Un camino hacia la inclusión

Un camino hacia la inclusión

El clásico de San Isidro de rugby fue precedido por un partido disputado por equipos integrados por personas con discapacidad intelectual. Una idea que se expande.

Filas de autos ocupan hasta el último rincón que rodea las canchas de San Isidro Club. Familias y amigos con camiseta puesta y bandera en mano se preparan para ver el partido con el Club Atlético San Isidro, el clásico de rugby de esta localidad. Sin embargo, la atención aun no está puesta en ellos. Los Pumpas XV junto al combinado de Premix del San Isidro Club y Cebras Mix son los que reciben el aliento del público que se ubica para verlos jugar. Encargados de realizar la previa del clásico en lo que es un partido histórico para el rugby inclusivo, los jugadores van calentando sus cuerpos en la cancha ayudados por el sol abrazador del mediodía.

Ya preparados físicamente para iniciar el juego, se reúnen en círculo para comenzar con la preparación motivacional. Abrazados, reciben las palabras de ánimo de los jugadores dirigidas tanto al propio equipo como al contrario. Una frase logra imponerse al ruido proveniente de la autopista y a los gritos de los espectadores: “Lo que está hecho con amor no tiene margen de error”. Con los aplausos de todos los presentes se le da comienzo al partido.

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En el año 2011, Daniel Fernández, comerciante y profesor de educación física decidió crear en el equipo del Banco Hipotecario del que formaba parte, una escuela de rugby inclusivo con la finalidad de compartir con su hijo Joaquín, de entonces 7 años, la pasión por este deporte. Se trataba de una actividad pensada en familia y para las familias de todos los chicos con discapacidad intelectual que quisieran unirse a los entrenamientos. Unos años más tarde y gracias a las imágenes de los entrenamientos que difundía vía Facebook, un e-mail proveniente de la International Mixed Ability Sports (IMAS) de Reino Unido le comunica que en dicho país estaba por realizarse el primer mundial de rugby en esta modalidad. La intención de este Organismo No Gubernamental era que Daniel se capacitara para que luego llevara esa especialidad a la Argentina.

La actividad familiar, que buscaba integrar a los chicos a través del deporte se convirtió en algo más grande que permitió abrazar con mayor intensidad esos objetivos iniciales. Así nació el primer equipo de rugby Mixed Ability del país que implica una combinación de capacidades. Haciendo alusión a esta “mezcla” surgió el nombre Pumpa: la unión de las selecciones argentinas Pumas y Pampas. El requisito es que haya en la cancha y por equipo, al menos cinco jugadores con discapacidad intelectual junto con los originalmente llamados “facilitadores”, quienes acompañan a los chicos durante los entrenamientos y al momento de jugar el partido. Con el correr de los años, este término fue dejado atrás ya que como señala Fernández: “Nos dimos cuenta que en el rugby la diferencia no está en si hay una discapacidad o no, sino en la capacidad que tiene la persona de hacer las cosas. Por eso, los denominamos personas de apoyo e incluso queremos proponer el término jugadores de apoyo. De esta forma tendremos un plantel de jugadores y según el conocimiento que tengan del juego podrán tener un rol de apoyo.”

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Con la designación por parte de IMAS como representante de este organismo en Sudamérica, Fernández se convirtió en un referente del rugby inclusivo y logró a través de charlas y capacitaciones llevar esta actividad tanto a distintas provincias de Argentina como a Chile, Ecuador y Uruguay, que se sumó recientemente. “Hace cinco años hablar de personas con discapacidad jugando un deporte era una novedad. Hoy, la pregunta en los clubes ya no es respecto a qué es el rugby inclusivo sino qué se necesita para empezar”, dice el entrenador de Los Pumpas.

Otra de las diferencias del Mixed Ability con las reglas del World Rugby es que no se realiza el scrum ya que, si bien es un juego de contacto, se busca evitar golpes graves. La intención es que el equipo se divierta, se relacione y se eduque. Pilares que aplican no solo a los jugadores, sino a todos los que forman parte de Pumpas.

“Yo aprendí más que él” asegura Guillermo Baratini, padre del jugador Federico Baratini. “Aprendí a soltarlo. Cuando tuvo que pasar cuatro días de gira en Mendoza y yo no podía ir, me quedé pegado al teléfono. Pero nadie me llamó, la pasó fantástico y no hubo inconvenientes. Ahí me di cuenta que podía confiar en él y que quien había estado equivocado era yo. El lema que tienen los Pumpas, ‘Abriendo caminos’, es rigurosamente cierto.”

Daniel Razzino, padre de Fernando Razzino dice: “Descubrí que tenía habilidades físicas que yo no conocía o desestimaba. Ver que tenía las ganas de alcanzar un objetivo fue muy importante, además que lo ayudó en lo social, hizo amigos y aprendió a comunicarse con otras personas, por fuera de la familia.”

El partido continúa frente a la mirada atenta del público. Las familias comentan el desempeño de los jugadores mientras aplauden sus hazañas y los incentivan a seguir adelante cuando caen. Sus vítores alientan a los jugadores que, sin dejar de correr y de lanzarse la pelota, buscan lograr el punto vencedor que les permita desempatar el peleado partido.

 

El deporte inclusivo da pasos cada vez más grandes en nuestro país. Como prueba de este avance, al rugby que ya tiene más de 1200 jugadores a nivel país, se le ha sumado el hockey. El 19 y 20 de noviembre se realizará el quinto encuentro nacional de deportes Mixed ability que tendrá lugar en el club Olivos. Este incluirá ambos deportes y se espera la llegada de 360 personas del interior, a los que se le sumarán 15 equipos de Buenos Aires. “Creemos que será una convocatoria enorme e histórica. A nivel de rugby de personas con discapacidad será la más grande hasta el momento”, comenta el entrenador.

Los Pumpas han tenido la oportunidad de participar en dos ocasiones del mundial de Mixed Ability. En su primera experiencia, en el año 2017, regresaron al país como ganadores. Este año llegaron a Irlanda con la intención de revalidar el título y, si bien no volvieron con el trofeo en la mano, en palabras del jugador Pablo González Calcagno: “Volvimos unidos como equipo. Y es un orgullo porque estamos representado a la Argentina.” “Fue una linda experiencia, poder conocer otro país y otra cultura. La pasamos genial”, agrega el pumpa Fernando Razzino.

Por otro lado, el potencial demostrado por los jugadores en estos años ha incentivado nuevas ideas con la finalidad de brindarles más oportunidades. El desarrollo de un proyecto de inserción laboral junto a un programa educativo buscan combatir una problemática que denuncia la estadística: el 64% de las personas adultas con discapacidad no tiene la oportunidad de estudiar ni trabajar. Fernández cuenta que junto con la red de trabajo y con la Consultora Onix han puesto en funcionamiento un programa de inserción laboral que ya está en práctica. Asimismo, está por acordar un programa con la Universidad Siglo 21 para lanzar en el 2023 una carrera de dos años que se relaciona a lo deportivo y que puede expandirse a otros oficios.

“La verdadera inclusión es acción. Más allá de lo que puedas pensar o sentir, lo importante es lo que hagas con eso. Cuando se identifica una necesidad hay que accionar. Pumpas nos ha enseñado eso y es una lección que se puede aplicar en todo ámbito y situación.”, reflexiona Daniel Fernández.

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Son los últimos minutos de juego, la pelota cruza la línea de touch y los Pumpas se preparan para realizar el line-out: uno de ellos se ubica en el lateral de la cancha y lanza la pelota mientras otros dos sostienen y alzan en el aire a su compañero. El encargado de recibir la pelota, rápidamente la tira a su derecha donde la camiseta número 4 la está esperando y sin perder un segundo comienza a correr. Frente al avance del equipo contrario, comienzan a realizar una serie de pases precisos que cierran el partido mostrando la conexión y el compañerismo de sus jugadores. Los Pumpas XV han salido victoriosos. 

“Fue un partido difícil pero lo importante no es ganar, sino divertirnos”, dice Pablo. Fernando señala: “Somos buenos compañeros, nos llevamos bien y nos ayudamos entre nosotros. A los chicos nuevos les enseño cómo es cada posición, hasta que ellos solos le van tomando la mano.” Facundo Nager coincide con sus compañeros: “Somos una familia, nos da mucha felicidad poder jugar cada partido. Todos son bienvenidos.” “Acá somos todos iguales, no hay uno mejor que otro, y tenemos el mismo derecho de jugar en la cancha. Eso es lo que nos enseña Pumpas”, cierra Pablo.

Ya recuperados del partido, la jornada finaliza con los aplausos y vítores dirigidos a los jugadores que son recibidos nuevamente en la cancha. Allí les otorgan un recuerdo del partido jugado que reza “San Isidro unido por la inclusión”. Con una sonrisa, los jugadores enseñan el reconocimiento al público y a las cámaras que retratan el momento.

«Nuestros hijos no son un gasto»

«Nuestros hijos no son un gasto»

Prestadores y familiares de personas con discapacidad marcharon para reclamar al Estado y a las obras sociales por los pagos atrasados que sufren los profesionales del área.

La Marcha de Antorchas se realizó ayer, la bajo la consigna “una luz por la discapacidad”. Desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, el Colectivo de Discapacidad se movilizó para reclamar al Estado y a las obras sociales por los pagos atrasados que sufren los profesionales del área. 

A las 20 de este jueves, en los alrededores de la zona, comenzaba la concentración de prestadores, familias y personas con discapacidad, quienes llegaban con velas y carteles con frases como “discapacidad en emergencia”, “no al ajuste en discapacidad” y “lo esencial es invisible al Estado”. La movilización tuvo como objetivo principal hacer visible lo que viene ocurriendo desde hace meses en el sector: una crisis debido al recorte y el retraso de los pagos donde todo el colectivo se ve afectado.    

“Hacemos la Marcha de Antorchas porque queremos visibilizar lo que sucede en todo el área de discapacidad. Hoy se movilizan en todas las provincias para que nos miren, y estamos pidiendo que se dejen de vulnerar derechos, tanto de las personas con discapacidad como de los prestadores”, dijo Gilda Marcela Kriskovich, la presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), en diálogo con ANCCOM. 

Esta movilización es la segunda que organiza el colectivo en menos de un mes, realizada el pasado 29 de agosto. Uno de los reclamos más importantes es que las obras sociales reciban alguna sanción por parte del Estado, ya que éstas, al negarse a atender las demandas de sus afiliados, vulneran derechos y ponen en riesgo la salud y calidad de vida de los pacientes. 

“Queremos que nos miren todos los gobernantes, no solamente el Estado nacional porque, más allá del retraso de los haberes, buscamos una accesibilidad para todas las personas con discapacidad y una pensión contributiva que sea acorde a la canasta básica”, exclamó Kriskovich. “Queremos que realmente nos miren y haya una decisión política por parte del Estado que nos garantice que los derechos de las personas con discapacidad y los prestadores no van a ser violentados”, agregó la referente de PDU. 

Por su parte, el Ministerio de Economía emitió un comunicado el pasado 30 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectaron de ninguna manera a las áreas de discapacidad. Desligándose de la situación, esa cartera indicó que la responsabilidad de cumplir con las retribuciones es de cada jurisdicción en particular. 

A pesar de la respuesta, los profesionales del sector y las familias perjudicadas decidieron continuar con sus reclamos. En medio de la marcha, Trinidad Silva, acompañante terapéutica, estudiante de Psicopedagogía y familiar de una persona con discapacidad, señaló: “Muchas veces dependemos directamente de los bolsillos de las familias, y eso hace que no tengamos ningún derecho laboral. La realidad es que no tenemos el amparo del Estado”. Por otro lado, Aldana Álvarez, fonoaudióloga y prestadora en el área de discapacidad, también comentó que junto a sus colegas atraviesan una situación de gran incertidumbre, y agregó: “Estamos muy angustiadas, no recibimos los pagos, y no sabemos si vamos a poder seguir el año que viene con nuestra atención a los pacientes porque, más allá de la vocación que tenemos, vivimos de esto”. 

La movilización continuó hasta la Plaza de Mayo, pasando por la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez allí, a pesar de la noche fría, la fuerza y convicción por sus demandas mantuvo firme a todo el Colectivo de Discapacidad frente a las puertas de la Casa Rosada. Mientras, el Himno Nacional sonaba por los parlantes y velas y carteles eran levantados. Minutos después, madres, padres y niños con discapacidad, algunos entre lágrimas y otros con la voz entrecortada, tomaron la palabra y se animaron a contar sus situaciones. 

 “Hoy tenemos que estar unidos prestadores y familias, no podemos permitir esto, nuestros hijos no son un gasto”, dijo Kriskovich a todos los presentes cuando la movilización llegaba a su fin. “Basta de vulnerar los derechos de todos, a seguir adelante y no bajar los brazos”, concluyó la referente en medio de aplausos. 

«Es como vivir un mes sin sueldo»

«Es como vivir un mes sin sueldo»

Desde inicios de septiembre diversas organizaciones reclaman por la falta de pagos en instituciones dedicadas a tratar los problemas por discapacidad. ¿Cómo se vive esta situación en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole?

Tras conocerse atrasos en los pagos al área de Discapacidad, el 7 de septiembre se realizó una movilización en Plaza Congreso a cargo de diversos colectivos relacionados de ese sector vulnerable en señal de reclamo por un atraso de hasta tres meses en los pagos. La interrupción afectó a diversas instituciones y también recayó sobre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio enfocado a la atención de residentes con distintos grados de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) desmintió que se trate de un ajuste que acompañe los recortes  en subsidios instrumentados por Sergio Massa, pero no es la primera vez que las personas con discapacidades sufren situaciones de este tipo.

La falta de pagos representa un conflicto a nivel nacional; sin embargo, apenas tomó estado público el reclamo, ANDis afirmó a través de su cuenta de Twitter que “se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad”, y negó que se trate de un ajuste. Este atraso en las remuneraciones afecta a diferentes prestadores del servicio de atención a la discapacidad y su ejecución es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es la encargada de realizar el pago de las prestaciones básicas para este sector de la población. A su vez, las obras sociales deben remitir a este ente las facturas de las prestaciones efectuadas. De esta forma, la Superintendencia informa a la AFIP los pagos que debe realizar a las obras sociales. 

“Es histórico que los prestadores que brindan servicios a las personas con discapacidad cobran entre 60 y 90 días después de brindada la prestación”, aseguró en diversas declaraciones públicas Karina Herrera, presidenta de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI). Según afirma, este mes los prestadores aguardan cobrar el período de junio, siendo éste el último facturado. Por su lado, no hay información precisa sobre los meses de julio, agosto y septiembre. 

Cabe señalar que estas prestaciones, según la Ley 23.661, son financiadas por el Fondo Solidario que se compone de los aportes y contribuciones de los trabajadores. Mensualmente, se destinan $10.000 millones de pesos, a 93 mil beneficiarios con discapacidad. En otras palabras, el pago de dichas prestaciones provienen de un aporte que no debería ocasionar faltantes.

Con los retrasos antes mencionados, la SuperIntendencia de Servicios de Salud notificó que 216 obras sociales ya percibieron el 100% de los adeudado, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto, que son 13, percibieron entre un 29% y un 0%. En este sentido, la presidenta de la AFAPPREI aseguró que aquellas que recibieron el pago completo “son las entidades que poseen una menor cantidad de afiliados”.

En diálogo con Fernando Montero, director técnico del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, afirmó que hubo una interrupción en los pagos por parte de las obras sociales. Esto afectó directamente la financiación de la institución y sostuvo que “es como vivir un mes sin sueldo”. Actualmente, están con un mes de atraso y afirma que, en caso de no mejorar, tendrán que salir a reclamar.

También contó que atravesaron épocas de muchas crisis, principalmente en 2018, cuando fue necesario cortar la ruta Monteverde de Claypole, y apelar a la colaboración de la comunidad para garantizar el funcionamiento de la institución. Ese mismo año se acumuló un retraso en los pagos de siete meses. A la par, Montero sostuvo que “con la inflación que hay es difícil mantener aranceles bajos y más si hay un atraso”.

Desde 2008, con la Ley 26378, nuestro país se sumó a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2006 es parte del sistema de la familia de países que integran Naciones Unidas, acto por el cual se agregó una perspectiva integral desde la óptica del cumplimiento de los acuerdos y pactos globales que promueven una vida digna y en igualdad de condiciones. Asimismo, desde 1997 rige la Ley 24901 que obliga a las Obras Sociales y al Estado -en caso de no contar con afiliación- a dar “asistencia, promoción y protección” a todas las personas con discapacidad. Las prestaciones brindadas -señala la norma- podrán ser de carácter preventivo, donde la madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción los controles y atención necesaria para lograr un óptimo desarrollo; de rehabilitación, prestaciones terapéuticas educativas y asistenciales.

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole es una organización que depende de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y brinda un servicio categorizado por la Agencia Nacional de Discapacidad como “hogar con centro educativo terapéutico”.  En la Ley 24901 explica que dentro de esta categoría se contempla un servicio que tiene como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. Esta distinción permite facturar a las Obras Sociales de sus residentes y asegurar sus condiciones de cuidado. Sin embargo, también hay quienes ingresan sin cobertura y son atendidos de forma igualitaria. Esta financiación se complementa con las donaciones en efectivo (por CBU) o de productos que hace la comunidad o aportes de diferentes empresas.

En esta institución se atienden distintos grados y complejidades de discapacidades, y se organiza en diferentes hogares dependiendo de la atención que requieren los residentes. Cuentan con un servicio que funciona las 24 horas y los 365 días del año que se caracteriza por ser integral, ya que hay diversos profesionales a disposición, como enfermeros, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, profesores de educación física y médicos. Todos, con turnos rotativos. 

Además del cuidado de cada persona, los profesionales se encargan de su acompañamiento diario y la orientación en las actividades y rutinas. Los terapeutas, psicopedagogos y psicólogos trabajan con los residentes sus intereses y planes de vida, “ellos saben que el Cottolengo no está solo para darles casa, comida y abrigo, sino que también se interesa en su desarrollo”, afirmó Montero. Se trata de un trabajo colaborativo,  donde se crea un diálogo y “se respeta la autodeterminación de la persona, que es la que guía y decide sobre su propia vida”.

Finalmente, el director técnico de la institución aseguró que siguen siendo deficientes los aportes, “si no tuviéramos la providencia, las organizaciones y las donaciones estaríamos en problemas graves”.

El Pequeño Cottolengo Don Orione se ubica en Claypole, en el partido Almirante Brown y fue fundado en 1935 por el sacerdote italiano San Luis Orione. En él viven 380 residentes que reciben el cuidado y la asistencia de profesionales y voluntarios con el objetivo de cuidar sus vidas y permitir su desarrollo e integración en la sociedad.

El Gobierno de la Ciudad contra los estudiantes con discapacidades

El Gobierno de la Ciudad contra los estudiantes con discapacidades

La ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló un fallo judicial que la obligaba a presentar un plan de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. La discriminación en las escuelas privadas.

Implementar políticas públicas para garantizar el derecho a la educación inclusiva e impedir la discriminación de las personas con discapacidad en las escuelas de gestión privada, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De eso se trata el reciente fallo de la Justicia, que obliga en ese sentido al Gobierno porteño. Previsiblemente, la ministra de Educación, Soledad Acuña, apeló la medida.

«No hay vacante». «No trabajamos con maestra integradora». «Quizás una escuela de recuperación es mejor». Esas son solo algunas de las excusas con las que se encontraban las familias que deseaban matricular a sus hijos. Ante esta situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició en 2019 una demanda judicial contra el Ministerio de Educación de CABA, solicitando que se adopten las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas privadas.

El pilar sobre el cual se sostuvo el reclamo fue la falta de control y la omisión del Gobierno porteño ante lo que consideraban un rechazo sistemático de niñas, niños y adolescentes en dichas instituciones. Así, se vulneraba el derecho a la educación inclusiva reconocido en el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual goza de jerarquía constitucional en nuestro país desde  2014.

El pasado 23 de junio, el Juzgado Nº. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, dictó sentencia haciendo lugar al reclamo de ACIJ. En el fallo, declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva.

Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, declaró en dialogo con ANCCOM: «Se trata de un fallo histórico que deja en claro las obligaciones del Estado y entiende el alcance del derecho a la educación de las personas con discapacidad».

Asimismo, destacó los avances que se fueron consiguiendo a lo largo del proceso judicial. Por ejemplo, a través de una medida cautelar, se obtuvo la habilitación de canales de denuncia en la página web del GCBA y la publicación de un apartado dedicado a la educación inclusiva y la normativa vigente. Sin embargo, subraya que no fue fácil de lograr ante la reticencia del Gobierno porteño, a tal punto que la Justicia tuvo que aplicarle multas a la ministra Soledad Acuña para su cumplimiento.

Varias fueron las familias que recurrieron a ACIJ a contar sus casos, en lo que consideraban un rechazo sistemático, discriminatorio y un intento de invisibilizar la problemática.  Natacha (que pidió no decir su apellido), mamá de Iñaki, brindó su testimonio en carácter de testigo en la causa. Refirió haber recorrido varias escuelas comunes para matricular a su hijo. Sin embargo, luego de algunas entrevistas, lo terminaban rechazando. Mencionó lo desgastante que es para las familias (y ni hablar para los estudiantes) someterse a contactar a varias escuelas y recibir negativas constantemente. «¿Cuánto se puede insistir? Si lo rechazan una y otra vez y finalmente lo aceptan ¿Como lo van a tratar luego?», afirmó.

Ella consideró que el fallo es un avance importante en la materia, pero que de todas formas se debe seguir trabajando para conseguir una integración entre las escuelas comunes y las especiales. «Vivimos en una sociedad donde parece que la discapacidad incomoda, hay que trabajar desde chicos para que aprendan a convivir», remarcó.

Al día de hoy, el litigio se encuentra en proceso. Luego de la apelación de la sentencia por parte del GCBA, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones para su resolución.

Un fondo que no llega al fondo de la cuestión

Un fondo que no llega al fondo de la cuestión

El Gobierno creó el FONADIS, un fondo constituido con las multas de los cheques rechazados, para asistir a las personas con discapacidad. ¿Por qué las ONG dicen que no es suficiente?

El Gobierno nacional dispuso a través del decreto 187/20 22 la creación del Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (FONADIS), que será destinado al financiamiento de programas enfocados en favorecer la inclusión, participación y la autonomía de los integrantes de este colectivo. Asimismo, busca incentivar la investigación y el desarrollo sobre la temática. ¿Qué implica, concretamente, esta medida? ¿Qué dicen las organizaciones sociales al respecto?

El fondo será financiado a través de los recursos recaudados por la aplicación de la Ley 25730, la cual establece «sanciones para los libradores de cheques rechazados». Además, se nutrirá de «legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras» y  «fondos provenientes de organismos internacionales, tanto públicos como privados». 

Lourdes Simán, directora de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser, de la localidad bonaerense de San Martín, considera que la creación del FONADIS resulta insuficiente para resolver los problemas de una población que cada vez es mayor y cuyas necesidades también se incrementan. «Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no son sujetos pasivos», dice y a partir de esa frase reclama políticas que promuevan una mayor inserción laboral y educativa. 

Para Simán, los programas que pueden ser financiados por el FONADIS no atienden problemáticas urgentes sino que su alcance termina, por ejemplo, en capacitaciones que no son acompañadas por puestos de trabajo. Al respecto, agrega: “Hay personas con discapacidad que viven solas y muchas veces el dinero que cobran no les alcanza para vivir”.  Asimismo, sostiene que el Fondo no trae novedades respecto a la antigua Ley de Cheques (24.452), que establecía un mecanismo semejante.

“Desde las organizaciones exigimos desde siempre la creación de un fondo genuino, no podemos esperar a que alguien se equivoque en la emisión de un cheque”, afirma Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir, quien además exige una mayor participación de las ONG en la toma de decisiones. Actualmente, el Consejo Federal de Discapacidad está conformado por las máximas autoridades gubernamentales de las veintitrés provincias y de CABA, mientras que sólo cinco corresponden al sector social. “No es una cuestión de criticar al gobierno de turno, sino de poner nuestra experiencia a disposición para crear agendas de trabajo”, asegura Recchia.

Entre los puntos a destacar de la creación del FONADIS, el titular de la Fundación Incluir considera un avance que se haya creado una unidad de control para esos recursos, algo que anteriormente no existía y generaba que su distribución no fuese transparente. En tanto, par Elizabeth Aimar, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), la creación del Fondo resulta positiva para aquellas ONG que no cuentan con financiamiento.

Sostiene, en esa línea, que el espectro de proyectos que cubre la aplicación del FONADIS es coherente con una perspectiva de discapacidad que responde al modelo social y que no se limita a la rehabilitación de las personas. Finalmente, agrega: “Se debe remarcar la necesidad de la participación de la sociedad civil, a través de las organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias, pues son quienes mejor pueden establecer necesidades a satisfacer y evaluar la respuesta del Estado a las mismas.”