Jun 9, 2020 | Novedades, Trabajo
“Despidos”, “suspensiones” y “rebajas salariales” son tres conceptos que desentonan en la retórica de ciencia ficción imperante. Sin embargo, son las categorías esenciales para comprender gran parte de lo que sucede tras las bambalinas de la pandemia. A la amenaza biológica contra la vida se le suma la amenaza social contra el trabajo.
Es en busca de esa realidad que surgió el Observatorio de Despidos Durante la Pandemia, una iniciativa de sociólogos y estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata agrupados en La Izquierda Diario. “La idea del Observatorio surge a partir de dos dimensiones: por un lado, cuando inicia la cuarentena aparecieron, en forma de aluvión, datos, gráficos, curvas y demás sobre los aspectos sanitarios, que desde ya son imprescindibles. Pero no se publicaba, ni en las esferas de gobierno ni en los espacios mediáticos, información respecto a la situación de los trabajadores. Esa ausencia empezó a volverse sintomática y, de hecho, se prolonga hasta hoy”, explica Mariano González, estudiante de Sociología de la UBA, y continúa: “Por otro lado, teníamos una prédica del oficialismo de protección a los trabajadores tanto a través de conferencias de prensa como a partir de varios decretos de necesidad y urgencia. Incluso Alberto Fernández llamó ‘miserable’ a Paolo Rocca por los 1.450 despidos de Techint. Sin embargo, esas cesantías se concretaron y los ataques al salario, despidos y suspensiones comenzaron a aparecer de manera muy fuerte. Por eso decidimos poner en pie el Observatorio, para brindar esos dato”.
El relevamiento se realiza semanalmente a partir de publicaciones en más de 40 medios periodísticos nacionales y regionales, a los que se agregan las cifras publicadas esporádicamente por distintos organismos y los resultados de los acuerdos a los que llega cada sindicato en particular. A partir de esa información, se realizan informes y análisis bajo la supervisión de Paula Varela, investigadora del Conicet y docente en la UBA.
El conteo comienza desde el 20 de marzo –el día en que se inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- y, al 30 de mayo, se relevó el impactante número de 3.890.639 trabajadores afectados. El Observatorio desagrega esa cifra en tres categorías: “despidos”, unos 139.634; “suspensiones” (incluye a trabajadores que hayan sufrido el doble ataque de suspensión más rebaja salarial), que alcanza 1.786.987; y “ataques al salario”, que suben a 1.965.018.
De todas formas, este número es tan sólo una base, un indicio, más que una afirmación acabada. Los datos dependen de aquello que es considerado noticia por alguno de los medios relevados y, sobre todo, se impone la opacidad absoluta a la hora de registrar la situación del sector informal. “El porcentaje de precarización laboral en Argentina es del 40%”, analiza Clara Posse, socióloga. “Entonces, sabemos que hay muchos trabajadores informales, precarizados, contratados o con distintas relaciones laborales que no están pudiendo ser relevadas. Ese es un límite importante. Nosotros remarcamos que ésta es la cifra que pudimos abarcar, pero que en realidad es muchísimo más”. El llamado del Observatorio, en consecuencia, es que sean los y las propias trabajadoras quienes hagan su denuncia tanto al mail mapadedespidos@gmail.com como a La Izquierda Diario.
Según el informe del Observatorio, el sector más afectado es el del comercio.
El gobierno nacional -con el apoyo de todos los estratos gubernamentales- optó por una cuarentena estricta, con excepción de ciertos sectores denominados como esenciales. Para disipar incertidumbres sobre la situación a la que se verían expuestos las y los trabajadores, en el Artículo 8° del DNU 297/20 se dispone que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Más tarde, el 31 de marzo, tras el escandaloso episodio en Techint, se firmó el DNU 329/20. El Artículo 2° dispone: “prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días” -se prorrogó por otros 60 días más desde su vencimiento-. Y el Artículo 3°: “prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días” -también prorrogado-. En resumen: se prohíben las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones durante el aislamiento obligatorio. El devenir de los días terminó dictaminando algo totalmente diferente.
¿Qué sucedió entonces? El primer indicio puede encontrarse en un pequeño apartado del Artículo 3° del DNU 329/20. El mismo dice: “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Establece la posibilidad de realizar suspensiones de tareas al trabajador en caso de fuerza mayor, abonándole una suma no remunerativa que es tan sólo un porcentaje de su salario habitual y teniendo que tributar únicamente aportes y contribuciones a la obra social y ART. Pero, antes este mecanismo debe ser pactado con el empleado de manera individual o colectiva -sindicatos-.
El 27 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron un acuerdo que sirve de marco para el resto de las negociaciones gremiales: el tope de descuento al salario de trabajadores suspendidos no puede superar el 25%. Aunque en realidad esto debe leerse con mayor detenimiento: la CGT y la UIA habilitaron que aquellas empresas que suspendan empleados tienen la posibilidad de reducir sus remuneraciones hasta un 25% en sus respectivas negociaciones con los sindicatos.
Muchas de las rebajas salariales y suspensiones fueron acordadas con los gremios.
El último informe del Observatorio muestra que el 76,1% (2.962.346 trabajadores) de los “ataques laborales” -despidos, suspensiones y ataques al salario- tienen como origen los acuerdos sectoriales. “El sector más afectado es el de Comercio, ya que allí trabajan alrededor de 1.200.000 personas. El que le sigue es Construcción: la Cámara Argentina de la Construcción anunció a principios de mayo que se habían perdido 100 mil puestos de trabajo entre marzo y abril. En conjunto con el resto de las modalidades de ataque al trabajo suman casi 500.000 casos y hay que tener en cuenta además que es un sector con una gran proporción de empleo informal, que no puede ser contemplado en el estudio. También representa el 25% de los despidos a nivel nacional. Tercero está el sector del Personal de Casas Particulares, las empleadas domésticas, que en un informe publicado por el sindicato se reveló que se vieron afectados 500.000 puestos. Y, en cuarto lugar, pelean cabeza a cabeza el sector estatal y el gastronómico”, explica Posse.
Efectivamente, el estatal se encuentra en el podio de los sectores que más ataques sufrieron con 438.927 afectados. Algunos casos se extienden desde mucho antes de la cuarentena, como las deudas salariales y paritarias a la baja en la provincia de Chubut.
“El ataque al salario es el principal mecanismo utilizado para transferir los costos de la crisis a los trabajadores”, se lee en el último informe del Observatorio. El total de trabajadores afectados por ataques al salario es de 3.685.515. Dentro de esta categoría se despliegan tres mecanismos: reducción salarial (2.880.626), postergación de paritarias (720.546) y adeudamiento salarial (84.343). González enfatiza: “Ante esto, el gobierno nacional no solamente no ve esos ataques sino que los convalida. Los acuerdos firmados por sector entre las direcciones sindicales y las cámaras empresarias son homologados por el Ministerio de Trabajo. Los decretos son papel mojado. Hay un gran consenso en todo el arco político y sindical en hacer de cuenta como que sigue en verdad la ficción de que éstos decretos tienen algún tipo de utilidad”.
El derrumbe de la economía tanto nacional como mundial, no obstante, es insoslayable. Las grandes potencias han impreso y desembolsado millones en papel moneda para rescatar a sus sistemas financieros y económicos. Menos grandilocuente, más lúgubre, es la realidad de los negocios barriales, de las empresas modestas que caen sin estruendo y dejan en la completa incertidumbre a miles de trabajadores y trabajadoras. Con ese argumento se firmó el DNU 332/20 del 1° de abril, que establecía las bases del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de una serie de medidas que abarcan exenciones impositivas y, en especial, el pago por parte del Estado -Anses mediante- de una porción del salario de los trabajadores. Con las semanas comenzaron a aparecer situaciones completamente irregulares: aparecieron en la lista de beneficiarios grandes empresas, sin problemas financieros, y entre los salarios beneficiados con fondos públicos se encontraban sus propios CEOS.
“A partir del acuerdo de la CGT con la UIA se redujo un 25% el salario, el 50% es pagado por la Anses y empezamos a notar que ese 25% restante que queda a cargo de la empresa muchas veces es pagado en cuotas o directamente no se paga”, recalca Posee.
“Todo esto no es un simple desconocimiento. Lo mismo respecto al decreto que prohíbe despidos y suspensiones. Estas situaciones son públicas, se denuncian en las carteras del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno nacional decide hacer la vista gorda. Enfatizamos el episodio de Techint, un caso emblemático. Sobre eso no hubo ningún tipo de represalia, sino que incluso fue premiado con el ATP. Incluso, al momento de recibir ese beneficio, despidió a otros 30 trabajadores de una contratista de Siderca, en Campana. Lo mismo sucede con Blaquier, que también accede al ATP y de todas formas suspende y recorta salarios. Al igual que otras empresas como Granja Tres Arroyos, que luego de recibir el ATP despidió a 50 trabajadores. Con todo este panorama, nosotros vemos que el ATP y otros tipos de programas en realidad son un gran subsidio millonario a las empresas para mantener el margen de rentabilidad a costa del ajuste y el recorte a los trabajadores”, denuncia Mariano González.
Abr 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La televisión y la radio siguen transmitiendo. Los diarios continúan imprimiéndose. Los medios digitales y portales web mantienen actualizada su información. En épocas de incertidumbre como las que se viven desde -al menos- el 20 de marzo con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, los medios de comunicación se establecieron como servicios esenciales, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20. Llevan tranquilidad -o no- a millones de personas que transitan el encierro de la mejor manera que pueden. Incluso miles se volcaron nuevamente a los medios tradicionales, tratando de evitar las ya tan conocidas fake news.
De distintas maneras -teletrabajo, protocolos de seguridad e higiene, licencias para personal que forme parte de grupos de riesgo, etc.-, los trabajadores de los medios cumplen con sus funciones. Sin embargo, afrontan nuevas dificultades en el período de aislamiento. “En general las medidas de seguridad se están cumpliendo en casi todas las empresas”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Pero “no así otras obligaciones, particularmente las salariales, y esto representa un gran problema.”
El sector de prensa está muy golpeado. Publiexpress, Diario Popular, Perfil, Infobae, Noticias Argentinas. Las lista de medios que atraviesan momentos críticos o conflictos con los trabajadores por motivos de incumplimientos salariales crece constantemente. E incluso comienza a comprender a otros sectores, como en el caso de Radio Metro, en el que, luego de un paro, los trabajadores lograron llegar a un acuerdo para que se les paguen los sueldos atrasados.
El periodismo, aunque se lo considere un servicio esencial, es una de las actividades que más ha sido golpeada por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, con un recorte del 50% respecto del 2015. A esta situación de base se le agrega el impacto del Covid-19. “Las empresas argumentan crisis producto de los cambios tecnológicos en nuestra actividad y el consumo de las sociedades de la información, y a eso ahora se suma la situación que produce la pandemia”, sostiene el delegado. “Pero es falso: esta crisis demostró la importancia de los medios tradicionales, que ante la necesidad de contar con información confiable una mayor cantidad de gente se volcó nuevamente a estos medios.”
Según Lecchi, estos conflictos -que incluyen cierres, despidos, sueldos atrasados y en cuotas- son “previos a la situación actual vinculada a la pandemia, pero en este contexto tienden a agravarse; y las empresas también aprovechan la situación de crisis para avanzar sobre derechos laborales y para sacarle plata al Estado a través de pauta o planes de ayuda.”
La precarización también es visible en estos tiempos, ya que los trabajadores freelance o “colaboradores” son los que están en peores condiciones. “Por las características de su trabajo no tienen ningún tipo de seguridad social y son los primeros que se ven perjudicados ante cualquier crisis y ajuste”, sostiene Lecchi. Desde SiPreBA estiman que un 20% de las notas publicadas en los grandes medios son realizadas por estos trabajadores, por lo que exigen medidas concretas en el marco de la pandemia -como la eximición de impuestos al monotributo- y otras más generales, como el reconocimiento de un tarifario que estandarice un valor mínimo por nota.
Despedidos y en cuarentena
El 30 de marzo, la empresa Publiexpress -editora de Pronto, entre otras publicaciones- se comunicó con la Comisión Interna Gremial de la revista para informarles a los trabajadores que no volvería a abrir sus puertas. Ningún telegrama había llegado, pero casi cien empleados se habían quedado sin trabajo. “A partir de ese momento empezamos algunas medidas de fuerza porque solo la última semana de marzo la revista no salió a la calle”, explica Mariano Caruso, trabajador y ex delegado de Publiexpress. “Queríamos cobrar nuestro salario de marzo e iniciamos distintas medidas, por lo que la empresa terminó cediendo y pagando, pero siguen en su política de cierre.”
Los dueños de la empresa, Eduardo Lerner y Abel Nahon, alegan problemas económicos a pesar de no haber realizado ninguno de los procedimientos previos al cierre; y, según un comunicado de SiPreBA, haber ganado recientemente una licitación del Ministerio de Educación de casi 24 millones de pesos para imprimir cuadernillos educativos sobre el Covid-19.
“Es un cierre fraudulento, lo que quieren hacer es sacarse a los trabajadores de encima y, cuando pase la pandemia, volver a abrir con personal tercerizado”, sostiene Caruso, también integrante de la Comisión Directiva de SiPreBA. Y continúa: “Es una política que ya viene haciendo la empresa hace unos años con otras revistas: despedía y tomaba personal tercerizado para que no estuviera en convenio, y de esa manera bajaba los costos y seguía con las publicaciones.”
Según el delegado gremial, “la empresa quiso aprovechar la medida de Techint: tratar de despedir por causa de fuerza mayor, pagando el 50% de las indemnizaciones sin haber hecho concurso preventivo de crisis ni haber presentado ningún papel.” Todo esto, ignorando el DNU 329/2020 que suspendió los despidos por 60 días, y sin acatar la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los telegramas siguen llegando -debido a las demoras en el correo-, y los trabajadores continúan luchando como pueden, desde sus casas. “Queremos que se respete la conciliación obligatoria, que nos devuelvan nuestros trabajos y que se nos pague el salario de abril y volver a trabajar normalmente cuando esto pase.”
A cuentagotas
La situación que atraviesan los trabajadores de Diario Popular no es mejor: el 1° de abril finalmente cobraron la última de las cinco cuotas en las que se pagó el sueldo de febrero, y la empresa, Manpress S.A., volvió a anunciar que continuarán con esta modalidad de pagos que ya funciona desde hace seis meses. Lo único asegurado fue una suma de cinco mil pesos para la primera quincena de abril.
Frente a esta situación, los trabajadores del diario se encuentran realizando un paro en busca de algún canal de diálogo con las autoridades. Sumada a la irregularidad de pagos, denuncian también que no se pagan los aportes patronales que corresponden, a la vez que se incumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para continuar las actividades.
“Nuestros pedidos siguen siendo cobrar el sueldo en tiempo y forma, ni más ni menos. Poder cobrar y organizar nuestra vida de acuerdo al trabajo que realizamos mes a mes”, explica Juan Manuel Lazzarino, delegado de prensa de Diario Popular. Sin embargo, la respuesta de Francisco Fascetto, dueño de la empresa, fue no pagarle los cinco mil pesos a aquellos que hubiesen adherido a la medida de fuerza.
“Esto no tiene que ver directamente con el contexto de la pandemia, nos viene pasando desde mediados del 2018, cuando comienzan las primeras deudas de la empresa para con nosotros, recortes salariales, quita de ítems. Nuestro caso viene desde hace rato”, puntualiza Lazzarino. Desde la empresa argumentan que la caída de la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri perjudicó en demasía a las finanzas del diario. Pero la postura de los trabajadores que quieren cobrar por las actividades que realizan, como corresponde, se sintetiza en las palabras de su delegado de prensa: “Si nosotros nunca fuimos socios en la ganancia, no veo por qué socializar la pérdida.”
La deuda es con los trabajadores
Como explica Matías Cardone, delegado de Perfil, la situación salarial en la empresa de Jorge Fontevecchia “no es muy diferente de la que vive el resto del gremio en lo que se trata de prensa escrita”.
Los trabajadores freelance de la editorial se ven más perjudicados aún: Perfil les difiere los pagos y en su mayoría están atrasados entre cinco y seis meses. “Hay productos de la editorial que se hacen en más de un 50% con freelance, lo que genera una precarización que vuelve al trabajo insostenible,” sostiene Cardone. “La pandemia lo único que hizo fue agudizar el problema para los compañeres colaboradores que necesitan más que nunca percibir sus salarios.”
La empresa alega -como tantas otras- problemas económicos y responsabiliza a la crisis del coronavirus, manteniendo en la incertidumbre a sus trabajadores. Sin embargo, Cardone hace hincapié en que “están recibiendo pauta oficial, la web de Perfil tiene record de visitas y la empresa sigue facturando, por ejemplo, con la impresión de cuadernillos para el Ministerio de Educación”. Por otra parte, en los últimos cuatro años Perfil se expandió con una radio y una canal de televisión nuevos.
Hasta el momento de la cuarentena, los trabajadores de prensa realizaron asambleas y distintas medidas gremiales. Hoy, desde el aislamiento, tienen que limitarse a otras acciones. Pero el reclamo es el mismo: “Le pedimos a la empresa que pague la deuda a los freelance y, a su vez, que dé un aumento de emergencia ya que tenemos la negociación paritaria vencida desde noviembre”, sostiene Cardone, en representación de sus compañeros. Y agrega, como si no fuera suficiente: “A su vez Perfil tiene una deuda con nosotros que data de mayo 2019 y que aún no canceló por la que también estamos reclamando.”
Jul 10, 2019 | Culturas, Novedades
El proyecto Ronda Cultural nació como una tesis académica, fue incorporada como política de Estado y ahora se convirtió en un emprendimiento de una asociación civil.
Son pasadas las dos de la tarde pero parece pleno mediodía. Las calles de Barrio Parque se llenan de vecinos que pasean a sus perros y andan en bicicleta. Entre embajadas y casonas, en el patio delantero del Museo de Arte Decorativo, ubicado sobre la Avenida del Libertador al 1900, un grupo de personas empieza a amontonarse para esperar el comienzo del paseo. Al reparo de los árboles que adornan la fachada del viejo Palacio Errázuriz, Lucía cuenta a los paseantes y reparte adhesivos identificatorios con el hashtag “Paseá con Ronda”. Belén acomoda las fotos antiguas que mostrará durante la visita. Victoria prueba el micrófono y deja que los participantes se vayan armando alrededor de ella. Como cada sábado, la consigna es simple: calzado cómodo, botella de agua en mano y ganas de salir a caminar por la ciudad.
Ronda Cultural nació en el año 2013 en el marco de la Secretaría de Cultura de la Nación como un proyecto coordinado por Valeria Escolar, autora intelectual de la idea. “Surgió -explica- como un proyecto sobre el que realicé mi tesis final de grado titulada ‘Con otros ojos”, de la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF, y que se conformó como una política pública del Ministerio de Cultura de la Nación para poner en red a los Museos Nacionales y estimular un acercamiento de nuevos públicos”.
El programa original consistía en circuitos culturales guiados por los distintos museos de la Capital, sin costo alguno y con desplazamiento a bordo de combis. Con el cambio de gestión del Ministerio, a fines del 2015, los 25 trabajadores que formaban Ronda fueron despedidos. “El hecho es parte de la identidad e historia de Ronda”, comenta Manuela Güell, voluntaria y coordinadora del Área de Comunicación. “Casi sin haber pasado por ese episodio violento, es como que nosotras sentimos que nos rajaron a todas”, bromea Manuela. Tanto ella como sus compañeras, Victoria Lescano, Belén Sánchez y Lucía Sordini, ingresaron en Ronda Cultural como voluntarias al momento de su reconstitución, en el 2016, cuando Escolar tomó las riendas del proyecto y decidió hacer de Ronda una asociación civil. La fundadora recuerda que “fue un gran ejercicio de resiliencia que logró encauzar una apropiación del trabajo realizado desde adentro del Estado en un nuevo proyecto independiente que recogió la característica de lo participativo como eje rector de su gestión y tomó lo colectivo como motor de desarrollo.
“El espíritu rondero tiene que ver con fomentar el derecho del acceso a la cultura que es nuestro norte en todo lo que nos proponemos”, resume Güel.
“El sello de Ronda siempre perteneció por autoría a quien creó el proyecto, por eso al momento de los despidos se logra que esa identidad se siga siendo manteniendo”, afirma Sordini, actual coordinadora del Programa de Paseos Caminados. La conformación de la asociación no fue fácil pero se asentó sobre pilares sólidos: el nexo con los museos ya estaba constituido de antemano y se heredó un Facebook con más de diez mil seguidores como herramienta de difusión.
“El espíritu rondero tiene que ver con fomentar el derecho del acceso a la cultura que es nuestro norte en todo lo que nos proponemos”, resume Manuela. “Hacemos muchas cosas interpelando a actores muy diferentes y con estrategias enunciativas muy distintas”, dice Güel y cuenta que Ronda desarrolla desde intervenciones artísticas en espacios no convencionales hasta seminarios de mediación cultural y programas como “Museo Para Armar” que implica llevar la lógica del museo a las escuelas públicas y privadas.
Pero la apuesta fuerte es el Programa de Paseos Culturales Caminados que consiste en la visita a dos espacios culturales o museos bajo la conducción de un guía especializado y con un costo a voluntad. “Hay mucho público que se acerca a conocer un museo por primera vez con Ronda”, cuenta Lucía y agrega: «Nuestro objetivo con los paseos es generar la primera intriga, el primer acercamiento que después los invite a querer ir y hacer el recorrido como ellos quieran”.
“Trabajamos para que esto sea algo que no claudique, teniendo en cuenta que con la situación económica actual, lo primero que uno rescinde es el ocio y la recreación”, explica Güel.
“Los museos son espacios muy rudos”, afirma Lescano, estudiante de Comunicación Social y guía. “Nosotros tratamos de crear narrativas que interpelen a las distintas personas aunque no sean del palo, porque quizás llegás al Bellas Artes y nadie te dice nada. En cambio, Ronda nunca te suelta la mano”, continua Lescano. Como mediadora cultural, el rol de Victoria es acercar, es generar un diálogo abierto entre los museos y el público. “Hay gente que se siente muy cómoda en el formato de la propuesta y hace una maratón de los distintos paseos caminados que tenemos, con distintas personas y nos van presentando a su entorno”, explica Lucía.
Los paseos caminados no tienen un costo fijo sino voluntario porque la lógica de Ronda es distanciarse de la tradicional propuesta turística. “Trabajamos con precios sugeridos porque la idea es que sea a colaboración pero sabemos que puede ser que no nos den nada”, explica Güel y completa: “Trabajamos para que esto sea algo que no claudique, teniendo en cuenta que con la situación económica actual, lo primero que uno rescinde es el ocio y la recreación”.
Las voluntarias coinciden en que, de 2016 a esta parte, el desafío fue conseguir los recursos para sacar la asociación civil adelante. “El gran cambio tiene que ver con las libertades presupuestarias. Estando en el marco de un Ministerio tenés más caja pero también muchos otros condicionantes. Al no estarlo, hay que salir a buscar el presupuesto pero uno es libre de elegir con quién conseguirlo”, explica Güel. “Para muchas actividades ganamos subsidios a través de distintos organismos como el Metropolitano, el Fondo Nacional de las Artes o Proteatro. Es una tarea del área de gestión administrativa pero es sumamente creativa, de poder ofrecer algo diferente y atractivo”, agrega Victoria.
Después de tres años de desarrollo, Ronda Cultural pudo contratar trabajadores.
Después de tres años de funcionamiento como asociación civil, Ronda Cultural busca consolidarse. “Hoy pudimos crecer al punto tal de que contratamos a parte del personal de Ronda, pudimos estabilizarnos y tener una oficina para consolidar la dinámica de los paseos culturales que es una de la actividades más antiguas y concurridas”, asegura Lucía
“Ronda trata de ir un poco a contra corriente, de conformar algo colectivamente, de generar lazos afectivos y construir desde el contacto y lo vivencial, cuando hoy todo te impone distancia”, reflexiona Güel sobre el final del paseo. A las cinco de la tarde, el sol empieza a bajar y las diagonales de Palermo Chico van quedando desiertas. Los paseantes se saludan entre ellos con un beso, como si de viejos amigos se tratase, con la certeza de que volverán a cruzarse algún otro sábado.
Jul 4, 2019 | Novedades, Trabajo
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Las y los trabajadores de @somostelam continuan su lucha frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para exigir que la justicia ratifique la ilegalidad de los 357 despidos. Mariano Suárez, delegado de @cgitelam le cuenta a ANCCOM Noticias sobre la situación actual del conflicto #TelamSeDefiende
May 22, 2019 | Novedades, Trabajo
Los despedidos de Clarín y Olé reclaman su reincorporación en otras empresas del grupo.
A un mes del despido de 65 trabajadores del Grupo Clarín, se realizó un “bondiolazo” en las puertas del multimedio ubicado en Tacuarí 1846. El evento fue convocado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) quienes junto con los despedidos buscan visibilizar el problema y crear una bolsa de trabajo para reubicar a los empleados desvinculados.
El típico aroma de carne asada invade el lugar. Música de fondo, personas tomando cervezas y conversando entre risas pareciera indicar que se está celebrando algo. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Luego de un mes exacto de que Clarín despidiera a 65 de sus trabajadores, entre el matutino principal y el deportivo Olé, y tras haberse logrado la reincorporación de cuatro de los afectados la protesta está lejos de llegar a su fin.
Tato Dondero, delegado de Página 12 y Secretario General de SiPreBA, en conversación con ANCCOM manifestó: “Lamentablemente el nivel de la negociación con Clarín no está a la altura de nuestras expectativas. La reincorporación de solamente cuatro compañeros es muy poco, por eso el conflicto sigue en medio de este contexto gremial y nacional muy difícil”. Además, Dondero reflexionó sobre la crisis en la que se encuentra sumergido el periodismo y opinó que es mucho peor que la de 2001 debido a que si bien hay un cambio cultural en cómo comunicarse que afecta al papel, las políticas de este Gobierno son mucho más salvajes y afectan tanto a los periodistas como a toda la clase obrera.
Se cumplió un mes de la nueva ola de despidos de Clarín y Olé.
Por otro lado, Matías Cervilla, delegado del diario Clarín, indicó que unos de los reclamos de los trabajadores despedidos consiste en la apertura de una bolsa de trabajo para incorporarlos en otras compañías del Grupo. “Negociamos con la empresa y cedieron, así que actualmente están pidiendo curriculums y haciendo entrevistas. También hicimos un cese de tareas para seguir visibilizando el problema y continuamos pidiendo la reincorporación de más compañeros y la mejora de nuestras condiciones de trabajo”, aseguró Cervilla.
“Hay un gran apoyo de compañeros de todos los medios de prensa escrita: de Tiempo Argentino, Página 12, Infobae, Telam, despedidos de Grupo 23, se han solidarizado y han ayudado a la visibilización de este conflicto”, repasó Cervilla. Mientras tanto, los trabajadores involucrados aún no tienen ninguna garantía de su futuro. Uno de ellos es Ricardo Sapia, quien formó parte del equipo de redacción de Olé durante 23 años. “Me quedé sin laburo, mi único trabajo era éste. Sabemos que lo de la bolsa de trabajo no es algo fluido, pero yo al menos le pongo alguna ficha a eso”, confesó.
Ricardo, quien fue unos de los encargados de la parrilla de este encuentro, también contó cómo sobrelleva el tema del despido: “Es un día a día, por momentos tenés mucha bronca y tristeza debido a que pensás que hay determinadas coberturas que las podrías estar haciendo, porque era lo que hacías anteriormente. Sin embargo, también hay momentos como hoy en donde estás un poco mejor porque estás entre compañeros que se encuentran en la misma situación. Además, varios ex colegas también bajaron de la redacción para estar con nosotros”.
Otro de los afectados es Pablo Cerolini, reportero gráfico y editor de fotografía, quien entre un poco de humor y tristeza cuenta cuál es su situación: “Se podría decir que estoy de año sabático, me echaron y hasta ahora no encontré trabajo. Si bien personalmente uno puede tener bronca yo no analizo la situación en términos personales, sino más bien colectivamente. Es muy importante el apoyo de SiPreBA y de otros sindicatos porque uno se siente contenido”. “Hasta que no haya una decisión de finalizar la lucha yo voy a seguir apoyando esta causa, creo que hay que molestar y que hay gente acá dentro que tiene que saber lo que es esta empresa, por eso hay que seguir insistiendo por la reincorporación”, dice Cerolini muy convincente.
