Cooperativas, mutuales y asociaciones civiles hacen de Internet una posibilidad en zonas donde el mercado no se anima a meter mano. Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA presentaron un libro que recopila experiencias de conectividad popular en defensa del derecho a la comunicación.

El pasado jueves, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó Conectividad Popular. Organizaciones sociales prestadoras de Internet en barrios populares y áreas rurales de Argentina. Coordinado por Mariela Baladrón, Larisa Kejval y Diego Rossi, el libro reúne diez experiencias de redes comunitarias, diversas en su trayectoria y geografía, pero cercanas en su tarea de hacer Internet posible en zonas rurales, barrios populares y otros puntos del país donde la teoría del derrame choca con la desigualdad estructural, el desinterés empresarial y las deficiencias del sistema privado.

Las experiencias estudiadas adoptan distintos recorridos y formas institucionales: cooperativas con antecedentes en servicios públicos, organizaciones comunitarias de radio y TV, mutuales de servicios, asociaciones civiles de distinto tipo. No obstante, todas estas organizaciones comparten una matriz económica solidaria, que antepone el bienestar de su comunidad a la obtención de ganancias, diferenciándose de las empresas tradicionales. El objetivo es claro y compartido: brindar conectividad sin fines de lucro, crear redes de Internet en lugares donde no llegan otros prestadores, superar la brecha de acceso a las TIC, capacitar a la población, ofrecer contenidos y más, cada una con sus particularidades y su estilo. En fin, se trata de garantizar el derecho a la comunicación.

Puntualmente, la investigación aborda los casos de La Ranchada IP, por parte de la Mutual Padre Mujica; Atalaya Sur, impulsada por Proyecto Comunidad; Soldati Conectada, que opera en los barrios populares de Villa Soldati; La Poderosa; el Polo Digital de Inclusión Social, que opera en el partido de La Matanza; la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA); la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet); la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, ubicada en General Pueyrredón; las redes Nono Libre y El Valle Reinicia, en la provincia de Córdoba; y la Red de Internet Comunitaria de Jujuy.

Internet imperfecta

El entorno digital está muy lejos de la “perfecta competencia”. En áreas rurales y barrios populares, sectores de población dispersa o con bajo poder adquisitivo, la conectividad queda atada a la voluntad del prestador, cuya decisión de brindar un servicio depende de la rentabilidad de su inversión antes que de cualquier otra cosa. Según la investigación, esto produce y reproduce relaciones de desigualdad entre los centros urbanos y las zonas rurales y en situación de pobreza. Por ejemplo, el último trimestre de 2022, ENACOM reportó que 14 de las 24 provincias del país se encontraban debajo de la media nacional de acceso a la banda ancha fija (77, 21 accesos cada 100 hogares).

Con la pandemia de covid-19 y el fuerte avance de la virtualidad sobre lo cotidiano, esta problemática se hizo mucho más evidente. Así, las políticas públicas tomaron centralidad en el desarrollo de redes de Internet en diversas zonas de nuestro país. A este respecto, el informe reconoce la incidencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/202, que durante la pandemia incluyó a Internet como parte de los servicios esenciales, junto con la provisión de agua potable, energía eléctrica y gas natural, aunque luego su implementación fue bloqueada por los reclamos de las empresas en la justicia y, tras las últimas elecciones, vetado por el Poder Judicial. También se destaca una prolífica elaboración de programas estatales a partir de 2020, destinados a la conectividad en ámbitos comunitarios y públicos, al desarrollo de infraestructura en zonas marginadas, al otorgamiento de tarjetas de prepago para servicios móviles a sectores vulnerables, entre otras iniciativas.

Según el estudio, distintos colectivos desarrollaron un camino significativo en la intervención pública con el reconocimiento de las redes comunitarias, entrando así en valor las diez experiencias relevadas en la investigación, como parte de una política social integral hacia la conectividad popular y democrática.

Una de ellas es Atalaya Azul, cuya red comenzó en 2014 en las calles de Villa 20, en el barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la red conecta a mil hogares, el 40% a través de fibra óptica (por encima de la media nacional), y promueve la capacitación de sus vecinos en prácticas de operación de redes y producción de contenidos audiovisuales. “Nosotros siempre pensamos Atalaya en tres dimensiones. Una tiene que ver con el acceso a la conectividad, otra con las capacitaciones y la formación tecnológica y la tercera con la producción de contenidos locales. También estamos generando cuadrillas que salen al mercado, y eso permite generar puestos de trabajo cuyos excedentes se vuelquen en la red y permitan su sostenibilidad”, detalla la coordinadora Manuela Gonzales Ursi, en diálogo con ANCCOM. La organización también trabaja con merenderos, talleres de robótica, cooperativas de vivienda y su radio, FM La Patriada. “Hay una sinergia entre el territorio de Villa 20 y la radio. Creo que el desafío de este año es fortalecer los contenidos, que puedan visibilizar no solo las demandas del barrio, sino también las experiencias que existen en el territorio. Eso permite contar cuestiones del día a día, que tienen que ver con la organización, la resistencia, con lo que sostiene a la comunidad frente a las adversidades”, dice Gonzales Ursi.

Otra de las organizaciones presentes en la investigación es la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet), que lleva casi 70 años prestando servicios públicos a ese partido del noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En 1999, la cooperativa se inició en la prestación de Internet, servicio que hoy provee a más de 12 mil usuarios, de los cuales un 20% vive en barrios populares. Pablo Fernández, gerente de Telecomunicaciones de Coopenet, contó las dificultades que la cooperativa enfrentó durante el año: “Como entidad social, por un lado, la cooperativa encara desde hace tiempo los problemas del tema del tipo de cambio, porque para la conectividad todos los insumos están dolarizados. Por otro lado, este último año nos complicó el tema de la importación de tecnología: se frenó la entrada de equipamiento, y eso nos dificultó concretar algunos proyectos como cubrir con fibra óptica algunos barrios”. Además, Fernández reconoce que la coyuntura actual es de incertidumbre: “Todo el problema va a ser los costos. El acercamiento del dólar paralelo al oficial nos va a generar un gran problema para las nuevas inversiones, en un contexto inflacionario donde la gente no puede cargar con un aumento de tarifas. Nosotros tenemos las tarifas socializadas, con un muy buen precio, pero no sabemos qué va a pasar de acá a tres meses, si vamos a poder seguir dando el servicio o si vamos a tener que hacer un aumento, siempre y cuando el socio-usuario lo pueda absorber. Esa es la gran pregunta que tiene el país en todo sentido”.

Mariela Baladrón, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del proyecto, también reflexionó sobre el futuro de la investigación e intervención pública en el campo de la conectividad popular: “Estamos en un momento de mucha incertidumbre, porque ni en la campaña ni en la plataforma del gobierno que ganó las elecciones se dijo algo explícito sobre este tema. Pero frente a un gobierno entrante que habla de recortar, de que todo esté en manos de los privados, se puede reivindicar estos modelos de organización comunitarios, y tratar que se sostenga lo que se logró conseguir. Obviamente la expectativa es luchar por más, pero el contexto parece ser adverso”.

En su diseño teórico y metodológico, este trabajo se sirve de distintas perspectivas académicas: los estudios sobre comunicación comunitaria y alternativa, las políticas públicas audiovisuales y de telecomunicaciones y la economía política de la comunicación. Baladrón enfatiza la importancia de involucrar a las Ciencias Sociales en los análisis y debates sobre la conectividad en sus diversas formas tecnológicas: “Me parece fundamental que seamos parte de esta conversación, que aportemos miradas, trabajos y experiencias, porque no se trata de discusiones que tengan una resolución meramente técnica o económica. Es importante tener una mirada y un conocimiento social, sobre todo si pensamos en que la comunicación y el acceso a Internet son un derecho humano”.