquitecto Carlos Vales en el estudio de su casa. Las paredes están cubiertas de libros, e incluso un par de bibliotecas, se elevan hasta el segundo nivel de la propiedad. En 1966, Vales tenía veinte años, no militaba en ningún partido, pero participaba de las asambleas y de las acciones de protesta: “Íbamos a la estación retiro y nos sentábamos en los andenes a tener clase. Cuando la gente bajaba del tren no podía salir porque estábamos tapando la salida. ¡Podrían habernos agarrado a palazos ahí mismo! Era una época de muchos enfrentamientos. Había facciones universitarias contrarias, y a veces se agarraban a tiros. Tuve amigos a los que les quedó en la pierna la cicatriz de una bala”, cuenta Vales, y continúa: “Ir a la facultad era peor que ir a la conscripción; yo no vi volar un tiro cuando fui a la colimba”.

En 1970, Marta Slemenson, integrante del Instituto Torcuato Di Tella, realizó una investigación recuperada por el periodista Sergio Moreno que dio nombre a los hechos de La noche de los bastones largos. Según Slemenson, en la Universidad de Buenos Aires renunciaron 1.378 docentes, es decir el 22,4% del total. En Exactas, las dimisiones llegaron al 77,4 % del plantel docente y al 51,3 % de los profesores titulares; en Filosofía y Letras al 68,7 % de sus docentes; y en Arquitectura al 47,7 %.

“Ese día tenía entrega, dejé mis trabajos y salí de la facultad. Unos minutos después llegó la policía y me enteré cuando llegué a casa”, comenta Vales. “Habían echado a los profesores y nosotros esperábamos las notas. No teníamos quién nos corrigiese. Nos encontrábamos como delincuentes con los ayudantes de cátedra en un bar o una casa para corregir los trabajos”, asevera. Vales aún conserva la libreta universitaria que le fue entregada ese fin de cuatrimestre. Un comité con el que los alumnos nunca tuvieron contacto resolvió sellar las planillas vacías, sin calificación, en las que solo se lee “Promovido”.

Para Norberto Fernández Lamarra, licenciado en Ciencias de la Educación, que ya se desempeñaba como docente a fines de 1960, la violencia repartida por la policía dejó marcas, no solo en la vida de los alumnos y docentes golpeados, sino que dejó heridas mucho más severas: “Estas medidas sobre la educación tuvieron un efecto no solo inmediato, sino también a largo plazo. Se trataba de un nivel de investigación y desarrollo que aún no hemos recuperado. El vaciamiento se siente en el país, no solo en la universidad”, afirma.  

Oscar Alpa, actual rector de la Universidad de La Pampa, y presidente del Consejo Interuniversitario reflexiona: “Lo que estamos recordando en esta fecha no se refiere solo a lo ocurrido en un momento no democrático y violento de nuestra historia, sino que nos muestra que la discusión de fondo es otra: ¿cuál es el modelo de país que queremos?, ¿Estamos logrando la formación que queremos?”.

En comparación con la actualidad, Fernández Lamarra reconoce: “Estamos atravesando un período muy duro que está afectando fuertemente el funcionamiento actual y futuro de las finanzas nacionales. Es posible que en no mucho tiempo veamos jóvenes que sean afectados por estas políticas, dejando la universidad, imposibilitados de recibir una buena formación, o que no puedan hacer investigación”, advierte. Si bien siempre hubo disputas por el presupuesto universitario, la actualidad tiene características especiales. “Se trata del congelamiento de los salarios frente a una inflación, que existe, pero se niega”. Y agrega: “Lo más contradictorio, es que se trata de un gobierno elegido democráticamente”. Pese a que la represión en las universidades no es física, seis décadas más tarde, los mecanismos de control, desprestigio y desfinanciamiento se convierten en las nuevas armas.  

En el nombre del tío

En el nombre del tío

Simón Martínez Lepratti fue electo presidente del centro de estudiantes de su escuela, en el Gran Rosario. Es el sobrino de Claudio «Pocho» Lepratti, una de las víctimas mortales que dejó la represión del gobierno de Fernando de la Rúa el día que renunció. Inspirado en él, León Gieco escribió «El ángel de la bicicleta».

Simón Claudio Martínez Lepratti ganó las elecciones del Centro de la Escuela 398 Malvinas Argentinas en Funes, Santa Fe. El estudiante, de solo 16 años, continúa con el legado familiar: es el sobrino de Claudio Pocho Lepratti, inmortalizado en una canción por León Gieco como “El ángel de la bicicleta”, una de las víctimas emblemáticas del gobierno de Fernando de la Rúa, que abandonó la Casa Rosada dejando más de tres decenas de muertos a manos de distintas fuerzas policiales. El joven militante dice que trabaja para desestigmatizar la educación pública, visibilizando la crisis que está sufriendo por el desfinanciamiento, y a la vez generando espacios de escucha para sus compañeros de colegio.

 

Valores de familia

Simón es hijo del dirigente gremial Gustavo Martínez y de Celeste Lepratti, quien se abocó a la lucha en contra del gatillo fácil y a la militancia feminista, llegando a ser concejala en Rosario. Ella falleció en diciembre de 2022 por una enfermedad. A su hermano, Claudio “Pocho”, también apodado “Hormiga” por su trabajo perseverante y atento a lo pequeño, lo mató la Policía de Santa Fe de un tiro en la garganta en la ciudad de Rosario, durante la represión a la rebelión popular que emergió el 19 y 20 de diciembre de 2001. “Bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo”, había gritado antes de que lo hicieran caer desde el techo del comedor popular en el que ayudaba y asistía. Pocho era conocido por moverse a todos lados en su bicicleta, que se volvió un símbolo de la lucha popular y quedó inmortalizada en la canción de Gieco. «Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias», canta Gieco. Y de algún modo, eso es lo que está haciendo su sobrino, manteniendo viva la solidaridad a través de acciones, yendo a contracorriente en una actualidad en la que priman el individualismo y “la desconexión con lo que le pasa al otro”, en palabras de Simón. “Cada uno está muy centrado en su burbuja, por la situación actual del país, por los algoritmos de las redes sociales, todo eso obviamente que sí afecta y fragmenta a la población”, observa el joven, que dice ver esta tendencia aún más entre las nuevas generaciones.

 Recordando el legado familiar, Simón reivindica los valores que le fueron transmitidos: “Nací en una familia que ya tenía su historia y que me marca en ese sentido, desde chico ya estaba involucrado en este entorno. Tanto mis hermanos o mi familia en general como yo siempre hemos tenido esa forma de pensar que tal vez no la encontrás en todos lados.”

 

Hacer política “de abajo hacia arriba”

Según Simón, uno de los principales objetivos del Centro de Estudiantes es “dejar una base establecida para los chicos que vienen después”. La importancia de tener una organización presente se evidenció durante la pandemia, período en el cual la escuela no tuvo un centro de estudiantes activo. Además, consideran fundamental poner el foco en visibilizar las problemáticas que tienen los alumnos, desde una actitud de receptividad y escucha y construyendo una organización que Martínez Lepratti describe como “de abajo hacia arriba” y no al revés. Dentro de estos conflictos menciona “la estigmatización del colegio”, que es desprestigiado o subestimado solo por el hecho de ser una institución pública. 

Simón levanta la bandera de la educación pública y considera que “hay que defenderla en todos los niveles, primario, secundario y universitario”. Sin embargo, muchas veces esta lucha se encuentra con dificultades, ya que cada vez menos chicos encuentran valor en la enseñanza. “Es un gran esfuerzo transmitir la importancia de la educación y terminar el curso siendo los mismos que empezamos. Es más difícil todavía cuando es verdad que hay un atraso en los contenidos educativos, un deterioro a nivel edilicio y fallas en la contención que se le da a los estudiantes. Estas falencias no se pueden demeritar”. Entre los problemas más graves que tienen los alumnos de Malvinas Argentinas el joven señala “las adicciones, los conflictos entre parejas y los embarazos no deseados”. Sin embargo, Simón reconoce que hay docentes que buscan hacer la diferencia desde adentro: “Los directivos y profesores realmente se ponen las pilas para que se aplique la Educación Sexual Integral y para enseñar de la mejor manera posible”.

 

Centros de Estudiantes en diálogo

Este martes, un día antes del feriado por la Independencia, la Federación de Centros de Estudiantes de Rosario convocó una reunión que incluyó a las comisiones de varias ciudades circundantes para poner en común sus experiencias y perspectivas, invitando entre otros a los directivos del Centro que ahora preside Lepratti. Simón celebró la iniciativa ya que implica una reorganización de parte la Federación, lo que puede ayudar no solo a Rosario sino también a Funes, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, importantes localidades que la rodean y conforman el área metropolitana.

Nacido en Rosario pero criado en Funes, Simón se siente más funense que rosarino. Si bien la ciudad creció y ya no es un pueblo, en la zona céntrica se mantiene la sensación de que “todos se conocen entre todos”, lo que no se da tanto en otras zonas. “En el centro hay quienes recurren siempre a los mismos lugares, a los mismos locales, pero más allá de eso Funes se ha expandido un montón en los últimos años”, describió.

 

“Lo hacemos por una causa con un sentido más grande”

El Centro de Estudiantes de la Escuela 398 Malvinas Argentinas está conformado principalmente por mujeres, tiene un sistema de organización horizontal y contiene una gran diversidad de perspectivas dentro de su conducción. “Hemos tenido que tomar ciertas decisiones que tal vez no estábamos todos del todo convencidos, pero lo hacemos por una causa que tiene un sentido más grande.”, afirmó Lepratti.  “Cuando hay que tomar una decisión importante nos reunimos todos y votamos, no nos juntamos unos pocos a decidir”, explica Simón en cuanto a la conducción de la comisión. Además, expresó que “hay diferentes opiniones y posiciones políticas, lo que nos une son las ganas de ayudar a los chicos”, enfatizando en el objetivo común de hacer que la escuela esté mejor, que más puedan seguir estudiando y que se le dé lugar a los reclamos que tienen los estudiantes. Simón considera que “la política tendría que ser más así, más abierta a diferentes opiniones y posiciones políticas” y resalta la importancia de lograr acuerdos, aun frente a la diversidad de perspectivas, ya que esto es lo que habilita la posibilidad de generar una construcción y acción conjunta, sin tantas trabas. “Aunque el Centro es un organismo político, intentamos no partidizarlo, porque hay gente que piensa muy distinto a lo que pienso yo o a lo que piensan mis compañeros y estamos todos dentro de la Comisión”. El recién nombrado presidente también contó que varios de los miembros del Centro tenían “una relación personal previa”, la mayoría se conocían desde antes y eso también ayudó mucho a que la dinámica fuera colaborativa.

 

Construir desde la escucha

Para Simón su rol más importante como presidente es “escuchar y también reconocer las falencias”, tomando lo que funcionó y lo que no como un punto de partida desde el cual construir en conjunto. “Creo que lo que intento yo es aprender de lo que sucedió y de ahí tal vez sacar una idea o un proyecto”, afirma. Sin embargo, también comprendió que la visibilidad puede conllevar críticas que van más allá de lo personal “aunque realmente en la última nota que me hicieron no dije nada muy drástico y recibí mensajes igual, ya entendí que para los trolls no depende de mí ni de lo que diga”, expresó.

En una actualidad cada vez más signada por el individualismo, Simón sigue el camino de los que vinieron antes que él, construyendo un espacio de diálogo que trabaje por el bien común de los estudiantes y por recuperar la sensibilidad ante lo que le pasa al otro.

Alarma por el trabajo infantil

Alarma por el trabajo infantil

Las infancias rurales siguen siendo las más afectadas y las cifras confirman lo que ya se sabe: a mayor pobreza, menos acceso a los derechos fundamentales. Especialistas vinculados a la Asociación Conciencia y la Defensoría del Pueblo de la provincia describen el panorama y advierten sobre la urgencia en las niñeces.

Los escasos datos actuales sobre trabajo de niños y niñas ya resultan alarmantes y evidencian la urgencia de un cambio de paradigma que priorice la protección integral de las infancias, de una vez y para siempre.

En Argentina, la crisis social, política y económica constituye un factor estructural que no puede ignorarse. En las zonas rurales, el 19,8% de los niños de entre 5 y 15 años trabaja, al igual que el 43,5% de los adolescentes de entre 16 y 17. La infancia rural sigue siendo la gran excluida: a mayor pobreza, menor acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. Prueba de ello es que el 45,5% de los varones y el 23% de las mujeres que trabajan en el mercado laboral no asisten a ningún establecimiento educativo. En este contexto, se perpetúa un entorno que, lejos de protegerlos, naturaliza y reproduce el trabajo infantil.

Conciencia es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por profesionales especializados en múltiples disciplinas, que desarrolla continuamente programas afines a las necesidades de distintas comunidades del país. Trabajan hace más de 20 años en articulación con instituciones y organizaciones con anclaje territorial, respetando los saberes de sus habitantes, la historia y cultura de cada comunidad. En comunicación con ANCCOM, Salomé San Martín, líder del eje programático -que se suma al de Empleabilidad y al de Participación-, plasma su preocupación: “Nuestra estrategia está vinculada con el trabajo en contexto de ruralidad previniendo, identificando y luchando en contra de situaciones de trabajo infantil y adolescente. Trabajamos principalmente en Misiones, Jujuy y Salta con esta problemática, ya que en las actividades rurales es muy propenso el trabajo infantil, como en la frutihortícola, yerbamate, tabacalera o la floricultura, espacios donde históricamente niños y adolescentes han trabajado”.

«El 20,2% de los estudiantes que cursan sexto grado de la primaria se ausentan a la escuela por tener que colaborar con tareas domésticas, cuidar a familiares o trabajar. Esta proporción aumenta en los últimos años de la secundaria, alcanzando cerca del 50%,» dice Martello.

La representante de la asociación comenta que la deserción escolar está totalmente vinculada al trabajo infantil. Los niños y niñas no contenidos están expuestos al trabajo tanto fuera como dentro de sus casas -viéndose los casos de trabajo doméstico sobre todo en las niñas-, una exposición que se ve profundamente agravada frente a la falta de acceso a comunicación, educación, clubes recreativos y actividades extracurriculares.

“Si bien hoy en día hay políticas y leyes que lo prohíben, no hay tanto control sobre su cumplimiento”, agrega San Martín, y destaca un dato clave: “No hay cifras oficiales porque el trabajo infantil es un delito. Que exista un registro oficial pondría de manifiesto que ocurre en nuestro país, lo cual va en contra de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los que adherimos”.

Según un informe del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la coordinación del Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, el 20,2% de los estudiantes que cursan sexto grado de la primaria se ausentan a la escuela por tener que colaborar con tareas domésticas, cuidar a familiares o trabajar. Esta proporción aumenta significativamente en los últimos años de la secundaria, alcanzando cerca del 50%, y se profundiza especialmente entre los sectores más vulnerables.

“La inasistencia escolar ligada al trabajo infantil no solo vulnera el derecho fundamental a la educación, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades futuras de miles de niños y adolescentes», remarcó Martello, quien también señaló la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar esta problemática. “Es fundamental que se refuercen los programas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, que se garantice el acceso a espacios de cuidado adecuados y se impulse la concientización sobre los graves perjuicios que el trabajo infantil ocasiona en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes», agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Martello también advirtió sobre los reiterados llamados de atención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alertan sobre un posible incremento del trabajo infantil a nivel mundial, particularmente en contextos de crisis económicas y sociales, algo con lo que coincide Salomé San Martín, quien agrega que “es muy importante el acuerdo entre sectores, ya que no es un problema del Estado, ni algo que pueda abordar la sociedad civil o el sector privado en soledad. Se necesitan acuerdos integrales”.

¿Qué hacer ante un panorama tan desalentador? Actuar. En ese sentido, la Asociación Conciencia da el ejemplo. “Para nosotros –resalta San Martín- es muy importante trabajar esta problemática con el Gobierno y con los sectores productivos, que son quienes deben velar principalmente porque en sus producciones no haya trabajo infantil. Por más que acompañemos y generemos talleres y proyectos, son las cabezas de esos negocios y actividades las que tienen mayor responsabilidad. El diálogo con el sector público y privado es fundamental, ya que nuestros proyectos son de gestión integrada”. Con sus proyectos de trabajo territoriales, llegan a lugares y familias donde no llega nadie, casos a 17 kilómetros de la ruta, con camino de ripio. Otorgan becas, trabajan con infancias desescolarizadas, con trabajadores rurales compartiendo estrategias para la prevención de accidentes en el trabajo, enfermedades vinculadas al mismo y el desempleo, abordan una línea de acompañamiento familiar integral, visitando familias para ayudarlas en cuestiones administrativas y el acceso a derechos. Para el 12 de junio, el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, se realizaron dos eventos grandes en Jujuy y Misiones, con diferentes actores, entre ellos COPRET, RENATRE, gobernaciones locales, intendencias y actores del sector privado.

“Es una problemática compleja y multifactorial. Tiene un montón de aristas desde las que se puede abordar. La combatimos con el acceso a la salud, a mejorar sus condiciones de vida, a tener una vivienda digna, a la educación… Nuestra perspectiva es desde el acceso a derechos”, concluye San Martín.