Organizaciones sociales proponen una reforma tributaria progresiva

Organizaciones sociales proponen una reforma tributaria progresiva

Nov 8, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad presentó un proyecto para una reforma fiscal justa, donde quienes más tributen sean los que más ganan, un camino inverso al que lleva adelante el gobierno.

 El gobierno resignó el equivalente al 3,45 por ciento de recursos del PBI en pos del equilibrio fiscal en 2024. Estas partidas del Estado provienen de los presupuestos de varias carteras ministeriales como Economía, Seguridad, Salud, Defensa, Justicia, Interior, Infraestructura y los poderes Judicial y Legislativo. Se suma la caída presupuestaria en ítems claves como agua potable y saneamiento (75%), el acompañamiento a mujeres y colectivos LGBTIQ+ (85%), vivienda y urbanismo (82%), educación y cultura (44%) y seguridad social (15%).

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ELFE) es una red que busca aportar análisis que impulsen políticas fiscales que pongan en el centro la justicia social, en la que paguen más los que tienen más. Esta organización en la que convergen la Friedrich Ebert Stiftung (FES Argentina) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó el documento “Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa” donde trazan una ruta sobre el gasto, los impuestos, la evasión y la deuda pública.

Para atrás o para adelante

En el texto del informe se destaca que nuestro país siempre “ha recaudado impuestos en forma regresiva” exigiendo un mayor esfuerzo a los que menos tienen e invita a “repolitizar y democratizar la discusión fiscal”. En este sentido, las políticas que deberían marcar el paso del camino a seguir son: el impulso del gasto público equitativo y transparente, el alivio de la carga fiscal sobre los que menos tienen, el freno a la evasión fiscal y reducir el peso de la deuda pública.

Para llevar adelante estas políticas proponen, entre otras cosas, reconstruir la prevención y atención a la violencia de género, garantizar un sistema previsional inclusivo y sostenible, recuperar la inversión pública estableciendo un piso mínimo, gravar a los que más tienen, fortalecer la fiscalización y cooperación internacional de criptoactivos, transparentar y democratizar el acceso a la información sobre la titularidad de los grandes patrimonios, impulsar alivios de deuda con evaluaciones y criterios de sostenibilidad que tenga en cuenta los indicadores sociales y fortalecer la coordinación internacional para exigir reglas más justas, entre otros.

La presentación del documento fue coordinada por el periodistas Julián Marini, se realizó en el bar cultural Paz Arriba y estuvieron presentes Pablo Semán, investigador del CONICET; Silvia Naishtat, periodista económica de Clarín; Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET-CIEPP – DAWN; y Claudia “La Negra” Albornoz, referente de La Poderosa.

“Casi el 11 por ciento de la recaudación de los impuestos corporativos se pierden por el traslado de beneficios a guaridas fiscales», señaló Rodríguez Enríquez.

La encargada de abrir el evento fue Uta Dirksen, la representante de la Fundación Friedrich Ebert quien manifestó “preocupación por el momento que estamos viviendo”. “Vemos ataques a las democracias en muchas partes del mundo, un fuerte ascenso de la derecha, con un discurso violento, antiderechos y eso tiene mucho que ver con lo económico”, agregó Dirksen.

A su turno, Rodríguez Enríquez destacó los puntos fuertes de la propuesta y remarcó que “la hegemonía actual es de una narrativa anti-Estado, pro ajuste, pro pago de la deuda, que desprecia los derechos humanos, que entiende que la desigualdad es un resultado razonable de los méritos individuales. Nosotros nos proponemos desafiar esa narrativa y que se pueda convertir en acción política y social”. En el plano fiscal detalló que “casi el 11 por ciento de la recaudación de los impuestos corporativos se pierden por el traslado de beneficios a guaridas fiscales, por eso hacemos una serie de propuestas que tienen que ver con transparentar el acceso a la información para poder dar cuenta de estos abusos”.

Rodríguez Enríquez también señaló que “la deuda implica una distribución regresiva de los ingresos, es insostenible no sólo económica sino socialmente, sostiene un modelo de financiarización, de extractivismo y un modelo de dependencia contrario a un modelo de desarrollo que creemos que sería justo. La deuda afecta la vida cotidiana, no es algo que está afuera, impide a vastos sectores de la población acceder a la salud, a la educación, a las garantías más básicas de sus derechos”. Al respecto, Naishtat agregó que “el principal recaudador de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional que ya se llevó en lo que va del año 100 mil millones de dólares por el pago de intereses”.

Desde el barrio

Claudia Albornoz, referente de barrial del interior del país expuso la situación de las familias “En el barrio ya no se toma leche –subrayó-, hace rato que se toma mate cocido”. La dirigente social además dijo que “en las profundidades están los barrios populares, somos explotados. La soberanía, para ellos, es sinónimo de guita, no de patria”, cerró Albornoz.

Semán describió el momento actual: “No hay confianza en el agente político inmediato, la gente piensa que todos los políticos son narcotraficantes, no sólo Espert”, remarcó el sociólogo.

La presentación de esta propuesta en la Argentina de hoy es tan necesaria como disruptiva. Mientras que el marco internacional va hacia la reducción de la jornada laboral, la implementación de un programa impositivo más progresivo, la regulación y el gravamen a las nuevas actividades económicas que tienen que ver con las plataformas de venta y con las cripto, el presidente Javier Milei promueve aún más ajuste, desregulación económica y una reforma laboral regresiva en materia de derechos laborales.

Otros impuestos son posibles

Otros impuestos son posibles

Nov 5, 2025 | Destacado 3, Vidas políticas

Uruguay aprobó en Diputados un gravamen del 15 por ciento a las multinacionales, un tributo que ya existe en varios países europeos. ¿Dejará de ser un paraíso fiscal para las grandes empresas argentinas?

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

Uruguay plantea cambios en el escenario tributario para el 2026. El presidente Yamandú Orsi, del Frente Amplio, en mandato desde el 1 de marzo de este año, busca modificar el sistema fiscal a través del Congreso. Entre los ajustes que impulsa, se destacan la incorporación de un impuesto del 15 por ciento para multinacionales, limita el “Tax Holiday”, cómo se llama a los beneficios impositivos de quienes mudan su residencia fiscal a Uruguay y comienzan a tributar allí. El proyecto también suma el IVA para compras en el exterior e incluye gravámenes a la renta y a las ganancias de capital generadas en el exterior. Con estos cambios, el país charrúa busca alinearse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para ir camino hacia una tributación más equitativa.

Según pudo saber ANCCOM, en diálogo con Rodrigo Alonso, diputado suplente por el Espacio 1001 dentro del Frente Amplio (FA), economista y columnista en Brecha y La Diaria, “si bien el objetivo del presupuesto es la convergencia fiscal, es decir ir hacia el equilibrio fiscal primario antes del pago de intereses de deuda hacia 2029, lo hace evitando hacer un ajuste en términos del gasto público en proporción al PBI. Pretende alcanzarlo por el aumento de casi 1.5 puntos del producto”.

El economista detalló que “la mitad de ese aumento se compone de recuperar los niveles de eficiencia de la agencia recaudadora (DGI) que había en 2019 y el 0,75 por ciento restante sería mediante modificaciones tributarias que se sitúan en la franja de mayor poder adquisitivo de la población”.

Este último 0,75 por ciento es el que suma a Uruguay a implementar el Impuesto Mínimo Global que recomiendan países de la OCDE. Lo pagan aquellas empresas multinacionales con facturaciones superiores a los 750 millones de euros. En comparación con Argentina, que tiene una veintena de empresas que estarían en condiciones de pagar el impuesto, Uruguay tiene cerca de un centenar de empresas en esa condición no porque su economía sea más grande sino, justamente, por lo atractivo que resultaba su sistema impositivo respecto del de sus vecinos. Para Alonso, la recaudación de este 15 por ciento significaría “entre 350 y 500 millones de dólares” y representa “el 60 por ciento de los nuevos ingresos por vía impositiva que va a tener el presupuesto nacional”.

El Proyecto de Ley de Presupuesto uruguayo ya se trató en Diputados y fue aprobado aún en un contexto adverso porque el Frente Amplio carece de mayoría en la cámara, donde le faltan sólo dos diputados para alcanzarla. Por eso, sumó a través de un acuerdo a los diputados de Cabildo Abierto, un joven partido populista y de derecha. “Ahora se está discutiendo en el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, por lo que es esperable que se mantenga la aprobación de estas medidas impositivas”, destacó Alonso.

El proyecto tiene otros puntos fuertes como “el impuesto a la variación del precio de los activos que tienen los uruguayos en el exterior, modificaciones en la tributación de propietarios de empresas uruguayas no residentes en el país y la incorporación del IVA a las compras por internet que provienen de plataformas como Temu”, especificó Alonso. Esta última incorporación se debe al crecimiento de las operaciones por esta vía y no incluye plataformas on-demand como Netflix y es algo que están haciendo numerosos países para evitar la llegada de miles de paquetes diarios que no pagan tributos.

En el marco del debate presupuestario también se instaló la posibilidad de gravar al 1 por ciento más rico de la población para financiar un plan de abatimiento de la pobreza infantil que hoy ronda el 30 por ciento. Para Alonso “es un debate que no está planteado en el presupuesto pero lo está dando la sociedad y eventualmente se puede retomar una vez que se apruebe el presupuesto porque permite empujar una discusión más integral sobre la posibilidad de una nueva reforma a 20 años de la última transformación tributaria que tuvo el país”, en referencia a la Ley 18083 que impulsó el gobierno de Tabaré Vázquez.

El marco internacional

 Actualmente, los 62 países más ricos pertenecientes a la OCDE implementan el Impuesto Mínimo Global. Para Verónica Grondona, economista, exdirectora de fiscalidad internacional en AFIP y asesora en tributación corporativa internacional en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) “la implementación de este impuesto (a las multinacionales) en los países europeos se convierte en una oportunidad para revisar los incentivos tributarios que tenés en otros países”.

Colombia fue el primero en implementar un impuesto del 15 por ciento, aunque sin fijarse en el diseño de la OCDE. Lo segundó Brasil y ahora se está tratando en Uruguay. Según detalló Grondona, “Francia, Alemania, España, Italia, incluso Irlanda, están cobrando desde 2024 el `top-up-tax`, el impuesto complementario a multinacionales que pasan por Uruguay para evitar tributar”.

El país charrúa es elegido por muchos como parte de lo que llaman una “ingeniería impositiva” y que podría resumirse como “evadir impuestos”. María Julia Eliosoff Ferrero, economista, directora de Proyectos Económicos y Relaciones Internacionales de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y docente de la UBA y la UNLP, analizó que los cambios tributarios “parecen ser buenas noticias para Argentina porque Uruguay se mostró como una plaza financiera para atraer capital extranjero, lo que nos ha traído problemas con varias firmas que se establecen allí y que son beneficiadas por un régimen de muy baja tributación”.

En comparación con Argentina donde deben pagar un 35 por ciento de ganancia, en Uruguay pueden llegar a tributar hasta solo un 3 por ciento. “Son brechas muy importantes. El sistema de Uruguay facilita las empresas offshore”, y agregó que “si se empieza a desarmar este mecanismo, va a ser positivo para Argentina, para la región y a nivel global porque muchas firmas que están en Uruguay son de capitales europeos”. En sintonía con esto, Rodrigo Alonso sostuvo que “en la medida que Uruguay se incorpore correctamente al Impuesto Mínimo Global, puede ser uno de los pocos países que lo hace a nivel regional y por tanto traccionar a que otros países lo hagan”.

El caso argentino

 

Mientras el país vecino va camino a la implementación de impuestos progresivos, el gobierno argentino se sitúa en las antípodas, idea un plan para bajar 20 impuestos porque “son un robo” y dice que los evasores son “héroes” que “no hicieron nada malo”. Hasta ahora, ese paraíso fiscal que deberíamos imitar estaba cruzando el charco.

“Las últimas reformas tributarias que hubo en nuestro país están en camino hacia el Uruguay anterior a la reforma: tuvimos bajas en bienes personales o el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI). Uruguay está caminando hacia lo que se está discutiendo a nivel internacional y nosotros estamos alejándonos”, consideró Eliosoff Ferrero. La economista remarcó que en este contexto “es difícil pensar en un sistema más justo y más equitativo en nuestro país”.

Hecha la ley, hecha la trampa. El FMI publicó un paper con recomendaciones para evadir en jurisdicciones de bajos impuestos “Deciphering the GloBE in a Low–Tax Jurisdiction”. Vietnam fue uno de los primeros países en plantear la reconversión de sus incentivos tributarios en subsidios: lo que recibían por el cobro del 15 por ciento, iban devolverlo en forma de subsidio a las empresas como forma de incentivo. La OCDE advirtió que iba a calificar negativamente este proyecto. No vale todo.

Por su parte, Julián Denaro, economista, profesor de la UBA y autor de varios libros sobre política económica y temáticas impositivas, al ser consultado sobre la situación de empresas argentinas con radicación fiscal en Uruguay, consideró que “las grandes corporaciones procedieron siempre a hacer esas triangulaciones para no pagar impuestos”.

Denaro explicó que “las dictaduras y los gobiernos neoliberales sacaron los impuestos al comercio exterior que eran gravámenes progresivos” y citó como ejemplo las presidencias de Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei. También recordó con respecto a otro gravamen progresivo que “el impuesto a los bienes personales Macri lo bajó del 2,5 al 0,5, Alberto Fernández restituyó lo que hizo Macri, y lo volvió a bajar Milei”.

El economista puntualizó el problema de la evasión fiscal: “Conforme va aumentando la evasión fiscal, las grandes corporaciones dejan de pagar y entonces a mayor evasión, mayor regresividad fiscal, porque el Estado deja de cobrar el dinero que cobraría de las bases imponibles más altas, de las actividades que más tributan, de los sectores más ricos de la economía”.

Además, sobre la situación argentina, Denaro señaló que “en los momentos en los que mejoró la progresividad tributaria aumentó la actividad y en los cuales hubo una mayor regresividad tributaria, disminuyó la actividad y empeoró la distribución del ingreso porque la actividad va ligada al empleo”.

¿Hay alternativas?

 De cara a los debates que se vienen en el Congreso Nacional, la Fundación Ebert y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) están trabajando en propuestas para una reforma fiscal alternativa. “Incluso antes de las reformas de Milei, ya el sistema tributario era muy injusto, nosotros tenemos un montón de propuestas para pensar y discutir un sistema tributario más equitativo como revisar las escalas del impuesto a las ganancias, quiénes pagan IVA, los impuestos a la riqueza que podríamos tener y que a nivel global están vistos como la única forma de desconcentrar la riqueza…” adelantó Eliosoff Ferrero.

Cuando la tendencia regional parece encaminarse hacia una progresión impositiva y a mejorar las condiciones laborales, Argentina vuelve a un sistema decadente que atrasa y el gobierno de Milei siempre va a contramano. 

Todo tiene que ver con todo

Todo tiene que ver con todo

Nov 4, 2025 | Culturas, Destacado 4, Entrevistas

En su último libro, «Neoliberalismo, neofascismo y crisis climática», José Seoane analiza cómo se imbrican las categorías que dominan la actualidad geopolítica. El mundo que muere y el que está naciendo.

Jose Seoane es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hace años se dedica al estudio de las transformaciones neoliberales y los ciclos de conflictividad social en la región. Durante el último tiempo se centró en el abordaje de la cuestión ambiental. En su último libro Neoliberalismo, neofascismo y crisis climática analiza la situación actual y la relación necesaria entre esos tres fenómenos.

En el libro hablas de “neoliberalismo catastrófico”, ¿qué distingue a esta etapa en relación al neoliberalismo de los años noventa?

La diferencia con los años noventa es clara: en dicha década el proceso de globalización neoliberal registraba un flujo de capitales del norte hacia el sur en el marco del proceso de privatizaciones y desregulación. En la etapa actual ese flujo de capitales no tiene la misma potencia en términos del crecimiento económico y modernización productiva. La idea de lo catastrófico resulta de un diálogo con esa etapa de la historia mundial del siglo XX, el periodo de entreguerras. Dialogando con ese período, la dimensión catastrófica actual refiere a una dinámica de crisis multidimensional, lo que algunos llaman “policrisis”. El término designa esta época sombría y de crisis del neoliberalismo, incapaz de tener siquiera un relato esperanzador respecto del futuro sobre el que solo parece proponer un mundo distópico como conclusión de este ciclo de transformaciones.

Desde el título, el libro conecta nociones como neocolonialismo, neofascismo y crisis climática. ¿Considerás que son fenómenos inseparables?

Sí, están entrelazados. Son las diferentes dimensiones que integran esta crisis civilizatoria, o como propone el libro una “crisis del capitalismo moderno colonial”. Son dimensiones que se relacionan y retroalimentan. Por ejemplo, la crisis climática supone un proceso de colapsos climáticos locales progresivos, que es lo que estamos percibiendo y sufriendo en estos momentos con una amenaza sobre la continuidad de la vida en muchas regiones del planeta en un futuro próximo. Y esa dinámica de catástrofe y de crisis es en cierta medida la que construye las condiciones de la emergencia de estos neofascismos, de promoción de la violencia como un nuevo ordenador de las relaciones sociales, de la aparición del racismo y de la xenofobia. Por otra parte, estas extremas derechas portan una narrativa respecto de la crisis climática que se llama habitualmente negacionismo climático, que niega las causas sociales del cambio climático y en ese sentido exaspera la propia dinámica de la crisis porque priva de toda capacidad de respuesta e intervención social y estatal sobre la misma.

El 10% de la población de más altos ingresos a nivel mundial es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% de la población más pobre es responsable de solo el 10%.

José Seoane

¿La crisis climática atraviesa a todos por igual?

No, las poblaciones de menores ingresos, y sobre todo las mujeres, los niños y los ancianos son los sectores que sufren más la crisis climática. Por eso, se trata de una doble injusticia: los responsables de la crisis son fundamentalmente los sectores de más altos ingresos, un modo de producción sostenido en el uso de los combustibles fósiles y gobernado por una serie de corporaciones a nivel internacional. Recordemos que el 10% de la población de más altos ingresos a nivel mundial es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% de la población más pobre es responsable de solo el 10%. Ahí aparece con claridad que la desigualdad social también impacta en la crisis climática, que existe una responsabilidad muy diferenciada. Y esta injusticia se expresa nuevamente también en relación con sus efectos y consecuencias, porque la crisis golpea sobre todo a los sectores de bajos ingresos y a los países más pobres o menos industrializados que tienen menos recursos para afrontar estas catástrofes.

Existe un desafío de acá en más que tiene que ver con la necesidad de revertir el desencantamiento de los países subdesarrollados y convencer a los países desarrollados de que tienen más responsabilidad sobre la situación actual. ¿Creés que en el contexto actual se podría llegar a un acuerdo en ese sentido?

Los primeros acuerdos internacionales sobre el cambio climático se remontan a la década de los años noventa. Ya la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que fue adoptada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, lo dejó expuesto con mucha claridad: las responsabilidades son comunes, pero diferenciadas; y de facto el protocolo de Kyoto (fue el primer acuerdo internacional sobre cambio climático) supone una serie  de compromisos y obligaciones de los países industrializados en términos de reducir sus emisiones y de garantizar una transición ecosocial. Un principio validado en el campo de las Naciones Unidas. Pero, bajo las olas neoliberales siguientes ese principio ha ido diluyéndose y los compromisos asumidos por los países industrializados no se cumplieron, incluso en términos del financiamiento de la transición ecosocial en el Sur Global.

 

Mirando a América Latina, ¿qué aprendizajes dejan los ciclos de lucha que analizás en el libro, desde el zapatismo hasta las protestas más recientes en Haití o incluso en Argentina?

Me interesó desarrollar dos grandes ciclos de lucha, el que va desde el año 1994 hasta el 2006 (período en el cual se gestan las condiciones sociales para la llegada de los gobiernos progresistas populares o transformadores en América Latina). Y un ciclo más reciente, que empieza en 2018 con las revueltas masivas en Haití y se proyecta luego regionalmente. Esos dos grandes períodos, aportan no solo la memoria sobre la posibilidad de resistir y de transformar, sino que también nos brindan elementos programáticos y horizontes estratégicos que son centrales para orientar una política de transformación en América Latina. Entre estos horizontes, en relación a la cuestión ambiental y la crisis climática, no se puede dejar de mencionar la contribución de los movimientos indígenas. Hoy mismo se despliega un paro nacional territorial prolongado impulsado por las organizaciones indígenas y territoriales en Ecuador. Estos movimientos han propuesto una perspectiva alternativa a la del capitalismo moderno colonial respecto de la relación sociedad-naturaleza, por ejemplo con la idea del buen vivir. Esta referencia plantea una relación con el ambiente y la naturaleza diferente, que no considera a la naturaleza como un objeto, sino que postula una relación basada en la reciprocidad, la interdependencia, la ecodependencia, la coproducción.

¿Qué esperás que el libro aporte a la conversación, no solo académica, sino también del público en general?

El libro propone pensar esta dinámica de las crisis para poder considerar y postular alternativas e intervenir socialmente. Sobre ello, podemos reescribir esa idea que plantea Gramsci de que hay un mundo viejo que está muriendo y un nuevo mundo que está naciendo. Efectivamente ese mundo nuevo está en proceso, está gestándose actualmente, nos encontramos ya en el contexto de una transición, lo que está en discusión es cuál va a ser la dirección de dicha transición, si sigue su rumbo catastrófico de colapsos o se encamina hacia la emergencia de alternativas. Allí apunta el libro, poder brindar algunas herramientas para considerar esa intervención, examinar los aportes del pensamiento social de los que disponemos y de las experiencias populares para intervenir desde el campo social sobre el rumbo que adopte esta transición, hacia dónde queremos ir.

El libro se consigue en librerías o a través de la Editorial El colectivo https://editorialelcolectivo.com/producto/neoliberalismo–neofascismo–y–crisis–climatica/

Los jubilados también marchan frente a la Quinta de Olivos

Los jubilados también marchan frente a la Quinta de Olivos

Oct 23, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Todos los miércoles, en paralelo a las manifestaciones en Congreso, un grupo reclama frente a la residencia presidencial para mejorar su calidad de vida. Esta semana también hubo represión frente al Palacio Legislativo.

Este miércoles se vivió una nueva jornada de protestas en la que jubilados de todo el país se manifestaron en contra de las políticas del gobierno nacional. Mientras se desarrollaba la ya tradicional marcha de los jubilados frente al Congreso de la Nación –donde una vez más fueron reprimidos y a uno de los manifestantes le fracturaron un brazo–, un grupo más reducido de jubilados se dio cita para manifestarse frente a la Quinta de Olivos. Allí, el colectivo “Jubiladxs Quinta de Olivos” volvió a reclamar, como cada miércoles, por el deterioro de su calidad de vida.

Esta agrupación forma parte de los numerosos colectivos de jubilados que, en distintos puntos del país, vienen movilizándose semana tras semana para reclamar un aumento de los haberes, la restitución de medicamentos gratuitos y una política previsional que garantice una vejez digna. Entre cánticos, tambores y las bocinas de los autos que pasaban por la avenida Maipú, los manifestantes hicieron oír una vez más su reclamo frente a la residencia presidencial.

Sobre las 17, las puertas de la plaza que, sobre la venida Maipú, anteceden a la Quinta de Olivos, fueron cerradas bajo vigilancia de la policía federal. Formaciones de oficiales armados observaban en silencio la llegada de decenas de jubilados que comenzaban a agruparse en la esquina de Villate y Maipú. «La primera vez éramos cuatro en aquella puerta que está allá, y la policía decía: “¿Cuándo van a llegar los camiones?”, y no, somos nosotros», recuerda Marcela Benegas, jubilada de 69 años, exdocente de la UBA, quien es una de las fundadoras de la agrupación. «Nosotras nos reunimos con unas vecinas en un bar y pensamos “hagamos algo acá” », afirma Benegas. Ella y un grupo de vecinas de la zona que solían viajar habitualmente hasta el Congreso para manifestarse, en donde fueron duramente reprimidas por la policía en varias ocasiones, decidieron buscar una alternativa para aquellos jubilados para los cuales movilizarse hasta el centro de la Ciudad y sufrir los abusos de la represión policial no es una opción. «Surgió entre tres o cuatro compañeras, precisamente el día que Milei dijo que él no iba a la Casa Rosada, que se quedaba “trabajando” aquí en Olivos, en mameluco, cuidando a sus hijos de cuatro patas. Ese día dijimos: “Si te vas a quedar acá, vamos acá”». Recuerda Liliana Russo, otra de las fundadoras de la iniciativa. Menciona que hay muchos jubilados que no pueden trasladarse hasta el Congreso, bien por cuestiones económicas, que hacen que el transporte hasta esa zona sea una limitante, o bien por cuestiones de salud que no les permiten desplazarse grandes distancias y mucho menos, enfrentarse a la policía.

«Estamos aquí por los reclamos de todos los jubilados de todo el país. Nos quitaron derechos, bajaron nuestros ingresos, nos sacaron la moratoria, nos sacaron los medicamentos al 100 %; un montón de logros que teníamos ganados, nos los quitaron todos», afirma Viviana, otra de las jubiladas fundadoras de la organización. «Lamentablemente los jubilados somos la variable de este gobierno cruel. Absorbemos cerca del 30% del ajuste. Los trabajadores absorben otro 40%. También estamos aquí para apoyar la lucha de los docentes universitarios, el Garrahan, y los discapacitados», afirma Marta Nara, Jubilada de 77 años, exdocente, perteneciente al SUTEBA. «Yo estoy muy orgullosa de poder aportar un granito, de hacer algo porque yo creo que ninguna persona puede ser feliz si sus congéneres, si sus conciudadanos, sus hermanos no lo son. Verdaderamente, yo soy una de esas personas. No puedo ser feliz si no veo feliz a mi prójimo», afirma Marta.

 

«Nosotros no cortamos la calle, no cortamos la avenida, hacemos semaforazo. Vos vas a ver que cuando pasan los autos, nos tocan la bocina en señal de apoyo, nos apoyan los vecinos. Eso lo hemos venido logrando desde mayo cuando comenzamos por qué no interrumpimos el tránsito», recalca Liliana.

Junto a ellas, Nélida Medina, jubilada de 72 años, muestra el recibo de haberes de la jubilación que acaba de recibir. Psicóloga de profesión, Nélida cobra la j mínima de 396 298 pesos. «El recibo de haberes, creo que habla por sí solo. Todos buscamos algún rebusque porque no nos queda de otra, pero el que no puede o el que paga un alquiler, o medicamentos, no sé cómo hace», se pregunta Nélida. «Yo estaba sola y temía ir al Congreso por temas de salud, ya que soy hipertensa y me puedo descompensar si me empiezan a dar palazos o esas cosas. Estoy muy feliz de poder estar acá y voy a seguir viniendo todos los miércoles», comenta.

José Piazza, músico jubilado de 77 años, quien fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y trabajó en el Teatro Colón, también fue delegado gremial de ATE. Tras acompañar las manifestaciones del Congreso por mucho tiempo, decidió trasladar su lucha a las afueras de la Quinta de Olivos por cuestiones de salud y económicas; ya que al ser vecino de la zona le resulta una alternativa más viable. «Cierran 26 empresas por día, hoy las grandes empresas se van del país, Mucha gente queda sin trabajo. Si vos le quitas a la gente lo poco que tiene, la gente no puede consumir, el mercado no se mueve. Hay un 40 o 50% menos de consumo, entonces esa gente que tiene un bar o una carnicería debe despedir gente o cerrar porque no lo puede sostener. Si recibís una jubilación que no llega a los 400 000 pesos, no podés consumir. Ahora quieren una reforma laboral para empeorar aún más la situación de los trabajadores».

No todos los presentes son jubilados. Jorge Enrique es un trabajador de Aerolíneas Argentinas. «En el 2001 a nosotros nos apoyó la sociedad, y bueno, es un poco también devolver eso». Como él, muchos vecinos de la zona se suman a la manifestación. «Nosotros defendemos un Estado presente. Nos damos cuenta que el Estado debe estar presente en todo; ya sea en la salud, en la educación o en las jubilaciones. El trabajo del Estado debe ser evitar la desigualdad para quienes más lo necesitan. Lamentablemente, nos damos cuenta que el gobierno trabaja para defender intereses extranjeros que buscan aprovecharse de los recursos del país», argumenta.

Un fracturado en el Congreso

La manifestación frente a la Quinta de Olivos se ha mantenido en calma, sin represiones por parte de las fuerzas públicas. En contraste con lo ocurrido en el Congreso de la Nación, donde las represiones han recrudecido semana a semana. Esta semana, se registró cómo cuatro efectivos empujaron contra la vereda al jubilado Egidio Contreras y le fracturaron un brazo. Ahora deberá ser operado.

En Olivos, a pesar de esa situación, Liliana recuerda entre risas la anécdota de cuando el Padre Paco, figura representativa de la lucha de los jubilados, fue a apoyar la manifestación de los miércoles frente a la Quinta. «Le pregunté al Padre Paco: “¿Cómo te sentís acá?”, y me contestó: “¿Sabes qué? Un poco aburrido me siento, porque acá no me golpean, no me persiguen?”». El Padre Paco es una de las figuras que se han hecho presentes para apoyar al colectivo. Como él, cada vez son más las personas y organizaciones que buscan una alternativa más segura y cercana para que aquellos que más lo necesitan también puedan hacer oír su voz.

La deuda eterna

La deuda eterna

Oct 23, 2025 | Destacado 4, Vidas políticas

Según figura en el Presupuesto 2026, el gobierno prevé 10.000 millones de dólares para el pago de intereses de deuda, muchísimo más que lo estipulado para salud, educación y vivienda. Alejandro Olmos Gaona, Candelaria Botto, Demián García Orfanó, Noemí Brenta y Leandro Mogerfeld opinan qué hacer con el problema central de la política económica.

Se acercan las elecciones nacionales de medio término y el gobierno de Javier Milei no hace más que tropezar. Para tratar de estabilizarse ajusta cada vez más, desoye al Poder Legislativo y fue a pedir ayuda a Donald Trump para conseguir dólares y evitar el disparo de la divisa, que aún así llegó al techo de la banda. Todo sea por llegar con oxígeno a las elecciones. Su par estadounidense hace lo suyo declarando que “Argentina está luchando por su vida”, “están muriendo”. Mientras tanto, Scott Bessent muestra su inesperada candidez intentando inútilmente controlar al mercado argentino con mensajes en la red social X y… dólares.

Una de las discusiones más importantes del parlamento gira en torno del Presupuesto 2026 que el Ejecutivo intenta postergar hasta la renovación de bancas, luego del 10 de diciembre. El Proyecto de Ley prevé 10.000 millones de dólares para el pago de intereses de deuda, muy por encima de los 643 millones de dólares estipulados para salud, los 577 millones para educación y los 7 millones para vivienda, todos calculados al cambio actual.

Entretanto siguen los reclamos para que se aplique las leyes ratificadas por el Congreso: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Las últimas dos normas fueron promulgadas esta semana pero el gobierno a través de un DNU suspendió su financiamiento porque “no hay plata”.

¿Para qué están los amigos?

Durante las últimas semanas se escuchó hablar del salvataje del gobierno de Estados Unidos al de Argentina. Tal como explicó el premio Nobel de economía Paul Krugman en su newsletter, entre las causas del apoyo de Trump se encuentra el negocio de Rob Citrone, amigo de Scott Bessent, y fundador de Discovery Capital Management. Citrone compró títulos argentinos de deuda y todo indica que la administración estadounidense intentaría sostenerle el precio para que no pierda la inversión.

La motivación no responde sólo al negocio: también hay causas geopolíticas y militares. En diálogo con ANCCOM, el historiador y analista internacional especializado en Estados Unidos, Leandro Morgenfeld detalla: “En el plano geopolítico, hay una intención explícita de EE.UU de sacar a China de la región y es parte de lo que está pidiendo a cambio del rescate. En el político, hay una relación ideológica porque Milei es de los pocos mandatarios del mundo alineado con la agenda de Trump, que niega el cambio climático, que ataca a los feminismos, que apoya a Israel durante el genocidio contra los palestinos. Acaba de aprobar el ingreso de tropas norteamericanas, la posibilidad de hacer una base conjunta en Ushuaia, el control de las fuerzas armadas de Estados Unidos de los organismos de inteligencia y la penetración del FBI, la CIA y otros organismos para controlar sectores estratégicos como las mineras. También los negocios del amigo de Bessent, Rob Citrone, que han sido denunciados por Krugman”.

Sin embargo el gobierno argentino, luego de la vergonzosa reunión entre los mandatarios en Washington, afirmó que Trump no le pide nada a cambio de su ayuda. ¿No queda otra que acordar con este tipo de acreedores?

«La particularidad de la deuda originada en 1976 es que el Estado absorbió la deuda privada y se la transfirió al pueblo argentino. Cuando se empezó a investigar la deuda en 1984 en el Banco Central, finalmente se interrumpió porque los auditores se dieron cuenta de que la mayor parte eran deudas ficticias contraídas por las empresas para beneficiarse. Consideraron que la entonces frágil democracia debía ser priorizada», recuerda Olmos Gaona.

La maldita costumbre

En medio del rescate la deuda externa queda desdibujada. “Ya nadie habla de la gigantesca deuda que tenemos y que es imposible de pagar”, protesta Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en deuda externa. “La deuda total al 30 de septiembre es de 460.000 millones de dólares; es impagable”, agrega el también docente de la UBA y autor de varios libros sobre este tema.

Si se intenta trazar una ruta de la deuda argentina, asegura, puede verse que “es originaria de la dictadura militar y todos los gobiernos constitucionales la refinanciaron”. La particularidad de la deuda originada en 1976 es que el Estado absorbió la deuda privada y se la transfirió al pueblo argentino. Olmos Gaona cuenta que “cuando se empezó a investigar la deuda en 1984 en el Banco Central, finalmente se interrumpió porque los auditores se dieron cuenta de que la mayor parte eran deudas ficticias contraídas por las empresas para beneficiarse. Entonces consideraron que la frágil democracia debía ser priorizada: ‘Bueno, chau auditoría, dejémosla acá porque esto puede ser un escándalo’”.

Para Noemí Brenta, economista y especialista en deuda externa, en ese momento se produce el punto de inflexión histórica: “La deuda externa pasó a ser el centro de los problemas económicos de la Argentina: la dictadura la multiplicó por cinco”, detalló la especialista.

Decretos caros

Según el Artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, la  adquisición de deuda debe pasar por el Congreso de la Nación. Sin embargo, el presidente Javier Milei lo hace por decreto. “Se ríe a carcajadas del estado de derecho. No le importan las leyes y la Constitución. Emite decretos a diestra y siniestra”, considera Olmos Gaona. “Es decadente, yo que he estado como asesor parlamentario, nunca vi un Congreso con tantas mediocridades, con tanta incultura, con tanta precariedad como lo veo hoy”.

Actualmente, Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, superando cuatro veces la deuda del segundo, Ucrania, un país en guerra. Le siguen en el podio Egipto y Pakistán. Al respecto, Noemi Brenta plantea que “el acuerdo de abril de este año con el Fondo es desproporcionado a lo que Argentina podría obtener. Estamos bajo acceso excepcional al crédito. Es un préstamo político para favorecer a un gobierno y no a un país”. Además destaca que “Estados Unidos tiene mucha capacidad para presionar al Fondo”.

“La plata del Fondo llegó, es indiscutible. El tema es qué se hizo con esa plata porque el Fondo debería haberlo controlado”, remarca Olmos Gaona cuyo último libro se llama FMI, La trama oculta de la deuda y que explica el funcionamiento del organismo. Como él explica, según el convenio constitutivo del organismo, éste tiene “inmunidad absoluta de jurisdicción y no puede ser juzgado en ninguna parte del mundo, ni por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya”. Sin embargo, el especialista asegura que “la única solución es no pagarle. Cuando uno dice de entrar en default con el Fondo lo toman como una herejía pero así como al Fondo no podemos imputarlo, el Fondo tampoco puede ejecutarnos, lo único que puede hacer es negociar”.

Una cuestión histórica

Entre los hitos negativos en la historia de la deuda se encuentran, además de la dictadura de 1976, las administraciones de Carlos Menem, Fernando De La Rúa y Mauricio Macri. En alusión a los canjes de deuda del 2005 y 2010, que tuvieron una quita del 65 por ciento, Brenta dice que “en los gobiernos kirchneristas la deuda bajó en términos nominales y luego fue subiendo, pero se mantuvo bajo control y en umbrales que no ponían en peligro la solvencia de la Argentina”.

El primero en investigar la deuda externa argentina fue el periodista Alejandro Olmos, que llevó el reclamo a la justicia en 1982. La respuesta llegó en el año 2000,  cuatro meses después de su fallecimiento. En la sentencia, el juez federal Jorge Ballesteros comprobó 477 delitos en la toma de deuda, que implicaba a grupos económicos y altos funcionarios de la última dictadura, incluyendo al entonces ministro Martínez de Hoz.

La historia es conocida, pero cae en el olvido. “El Fondo Monetario es más un salvavidas de plomo que una ayuda efectiva porque condiciona al país”, puntualiza Brenta. Además, sobre la situación actual evalúa que “la deuda ronda los 400 mil millones incluyendo la deuda pública y privada y el PBI los 600 mil millones, no es impagable, el tema es que el Producto valuado en dólares está alto, el tipo de cambio oficial está un poco bajo. Me duele decirlo porque una devaluación empeora la situación, pero en la convertibilidad la deuda externa respecto del PBI no era tan grande. Cuando el tipo de cambio se soltó, la deuda pasó a ser mayor al 100 por ciento del PBI, entonces lo que pasa es que la deuda está subvaluada en relación al PBI por el tipo de cambio bajo”.

Acerca de las negociaciones secretas del blindaje de De La Rúa del 2001 y la situación actual, Olmos Gaona resume que “cuando hay un conflicto inmediatamente se recurre al fondo”. Recuerda que cuando “apareció el gran salvador de la patria, Domingo Cavallo, en el Congreso le dieron facultades extraordinarias y negoció un megacanje de títulos que hizo crecer la deuda enormemente… y sabemos cómo termina el 2001”.

La historia no dejó de repetirse. En el año 2019 con el sobreendeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y el famoso bono a 100 años, surgió la Autoconvocatoria por el NO pago a la deuda por iniciativa de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. En el contexto del cambio de gobierno, este colectivo que incluía diversos sectores promovía la investigación de la deuda porque es ilegal, ilegítima.

Demián García Orfanó, economista e integrante de la Autoconvocatoria, detalla: “Es ilegal por la falta de encuadre legal del acuerdo del FMI del 2018, por los entrelazamientos entre funcionarios de finanzas y bancos internacionales. Es ilegítima porque había crecido la deuda mientras la pobreza aumentaba, y en ese contexto de crisis social se buscaba pagar lo impagable”. El economista pone el foco en el objetivo de esa deuda: “Es odiosa porque tomada para habilitar la fuga de capitales, para financiar la campaña de Macri como dijo Claver-Carone, y sin construir una sola escuela, hospital o ruta con esos recursos”.

Para Olmos Gaona: “En 2018 pasó lo mismo, cuando el sistema financiero no le quiso dar un mango más a Macri fuimos al Fondo Monetario en junio y ahí de nuevo las expresiones grandilocuentes ‘ahora con esta ayuda del fondo vamos a poder salir adelante’, como eso no pasó en octubre volvimos, ¿y qué pasó? Macri fracasó”.

El nuevo impacto 

Volviendo al presente, la motosierra en las cuentas del Estado se traduce en una mayor disponibilidad para el pago de deuda y menor para los empleados estatales, la salud, educación y seguridad social por lo que las familias deben salir a hacer frente a esa deficiencia del Estado.

Para la economista y directora de EcoFeminista, Candelaria Botto, hay una relación entre la toma de deuda por parte del Estado y la deuda privada de los hogares. Ejemplifica: “Sin ir más lejos el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo un claro endeudamiento en 2016-2017, terminó el gobierno con un nivel de endeudamiento muy alto de las familias, obviamente con una implicancia mayor en las mujeres y sobre todo en los hogares monoparentales”. Además, Botto compara: “Lo mismo pasa hoy, y de hecho, es tan trágica la situación que también aumenta la morosidad, la gente que ya está endeudada pero no puede hacer frente a esos pagos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de acción frente a la deuda del presidente Javier Milei con el FMI, García Orfanó responde que “el gobierno la sacó con un DNU y ese decreto no fue volteado por las cámaras cuando lo revisaron, por eso el Ejecutivo dice que tiene legalidad pero es bastante discutible la necesidad y urgencia de un de un acuerdo de ese tipo, que no hubiera obtenido la aprobación parlamentaria” y agrega la situación de excepcionalidad del crédito que “no tiene goyete que se haya habilitado una nueva excepción”.

Por su parte, la Botto puntualiza que “cualquier espacio que tenga una vocación de poder en este país tiene que tener en claro qué es lo que va a hacer con la deuda, que es algo que no sucedió en el gobierno de Alberto Fernández, y es una discusión necesaria porque el nivel actual de endeudamiento del país no permite pensar un futuro de desarrollo”.

A partir de la deuda contraída con el FMI por Macri y ahora por Milei, Botto precisa que “componemos más de la mitad de la cartera total de préstamos del fondo así que hay una discusión que nos compromete a ambos, no solo a la Argentina como país sino al FMI como organismo multilateral”.

Estos argumentos son fuertes en la discusión que se viene. Si hay una circularidad en la toma de deuda, en las irregularidades, tal vez podría salirse tomando, una vez, un camino distinto.