Caromar despidió a 75 trabajadores
La ola de despidos que sufre el país no se detiene. Ahora la distribuidora mayorista cerró este fin de semana sus sucursales de San Justo y Mar del Plata, dejando 75 nuevos desempleados. En la filial del conurbano se realiza un acampe en busca de garantizar, por lo menos, las indemnizaciones.
Otro acampe de trabajadores ante una empresa cerrada. Este martes 2 de diciembre, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, representantes del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de Zona Oeste se reunieron con apoderados de Caromar, distribuidora mayorista de productos de higiene y perfumería, que cerró intempestivamente sus puertas el lunes en las sucursales de San Justo y Mar del Plata, sin aviso ni pago de indemnización a 75 trabajadores que fueron despedidos.
“A mí me llamaron el domingo a las ocho de la noche para darme la mala noticia. Y en ese mismo momento pusimos al tanto a los delegados y a la secretaría gremial. Nadie sabía nada”, dice en diálogo con ANCCOM Javier Valenzuela, abogado de SEOCA, que relata: “El lunes, sin previo aviso, cerraron quizás la sucursal más grande, la de San Justo, donde hay unos 60 trabajadores, sin salarios devengados, sin indemnizaciones ni expectativas de indemnizaciones, invocando una causal de fuerza mayor. En virtud de eso hicimos un acampe afuera del establecimiento (no lo intrusamos) tratando de garantizar que no salgan los camiones con mercadería, a los fines de preservar el crédito de los trabajadores y trabajadoras. De inmediato pedimos una audiencia en el Ministerio, y hoy martes en la mañana se llevó a cabo la misma, que duró tres horas”, consigna.
Desde el SEOCA enfatizan que el conflicto no es por el cierre de la empresa, sino por el pago de salarios e indemnizaciones. Desde el área de prensa se informó a ANCCOM que en la reunión se acordó un plazo hasta el viernes para cancelar el mes de sueldo adeudado. La medida de fuerza se mantendrá hasta que ese pago se acredite. Luego se pactó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 9 de diciembre, día en que se negociará el porcentaje de la indemnización.
“El sindicato amenazó con extender el conflicto a las otras sucursales que están dentro de nuestra jurisdicción”, retoma Valenzuela, “lo que obviamente queremos evitar, porque no queremos que salpique a ellas cualquier represalia, sobre todo por el modo drástico en que la empresa llevó a cabo esta acción. Pero, cuidando ese detalle, nosotros hicimos hincapié en que las condiciones son el pago de los salarios adeudados, la liquidación final (con aguinaldo y vacaciones proporcionales) y entrar a discutir las indemnizaciones en estos días que vienen”.
Según el SEOCA, la empresa mandó los telegramas de despido amparándose en el imperativo de fuerza mayor, que permite pagar el 50% de las indemnizaciones prestablecidas. Desde el sindicato arguyen que la empresa no habría realizado las presentaciones necesarias para el beneficio, por lo que correspondería el depósito íntegro de la indemnización.
“La Ley del Contrato de Trabajo establece un Procedimiento Preventivo de Crisis”, explica el abogado, “que es un trámite administrativo en el cual la empresa debe fundar la situación de crisis. Recién ahí, si están dadas las condiciones, se autoriza a las medidas que pueden ser despidos, suspensiones o lo que sea. La empresa no ha hecho eso, y con eso ha obstaculizado la viabilidad del 50%. Pero tampoco hoy en la audiencia dijo cuanto quería pagar, porque el apoderado de la empresa no tenía un mandato firme”, relata.
En su recuento de los hechos, Valenzuela enfatiza que desde el SEOCA ya habían citado hace dos meses a representantes de Caromar: el cuerpo de delegados de una de las sucursales, que casualmente no fue la afectada por el cierre, detectó una falta importante en la reposición de productos, lo que generó inquietud en el personal. Desde la empresa aseguraron que no habría cierre, que simplemente no había demanda suficiente para reponer la cantidad que había antes.
“Pero los trabajadores advirtieron que eso no era común”, sigue el letrado, “porque han atravesado otras etapas similares donde eso no había ocurrido. Básicamente es una táctica de acorralar a los trabajadores sacando ventaja de la necesidad, sobre todo porque terminó el mes y no les pagaron los sueldos. Y el sindicato fue firme en no deponer las medidas de fuerza hasta no esté acreditado el crédito éste. El crédito que hace a la supervivencia, ¿no? Después tenemos por delante la discusión de la reparación del daño, que no es otra cosa que las indemnizaciones de ley”.
En Mar del Plata, en tanto, fueron despedidos otros 15 trabajadores. “Nos enteramos por los medios”, dijo al portal 0223 Esteban Fraysse, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica. “El sereno del turno tarde-noche fue y se dio cuenta de que le habían cambiado la cerradura al lugar y que habían puesto gente de seguridad privada”.
Pocos días atrás, la multinacional Whirlpool anunció el cierre de una planta en Pilar, resultando en el despido de 220 trabajadores. Por las mismas fechas, la fábrica de ollas Essen redujo su personal en Venado Tuerto, con más de treinta despedidos. En La Rioja cerraron la textil Luxo y la fábrica de calzado Vulcalar, perdiéndose entre ellas 120 puestos de trabajo. La empresa norteamericana Naschel se fue de San Luis, con más de 50 despidos, y se sumaron 80 suspensiones en la planta Georgalos de Victoria.
Efecto dominó
El cierre de la fábrica de Caromar está lejos de ser un caso aislado. Pocos días atrás, la multinacional Whirlpool anunció el cierre de una planta en Pilar, resultando en el despido de 220 trabajadores. Por las mismas fechas, la fábrica de ollas Essen redujo su personal en Venado Tuerto, con más de treinta despedidos. En La Rioja cerraron la textil Luxo y la fábrica de calzado Vulcalar, perdiéndose entre ellas 120 puestos de trabajo. La empresa norteamericana Naschel se fue de San Luis, con más de 50 despidos, y se sumaron 80 suspensiones en la planta Georgalos de Victoria.
“Nosotros no desconocemos la situación de crisis que atraviesa el país”, sigue Valenzuela, “Obviamente, también muchos sectores empresarios han sido accionistas de esto, y hoy ven salpicado su propio comportamiento en sus actividades económicas. La actividad comercial, mayorista y supermercadista está cada vez más complicada, y esto avizora un sinfín de conflictos. Y lo que tenemos también es que, a raíz de que muchas empresas se van animando a tomar medidas de esta naturaleza, se genera un efecto dominó donde otras que, por la razón que sea, lo tenían de algún modo retraído, ahora se animan, porque saben que en principio no hay sanciones, no hay medidas. El Estado mira para el otro lado, y hay una apatía social que también contribuye a este desmadre”.
El gobierno del presidente Javier Milei ha afectado con fuerza el tejido industrial argentino. Esto se debe gran medida a la drástica apertura a las importaciones y, de la mano con lo anterior, a la apreciación del peso frente al dólar, que dificulta competir ante las producciones internacionales. Todo esto en un contexto donde aumenta el costo de vida, disminuye el consumo y, como si no fuera poco, se pierden cada vez más puestos de trabajo.
“Toda la política del gobierno pareciera fijarse en pisar el dólar para que no haya inflación”, cierra el abogado,“Y hoy pensaba que, si bien en Argentina ha sido un fenómeno bastante preocupante, Guatemala debe tener un 2% de inflación y 80% de pobres: no es ese el camino con una economía absolutamente retraída, aplastada, donde no se avizora ningún futuro. Así que nada, ponemos las esperanzas en que esto pueda revertirse: los trabajadores estamos atravesando una tragedia que nunca imaginamos, así que esperamos torcer la historia y cambiar el rumbo de las cosas”.
