¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

La flexibilidad y el acceso al mercado laboral vs. la precariedad y la vulnerabilidad. Los repartidores comparten sus experiencias y plantean un debate: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para progresar?

Es martes por la tarde en Capital Federal, a pesar del frío y el viento, el punto Rappi de Humboldt y Costa Rica se va colmando de camperas naranjas, combinadas con gorras y cajas de delivery del mismo color. Los que llegan se saludan entre sí y se sientan frente al local. Charlan, fuman y esperan.

Félix Vázquez hizo de todo, fue plomero, albañil, paseador de perros. Por muchos meses buscó un trabajo para mantener a su familia, y así fue como llegó a las oficinas de Rappi en Villa Crespo. El representante le explica que no será un empleado, sino que se unirá al equipo, será “colaborador”, no realizará repartos, sino que prestará un servicio. Sin contrato, sin horarios, sin objetivos de rendimiento —y sin derechos laborales, también—. “Hace tres años que trabajo en Rappi, a base de arriesgar mi bicicleta, mi celular, mi integridad. No tenemos leyes laborales que nos amparen, si no salís a laburar, no cobrás”, comenta Félix trabajador de Rappi, en diálogo con ANCCOM.

El circuito empieza cuando un cliente pide algo por la aplicación y abona con tarjeta o efectivo. El pago siempre es para Rappi, quien le liquida al restaurante a los 15 días de realizada la compra, pero se queda con un porcentaje del producto. “A mí me conviene porque llego a más clientes, aumenta la demanda, aunque le tenga que dar 20% a la app tengo publicidad y no me encargo del costo de distribución y los chicos del delivery”, explica Yasmín Merlo, encargada de un local de hamburguesas de Palermo. 

Radiografía del mercado

El trabajo en plataformas no cuenta con estadísticas oficiales ni estudios exhaustivos periódicos que den cuenta de la situación de los trabajadores. Hasta el momento se ha realizado en 2018 y en 2021 la Encuesta de Trabajadores de Plataforma (ETP). Según el primer informe, realizado durante 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estiman 160.000 empleados de plataformas digitales en todo el país, de los cuales unos 60.000 serían de reparto. En un estudio más reciente, publicado en 2022 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se realizó la segunda edición de la encuesta. Por el volumen de transacciones y cantidad de trabajadores las dos empresas principales son PedidosYa y Rappi.

La idea de PedidosYa nació en 2008, cuando Ariel Burschtin y Álvaro García eran alumnos de la universidad ORT de Uruguay. Como trabajo para una materia sobre emprendedurismo, les dieron la consigna de inventar un negocio desde cero en 30 minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y diseñar cómo podría ser su implementación. 

Por su parte, Rappi fue fundada en 2015 en Colombia, por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Ambos eran empleados de la startup Grability que permitía que los consumidores compren productos del supermercado online. Se dieron cuenta de que existía un cuello de botella en el envío, la entrega podía demorar días, hasta semanas. Vieron que los clientes tenían una necesidad de recibir compras como comida, medicina o antojos en su casa y en poco tiempo, así fue como decidieron crear una plataforma que brindara esa solución.

Comparando las encuestas mencionadas, se observa que la edad de los trabajadores disminuyó significativamente: la edad promedio en la ETP 2018 era de 38 años, y en la ETP de 2021 cae a 31 años. También se observa que las plataformas comienzan a absorber a una población de menor nivel educativo. En la ETP 2018 el 87,3% de los encuestados tenía al menos el nivel secundario completo, mientras que ese porcentaje disminuye al 79,2% en la ETP 2021.

En cuanto a la población migrante, hay una caída relativa respecto a 2018, los datos mostraban sólo un 23,8% de trabajadores argentinos, mientras en la ETP 2021 pasan a ser la nacionalidad mayoritaria con un 58,1%. Esto a su vez se corrobora en la antigüedad de los trabajadores, aquellos que hace más tiempo que trabajan son en su mayoría venezolanos y los que ingresaron hace menos de un año, son en su mayoría argentinos. 

Esto coincide con las fechas de aumento exponencial de la migración (fundamentalmente desde Venezuela). Mientras que, en 2008-2009, la inmigración venezolana se ubicaba en séptimo lugar en términos de las radicaciones en nuestro país, en 2019 ocupaba el primer lugar, con el 34,5% de radicaciones. Esto se puede observar en este gráfico interactivo, una producción propia a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Hecha la ley, hecha la trampa

El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, autor de libros clave para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, define esta situación como la “uberización de la economía”, un proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad. Un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de ‘prestación de servicios’, invisibilizando la relación de asalariado y de explotación del trabajo. Se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los trabajadores aparecen como “emprendedores” o “colaboradores”. 

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos, quien presentó un proyecto para la regulación de este tipo de trabajo, en diálogo con ANCCOM, describe: “Es una situación laboral fraudulenta. Se etiquetan como colaboradores, aunque es evidente que existe una relación de dependencia encubierta, manifestada por la necesidad de la aplicación en términos económicos para llevar a cabo las entregas».

Hebert Nontero, repartidor de Rappi lo describe: “Somos trabajadores, no somos microempresarios, ni trabajadores independientes. Eso es mentira. Somos totalmente dependientes de la empresa”. El conflicto está en que se presentan como meras intermediarias y así logran eludir todas las regulaciones laborales e impositivas. “La falta de transparencia en el funcionamiento de las empresas que gestionan aplicaciones forma parte de un innovador modelo de negocio que ha modificado las normas en cuanto a la explotación laboral”, explica Plaini.

El senador afirma que, «gracias a la gestión algorítmica, las plataformas funcionan con costos prácticamente inexistentes, sobre todo en lo que respecta a los costos laborales». Esta realidad coloca a los repartidores en una situación de «extrema fragilidad y precariedad», ya que carecen de salario mínimo, seguro de accidentes laborales y cobertura médica.

Mi jefe es un algoritmo

Tanto Félix Vázquez como Ezequiel Rojas, dos repartidores de Rappi, trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Van en bicicleta o moto y reparten de todo: desde pizza y hamburguesas, hasta artículos de farmacia, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente le tiene que hacer llegar a alguien.   

Ezequiel Rojas describe: “Necesitamos trabajar, pero a veces sentimos que usan la tecnología en nuestra contra. Avalan la esclavitud moderna”. Y cuenta cómo fueron los inicios en este trabajo que necesita, pero descubre esclavizante: “Empecé hace unos meses a trabajar en Rappi, mi primer día hice $15.000, estaba contento porque calculé lo que podía ganar en un mes y era más que el salario mínimo. Al tiempo noté que me llegaban menos pedidos o me mandaban muy lejos”. Con el tiempo el algoritmo lo empezó a desengañar: “Capaz la app te dice que (el pedido) está a 2 kilómetros, pero cuando lo pones en maps es mucho más lejos”. Los repartidores tienen la opción de liberar el pedido en caso de tener algún inconveniente. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando por una hora, a veces hasta tres días, si liberas dos pedidos. Te obligan a tomar un pedido que no quieres o no puedes”, comenta furioso. 

El teléfono de Ezequiel comienza a vibrar. “Tenemos un pedido perfecto para ti”. Retirar en Palermo y entregar en Villa Crespo. Se pone la caja naranja en la espalda y el cronómetro de la aplicación le dice: “Tiempo para llegar a la tienda, 10 minutos”. En Rappi no hay tiempo para la furia. O sí: arriba de la bicicleta.

 El hecho de que las plataformas se reserven el derecho de «dar de baja» o desconectar al usuario/trabajador en cualquier momento es una de las manifestaciones más evidentes de la insensibilidad de este sistema de empleo y de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que buscan obtener ingresos a través de él. “Muchas veces te pueden poner en pausa, te cierran las cuentas, y no siempre queda claro los motivos por los que lo hacen. Lo peor es que no tienes la posibilidad de derecho a réplica”, afirma Francisco Ojeda, otro repartidor.  

¿Bronce, Oro o Diamante? 

“Rappi tiene un sistema de categorización que nos divide como Bronce, Oro y Diamante. En este último, dan mayor prioridad para elegir horarios, aunque el pago sigue siendo el mismo para todas las categorías”, explica Ojeda, repartidor desde hace seis años. “Si en Rappi no acepto un pedido pasaré a ser de la categoría Bronce; lo que me implica tener menor prioridad al momento de elegir horarios”.  

Según relata Ojeda, PedidosYa tiene un sistema mucho más estricto. Se asignan posiciones desde el nivel uno (el más alto) al seis, y el ranking clasifica en base a las ausencias. ¿Qué número de ausencias tuviste durante la semana en tu horario? ¿Llegaste tarde o llegaste puntual? “A un repartidor del nivel uno le pagan más que a un repartidor de los niveles inferiores. La competencia entre nosotros es constante e injusta a mi parecer. Sobre todo, porque muchas veces te asignan pedidos a zonas peligrosas o de muy largas distancias a precios que no son convenientes ni por seguridad ni por insumos nuestros (nafta, peajes, comida). Entonces, por el simple hecho de rechazar un pedido o no querer hacerlo, la aplicación te bajará de nivel y con ello todo lo que implica”. 

La organización vence al algoritmo

Estas modalidades de empleo, en las que las calificaciones y clasificaciones juegan un papel fundamental para asegurar mejores oportunidades, condiciones laborales e incluso la permanencia en la plataforma, limitan el ejercicio de los derechos laborales. Ejercer cualquier derecho colectivo puede perjudicar a los propios trabajadores, la posibilidad de ser «despedido» fácilmente mediante la simple desactivación de la aplicación aumenta el temor a represalias. A pesar de ello, los trabajadores han optado por una variedad de estrategias para promover la acción colectiva, asegurar la libertad de asociación y avanzar en la regulación efectiva de su trabajo. 

Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que actualmente cuenta con más de 2.500 afiliados, relata: “Empezamos en 2020, en el contexto de pandemia. Era contradictoria la situación, por un lado, tenías que presentar un permiso que te diga que eras de los trabajadores esenciales para poder circular por la calle, pero por otro lado no teníamos ningún derecho como tales. Ahí nació el sindicato, nos empezamos a organizar en paradas solidarias a charlar y comentar la situación que vivíamos”. 

 Y remarca: “En un punto las empresas quieren instalar la competencia entre compañeros, eso veíamos en las paradas. Quieren que sea un sálvese quien pueda, que vas a estar mejor si pedaleas toda la semana sin parar y subís el puntaje. Así llegas a repartidor Diamante y tenés mejores tarifas y estas por encima de los demás trabajadores. Buscan que no haya solidaridad entre nosotros, un individualismo extremo”, remarca Ramiro. Y reflexiona: “No son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de explotación. Se aprovechan del vacío legal y esquivan la ley. Están haciendo cosas ilegales, no hay derechos básicos y fundamentales».

 Las personas nucleadas en SiTraRepA buscan ser reconocidas como trabajadores y tener los mismos derechos: obra social, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. “Si un repartidor se quiere ir de vacaciones tiene que poner a un amigo a manejar y usar la app en su nombre, o llevarse la bici y la mochila a la costa y repartir ahí. Es triste, pero si no lo haces te quedás sin puntaje, el algoritmo te puntúa todo el tiempo. Es como si fuese un juego, según el ranking que tengas vas a ganar más o menos plata”, describe Ramiro. 

 Las posiciones sobre la sindicalización laboral son diversas. Francisco Ojeda, por su parte, opina: “Por lo que hablamos en el grupo de repartidores, prácticamente ninguno está de acuerdo con que haya una sindicalización del sector porque, aunque nos puede traer beneficios como la jubilación, las vacaciones pagas, también nos va a generar mayores obstáculos, vamos a tener que cumplir un horario obligatoriamente, una asistencia y vamos a perder cierta flexibilidad de la que ahora disfrutamos”. 

 Otra de las posiciones es la de Vázquez, quien manifiesta: “Es necesaria la intervención del Estado para regularizar nuestra situación laboral, no solo de repartidores de Rappi, todas las empresas Uber, Glovo, Cabify son iguales. Necesitamos que se pronuncien los políticos, estamos totalmente precarizados”. 

 Según Manini, la sanción de una ley para regular este tipo de trabajo es una deuda pendiente, y opina que la falta de jurisprudencia en torno a reconocer la relación de los trabajadores con las empresas como laboral lo frena bastante. “La influencia de las empresas es real, tanto para impedir el debate en el Congreso como para impedir la organización y sindicalización de los trabajadores. No quieren regulaciones económicas como tienen todas las empresas que trabajan en el país. Hay una grave falta de transparencia a la hora de cobrar y a la hora de recibir sanciones o penalizaciones. Y como los trabajadores no tienen contrato, no se sabe cuáles son las consecuencias de rechazar pedidos o cuánto van a ganar por repartir. Una ley no va a transformar el mundo, pero sí será una conquista enorme”, sostiene Manini.

Millones para unos pocos

Juan, repartidor de Rappi, repite este deseo como un mantra para soportar la lluvia intensa y la frustración mientras ve cómo el cliente regresa al ascensor con su pizza. Rápido y seco. Mientras tanto, Juan da un paso hacia el borde de la vereda y se empapa nuevamente. Las gotas caen con fuerza sobre su campera naranja. Cierra la caja y se escapa la última bocanada de aire caliente que dejó la pizza antes de irse. Caliente y puntual. 

Los trabajadores de estas plataformas son formalmente considerados trabajadores autónomos, y no se les reconoce una relación de dependencia. Siguiendo una argumentación similar a la de la pionera Uber, empresas como Rappi y PedidosYa también se autodenominan «empresas de tecnología». En ambos casos, estas plataformas argumentan que simplemente proporcionan una herramienta informática, una base de datos para conectar clientes con prestadores de servicios individuales, con el objetivo de evitar cualquier relación de dependencia y eludir el cumplimiento de las protecciones laborales establecidas por la legislación. La intención de no reconocer las actividades desempeñadas por sus repartidores como trabajo se refleja en el propio lenguaje que utilizan las empresas para promover el espíritu emprendedor y el autoempleo. Utilizan términos como «red de consumidores», «red de productores», «colaborador». En este contexto, los términos «trabajo» y «trabajadores» se usan rara vez. Un informe de la OIT plantea los indicadores de existencia de relación laboral en el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina.

 Las empresas argumentan que no hay una relación de dependencia, mientras que los «rappitenderos» recorren la ciudad sin protección, sin ningún tipo de seguro. “Nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente, y no se hace responsable ni la empresa ni ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros y decirnos ´ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros´”, comenta Angie León, repartidora de Rappi. Debido al vacío regulatorio y legal en el que se desarrolla esta actividad, las empresas eluden el pago de beneficios laborales, suministros de trabajo, compensaciones por accidentes laborales y cualquier obligación relacionada con la seguridad social. Mientras tanto, los repartidores pueden trabajar hasta más de 8 horas diarias y muchas veces no llegan al salario mínimo. 

El derrotero político

La discusión sobre la regulación de las plataformas de reparto se está dando a nivel mundial. 

El camino de búsqueda por la regulación en Argentina comenzó en 2020, cuando el gobierno oficialista de Alberto Fernández elaboró un proyecto “Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda” pero que no fue presentado. Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y abordaba, entre otras cuestiones, la regulación de la jornada laboral: “Artículo 18.1. Una jornada de labor que no supere las 9 horas. La distribución del horario será por acuerdo de parte entre la Plataforma y la persona trabajadora”, aclara el proyecto.. Respecto al salario mínimo, el Artículo 12 dice que el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales (CNTPD). También se incluían temas como la retribución por viaje, envío, entrega o distribución en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, entre otras cuestiones. 

 El senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley del legislador Omar Plaini, que establece en su Artículo 2° la creación de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)”. Fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial en 2023, luego de haberse frenado por varios meses a causa de la presión de las empresas. 

En los Artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Poder Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá” exigir a las personas jurídicas y empleadores que denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Sin embargo, aún se busca regular una ley a nivel nacional. En septiembre de este año la exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos aseguró que estaban desarrollando un proyecto de ley para enviar al Congreso. Según declaraciones en El Destape Radio, la iniciativa es parte de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía: «Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos», destacó la ex funcionaria. Todo lo contrario, parece, se propone la gestión desreguladora de Javier Milei.

Delivery de derechos 

Las tecnologías digitales generaron cambios en el trabajo y el empleo. La “algoritmización”, les permite a las plataformas operar con costos prácticamente nulos, esto mejora la eficiencia y, en particular, se ve una reducción de los costos laborales. Las nuevas modalidades de empleo en la economía digital se destacan por la desregulación y la flexibilización de los límites en muchos niveles. Mientras que los trabajadores hacen malabares con sus tiempos de trabajo para obtener buen puntaje, la gestión algorítmica produce sobrecarga de trabajo, además, de los riesgos que implica para la salud y la seguridad (accidentes, robos, etc.), trabajar en la calle. Todos estos elementos unidos no se ven recompensados con un salario. 

Los repartidores responden con organización y acciones colectivas para fortalecer su representación y capacidad de acción. La sindicalización, las redes sociales, los grupos de WhatsApp son iniciativas destinadas a promover tanto los derechos como la comunicación entre los trabajadores, además de crear conciencia sobre la necesidad de establecer un marco legal que mejore las condiciones laborales y defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.

 

Dariannis Linares, repartidora venezolana, destaca la importancia del compañerismo entre los “redes”. “Fue en el 2021, en Lomas de Zamora a las 20. Fui a buscar un pedido a una casa de pastas de Don Cotrone, mientras esperaba llegaron unos chicos en una moto chiquita, uno de ellos sacó un arma blanca y me amenazó. Cuando me iban a quitar la moto, aceleré y me fui súper asustada, mirando para todos lados a ver si encontraba algún policía o una comisaría para hacer la denuncia. Encontré la Comisaría 9A de Lomas de Zamora, me estacioné y escribí en nuestro grupo de WhatsApp porque no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Algunos de mis compañeros que estaban cerca llegaron a la comisaría para cerciorarse de que estuviera bien y saber qué me había pasado. Fueron ellos quienes le escribieron al soporte de PedidosYa, mientras yo hacía la denuncia en la comisaría. Me sentí contenida por mis compañeros, porque como repartidores andamos solos y expuestos a los peligros de la calle”. 

La solidaridad de clase entre los naranjas y los colorados se siente. Cuando las piernas no les dan más, tienen un problema, llueve o hace frío y no recibieron nada de propina, cruzarse con el saludo o la ayuda de un compañero les da un respiro en la línea del frente de batalla.

Las redes y su rol editorial: el efecto Australia

Las redes y su rol editorial: el efecto Australia

El lunes 15 de marzo, Facebook alcanzó un acuerdo económico con el grupo mediático News Corp, dirigido por Rupert Murdoch, y puso fin a su conflicto con el gobierno australiano tras varios meses de tirantez y controversia. 

Según el comunicado de News Corp, el arreglo incluyó a los principales medios locales australianos, como “The Australian”, por un período de tres años para que distribuyan sus noticias a través de la aplicación Facebook News. 

Hay que recordar que News Corp nace de la división de la antigua empresa News Corporation. En 2013, el imperio mediático de Murdoch se partió en dos compañías que cotizan en la bolsa de forma independiente: la mencionada News Corp, que quedó a cargo de periódicos y otras publicaciones, y la 21st Century Fox, que agrupó los estudios de cine y canales de televisión.

Lo que pasó en Australia

Todo comenzó cuando la Comisión Australiana de los Consumidores y la Competencia (ACCC, por sus siglas en inglés) dispuso una regulación para que los medios tradicionales puedan negociar con Google y Facebook “un pago justo” por la utilización de sus contenidos de información y noticias. En definitiva, lo que estaba en juego es la diferencia de ingresos por publicidad que reciben las plataformas en comparación con los medios tradicionales. Mientras más gente clickea en los links de noticias, más ingresos reciben las big tech

Sobre esto último, Enrique Chaparro, miembro de la Fundación Vía Libre, explica que “cuando uno de los puntos se monopolizan, los demás se monopolizan o mueren. Lo que está sucediendo en el mercado de intermediación de noticias es que se está lidiando contra grandes jugadores monopólicos, con Facebook y Google como los más visibles, que controlan entre ambos el 80% del mercado de la publicidad en línea”.

Ana Bizberge, docente de Políticas y Planificación en la carrera de Comunicación de la UBA, puntualiza que hoy “los medios tradicionales precisan de los intermediarios de Internet para que los usuarios accedan a sus contenidos”.

La ACCC presentó en agosto de 2020 un primer borrador que se llamó “Código de Negociación de Medios”. Este Código proponía un proceso de negociación de tres meses para acordar una tarifa. Si no había convenio, los medios podían pedir un “árbitro” como mediador para llegar a una oferta. Además establecía, entre otras cosas, que las plataformas deben informar claramente el proceso de recolección de datos de usuarias y usarios que obtienen a través de las noticias publicadas en sus redes. 

En síntesis, el objetivo del gobierno australiano era equilibrar el mercado, instalar un contexto de desarrollo sostenible para los medios y garantizar que se pagara por los contenidos informativos.

Para Bizberge, estas iniciativas de licenciamiento de contenidos de medios de prensa por parte de las empresas tecnológicas se producen en un contexto que se caracteriza por “una creciente presión de distintos gobiernos para regular a las empresas de Internet”, y por “una crisis de los medios de prensa tradicionales ante la pérdida de rentabilidad y la búsqueda de nuevos modelos de negocio en Internet, que ya tiene larga data”.

Con relación a la posibilidad de que se vulnere la libertad de expresión con regulaciones gubernamentales, Chaparro opina que “la libertad de expresión sufre de enormes amenazas por cualquier lado, pero esto no tiene nada que ver con la regulación de los intermediarios de la información. Acá estamos hablando del ejercicio de un monopolio, y regular monopolios no tiene nada que ver con la libertad de expresión”. 

El que avisa no traiciona…

Ante ese primer borrador, Google amenazó con retirar la versión de su buscador en Australia y Facebook advirtió que iba a prohibirle a los usuarios australianos que pudieran ver o compartir noticias en su plataforma. 

Finalmente, lo que hizo Google fue adelantarse a la ley y arregló para pagarle a los medios a través de su programa Google News Showcase. Andrea Fornes, responsable de generar acuerdos estratégicos para los productos de Noticias y Editoriales en Google Latinoamérica, lo define como “un programa de licenciamiento de contenidos en el cual se le paga a los medios para que seleccionen los artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google Noticias” y dice que “hoy ya cuenta con más de 500 medios de países como Reino Unido, Australia, Canadá y Francia”. 

Fornes explica que Google está comprometido en “colaborar con el periodismo de calidad porque sabemos que ayuda a crear un mundo más informado. El valor de las noticias para Google no es económico, es social”.

En cambio, Facebook, que podía hacer lo mismo que Google desde su propia aplicación Facebook News Tab, cumplió con su advertencia y bloqueó todo tipo de acceso a las noticias de los medios australianos en su plataforma. El “apagón” informativo no sólo se redujo a las páginas de noticias, sino que llegó incluso a otros sitios de información como el del servicio meteorológico, organismos de salud pública y emergencias, líderes de oposición, el departamento de policía, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de verificación de información. 

Esto se da en el contexto de la pandemia de covid-19 y la campaña de vacunación que estaba comenzando en Australia. En un comunicado, la plataforma fundada por Mark Zuckerberg había argumentado que la legislación australiana “malinterpretaba” la relación entre la plataforma y los editores que la eligen para compartir noticias. 

Sobre esta medida, Chaparro no piensa que sea un antecedente que pueda replicarse simultáneamente en otros países: “si a Facebook se le ocurre cortar el chorro informativo en un país, obviamente lo puede hacer, lo que sabe es que no puede hacerlo globalmente”. Pero advierte que para evitarlo “se necesitan políticas concertadas entre los Estados”.

En relación con estos acuerdos de Google y Facebook con los medios, Bizberge advierte dos consecuencias. La primera es que “las compañías buscan sortear el peso y los costos de una regulación estatal” y pone como ejemplo el caso de Francia donde Google acordó pagar 76 millones de dólares en tres años por los contenidos. La segunda es que “se genera una desigualdad entre los medios de prensa comprendidos en los acuerdos y los que quedan afuera”. 

Por su parte, Chaparro entiende que se ven “dos procesos de desregulación que llevan 30 o 40 años y una doctrina económica de que, si no tocas nada, el ‘santo mercado’ se encarga de todo. Bueno, ahora estás viendo las consecuencias del ‘santo mercado’, donde desaparecen algunos jugadores importantísimos que son los pequeños medios locales”. 

El miembro de la Fundación Vía Libre define que, en este contexto, los medios locales y los medios independientes terminan siendo “los patos de la boda” porque “son demasiado débiles como para tener una posición fuerte frente al control oligopólico y aquellos que defienden rabiosamente su independencia son cada vez menos”. 

Bizberge coincide en que “quedan relegadas otras voces, de medios más pequeños y locales, por ejemplo” y remarca que “los medios comprendidos en los acuerdos son los principales y concentrados de cada país”. 

Fornes argumenta que Google News Showcase “está diseñado para tener en cuenta las diversidad entre la industria de noticias y audiencias de cada país”, pone el foco en “los acuerdos con más de 50 medios de más de 18 provincias, logrando una pluralidad de voces del periodismo argentino” y anticipa que incorporarán “más socios durante los próximos meses”. 

¿Y ahora quién podrá defendernos?

A último momento, el Parlamento retrocedió unos pasos e incluyó en la reglamentación modificaciones menos fuertes que le permiten a las plataformas negociar con mayor libertad. Por ejemplo, si las plataformas pueden demostrar que han colaborado de forma significativa con los medios locales, el gobierno australiano a través de su Tesorero, ministro encargado de la política económica, puede no aplicar el Código establecido. 

Por otro lado, el lapso de negociación previo a que el gobierno australiano pueda aplicar la cláusula de arbitraje se extendió, dándole más tiempo a las plataformas a que puedan llegar a un acuerdo privado con los medios. Debido a esto Facebook pudo acordar con News Corp, una empresa que en Australia controla más de dos tercios de todas las publicaciones. 

Para Enrique Chaparro, en Australia se adoptó lo que “en principio parece un camino razonable”, pero dice que se da en un contexto de “fuerte competencia entre los monopolios de la intermediación de contenidos de Internet y los monopolios de la prensa” y que “probablemente, los tipos de regulación que se necesitan son otros, pero es para lo que da la coyuntura”. 

Para Ana Bizberge, la ley de Australia “sienta un precedente sobre el tema para otros países” y, aunque define el proyecto aprobado como “edulcorado”, cree que “esta norma marca el rol del Estado para incidir en la organización del ecosistema digital”.  

Sobre el futuro de esta controversia, y en relación a cómo puede afectar en Argentina, Chaparro cree que el camino razonable parece ser el de “desmonopolizar” y dice que “hay que terminar con los monopolios al estilo de Facebook y Google, lo que se logra solamente a través del resultado de leyes sancionadas por los gobiernos democráticos”. 

Chaparro agrega que “la defensa del consumidor la hacen los gobiernos. A veces no demasiado bien, pero el único camino que tenemos los de a pie es la defensa a través de los marcos regulatorios anti-monopólicos”.

Lo que parece inevitable es que esta regulación va a generar debates en muchos países para analizar el enlace entre los medios tradicionales de comunicación y las grandes plataformas tecnológicas, particularmente dos: Google y Facebook.