Feb 3, 2021 | DDHH, Novedades
El 20 de diciembre de 1976 dos soldados vestidos de civiles interceptaron a Antonio Vargas cuando volvía del trabajo. Le pidieron su documento y sin ninguna delicadeza lo metieron en un Chevrolet 400 de color naranja con cuatro puertas y una carrocería baja y rectangular de líneas simétricas.
Una capucha negra tapó sus ojos por la fuerza. Apenas pudo registrar el transporte de adelante: una camioneta del Ejército. Mientras el auto avanzaba, un soldado lo desnudaba. Después de unas pocas cuadras, Vargas y sus secuestradores se bajaron del auto para pisar tierra en un lugar todavía incógnito. La capucha imposibilitaba su visión para evitar cualquier capacidad de reconocer dónde se encontraba. Sin embargo, bajó los ojos hacia el fin de la tela negra que apretaba su cabeza y distinguió unos borceguíes policiales. Minutos después comenzó el simulacro de fusilamiento. Un procedimiento de carácter ficticio que hizo tambalear la existencia de Vargas por unos segundos.
La primera declaración de Antonio Vargas fue en 2011 en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad de la Provincia de Buenos Aires. El 31 de octubre del 2012 se sentó otra vez en el tribunal a contar la misma pesadilla. Después del simulacro de fusilamiento, lo obligaron a subir unas escaleras hasta el salón de la picana. La represión militar durante la última dictadura en Argentina tenía muchas caras. Su principal intervención hacía foco en la generación de un dolor físico inmensurable a través de la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo. Un castigo corporal prolongado.
—Casi me perforan el pene, me pusieron un fierro en el oído y perdí el conocimiento. — declaró Antonio Vargas en 2012. El único medio que lo publicó por entonces en testimonio fue Tres Líneas de La Plata.
Vargas fue trasladado a un lugar que no recuerda, hasta terminar en la Comisaría Tercera de Lanús. Lo que sí recuperó fueron las distancias breves entre cada recorrida. En su testimonio asegura que el lugar de su tortura fue el predio abandonado en dónde se encontraba la fábrica textil Campomar antes de su quiebra. A unas pocas cuadras de la Comisaría Tercera.
El juez Antonio Pacilio insistió en conocer los indicios que llevaban a Vargas a esa idea. Antonio todavía recordaba los ruidos de las máquinas y el apellido de uno de los represores: Moreira, un oficial que prestaba servicio en aquel predio. Antonio Vargas también denunció a tres oficiales de la policía bonaerense que actuaban en la Comisaría Tercera. Lepez, Lamagna y Velázquez fueron sus torturadores, del segundo lugar de reclusión.
El sobreviviente de la dictadura Antonio Vargas declaró que lo llevaron secuestrado a la fábrica Campomar.
Campomar
En el siglo pasado, en Valentín Alsina, partido de Lanús, funcionó una de las fábricas más emblemáticas del conurbano bonaerense. Fundada a finales del siglo XIX por Juan Campomar, albergó en sus años de mayor producción a más de tres mil trabajadores. Don Campomar —como solían conocerlo— y su esposa María Scasso de Campomar, recalaron en la Provincia de Buenos Aires, luego de emigrar al país desde Mallorca, España. Comenzaron un viejo telar que años más tarde se convirtió en una fábrica de casi seis hectáreas sobre la Avenida Remedios de Escalada.
Durante la década del treinta, la fábrica alcanzó su auge mediante la producción de telas y lana, abasteciendo a la demanda local y también a la internacional. Al amanecer, emergía desde la fábrica el sonido de una fuerte sirena. Era hora de levantarse para comenzar la jornada laboral. Elvecindario, que en ese entonces ya era un barrio fabril, acogió a Campomar como su principal fuente de trabajo.
Unos años después, Campomar S.A. expandió su producción y abrió dos nuevas plantas (en Avellaneda y en Belgrano) en donde trabajaron cerca de cinco mil personas. A partir de los años sesenta, la inestabilidad económica que vivía el país inició el declive de la fábrica: se declaró en quiebra en 1972 luego de una estafa acusada por la familia y adjudicada a los hermanos Abraham e Isaac Torres.
La planta de techos altos y ventanales extensos que aún hoy recubren casi todas las paredes, es un punto de referencia para los vecinos del barrio. Sus ambientes gigantes, abandonados y tomados por los pastizales, solo funcionan como un espacio de disputa entre los vecinos, el sector privado y el Estado. Sus techos oxidados pueden verse desde las seis calles con las que tiene intersección el terreno desde la Avenida Remedios de Escalada: Darragueria, Lomas Valentina, Yatay, Valparaíso, Coronel Murguiondo y Armenia.
Sobre la calle Yatay, tres cuadras al norte, se ubica la Comisaría Tercera de Lanús. En las paredes color ladrillo de su entrada un cartel con letras blancas indica: aquí se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado. Desde allí, como desde las demás intersecciones, Campomar se asoma por su gigante estructura, sus rejas altas y sus paredes blancas y resquebrajadas. Casi un siglo después de la fundación de Campomar, la cronología de su historia tiene un vacío marcado. Lo que sucedió después de 1972 hasta el retorno de la democracia, es una incógnita que aún permanece.
La Comisión de Vecinos de Campomar se opuso a que se realice un desarrollo inmobiliario en el predio.
Vecinos
La mañana del martes 26 de junio de 2012 el anuncio del intendente Darío Díaz Pérez encendió las alarmas de los vecinos de Lanús. Un acto daba comienzo a la construcción de dos mil quinientos departamentos en el predio abandonado de Campomar con la inversión de la empresa ElectroIngeniería y el Banco Nación.
Unos meses después, se formó la Comisión de Vecinos por Campomar. Una organización vecinal que pedía la investigación y justicia por los hechos ocurridos años atrás en esos terrenos. “Algo teníamos que hacer con las cosas que sabíamos, porque en las investigaciones y en los organismos de derechos humanos Campomar no existía”, cuenta Juan Ayala, fundador de la Comisión. Los vecinos de Lanús se organizaron bajo una misma causa y recuperaron historias, rumores y el testimonio del sobreviviente Antonio Vargas. En treinta días pasaron de ser cuatro integrantes a 50.
La Defensa, un diario digital del barrio de Lanús, publicó en 2013 el certificado de dominio del predio. En 1976, el terreno fue inscripto en el catastro 4417-Lanús (25) Partida 105249 A, como compra de SEGBA -empresa pública de energía- con hipoteca simultánea a favor de la Financiera AION. Una compra sin subasta ni licitación. Así, Campomar quedó custodiada por personal militar armado. La empresa eléctrica fue disuelta durante la presidencia de Carlos Menem y sus tareas quedaron divididas en tres áreas controladas por EDESUR, EDENOR y EDELAP. En noviembre de 1999, el Secretario de Obras Públicas resolvió la venta directa del inmueble. En el certificado del Registro de la Propiedad del 12 de diciembre del 2000 el inmueble -Campomar- pertenece al Estado. Catorce días después, se operó la venta e hipoteca a favor de la Financiera Raisin S.A. Una empresa constructora que forma parte del Grupo Chateau de la Corporación Puerto Madero. Esta corporación es una empresa estatal regida por el derecho privado comercial.
Desde el cierre de la fábrica hasta 1980, hay testimonios que aseguran haber escuchado gritos y disparos en sus alrededores. Cuando se hacía de noche, aterrizaban helicópteros sobre los escombros abandonados y entraban autos por el portón del frente. Las calles de la fábrica amanecían con los restos de la actividad desconocida que sucedía puertas adentro: ropa sucia y arrugada, con perforaciones de bala.
En 2012, el pedido de investigación de los vecinos fue elevado a la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo presidido en aquel entonces por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. El fin era hacer una presentación formal ante la justicia. El recurso de amparo fue presentado ante La Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de La Plata. Unos días después, bajo el expediente 2692/SU, se ordenó la detención de las obras por un plazo de treinta días y la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF).
Entre los testimonios de los vecinos se sumó el de una docente de biología ya jubilada. En 1980, Teresa Piccolo realizó una excursión al predio con sus alumnos. La idea era tomar muestras de los materiales que se asomaban entre el barro y los yuyos crecidos, para después analizar en clase. Ese día, dos niños encontraron un cráneo. Un resto humano ya inerte de textura escamosa y un color crema oscurecido con la tierra y el tiempo.
Dentro del plazo dispuesto por la justicia se llevaron a cabo distintas investigaciones. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo su intervención en noviembre del 2012. Después de una visita a la fábrica, el equipo dio su respuesta: no parecía un lugar de inhumación de cuerpos. Sin embargo, en ningún centro clandestino reconocido hasta el momento se habían encontrado cadáveres enterrados, solo en el Pozo de Arana, en La Plata.
—En este lugar no se encontró ningún cuerpo porque no era la modalidad habitual de la represión enterrar en centros clandestinos de detención. Se utilizaban los cementerios municipales o los aviones que iban al Río de la Plata. — remarca Luis Fondebrider, presidente del EAAF.
En noviembre de 2012, el Equipo Argentino de Antropología Forense ya había realizado su trabajo. Su labor específica se reduce a las inhumaciones clandestinas, aunque este no haya sido el modus operandi de los asesinatos y desapariciones durante la represión militar. Por eso, el Equipo propuso que para realizar una investigación exhaustiva, era necesario utilizar aparatos de geofísica en zonas acotadas, explica Fondebrider. En consecuencia, Gabriela Domínguez, vecina de la Comisión por Campomar, denunció el 2 de mayo del 2013 ante InfoRegión, un medio de Lanús: “si se están buscando fosas comunes y no las hay, no las vamos a encontrar y entonces vamos a alentar la construcción. Pero eso no es concluyente sobre si esto fue un centro de detención o no”.
En ese momento, el juez Leopoldo Shiffrin tomó declaración a todos los vecinos de la zona. El informe final dictaminó que no se habían encontrado restos humanos enterrados en el terreno, por lo que el tribunal, ante la disidencia del juez Shiffrin, levantó el recurso de amparo por falta de pruebas.
Las vías para la construcción del megaproyecto inmobiliario quedaron otra vez abiertas pese a la apelación de la Comisión Provincial por la Memoria. “Nosotros creíamos que había que seguir indagando, pero para la cámara federal no fue suficiente”, cuenta Sandra Raggio, directora general de ese organismo. De todas formas, las viviendas nunca fueron construidas. “La decisión de no seguir con el proyecto inmobiliario luego de todo este proceso fue puramente económica por parte del banco y la empresa. No tuvo que ver con un logro judicial”, agrega Raggio.
Las obras se paralizaron a finales del 2012 y es al día de hoy, ocho años después, que la Comisión de Vecinos por Campomar sigue pidiendo que la justicia investigue lo ocurrido en ese predio durante la última dictadura: “En su momento, por conveniencias políticas, la investigación quedó parada. Existen múltiples testimonios de vecinos que declararon ante la justicia haber visto cosas: helicópteros, retenes militares, disparos. Lanús es un lugar que ha sido muy golpeado por las dictaduras. Muchos integrantes de alto rango salieron de acá, conocían el lugar a la perfección, los lugares que podían ser funcionales para secuestrar gente, torturarla y matarla”, agrega Raggio.
La dificultad de estudiar estos baldíos tiene que ver con la falta de precisiones, y en realidad, de investigar, se tendrían que investigar todos los baldíos de la Provincia de Buenos Aires, le explicaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense a Juan Ayala.
Circuito Camps
Dos investigaciones en simultáneo: mientras los Vecinos por Campomar se reunían con funcionarios del gobierno de Cristina Fernández para apurar la investigación, el 19 de septiembre de 2012 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dictó sentencia firme a las condenas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps. Dieciséis militares fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz. Otros siete hombres recibieron sentencias entre veinticinco y doce años de prisión. En las noventa audiencias que duró el proceso judicial salieron a la luz hechos que involucraban a 280 víctimas y a seis de los veintinueve centros clandestinos que se conoce que conformaban el circuito.
“Aquí en la Argentina vivimos una guerra con todas sus características y formalidades. Por supuesto que en el combate hay muertos, hay heridos y hay desaparecidos”, dijo el entonces jefe de la policía federal, Ramon Camps, en una entrevista en 1982 en 60 minutos por el canal ATC. La red de centros clandestinos que funcionó en la Provincia de Buenos Aires entre los años 1976 y 1983 llevaba su nombre. Ramón Camps, era el encargado de decidir el destino de las vidas de los detenidos.
El Circuito Camps tenía sus bases en las dependencias de la Policía de la Provincia y funcionó en al menos nueve partidos del conurbano bonaerense. La Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría 5ta, o el destacamento de Arana son algunos de los centros clandestinos que más desaparecidos cargan en su historia. Cada centro cumplía una función específica dentro del circuito. El funcionamiento en red hacía que los detenidos fueran trasladados de un espacio a otro.
—La particularidad del Circuito Camps es que los lugares que se utilizaron como centros clandestinos de detención eran las propias comisarías de la provincia. Los detenidos eran llevados a brigadas, campamentos, lugares con policías, que además seguían funcionando como tales. Por eso, para las personas que estuvieron secuestradas en estos centros específicos fue más fácil el proceso de identificación visual. — advierte Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios de lesa humanidad.
La Comisaría Tercera de Lanús es una de las dependencias que la policía provincial utilizó como espacio represivo durante aquellos años. A solo tres cuadras de la ex fábrica Campomar, el característico operativo en red que utilizaba el ejército genera la necesidad de indagar sobre su posible relación. “Las reconstrucciones sobre aquellos lugares que no eran establecimientos oficiales deben hacerse a partir de testimonios de las personas que estuvieron ahí”, explica la abogada Godoy.
Algunos centros clandestinos mantienen hasta el día de hoy sus fachadas, sus entradas y sus puertas. “Siguen siendo bastante parecidos y siguen estando ocupados por la policía o por el ejército», explica Luis Fondebrider. Muchos -ex- centros clandestinos gozan de la impunidad de no ser descubiertos porque los cuerpos asesinados no fueron enterrados en sus cercanías. Entonces, el valor de los testimonios pasa a ser un factor fundamental para el comienzo de una investigación. Sin embargo, a veces insuficiente para el aparato judicial.
“La información sobre centros clandestinos en la Provincia de Buenos Aires se vincula con testimonios de gente que estuvo secuestrada en esos lugares y después salió en libertad y con investigaciones de la justicia”, explica Fondebrider, el presidente del EAAF. Con esa información se definió la existencia de lugares que seguían bajo control oficial. Algunos fueron más grandes y funcionarios varios años. Otros eran únicamente de paso y solo se decidía qué hacer con las personas secuestradas.
Pacto entre caballeros
En la jerga popular un pacto entre caballeros significa un acuerdo informal entre dos hombres. Es un arreglo tácito que implica el beneficio mutuo de los participantes en la medida que el pacto se mantenga. No requiere un contrato legal ni escrito, sino que prepondera la mutua confianza.
A 44 años del último golpe militar en Argentina hay genocidas que murieron antes de ser juzgados. Uno de ellos fue Ramón Camps. Algunos viven los últimos años de su vida en la cárcel o con prisión domiciliaria, y otros descansan sin que sus identidades hayan sido descubiertas. Hay militares genocidas de los que no se conoce la cara ni el nombre. Por eso, la tarea de verdad y justicia no prescribe con los años. Más bien, es un proceso que encuentra sus dificultades en los pactos de silencio y que enuncia sus victorias cuando una familia conoce la verdad sobre un hijo o un nieto desaparecido. Nora Hochbaum, directora del Parque de la Memoria explica: los espacios de memoria contribuyen a la reparación, no solucionan el dolor ni reparan las ausencias. Son lugares donde la sociedad puede encontrar de manera colectiva un espacio que no dé cabida al olvido.
“La verdad es lo que nos falta todavía. Los militares nunca rompieron el pacto de silencio. Nunca dijeron nada. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con los desaparecidos? ¿Qué torturas impartieron? ¿Dónde están los registros de todo lo que hicieron?” se pregunta Hochbaum.
Un plan sistemático de represión implica la existencia de archivos, carpetas, expedientes, listas, y fotografías que organizaron de forma minuciosa el aparato represivo estatal. Todavía existen archivos confidenciales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, agrega Luis Fondebrider. Los militares borraron sus huellas y escondieron las pruebas que los delataban. Se deshicieron de los cuerpos que mataron y de los lugares en los que actuaron.
Sin embargo, al calor de las exigencias de los organismos de derechos humanos y de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, surgieron las políticas de memoria, verdad y justicia. En 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y se realizó el Juicio a las Juntas. Más tarde, los Juicios por la Verdad durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron el comienzo de más de 600 causas. Cada juicio por los delitos de lesa humanidad, trajo información, más causas, nuevos nombres de desaparecidos y de represores, explica Nora Hochbaum. “Antes la gente no se animaba mucho, pero cuando el Estado hace políticas de derechos humanos, poco a poco eso trae un ejemplo. La gente, familiares, amigos y sobrevivientes dan sus testimonios”, agrega.
El camino de reconstrucción de la historia deja preguntas sin respuesta. En el 2018, murió Luciano Benjamín Menéndez. Uno de los militares que condujo la represión en el Tercer Cuerpo Militar del Ejército y que fue condenado a prisión perpetua en Córdoba. Este hombre, como muchos otros militares, fue vinculado con al menos ciento treinta y nueve causas por delitos de lesa humanidad. Tuvo trece condenas y fue quien rompió el récord de prisiones perpetuas recibidas en la historia argentina.
Menéndez se sentó de manera sucesiva en diferentes tribunales sin exclamar ni una palabra. Llevó consigo un silencio incómodo y absoluto. Una cara sin expresión, sin palabras, sin detalles y sin respuestas. El hombre que pergeñó un pacto de sangre con sus colegas con el objetivo de salvar el honor militar y esconder atrocidades. Con su defunción, surgieron algunas dudas: ¿se rompe, de a poco, el pacto de silencio entre los militares?
Según el Proyecto Desaparecidos, hubo alrededor de 340 centros clandestinos a lo largo y ancho del país. Alrededor, al menos, aunque sea; esos son los números de lo conocido. No son cifras estáticas. Hay secretos militares escondidos bajo sus alfombras y sus lápidas que se enfrentan con una política de derechos humanos que es modelo en el mundo entero.
Es en ese limbo en dónde se encuentra Campomar: entre el pacto inquebrantable entre caballeros y la fuerza de quiénes se organizan todavía para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia.
