La periodista Adriana Meyer, autora del libro «Desaparecidos en democracia», analiza la violencia institucional. Desde la asunción de Raúl Alfonsín, hubo 218 casos de personas sobre las que no se supo más sobre su paradero y las fuerzas del Estado son sospechosas.  Entrevista publicada el 5 de abril de 2022.

Al momento de la publicación del libro Desaparecer en democracia, en septiembre de 2021, eran 218 las víctimas de desaparición forzada en todo el país desde la vuelta de la institucionalidad al país, una lista que se inauguró solo 14 días después de la asunción de Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983. Algunas historias tuvieron repercusión mediática, entre ellas, las de Natalia Melmann, Marita Verón, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro; otras,  como las de Paola Andrea Caruso y Nicolás Escobar, pasaron casi inadvertidas. La autora del volumen publicado por Marea, la periodista y docente Adriana Meyer, recorre  todos los casos registrados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y analiza en profundidad el entramado de esta problemática.

¿Qué la motivó a escribir el libro?

Con los casos de Luis Espinoza y Facundo Astudillo, quienes perdieron la vida con la excusa del cuidado en pleno ASPO, sentí que algo fallaba y me surgió la necesidad de escribir este libro, por ellos y por todas las personas desaparecidas en democracia.

De acuerdo a su análisis de las desapariciones forzadas a lo largo de estos casi 40 años de gobiernos constitucionales, ¿qué diferencias y similitudes encontró entre las desapariciones de la dictadura y las cometidas en democracia?

La desaparición forzada en democracia no tiene sistematicidad en el sentido estrictamente cuantitativo, es decir que el número de víctimas es mucho menor: hasta el momento se han registrado alrededor de 218 casos, mientras que la última dictadura dejó 30.000. Con el período constitucional abierto en 1983, los secuestros pasaron a ser más ocultos, probablemente porque la sociedad no lo toleraría, a diferencia de lo que ocurrió en manos del terrorismo de Estado. Ahora bien, este delito es sistemático en cuanto a la metodología que utiliza, que es muy similar a la de la dictadura: los golpes, las torturas y los asesinatos. En las comisarías es cotidiano encontrar a la policía torturando pibes y a un porcentaje de ellos los desaparecen porque “se les fue la mano”. 

¿Por qué sostiene que “las desapariciones en democracia no reconocen grieta ideológica o partidaria”?

No se puede pensar la desaparición forzada simplemente como un hecho aislado. Se trata de un delito complejo sostenido por una política estatal represiva que es común a todos los gobiernos, no hay diferencias ideológicas. Recuerdo que en la tercera marcha por Santiago Maldonado en Plaza de Mayo, Norita Cortiñas me hizo abrir los ojos cuando dijo: “En todos los gobiernos hubo desaparecidos, que cada uno se haga cargo”. Si observamos los números, cada administración tuvo una cantidad de desaparecidos proporcional al tiempo que estuvo en el poder.

¿De qué se trata esa política estatal represiva?

El Estado es parte del delito de desaparición forzada con los múltiples recursos que utiliza para dificultar que se puedan esclarecer los casos. Me refiero a una cadena de encubrimientos de todo el aparato estatal: el policía mata y desaparece el cuerpo porque sabe que tiene al fiscal que lo va a encubrir y al juez que le va a permitir participar de las primeras investigaciones, en lugar de apartarlo inmediatamente. Es lo que hicieron el magistrado Alberto Baños y el fiscal Santiago Vismara en la desaparición de Arshak Karhanyan, cuando dispusieron la intervención de la Policía de la Ciudad en las pesquisas iniciales. Lo mismo ocurrió cuando el fiscal (Nota de la r: Santiago Ulpiano Martínez) dejó que la Bonaerense realizara toda la primera parte de la instrucción durante la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.

¿No es una irregularidad que una fuerza de seguridad investigue un caso en el cual se encuentra sospechada?

Exacto. El Artículo 194 bis, incorporado al Código Penal de la Nación por la Ley 26.679 de Delitos contra la Libertad, sancionada y promulgada en 2011, que tipificó el delito de desaparición forzada, establece expresamente que “el juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha”. Por otra parte, existe una acordada de la Corte Suprema que prohíbe taxativamente a La Bonaerense investigar delitos cuando ella es sospechosa.

¿Cómo sigue la cadena de encubrimientos?

El otro eslabón de la cadena de encubrimientos son los forenses y las morgues. Lo pudimos observar cuando el médico Gustavo Lafourcade, que le realizó la primera autopsia a Florencia Magalí Morales,  no informó sobre las múltiples lesiones que presentaba el cuerpo y que podían revelar las torturas a las que había sido sometida. También cuando el fallecido forense José Patitó estimó que Luciano Arruga tenía entre 25 y 35 años, antes de que lo sepultaran como NN en el cementerio de Chacarita. Pero el pibe tenía 16 años. Entonces, ¿cómo lo iban a encontrar? Por si fuera poco, no mencionó la rotura de costillas, que era la prueba de que había sido torturado antes de su desaparición. Las morgues judiciales son un agujero negro donde el encubrimiento no es una excepción, sino la regla, por eso se repiten tanto estos casos. Como dijo la experta Virginia Creimer: “Cuando entra un NN, un pibe pobre, no miran el cuerpo destrozado, lo dejan pasar de largo”.

¿Qué casos le impactaron especialmente?

El caso de Alejandrito Flores, de 5 años, desaparecido el 16 de marzo de 1991 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. El nene le había pedido a su mamá, Rosa Arias, ir a ver la televisión a casa de una tía que vivía cerca y al cruzar la calle lo atropelló un patrullero. Los agentes, en lugar de llevarlo a un hospital y buscar a la familia, tomaron el cuerpo y acudieron a unas enfermeras amigas, quienes intentaron reanimarlo pero no pudieron. Alejandro murió y los policías decidieron desaparecerlo. Rosa lo buscó por mucho tiempo, se contactó con la Correpi e incluso fue al programa ‘Gente que busca gente’. Los restos óseos del chiquito aparecieron, 17 años después, en una alcantarilla ubicada a 300 metros del lugar de los hechos, gracias a un verdulero que los encontró de casualidad. Otra historia terrible es la de los hermanos Gorosito en la ciudad entrerriana de Paraná. A Elías Gorosito, de 20 años, la policía lo subió a un patrullero el 13 de febrero de 2002 y desde entonces no se sabe nada de él. Elías corresponde al 30% de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. Lionel murió en 1996 bajo custodia policial pero quisieron instalar la versión del suicidio. Por su parte, Jonathan fue detenido en 2002 por estar “borracho” y apareció muerto en una comisaría. Estamos hablando de toda una familia víctima de violencia institucional a la que el Estado no le debe una respuesta, sino tres. Un año y medio después, también en la provincia de Entre Ríos, la policía detuvo a Víctor Balbuena, de 20 años, y a sus amigos a la salida de una bailanta de la ciudad de Concordia. En la comisaría los golpearon y torturaron por horas, y luego decidieron tirarlos en un arroyo. Balbuena murió, pero los otros pibes sobrevivieron y lograron correr hasta encontrar a una vecina, ella los ayudó y pudieron hacer la denuncia. En uno de los peritajes realizados, encontraron un pelo de Víctor en el baúl del patrullero, lo que complicó la situación de los policías. Es uno de los pocos casos de desaparición forzada donde los responsables fueron llevados a juicio y sentenciados a prisión perpetua. En su defensa, los acusados dijeron: “OK, cometimos ese error, pero nuestros superiores hacen cosas peores”.

¿Qué podría decir de la violencia institucional durante la cuarentena?

Dos investigadores del CONICET publicaron un artículo optimista que hablaba de la “policía del cuidado”, pero los hechos demostraron que esa policía no existe. De las 411 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, el 70% ocurrieron en la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO)). Esta cifra evidenció que un objetivo noble terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para el empoderamiento de las fuerzas represivas, cuyo resultado fue un número exponencialmente alto de muertes y de todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo son reguladas las facultades policiales?

Existen normativas de orden supralegal y disposiciones de los organismos internacionales que tienen el objetivo de prevenir las detenciones arbitrarias, que son el paso previo a las torturas y las muertes en las comisarías. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado por el caso de Walter David Bulacio, ordenándole derogar todas las normativas policiales que permiten estas prácticas abusivas, pero no se cumplió. Aún existen leyes y normas de menor jerarquía, utilizadas con frecuencia por los agentes, que generan las condiciones para las aprehensiones arbitrarias y el hostigamiento. Tal es el caso de las reglas de la Policía Federal, que datan de 1955 y 1979, y el Estatuto de la Policía Bonaerense, de la época de Ramón Camps. Hoy, se pueden llevar a un pibe si así lo deciden, por la cara, por no tener documentos, por sospechas. Si eso no cambia, van a seguir habiendo desaparecidos.

¿Sirvieron las iniciativas de León Arslanián, exministro de Seguridad bonaerense?

Las purgas que hizo  en la Bonaerense no fueron muy eficaces. Cuando anunció que iban a echar agentes, ese mismo día recibió llamados de casi 50 intendentes del Conurbano. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el poder político necesitaba a esa policía. Sinceremos el debate: ¿A quién le sirve este sistema que se carga a jóvenes? ¿Qué mensaje da en los barrios que un pibe que se niega a robar para la policía, termine muerto o desaparecido? Estamos hablando de una fuerza corrupta desde antes de la dictadura. Rodolfo Walsh llamaba a La Bonaerense como la policía del “gatillo fácil” y la “mano en la lata”.

¿Las desapariciones en democracia están en la agenda política?

La izquierda siempre la tuvo en cuenta y actualmente el gobierno nacional también está teniendo una actitud positiva. En febrero pasado, cuando se cumplieron tres años de la desaparición de Arshak Karhanyan, Alberto Fernández y los diputados del Frente de Todos, Victoria Montenegro y Leandro Santoro, visitaron a Vardush Datyvian, la mamá del joven. Ella les agradeció el gesto porque sirvió para visibilizar el caso, pero aún no ha logrado que la reciba Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando usted afirma que “desaparecen personas porque pueden”, ¿qué piensa que hace falta para cambiar esta situación?

Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y algunos políticos están luchando contra la impunidad del poder del aparato estatal. Teniendo en cuenta esto, hay que reconocer que tenemos una enorme deuda en materia legislativa, necesitamos una ley integral contra la violencia institucional. En cuanto a las morgues, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) plantean la necesidad de crear un registro nacional de personas fallecidas sin identificar y un banco nacional de datos de personas desaparecidas, así como la unificación en todo el país del sistema de procesamiento y protocolos para recolectar esa información.

La periodista Adriana Meyer, autora del libro «Desaparecidos en democracia», analiza la violencia institucional. Desde la asunción de Raúl Alfonsín, hubo 218 casos de personas sobre las que no se supo más sobre su paradero y las fuerzas del Estado son sospechosas.

Al momento de la publicación del libro Desaparecer en democracia, en septiembre de 2021, eran 218 las víctimas de desaparición forzada en todo el país desde la vuelta de la institucionalidad al país, una lista que se inauguró solo 14 días después de la asunción de Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983. Algunas historias tuvieron repercusión mediática, entre ellas, las de Natalia Melmann, Marita Verón, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro; otras,  como las de Paola Andrea Caruso y Nicolás Escobar, pasaron casi inadvertidas. La autora del volumen publicado por Marea, la periodista y docente Adriana Meyer, recorre  todos los casos registrados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y analiza en profundidad el entramado de esta problemática.

¿Qué la motivó a escribir el libro?

Con los casos de Luis Espinoza y Facundo Astudillo, quienes perdieron la vida con la excusa del cuidado en pleno ASPO, sentí que algo fallaba y me surgió la necesidad de escribir este libro, por ellos y por todas las personas desaparecidas en democracia.

De acuerdo a su análisis de las desapariciones forzadas a lo largo de estos casi 40 años de gobiernos constitucionales, ¿qué diferencias y similitudes encontró entre las desapariciones de la dictadura y las cometidas en democracia?

La desaparición forzada en democracia no tiene sistematicidad en el sentido estrictamente cuantitativo, es decir que el número de víctimas es mucho menor: hasta el momento se han registrado alrededor de 218 casos, mientras que la última dictadura dejó 30.000. Con el período constitucional abierto en 1983, los secuestros pasaron a ser más ocultos, probablemente porque la sociedad no lo toleraría, a diferencia de lo que ocurrió en manos del terrorismo de Estado. Ahora bien, este delito es sistemático en cuanto a la metodología que utiliza, que es muy similar a la de la dictadura: los golpes, las torturas y los asesinatos. En las comisarías es cotidiano encontrar a la policía torturando pibes y a un porcentaje de ellos los desaparecen porque “se les fue la mano”. 

¿Por qué sostiene que “las desapariciones en democracia no reconocen grieta ideológica o partidaria”?

No se puede pensar la desaparición forzada simplemente como un hecho aislado. Se trata de un delito complejo sostenido por una política estatal represiva que es común a todos los gobiernos, no hay diferencias ideológicas. Recuerdo que en la tercera marcha por Santiago Maldonado en Plaza de Mayo, Norita Cortiñas me hizo abrir los ojos cuando dijo: “En todos los gobiernos hubo desaparecidos, que cada uno se haga cargo”. Si observamos los números, cada administración tuvo una cantidad de desaparecidos proporcional al tiempo que estuvo en el poder.

¿De qué se trata esa política estatal represiva?

El Estado es parte del delito de desaparición forzada con los múltiples recursos que utiliza para dificultar que se puedan esclarecer los casos. Me refiero a una cadena de encubrimientos de todo el aparato estatal: el policía mata y desaparece el cuerpo porque sabe que tiene al fiscal que lo va a encubrir y al juez que le va a permitir participar de las primeras investigaciones, en lugar de apartarlo inmediatamente. Es lo que hicieron el magistrado Alberto Baños y el fiscal Santiago Vismara en la desaparición de Arshak Karhanyan, cuando dispusieron la intervención de la Policía de la Ciudad en las pesquisas iniciales. Lo mismo ocurrió cuando el fiscal (Nota de la r: Santiago Ulpiano Martínez) dejó que la Bonaerense realizara toda la primera parte de la instrucción durante la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.

¿No es una irregularidad que una fuerza de seguridad investigue un caso en el cual se encuentra sospechada?

Exacto. El Artículo 194 bis, incorporado al Código Penal de la Nación por la Ley 26.679 de Delitos contra la Libertad, sancionada y promulgada en 2011, que tipificó el delito de desaparición forzada, establece expresamente que “el juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha”. Por otra parte, existe una acordada de la Corte Suprema que prohíbe taxativamente a La Bonaerense investigar delitos cuando ella es sospechosa.

¿Cómo sigue la cadena de encubrimientos?

El otro eslabón de la cadena de encubrimientos son los forenses y las morgues. Lo pudimos observar cuando el médico Gustavo Lafourcade, que le realizó la primera autopsia a Florencia Magalí Morales,  no informó sobre las múltiples lesiones que presentaba el cuerpo y que podían revelar las torturas a las que había sido sometida. También cuando el fallecido forense José Patitó estimó que Luciano Arruga tenía entre 25 y 35 años, antes de que lo sepultaran como NN en el cementerio de Chacarita. Pero el pibe tenía 16 años. Entonces, ¿cómo lo iban a encontrar? Por si fuera poco, no mencionó la rotura de costillas, que era la prueba de que había sido torturado antes de su desaparición. Las morgues judiciales son un agujero negro donde el encubrimiento no es una excepción, sino la regla, por eso se repiten tanto estos casos. Como dijo la experta Virginia Creimer: “Cuando entra un NN, un pibe pobre, no miran el cuerpo destrozado, lo dejan pasar de largo”.

¿Qué casos le impactaron especialmente?

El caso de Alejandrito Flores, de 5 años, desaparecido el 16 de marzo de 1991 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. El nene le había pedido a su mamá, Rosa Arias, ir a ver la televisión a casa de una tía que vivía cerca y al cruzar la calle lo atropelló un patrullero. Los agentes, en lugar de llevarlo a un hospital y buscar a la familia, tomaron el cuerpo y acudieron a unas enfermeras amigas, quienes intentaron reanimarlo pero no pudieron. Alejandro murió y los policías decidieron desaparecerlo. Rosa lo buscó por mucho tiempo, se contactó con la Correpi e incluso fue al programa ‘Gente que busca gente’. Los restos óseos del chiquito aparecieron, 17 años después, en una alcantarilla ubicada a 300 metros del lugar de los hechos, gracias a un verdulero que los encontró de casualidad. Otra historia terrible es la de los hermanos Gorosito en la ciudad entrerriana de Paraná. A Elías Gorosito, de 20 años, la policía lo subió a un patrullero el 13 de febrero de 2002 y desde entonces no se sabe nada de él. Elías corresponde al 30% de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. Lionel murió en 1996 bajo custodia policial pero quisieron instalar la versión del suicidio. Por su parte, Jonathan fue detenido en 2002 por estar “borracho” y apareció muerto en una comisaría. Estamos hablando de toda una familia víctima de violencia institucional a la que el Estado no le debe una respuesta, sino tres. Un año y medio después, también en la provincia de Entre Ríos, la policía detuvo a Víctor Balbuena, de 20 años, y a sus amigos a la salida de una bailanta de la ciudad de Concordia. En la comisaría los golpearon y torturaron por horas, y luego decidieron tirarlos en un arroyo. Balbuena murió, pero los otros pibes sobrevivieron y lograron correr hasta encontrar a una vecina, ella los ayudó y pudieron hacer la denuncia. En uno de los peritajes realizados, encontraron un pelo de Víctor en el baúl del patrullero, lo que complicó la situación de los policías. Es uno de los pocos casos de desaparición forzada donde los responsables fueron llevados a juicio y sentenciados a prisión perpetua. En su defensa, los acusados dijeron: “OK, cometimos ese error, pero nuestros superiores hacen cosas peores”.

¿Qué podría decir de la violencia institucional durante la cuarentena?

Dos investigadores del CONICET publicaron un artículo optimista que hablaba de la “policía del cuidado”, pero los hechos demostraron que esa policía no existe. De las 411 muertes a manos de las fuerzas de seguridad, el 70% ocurrieron en la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO)). Esta cifra evidenció que un objetivo noble terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para el empoderamiento de las fuerzas represivas, cuyo resultado fue un número exponencialmente alto de muertes y de todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo son reguladas las facultades policiales?

Existen normativas de orden supralegal y disposiciones de los organismos internacionales que tienen el objetivo de prevenir las detenciones arbitrarias, que son el paso previo a las torturas y las muertes en las comisarías. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado por el caso de Walter David Bulacio, ordenándole derogar todas las normativas policiales que permiten estas prácticas abusivas, pero no se cumplió. Aún existen leyes y normas de menor jerarquía, utilizadas con frecuencia por los agentes, que generan las condiciones para las aprehensiones arbitrarias y el hostigamiento. Tal es el caso de las reglas de la Policía Federal, que datan de 1955 y 1979, y el Estatuto de la Policía Bonaerense, de la época de Ramón Camps. Hoy, se pueden llevar a un pibe si así lo deciden, por la cara, por no tener documentos, por sospechas. Si eso no cambia, van a seguir habiendo desaparecidos.

¿Sirvieron las iniciativas de León Arslanián, exministro de Seguridad bonaerense?

Las purgas que hizo  en la Bonaerense no fueron muy eficaces. Cuando anunció que iban a echar agentes, ese mismo día recibió llamados de casi 50 intendentes del Conurbano. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el poder político necesitaba a esa policía. Sinceremos el debate: ¿A quién le sirve este sistema que se carga a jóvenes? ¿Qué mensaje da en los barrios que un pibe que se niega a robar para la policía, termine muerto o desaparecido? Estamos hablando de una fuerza corrupta desde antes de la dictadura. Rodolfo Walsh llamaba a La Bonaerense como la policía del “gatillo fácil” y la “mano en la lata”.

¿Las desapariciones en democracia están en la agenda política?

La izquierda siempre la tuvo en cuenta y actualmente el gobierno nacional también está teniendo una actitud positiva. En febrero pasado, cuando se cumplieron tres años de la desaparición de Arshak Karhanyan, Alberto Fernández y los diputados del Frente de Todos, Victoria Montenegro y Leandro Santoro, visitaron a Vardush Datyvian, la mamá del joven. Ella les agradeció el gesto porque sirvió para visibilizar el caso, pero aún no ha logrado que la reciba Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando usted afirma que “desaparecen personas porque pueden”, ¿qué piensa que hace falta para cambiar esta situación?

Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y algunos políticos están luchando contra la impunidad del poder del aparato estatal. Teniendo en cuenta esto, hay que reconocer que tenemos una enorme deuda en materia legislativa, necesitamos una ley integral contra la violencia institucional. En cuanto a las morgues, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) plantean la necesidad de crear un registro nacional de personas fallecidas sin identificar y un banco nacional de datos de personas desaparecidas, así como la unificación en todo el país del sistema de procesamiento y protocolos para recolectar esa información.