May 10, 2016 | inicio
“Hace seis años que vengo a la marcha de la marihuana”, cuenta Pedro (43 años) mientras pica unas flores en la palma de su mano. “Y ésta es la primera vez que traigo a mi hijo -agrega-. Al principio, a mi mujer no le gustaba nada, y ahora, cuando no estoy, ella me cuida las plantas, me las riega. El cambio tiene que empezar por casa”. Después relame el papelillo que separó a un costado y arrugó con cuidado; finalmente enrolla un porro que termina algo compactado. Es sábado a la tarde y el sol empieza a calentar los ánimos en una nueva edición de la marcha mundial que promueve la legalización del cultivo y el consumo de cannabis. “¿Si me paró la cana por fumar? Pfff, vos no tenés idea”, cuenta con el porro todavía en su mano. No espera más, lo lleva hasta su boca, acerca el fuego a las flores y, entre bocanadas de humo, sigue su historia: “Tuve que pasar la noche adentro más de una vez”.
“La despenalización de la tenencia de drogas y del autocultivo de cannabis beneficia a los usuarios que son condenados a la ilegalidad”, explica Sebastián Basalo, Director de la Revista THC, una publicación especializada en el tema. “Este sistema hace que se consuman sustancias podridas que se compran en el mercado negro, y los usuarios ponen en riesgo su vida por ir a comprar esta sustancia. Esa es la situación que tenemos hoy”. Por eso, quizás, éste sábado 7 de mayo, mientras la Plaza de Mayo vive una de sus convocatorias más masivas, lo mismo ocurre en otras ciudades del país, desde Resistencia hasta Ushuaia. “La gran deuda política sigue siendo la modificación de la actual ley de drogas que sigue vigente y que se lleva consigo a más de 10 mil usuarios de drogas criminalizados por año en nuestro país”, expresa Basalo.
La gente comienza a reunirse desde temprano. El aire se caldea rápidamente y los puestos de comida no dejan de vender. Rubén (59 años), que va con su carrito de hamburguesas a todas las marchas, asegura que “ésta es la mejor de todas porque los chicos tienen buena onda y no hay agresividad”. Mientras da vuelta una hamburguesa, sigue hablando: “Hoy traje patys, chori y bondiola, y ya vendí casi todo. Las ventas significan la gente que viene, que es cada vez más, y el gobierno éste, o el que vendrá, va a tener que tomar medidas urgentes”. Un poco más alejado, frente a la Casa Rosada, un cartel que dice “Mari Brownies, recetas de mamá” llama la atención de muchos chicos. “Despenalizar el autocultivo y regular las vías de acceso, sobre todo al cannabis medicinal, son urgencias que deben modificarse de la actual ley de drogas”, expresa Sebastián Basalo. “Si una persona tiene problemas por consumo de cualquier sustancia, lo único que hacemos mandándolo preso es estimular ese problema de consumo y alejarlo del sistema de salud. Por eso la despenalización implica no sólo el respeto por los derechos individuales de las personas, sino por los derechos humanos más fundamentales: la libertad, la salud, la seguridad personal”.
De a poco, la Plaza de Mayo se convierte en un verdadero festival. Tambores, timbales y trompetas musicalizan la escena. Es una tarde cálida de otoño, después de varios días de frío, y los chicos no dejan de sonreír al sol. La policía corta el acceso a la plaza desde las distintas diagonales, pero no se anima a ser parte de la fiesta. “Hasta ahora nos propusimos terminar con el narcotráfico disparando tiros a los que producen y metiendo presos a los que consumen, creyendo que así va a disminuir la demanda y el consumo”, dice Basalo. “Lejos de que ocurra esto, circulan cada vez más sustancias adulteradas, y ese dinero va a parar a los bolsillos de los narcotraficantes, a tipos que generan violencia social”. Muchos de los presentes saben y entienden eso. A varios les ha tocado vivir las prohibiciones de un Estado que ignora su situación y al que hoy piden la regulación total del cannabis. Piden que se termine la persecución a los consumidores. Piden que se respeten sus derechos individuales y que se garantice la seguridad social. “El control total por parte del Estado implicaría que el dinero que va a los narcotraficantes vaya, ahora, a las personas que se mueven por fuerza de trabajo y que el Estado pueda recaudar impuestos a partir de esas ventas y destinar ese dinero a programas de prevención y asistencia”.
En la carpa del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se juntan firmas para un proyecto de ley integral: despenalización, regulación y legalización son las tres palabras destacadas. Federico Moreno, militante del MST, pide a todos que firmen con cuidado y sin prisa. Hay espacio para todos. “Es una cosa ilógica criminalizar el cultivo de una planta -dice Federico-, tanto como creer que la marcha no ayuda en nada. Muchos derechos democráticos se conquistaron con movilización. Los juicios a los militares, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género. Este es uno de ellos”. Los jóvenes van formando una fila sinuosa. Mientras esperan, debaten acerca de los objetivos de la marcha y se preguntan si realmente da algún resultado. Para Joaquín Manso, militante del Frente para la Victoria (FPV), la marcha “termina estigmatizando más de lo que termina liberando porque no tiene una iniciativa política que termine materializando sus demandas”. Para él, la convocatoria debería darse más como una iniciativa política y mucho menos como un festival.
Pasadas las tres de la tarde, la multitud comienza la habitual movilización por Avenida de Mayo hacia la Plaza de los Dos Congresos. Este año, la marcha en la Ciudad de Buenos Aires va encabezada por niños con epilepsia refractaria que dependen del cannabis porque los fármacos no surten efecto en ellos. Sus familias los apoyan la legalización. Detrás de ellos se elevan grandes carteles que dicen “el dolor de nuestros hijos no espera”. “Esas familias son personas que no pueden esperar más y exigen al Estado la urgente despenalización del cannabis medicinal”, comenta el Director de THC. “Cada día que pasa, la salud de esos chicos necesita de la marihuana para tener una calidad de vida más digna, y exigen que el Estado se haga cargo de un tema que ignora hace tiempo a través de las prohibiciones”. La demanda, este año, se centra en la modificación de la actual Ley de Drogas. “En este petitorio, pedimos la derogación de la legislación -dice Federico- “que incluye a la marihuana como una droga ilegal y eso impide su uso para fines medicinales o de investigación científica”.
La multitud avanza a paso lento y decidido. A diferencia de muchas otras movilizaciones, son los niños los que hoy guían a los adultos. Ellos abren el camino, recorren la avenida que tantos reclamos ha vivido y marcan su ritmo y dirección. Son niños,, pero hoy, también, son los principales sujetos políticos, los protagonistas de una historia que pide que se regularicen sus derechos, que se tengan en cuenta sus formas de vida, que se escuchen sus reclamos de voces infantes. “La actual realidad se hace insostenible, y si el gobierno no toma una decisión de forma urgente, la situación puede explotar”, advierte Basalo y concluye: “Hay que avanzar en la reforma de la actual ley de drogas, porque cuanto más tiempo se demore el gobierno, más vidas se van a cargar”.
Actualizada 11/05/2016
Ene 23, 2016 | inicio
“Nosotros vivimos en un estado elevado de conciencia”, afirma Pablo, uno de los organizadores de la Cata Copa de Cultivadores Cannábicos (CCCC) mientras observa las dos mesas largas que reúnen a las noventa y dos personas que presentaron sus flores de marihuana –denominadas “cogollos”- para ser saboreadas y juzgadas durante la jornada. Son las cuatro de la tarde de un sábado soleado de octubre y recién van por la cuarta de un total de seis rondas de degustación que definirán quién es el dueño de la mejor planta del año.
Pablo y su compañero -apodado Puro Humo- se encargan desde hace cinco años de organizar este evento. Para participar, se deben enviar previamente a la organización por lo menos diez gramos de una misma variedad de cannabis, especificando si fue cultivada en interior o en exterior –indoor o outdoor-, o una extracción de un gramo de aceite de marihuana.
Durante el certamen, las mejores muestras son evaluadas por los cultivadores, y el resto se reparte entre los demás asistentes que se dividen entre los invitados de los participantes y distintos actores del canna-business, el negocio del cannabis: dueños de grow shops, miembros de las publicaciones especializadas Haze o THC y representantes de bancos de semillas. Este año se reunieron aproximadamente cuatrocientas personas de Buenos Aires y del interior argentino, e incluso algunos extranjeros, como el caso de una comitiva de uruguayos que llegó en un micro de larga distancia. “Son todos gente de confianza. Si en un grow tenés un cliente que sacó una buena flor ese año, le decís que la guarde para la Copa, y de ese modo tu negocio queda bien representado, porque vos le estás enseñando a ese cliente”, explica Francisco –así lo llamaremos a los fines de esta nota-, que cultiva comercialmente desde hace ocho años, ha tenido plantas premiadas y se refiere a sí mismo como un plantero.
Para participar de la Copa, se deben enviar previamente a la organización por lo menos diez gramos de una misma variedad de cannabis.
Marcelo viajó desde la capital de Córdoba para asistir al evento por primera vez. Vive solo y trabaja como decorador de interiores, pero le dedica mucho tiempo de su vida a sus plantas. Ocasionalmente vende algo de su cosecha, pero no representa gran parte de su ingreso. En su mochila lleva una cámara de fotos con imágenes de su jardín y de libros de medicina cannábica que mandó a traer de España. Enviar la muestra desde su ciudad para participar en la Copa implicó un trámite bastante singular: “Hablé por teléfono con el organizador y me dijo que la mandara por correo. Entonces la metí en una cajita, la envolví con film, le puse café, la volví a envolver con más film, le puse pescado, y funcionó”, comenta entre risas. Su próxima meta es la hidroponia: un método de cultivo en una solución de agua y nutrientes, que requiere un mayor conocimiento técnico.
Las coordenadas de la Copa no se dan a conocer hasta la noche anterior a la reunión. En la tarjeta de la entrada, que lleva impresa la imagen de un tricoma –una especie de protuberancia que le aparece a la planta en el momento de su cosecha-, se cita al artículo 19 de la Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Momentos antes de la degustación se reparte un manual de cata, que explica la forma correcta de apreciar una flor por sus propiedades organolépticas y sus efectos psicoactivos.
La travesía para llegar al evento comienza a las nueve de la mañana de ese sábado. En distintas esquinas de Buenos Aires se encuentran reunidos varios grupos de personas con lentes de sol a la espera de un transporte que pasará a buscarlos para ir hacia un lugar misterioso en el oeste. A las diez de la mañana todos están subidos al vehículo y, no bien cruza la General Paz, el conductor de rastas exclama: “Ahora sí, ¡bienvenidos al Perla Negra! Ya se puede fumar, y espero que llegue algún finito para el chofer”. Segundos después, el micro es invadido por humo y risas.
Al ingresar a la quinta, se ve un grupo de cocineros haciendo el repulgue de varias docenas de empanadas que en breve estarán listas para satisfacer el primer bajón, el momento en que las propiedades del cannabis hacen que el cuerpo reaccione con hambre. Entre los árboles hay mesas con kiwis, frutillas, peras, manzanas, mandarinas, bananas. En un cartel se lee la consigna: “Vegetarianos, por favor anunciarse a las camareras”. Hay muchas bebidas pero muy poco alcohol: “No hay porque no se consume, no porque no se venda. Yo tomo vino en casa, pero tomar en una Copa nos resulta contradictorio porque para nosotros el alcohol es una droga clase uno, y la marihuana debería ser clase cuatro”, declara Francisco.
La diferenciación de los estupefacientes en categorías parte de la polémica Convención Única de las Naciones Unidas de 1961, que divide a las distintas drogas en cuatro listas o clases: las de la primera son las consideradas más peligrosas y por lo tanto están prohibidas. En esta se incluye al cannabis, junto con otras sustancias como la morfina, la heroína y la cocaína. Según afirma el periodista Emilio Ruchansky en su libro Un mundo con drogas: “El preámbulo de la convención antepone la necesidad de prevenir el ‘uso indebido de estupefacientes’. No hay distinción en lo indebido, solo la forma de obtención. Da lo mismo si es ocasional o experimental o si configura un padecimiento crónico”.
El lugar de realización de la Copa es un secreto hasta la noche anterior a la reunión.
Hay otras dos Copas en Buenos Aires en el mes de julio que se realizan en boliches. Una es organizada por la revista Haze –La Copa CABA– y otra por THC –La Copa del Plata. En esas ocasiones, todos se presentan a trabajar: cada grow shop pone su stand desde temprano y se arma una feria. En cambio, la CCCC no admite stands, la única participación comercial se da a través de los premios que se entregan –que son donados por empresas del canna-business– y prácticamente no hay publicidad. Los principales ganadores se llevan también una obra de arte hecha por una mosaiquista uruguaya.
Poco después del mediodía comienza formalmente la degustación. Momentos antes se reparte un Manual de cata, que explica la forma correcta de apreciar una flor por sus propiedades organolépticas y sus efectos psicoactivos. Los cultivadores que presentaron su muestra evaluarán la selección que surgió de la pre-cata realizada días antes, y los demás invitados formarán parte de la “Sub-Copa”. Mientras tanto, se puede seguir disfrutando de los juegos que están dispuestos a lo largo y ancho del enorme jardín rodeado de árboles: una cama elástica, metegol, mesas de ping pong, tejo, hamacas, algunos incluso deciden tirarse a la pileta porque el sol empieza a pegar fuerte.
John, un cultivador estadounidense que reside en Argentina, está sorprendido de que exista un encuentro como este: “En mi país no es fácil hacer estos eventos porque la gente te hace una demanda por cualquier cosa”. Sin ir más lejos, en la Seattle Hempfest, un festival cannábico que se celebra en Washington, hace falta firmar una extensa declaración legal antes de ser admitido.
La Copa no admite stands y prácticamente no hay publicidad, a diferencia de las catas organizadas por las revistas especializadas.
Durante nueve horas circularán empanadas fritas, sándwiches de carne y de miga, tortas, papas fritas, café, gaseosa y más frutas de estación. En tanto las camareras reparten, los integrantes de la organización distribuyen pequeñas bolsas ziploc con cogollos y un formulario para poner puntaje a cada muestra.
¿Cómo hace el jurado para evaluar las flores? En este punto se diferencian los amateur de los que forman parte del negocio. “Ahí se juega un poco del know-how de cómo trabajar en esos lugares. Yo voy a exposiciones en donde tengo que cerrar negocios de miles de dólares, y los tengo que cerrar en ese estado. Vas desarrollando una tolerancia al THC que en un momento te permite trabajar”, comenta Francisco.
La mayoría de los productores que participan del evento no cultivan profesionalmente; para algunos es un segundo trabajo, para otros un pasatiempo.
Recién a las ocho de la noche se dan a conocer los resultados. La planta ganadora triplicará su valor y probablemente sea subastada en privado en otro momento. Los que se llevan los primeros premios, salvo raras excepciones, son personas que se dedican al cultivo comercial de cannabis y así satisfacen el gusto exigente de los compradores de flores.
Muchos de los productores que pertenecen a este circuito tienen un empleo formal y plantar es su segundo trabajo, otros lo consideran un hobby. Los que venden están intentando vivir de lo que les gusta, y a veces también lo consiguen colaborando en alguna publicación cannábica, trabajando para un grow shop, u organizando un evento como este. “No queremos salvar al mundo, no nos interesa la política tampoco”, afirma Francisco con contundencia: “La mayoría de nosotros –completa- lo único que quiere es tener el mejor sistema de hidroponia, y poder pagar el alquiler”.
En nuestro país, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes establece que quien comercializa cannabis debe ser penado por narcotráfico. Para los cultivadores de la Copa, hay una diferencia entre quienes respetan la planta y los que solamente ven el negocio.
Si bien el clima es festivo, también hay tristeza por los compañeros que no están presentes ya que su faceta como cultivadores comerciales o importadores de semillas les trajo problemas legales. “Existe un muy buen abogado penal que podemos llamar pero, aunque es pro-faso, no se olvida de que vendés y te pide 40 mil pesos para sacarte”, se queja Francisco. “Nosotros trabajamos con el riesgo constante de que te revienten la casa, te pateen la puerta, llegue la brigada y te diga que trabajás para ellos. Y el siguiente riesgo es la cárcel. Cultivar implica asumir ese riesgo”.
En Argentina, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes establece que quien comercializa cannabis debe ser penado por narcotráfico. Entre los cultivadores realizan una distinción: “Para nosotros el narco es la persona que no le aporta a la comunidad, y solo vende, no le gustan las plantas. No se cuelga a hacer un gajito de algo que encontró por ahí. El narco no respeta la propiedad espiritual de la planta, solo le interesa su faceta comercial, solo vio el business”, argumenta el plantero.
A las nueve de la noche, el micro ya está listo para volver. El conductor de rastas se sienta al volante y los pasajeros se acomodan. Antes de arrancar aparece Puro Humo agitando una cesta llena de golosinas que irá repartiendo para endulzar el viaje de regreso a la otra realidad.
Dic 29, 2015 | Entrevistas
2929“Nadie puede ignorar que todos somos usuarios de tóxicos -legales o prohibidos- capaces de alterar la consciencia y que no por consumirlos nos convertimos en dependientes, ya que solo una minoría con determinadas características de personalidad pasa del uso al abuso y de allí a la dependencia”, afirma el jurista Eugenio Zaffaroni en el prólogo al libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas, publicado en junio de este año por Editorial Debate. A lo largo de 320 páginas, el autor volcó los resultados de sus investigaciones como periodista de Página/12 y editor de la revista THC, además de la información que recogió en sus viajes por España, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, seis países que regularon el consumo de drogas que aquí se consideran ilegales.
“El objetivo de la investigación era ver qué había en el mundo por fuera del discurso de la prohibición. Cuando me lo planteé, empecé a revisar los países en donde hay experiencias distintas”, explica Ruchansky.
Según cuenta en su libro, la política prohibicionista tiene su origen en 1961, con la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo se establece la necesidad de prevenir el “uso indebido de estupefacientes”. “La Convención elige prohibir algunas drogas, no todas –subraya el periodista-. Es la expresión de una clara pelea norte/sur. El norte, es decir los países europeos y los Estados Unidos que tenía industrias farmacéuticas prohíbe algunas plantas: la adormidera, el opio, el cannabis y la hoja de coca. Los países productores son los castigados y sin embargo se guarda cierta permisividad para fabricar medicamentos a partir del opio. No nos quedaremos sin morfina y no nos vamos a quedar sin opioides porque son básicos y necesarios para lamedicina. Pero sí vamos a castigar y perseguir a los cultivadores de opio en Asia.”
¿Cuáles son los costos políticos de no adherir a esa Convención?
Casi todos los estados están adentro de la Convención. Todos creen que es más peligroso estar afuera. Imaginemos: si México la desconociera y permitiera que en su territorio pase toda la cocaína y la metanfetamina que está pasando en este momento, probablemente tendría una invasión extranjera. Además, es casi impensable porque las convenciones, tanto las de derechos humanos como las de drogas, son de las primeras que salieron de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy son casi parte del sentido común. Lo que nosotros buscamos es romper con ese sentido común que dictamina: “Las drogas son malas, a los traficantes hay que meterlos presos y a los consumidores también; o si no meterlos adentro de un hospital”. Nadie va a admitir que existen las drogas y que la gente las consume. Por eso el título del libro, Un mundo con drogas. En una sesión especial de Naciones Unidas se dijo: “Un mundo sin drogas, podemos hacerlo”. Ese fue un eslogan fortísimo. ¿Pero qué drogas? Las aspirinas están, el Prozac está, los ansiolíticos están. A esas drogas no las tocan y a la vez la gente no tiene, en el caso del cannabis por ejemplo, el derecho a tener su propio cultivo para sí mismo, un sistema de autonomía.
Un mundo con drogas apuró su salida para estar en la calle antes de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar en Nueva York en 2016. En ella se debatirán las políticas globales acerca del consumo de estupefacientes. El cónclave –que originalmente iba a tener lugar en 2019- fue solicitado por los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que analizan rever las políticas actuales. El libro relata distintas formas de regulación no prohibicionista del consumo de drogas que desarrollaron diferentes países. Entre ellas aparecen los clubes de membresía en España, la regulación de la producción y distribución de cannabis en Uruguay, las prácticas de reducción de daños en Suiza, los coffee shops holandeses y las políticas en favor de la legalización de la hoja de coca en Bolivia.
¿Hubo avances en las políticas públicas argentinas para ir hacia un país con drogas?
El gran avance fue la Ley de Salud Mental y Adicciones, que reconoce que puede haber un padecimiento de salud en las personas que consumen sustancias y en ningún caso esas personas pueden ser arrestadas. Argentina ni siquiera regula el consumo de hoja de coca que hay en el norte del país. Permite la venta pero no la importación. Ese es un cambio que Argentina podría hacer y que figura en el proyecto del nuevo Código Penal que dirigió Zaffaroni: se blanquea la situación y se permite la importación. Argentina tiene un grave problema con eso. Todavía se ven las fotos de la Gendarmería que secuestran hojas de coca y todos sabemos que esa cantidad no sirve para hacer cocaína porque es muy poca, que está destinada al coqueo. No se le reconoce a las personas del norte su uso central en la vida cotidiana.
¿Se puede establecer un orden de prioridad de políticas a implementar entre las que permiten el uso recreativo, terapéutico o sustitutivo del consumo de drogas ilegales?
Son muchas políticas distintas. Lo primero es la regulación, porque el principal problema hoy no es médico. Según cifras oficiales, hay más de 60 mil muertos en la supuesta guerra del narcotráfico en México. Digo “supuesta” porque sostengo que la guerra de drogas no es una guerra que se quiera ganar: se quiere sostener el status quo. Mujica lo dijo perfectamente: “Peor que la droga es el narcotráfico”. Hay que aplacar esa violencia que genera el tráfico ilegal, que está cobrándose muchísimas más muertes. Para la ONU, mueren 200 mil personas al año por sustancias, pero no aclara si incluye al alcohol. No vamos a saber si esas personas mueren porque la droga es de muy mala calidad o por falta de información, como pasó hace poco en la Costa con un chico que mezcló éxtasis con alcohol. La regulación de las sustancias permitiría una mejor calidad de vida y más información para esas personas. Seguramente no todo se pueda regular, nadie plantea hacerlo para el paco o la pasta base. Lo que también hay que pensar, y eso está muy claro en los conceptos de Antonio Escohotado, es el concepto de los sucedáneos: vos cambias una molécula en una droga y termina siendo legal porque no está en las convenciones. Entonces, las drogas se van degradando todo el tiempo y eso también tiene costo en vidas humanas. La regulación permitiría, al menos, fijar ciertos estándares en algunas sustancias.
En la Argentina, ¿hay políticos que aboguen por la regulación?
Esa es una cuestión increíble, porque en este país los cuadros técnicos están a favor. Por ejemplo, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, está a favor de regular el cannabis. Juan Carlos Molina, antes de irse de la SEDRONAR, presentó proyectos de despenalización que nunca fueron atendidos en la Cámara de Diputados. Uno de esos proyectos planteaba las cantidades mínimas de marihuana, de cocaína, que podrían estar permitidas. Los cuadros técnicos, los que saben y se han informado, están mostrando ese camino, o el de la reducción de daños, como en el caso de Molina. El nuevo secretario de la SEDRONAR, Gabriel Lerner, que habló hace unos días en el Congreso, también está en esa línea. El problema es político, no científico. Nadie quiere avanzar porque supuestamente hay un costo político vinculado a la relación entre droga y delincuencia. Cualquier tipo de avance y regulación sería, para muchos, favorecer la delincuencia. El que consume automáticamente se transforma en un delincuente porque ha consumido una droga ilegal.
¿Qué intereses hay detrás de las políticas prohibicionistas?
El trasfondo es esta relación norte/sur, donde los países más pobres terminan pagando los platos rotos por la supuesta ola de adicción que habría en los Estados Unidos con el opio. Pero en los números finos no es un problema sanitario grande. Nunca lo fue. Es un problema creado y también lo es el narcotráfico. La hoja de coca no es nada si no hubiera solventes y una industria química que extrajera la cocaína de ahí. Y ese solvente y esa industria química no están en Bolivia ni en Perú ni en Colombia. Si los agentes internacionales están tan preocupados por ese tema, es porque si llega a funcionar la regulación de cannabis a nivel mundial, todo el sistema entra en crisis. Un primer paso es la regulación de la droga ilegal más consumida en el mundo que es el cannabis. Esa medida permitiría bajar los niveles de violencia en México, porque este país sigue siendo un gran exportador. Después, habría que pensar qué hacer con la cocaína y qué hacer con el LSD, etcétera. Tras el cannabis, que es la droga más consumida, hay que pensar en las que más daños hacen: como evitar o reeducar la demanda.
Otro de los aspectos fundamentales de la política de regulación que propone Ruchansky implica un cambio de mentalidad acerca de los efectos del uso de drogas ilegales: “El consumo es privado, yo no creo que mejore ni empeore a nadie”, afirma el periodista. “Distinto es en el caso de algunas enfermedades relacionadas con la adicción, como por ejemplo el alcoholismo o los heroinómanos. Se puede llegar a tener una enfermedad, pero no todo el mundo la padece. También tiene que ver con el contexto en que se consumen las drogas. Esto queda muy claro en el caso de Suiza: no es lo mismo ir a buscar una dosis de heroína a un centro de salud, inyectársela en ese lugar y seguir tu vida, que tratar de conseguirla en la calle e inyectártela en un baño público. Son dos percepciones muy distintas de lo que estás haciendo. La sustancia puede llegar a ser la misma, aunque tampoco lo es porque en el caso del programa Heroína por Heroína, se reemplaza la droga que se consigue en la calle por la farmacéutica. Me parece que todos los modelos políticos y también las religiones tienen esta cuestión de satanizar el uso de sustancias sin entender que se trata de algo privado”.
¿El libro ya se encuentra editado en otros países?
Entiendo que está en Uruguay y creo que va a estar en otros países latinoamericanos. Estoy muy interesado en que el libro viaje, para que en muchos lugares se pueda pensar, reclamar y ver que se pueden hacer cosas distintas.
Según explica el autor, uno de los propósitos de la investigación es brindar información concreta acerca de las drogas y sus usos. “Este libro devela algo que se quiso ocultar. El Proyecto Cocaína de la OMS existió. Pero Estados Unidos a través de sus representantes logró que nunca se publicara”. Ruchansky dedica un sub-capítulo del libro, a este estudio de la Organización Mundial de la Salud cuya recomendación más importante es que se investigue las ventajas nutritivas y terapéuticas de la hoja de coca. También aconseja rever las políticas represivas de los estados con respecto a esta droga. El informe nunca fue divulgado oficialmente debido a la presión ejercida por Washington.
Ruchansky ahora está comenzando a trabajar en un blog que reúna la documentación que se utilizó para el libro: “Me interesa que otras personas que investigan puedan tener acceso a ese material y que no exista la mediación del libro. Lo político es dar información”, sentencia.
Jul 21, 2015 | destacadas
Convocado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella se realizó el primer seminario internacional “Drogas: de la prohibición a la regulación”, con el objetivo de pensar y reflexionar acerca de nuevas políticas sobre el tema que recuperen el marco de los derechos humanos. Las dos jornadas, los días 20 y 21 de julio, contaron con asesores, investigadores y representantes de distintas organizaciones y organismos internacionales, como la ONU, la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y universidades latinoamericanas y europeas.
Durante la jornada inaugural, Horacio Verbitsky y Juan Gabriel Tokatlian, presidente del CELS y director del Departamento de Ciencia Política de la UTDT respectivamente, coincidieron en la necesidad de un cambio de paradigma en lo que respecta a las políticas de drogas. “Tal como ocurre con algunas políticas económicas del neoliberalismo, cuando se percibe su escaso resultado, no se pone en revisión el paradigma que las justifica sino que se atribuye a una insuficiencia de rigor, de perseverancia o de fuerza suficiente en su aplicación, y el fracaso, lejos de debilitar el paradigma, lo fortalece”, refirió Verbitsky.
Hay sobrados justificativos para dejar de pensar dichas políticas dentro del slogan “guerra contra las drogas”. Formulado por los Estados Unidos en la década del 60, cuando el expresidente Richard Nixon estaba en el poder, ese paradigma “sirvió para justificar otro tipo de políticas, como la lucha anti subversiva en América Latina”, precisó Verbitsky. A su vez, ese modo bélico de encarar la cuestión parte de una “demonización de la sustancia”, según agregó el presidente del CELS, construcción mediante la cual “todos los males son colocados en ese fetiche y no hay reflexión sobre las relaciones sociales que implican la producción, el tráfico y el consumo”.
A pesar de que el prohibicionismo sigue siendo una constante a nivel global, Tokatlian señaló que “estamos frente a un cambio en materia de políticas de drogas pero debemos precisar qué tipo de cambio se está dando y cuáles son sus alcances”. Por poner algunos ejemplos, tanto China, Estados Unidos, Rusia como aquellos países emergentes persisten -con sus variantes- en un régimen de tipo prohibicionista. Aunque Tokatlian avizora una transformación paulatina de ciertas reglas a nivel mundial, rescató el debate y las discusiones en América Latina como aquellas más propositivas y fructíferas en el contexto mundial actual.
La regulación se reivindica como la posibilidad de dejar atrás al prohibicionismo, tal como sugiere el título del seminario. Esta alternativa, si bien no fue explayada minuciosamente, debe, en palabras de Tokatlian, “introducir muy intensamente la cuestión de que la regulación también tiene bases éticas para sustentarse, que requiere de un debate que rescate valores como la autonomía de las personas, la justicia, el bienestar, la protección del ciudadano. Hay un discurso ético posible sobre la regulación.”
En las breves exposiciones que inauguraron el seminario se describió el impacto de las actuales políticas de drogas en el mundo, con especial hincapié en la situación estructural de América Latina y el fracaso y los límites del paradigma de “guerra contra las drogas”. La crítica se centró, en particular, en aquellas políticas referidas al punitivismo y la penalización del uso y consumo. “Las consecuencias del prohibicionismo de atacar la oferta ha sido devastador para América Latina y creo que esta región es quien debe levantar las voces en contra de este paradigma y generar una discusión sobre otras formas de encarar la cuestión de las drogas”, afirmó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.
Un punto que atravesó las exposiciones, no sin un enfoque crítico, fue la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), convocada especialmente para tratar el problema de las drogas a nivel global. UNGASS 2016 -a realizarse en Nueva York- será un espacio pertinente para poder plantear y consolidar un cambio real en las políticas de drogas en el marco de los derechos humanos o podrá convertirse en un mero cambio de vestiduras del prohibicionismo, bajo el influjo político conservador de los Estados Unidos.
Abr 8, 2015 | inicio
En el marco de los 20 años del plan más importante por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Acción Beijing de ONU Mujeres), 164 países presentaron sus informes nacionales detallando avances, retrocesos y tareas.
En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo aún se presenta como una de las causas principales de mortalidad materna y adolescente. En el apartado La mujer y la Salud se menciona que sólo en 2010 representaban el 21% de las defunciones registradas.
Empero, la problemática “no está en la agenda del gobierno”, según anunció el jefe de gabinete Aníbal Fernández, contradiciendo al nuevo ministro de Salud Daniel Gollán, quien se había pronunciado a favor de un debate maduro sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde 1921 -e incorporado para regular los “delitos contra la vida”-, rige en el país la penalización del aborto con permisos por razones de salud de la mujer. El artículo 86 del código penal explicita que excepto en casos de violación sobre una mujer idiota o demente (abortos sentimentales), o bien cuando corre peligro la vida de la madre (abortos terapéuticos), la interrupción voluntaria del embarazo es un delito con pena de uno a cuatro años de cárcel.
Este tipo de legislación, que opera en países como España, Polonia y Perú, comprende al 13,2% de la población actual.
Pero en estos casos la ley no siempre se cumple. Uno de los principales obstáculos es la organización de la República como un Estado Federal: “Cada provincia tiene sus propias guías o protocolos y así a las mujeres que requieren un aborto legal en una provincia les piden ciertos requisitos que no les piden en otras, siendo éstos, obstáculos para acceder a su derecho de manera igualitaria. Lamentablemente, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reiteró en marzo de 2012, el Ministerio de Salud no ha aprobado el protocolo por resolución ministerial de modo que se garantice su aplicación en todo el país. En este momento solo ocho provincias se adecuaron”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), refiriendo al histórico fallo «F.A.L. s/medida autosatisfactiva», el cual exhorta a todas las provincias a cumplir el protocolo hospitalario sobre abortos no punibles especificados en el código penal. De esta forma, aún se trabaja con guías técnicas inexistentes o restrictivas que están sujetas a otro factor de impedimento: la voluntad y el abuso de poder de los objetores de conciencia personificados en jueces, abogados y médicos que no solo se niegan a brindar la información necesaria sino que imponen su moral y creencias religiosas para obstaculizar y retrasar el proceso avalado por la ley.
Consecuencia directa del manejo libertino de las provincias y la punibilidad de los abortos inducidos -que los llevan a convertirse en inseguros y clandestinos- son los pronunciamientos en contra de la Argentina por parte de distintos organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, quienes consideran que el artículo 86 vulnera los derechos de las mujeres por atentar contra la vida, la salud, la seguridad y la autonomía. Otro llamado de atención provino a fines del mes de febrero desde Amnistía Internacional, organización mundial que solicitó en una carta abierta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner -quién más de una vez se manifestó en contra del aborto- que el tema se tratase con suma urgencia en la Cámara de Diputados al ser su despenalización un “imperativo de derechos humanos”.
Aún así, el debate no logra imponerse en el Congreso: “El problema es la falta de voluntad política de funcionarios que responden a sectores resistentes, religiosos o no. La sociedad desde hace años empezó a debatir el tema y lo hizo como resultado de una estrategia de las ONG y feministas que promovieron la denuncia de casos denegados con graves consecuencias para las mujeres”, comenta Bianco. La organización que preside -creada en 1989- informa en sus últimos documentos que la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos en la República Argentina se encuentra en aumento desde 1995.
Parte fundamental de esta estrategia colectiva es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, movimiento activo desde 2005 en el cual convergen más de 300 organizaciones sociales, activistas y militantes. Agustina Vidales Agüero, integrante, comenta sobre sus múltiples iniciativas: “Nosotras ponemos toda la lucha y la fuerza en las calles, en todos los ámbitos y espacios pero eso sirve para meter presión y que se debata en donde se tiene que debatir, en el Congreso. Hace un tiempo los medios y los periodistas no hablaban de esto pero hoy es un tema que importa, que está en la agenda de la sociedad”.
Con un único objetivo, y partiendo desde su lema integral “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, La Campaña desarrolló un proyecto de ley compuesto por 12 artículos.
Antecedentes de este tipo, no existen. En la actualidad -y en materia de salud y libertad reproductiva-, Argentina cuenta con dos leyes nacionales: el programa nacional de salud sexual y procreación responsable (25.673), y el programa nacional de educación sexual integral, parte de la enseñanza escolar (26.150).
Sin embargo, ninguna de las dos parece funcionar con la eficacia esperada: “El presupuesto para educación sexual es ínfimo. Es voluntad de los docentes capacitarse”, sentencia Vidales Agüero. “Ni hablar, por ejemplo, del reparto de métodos anticonceptivos… Esas son leyes que tenemos pero por las que seguimos luchando, porque necesitamos educación sexual para tener relaciones más igualitarias, anticonceptivos para decidir cuándo queremos y cuándo no… Pero la ley de interrupción voluntaria tiene que estar. Tenemos que poder decidir sobre nuestros propios cuerpos”, explica.
En vías de ampliar el poder de elección de todas las mujeres, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no apunta sólo a la despenalización sino también a su legalización. No considerar delito a las prácticas abortivas no es suficiente. Se busca que el Estado garantice el acceso a la práctica gratuita de la intervención médica en los sistemas de salud público y privado, sin autorización judicial previa a las mujeres de todas las clases sociales durante los primeras doce semanas de gestación: “Es una cuestión de justicia social que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de cuidar su vida y su salud”, opina Bianco y agrega que “las que mueren por abortos clandestinos son en general las más pobres. Las que pueden pagar una intervención segura o recurrir a apoyos para lograr un aborto seguro quirúrgico o medicamentoso lo hacen sin problema, el resto arriesga nada menos que su vida”.
Pero si bien el proyecto cuenta con el apoyo de un gran número de diputados, la pelea es abandonada en los momentos clave de discusión: “En estos diez años llegamos dos veces a que se trate en Legislación Penal, la primera comisión. Pero nunca llegamos a Salud y a Familia. Nunca pasamos de ahí”, cuenta Vidales Agüero. La propuesta fue presentada -y cajoneada- ya cinco veces. “Hay firmantes de todos los bloques que luchan dentro de sus espacios pero eso no se traduce en un avance. La última vez fue un bochorno”, relata sobre lo acontecido el 4 de noviembre de 2014. Ese día hubo muchos diputados ausentes. Nos llevaron a un debate en una comisión que no se daba. Algunos se excusaron pero claramente hubo un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo. Parece que firmar el proyecto es un gesto políticamente correcto que hay que hacer. Me pongo el pañuelo, me saco la foto y ahí se acabó, cuando esa palabra debe valer. Están tomando un compromiso con un montón de mujeres, organizaciones y activistas que estamos luchando todos los días para que este proyecto salga”, critica.
Mientras tanto, entre idas y vueltas, con declaraciones que van y respuestas que vienen, miles de mujeres siguen abortando, lo cual demuestra que el intento de invisibilización y castigo no detiene lo que sucede puertas para adentro de una casa o centro clandestino: “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo lo hará de cualquier forma. Que el aborto esté penalizado por la ley no desalienta ni disuade a hacerlo. Por lo tanto la criminalización es una medida absolutamente ineficaz. Sólo sirve para obligar a las mujeres a hacerlo en condiciones inseguras e insalubres”, explica Mabel Bianco.
Esas condiciones son las mismas que, muchas veces, matan. Muertes que el proyecto busca evitar: “Porque no importa si son miles de mujeres las que mueren o menos de cien”, enfatiza Agustina y luego, cuestiona: “Si hay leyes que salen como trámites… ¿por qué tanta resistencia con esta? ¿Es darnos demasiada libertad? Es una pelea dura. Pero justamente por eso hay que darla”, cierra.
El próximo round será en 2016.
Las fotografías fueron realizadas por el equipo de reporteros gráficos de ANCCOM integrado por: Romina Morua – Noelia Pirsic – Deborah Valado – Andrés Wittib – Daniela Yechúa
