Santa resistencia

Santa resistencia

Más de cien familias, incluido un centenar de niños y niñas, evitaron el desalojo de la casa Santa Cruz, con 500 policías dispuestos a lograr su objetivo. Durante un día de lluvia tan intensa como las negociaciones con el juzgado y el Gobierno porteño, se abrió un compás de seis meses de conversaciones.

El ruido de las cornetas deja de escucharse para dar paso a un silencio inquietante. Tres hombres con portafolio en mano cruzan las vallas que desde la madrugada cercan la casa Santa Cruz, en Parque Patricios. 

-Cuiden nuestra casa y a nuestros niños- les ruega a los militantes en un grito Illiana Llanos. 

La joven de pelo violeta es la voz de las 107 familias que resisten dentro del edificio la amenaza de desalojo. Con decisión se planta para negociar con los recién llegados oficiales de la justicia. La acompañan Rosa Herrera, abogada de las familias e integrantes de la Defensoría de Menores. 

En un costado y envueltas en una frazada, tres vecinas aguardan apoyadas sobre la pared

-Está vez es peor que en 2019-  afirma una de ellas con la mirada clavada en centenares de policías que las rodean.

Detrás de las vallas todavía hay más de ellos, en sus motos y camiones, como si de enfrentar a un batallón se tratase, y no de un hogar de familias, con ancianos y niños. La vecina está cansada, como el resto de sus compañeros que se mantuvieron despiertos toda la noche. Otra vez, dependen de la decisión de un juez: Fernando Cesari. Su firma tiene el poder de activar la violencia de los monigotes de celeste en sus largas filas, provistos de escudos y cascos.

La ronda de negociación se aprieta. Brazos de periodistas empujan los brazos de abogadas que intentan llegar al centro, corren también los brazos de camarógrafos. Algunas caras de dirigentes conocidos se las arreglan para sumarse a la ronda. Hay militantes y dirigentes del Partido Obrero, la UTEP, el Frente Patria Grande, cooperativas, que colgaron sus banderas en las cercanías. Todos intentan escuchar a los representantes del juez. Es claro: quieren empezar hoy el desalojo, sea como sea. 

La conversación se tensa. Entre las palabras, el destino de 99 niños y niñas. «Dale que me cago de frío, debería estar en el colegio», grita uno que se asoma desde la terraza junto a sus compañeros.

Abajo se escucha en la ronda que «el derecho a una vivienda digna también está en la Constitución». Es el planteo de «la Doctora», como le dicen a Rosa los vecinos.

La ronda se desarma. Un funcionario de la Ciudad pide entre risas que le den espacio porque «está por tener un ataque de pánico».

-Illi, ¿Qué pasó?- le pregunta una vecina a la presidenta de la cooperativa Papa Francisco.

-Arreglamos crear una mesa de diálogo conjunto con Ciudad y Nación para plantear una solución habitacional transitoria y una definitiva. Tenemos que esperar el okey del juez.

Pasan las horas y el okey no llega. Son las 10 y media, y ya no hay rastros de los rayos de sol que más temprano calentaban las caras expectantes. Empieza una llovizna constante que ni capuchas, ni mantas, pueden combatir.

La mayoría de las familias permanece dentro del edificio. Una puerta de hierro negro sella la entrada para cualquiera. El chirrido de cacerolas persistentes contra la pared todavía se escucha. De acá no nos movemos, es la convicción que resuena en cada golpe para darse ánimo. Al lado, se armaron tres gazebos debajo de los cuales un vecino prepara café para calentarse. Jazmín se abriga con su buzo rosa y se resguarda del viento sentada en una reposera. Es de las pocas que están afuera y por un grupo de whatsapp se comunica con los que esperan dentro de los departamentos, entre ellos su hijo de 7 años.

«Vivo acá hace 17 años, vine de Perú con mí mamá cuando era muy chica.  En ese momento esto no tenía ni dueño, ni luz, ni cloacas», cuenta, y la voz se le torna grave cuando agrega que «desde 2010 un multimillonario compró el lugar con nosotros adentro». Habla del empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien les inició el juicio que lleva 13 años sin resolverse.

Dos vecinas reavivan el fuego que todavía resiste el agua sobre el asfalto. Illiana, convoca a los vecinos y militantes a que la escuchen. Antes de hablar hace una pausa, toma fuerza de donde puede, de las esperanzas de cientos que la necesitan firme, para comunicar  las últimas noticias. 

-El juez está muy duro. Quiere que entreguemos una familia como prueba de fe, carne de cañón para empezar un desalojo escalonado- respira hondo y casi se le quiebra la voz cuando sigue- escuchamos de aquel lado que quieren entrar. Por favor compañeros, cuiden la puerta.

Quienes la rodean se miran ahora preocupados. Sobre sus cabezas, sacando medio cuerpo por el balcón, un pibe pregunta: «Compañero ¿cómo estamos?». Nadie atina a responderle.

La lluvia obliga a la mayoría a apretujarse bajo los gazebos. «Un paso para atrás compa, como en el colectivo», se escucha que alguien dice. Los minutos se hacen de goma, y el agua cae en cantidad. Desde la ventana un hombre le tira a sus compañeros bolsas de nylon y otra mujer se organiza para empezar a repartirlas. Los impermeables ahora cubren un poco a los guardianes de la puerta. 

«No queremos desalojo, no queremos represión, queremos vivienda digna, queremos la solución», cantan bajo la lluvia.

Los hombres rígidos de portafolios y anteojos vuelven una vez más, ahora bajo sus paraguas. Se dibuja un acuerdo entre las partes. El juez, en negociación con el multimillonario hotelero y el Gobierno de la Ciudad, propone a las partes firmar la transitoria solución. El GCBA le alquilará el predio por seis meses al dueño mientras se organiza la mesa de trabajo para darle a las familias un hogar definitivo. Seis meses, no hay certeza de que se cumpla la promesa de vivienda digna en ese término. Por lo menos hoy, las familias vuelven a recuperar el aliento. Hoy no los van a  dejar en  la calle.

 

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.

A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.

 Un desalojo por día

Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.

Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.

Casa Santa Cruz

La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.

El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.

En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.

En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.

Estado ausente

Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.

            El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.

            El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.

Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.

Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Pusieron el cuerpo y pararon las topadoras

Un grupo de vecinos logró evitar que el Gobierno porteño arrasara al Galpón de Villa Ortúzar. Resistieron con una sentada en su interior. Las autoridades de la Ciudad incumplieron un acuerdo previo para realizar una mediación.

Vecinas y vecinos del barrio Porteño Villa Ortúzar resistían al nuevo intento de desalojo y demolición de El Galpón de Ortúzar, en la Plaza 25 de Agosto entre Heredía y Charlone,  por parte de topadoras del GCBA. Hasta hace una semana en el lugar funcionaban un bachillerato popular, una biblioteca y se realizaban diferentes cursos y actividades. 

A las 5.30 de la madrugada, los vecinos fueron alertados por el ruido de las topadoras, y a través de las redes vecinales y mensajes de WhatsApp dieron el aviso a la comunidad. La reacción fue inmediata, se movilizaron al centro de la estructura y se sentaron en un círculo con carteles para impedir el avance. Antes de su llegada, los obreros municipales habían logrado remover una parte de la estructura y algunos tejados. “Llegamos enseguida, pedimos la orden judicial, no aparece y no nos muestran nada -contó a ANCCOM Juan Chippano, uno de los defensores-. Cuando llegamos estaban trabajando sin arneses, sin cascos, cortando fierros sin los lentes de protección”, aclaró Chippano, subrayando la urgencia con que estaban demoliendo.

El personal de la Comuna 15 y la Policía de la Ciudad irrumpieron en el lugar a las 5.30, con dos camionetas y un camión, junto con la empresa Paolini contratada por la Ciudad para llevar a cabo “una orden de palabra -según aseguraban los empleados comunales-  de parte de la Fiscalía”, para desmantelar el lugar con el argumento de proteger a los vecinos porque había un peligro de derrumbe. 

“No hay un secundario y quieren montar un canil, nuestros perros no necesitan un canil, lo que necesitamos es la educación”, decían los vecinos al inspector Rubén Ramos y a los agentes de la Comuna 15, quienes acudieron al lugar en un intento de calmar a la comunidad y continuar con la demolición. “Es pasar por encima del trabajo comunitario que se ha hecho por años, pero qué les importa”, se lamentaba una de las vecinas que acudió al lugar.

“Esto me hace recordar a la dictadura, se llevaron los libros, se llevaron todo, esto es de no creer”, recordó una vecina mientras el vecindario se iba concentrando en el predio.

El viernes 30 de septiembre, se había pactado no continuar con la demolición de El Galpón hasta que se realizara una mediación en instancia judicial. “No se cumplió la palabra ni el acuerdo que teníamos. Ayer recibimos un llamado de la Fiscalía para confirmar si aceptamos la instancia de la mediación. Dijimos que sí. Nos informaron que se iban a comunicar con nosotros para fijar la hora. Sin embargo, avanzaron con la demolición y tampoco fuimos notificados de que esto iba a pasar”, denunció Chiappano. 

Los vecinos y vecinas se habían reunido el domingo en El Galpón para juntar firmas en su defensa. A lo largo del día habían logrado recolectar más de 400 firmas, según los organizadores, para presentarlas en la mediación y demostrar el apoyo de la comunidad al espacio cultural que lleva en funcionamiento desde los años noventa. 

El lugar se encontraba cerrado por orden de la Fiscalía, que pidió presencia permanente de la Policía de la Ciudad para impedir la entrada de los vecinos. No obstante, los integrantes de El Galpón tomaron la decisión de continuar con las actividades que tenían programadas fuera de las instalaciones, donde el domingo se realizó una mateada, peña y clase de folklore.

El Galpón de Ortúzar guarda una historia de más de treinta años de ayuda vecinal, cuenta con tres murales realizados en grafito, uno de Malvinas, uno en homenaje a Martín Carrizo, baterista de los Fundamentalistas fallecido a principio de este año, inaugurado hace tan solo dos semanas, y otro de Cerati, quien también fue vecino de Villa Ortúzar, todos creados por Osky Di Biase. El Gobierno porteño declaró la intención de preservarlos por el valor cultural que tienen. “La estructura del lugar no da para tirar todo y dejar los murales, las paredes se sostienen entre sí. Si tocás una pared se caen todas”, expresó Juan Chippano en respuesta al GCBA.

 

Otro desalojo en La Boca

Otro desalojo en La Boca

Doce personas que hace 15 años residían en el lugar fueron expulsadas de su vivienda en la calle Olavarría. Hay 260 causas de desalojo en el barrio, producto de la gentrificación. La ausencia de políticas habitacionales del Gobierno de la Ciudad.

Un tumulto de gente en calle Olavarría al 1107 anuncia que, una vez más, vecinos y vecinas del barrio de La Boca resisten un desalojo. Policías e integrantes de la Defensoría del Pueblo negocian con las familias, amontonadas en las veredas. Sostienen un cartel con la leyenda: “Basta de desalojo arbitrario”.

Son las 11 de la mañana del jueves 19 de mayo. Un grupo de jóvenes se arrima a curiosear. Una puerta alta de cedro, deteriorada y antigua y cubierta por una desgastada mano de pintura azul, hace juego con el mural de Gardel y Evita que custodia las veredas desde las paredes de la antigua y modesta casita de la esquina. En su planta baja hoy funciona un comedor donde se lee “un lugar azul y oro”. Por la entrada lateral, la de la puerta azul, se ingresa a una escalera de mármol hacia el segundo piso.

La puerta está cerrada y custodiada por un grupo de mujeres que se autoconvocaron para evitar el desalojo forzado. Unas muchachas relatan su padecimiento diario. Dicen que, a cuentagotas, día tras día en La Boca se lleva adelante una campaña de desalojos que despoja de un techo húmedo de una habitación desordenada a cientos de familias que viven en condiciones de hacinamiento, sin gas natural, agua potable y con hambre. Un techo que protege de la lluvia y las frías heladas de invierno. Donde se puede guardar un poco de ropa usada que se compra en una feria del barrio para que los niños y niñas se abriguen. Un techo donde esos mismos niños cansados de jugar con sus amigos en la calle, llegan y se tiren a sentir el olor al guisado que sus madres cocinan en otra habitación que funciona también como cocina. Un techo con peligro de derrumbe, pero un techo al fin.

Una de esas mujeres es Natalia Quinto, quien desde la organización barrial “La Boca Resiste y Propone” acompaña actualmente más de 260 causas por desalojo. Quinto está sorprendida por la velocidad con que actúa la justicia en estos casos, y es que, según ella “el proceso civil, que es el que corresponde a este tipo de situaciones, es un proceso mucho más largo donde todos tienen otro tipo de derecho a la defensa, con más instancias y garantías que tienen que ver con el derecho a la familia y el cumplimiento de las leyes civiles. En este caso nada de eso pasó”. 

Quinto explica que esta situación es producto de un proceso de gentrificación enmarcado a su vez por el proyecto de desarrollo del “Distrito de las Artes”, que busca atraer inversiones inmobiliarias en la zona de San Telmo, La Boca y Barracas.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 35 de CABA está bajo la dirección de Celsa Ramírez. Esta última desestimó el proceso judicial, así como las casi 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor de las familias, Daniel Dumano. Allí se incluyen certificados de nacimiento, boletas de pagos de servicios, papeles de estudios primarios y secundarios de los niños que allí habitan, donde se puede comprobar el domicilio, también incluyen cinco testigos a los que la fiscal jamás llamó a indagatoria.

El inmueble

Las familias pedían 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir. El resultado fue el desalojo.

A Norberto Godoy le costó 70.000 dólares comprar la vivienda en estado de usurpación en una de las mejores zonas del barrio de La Boca. Es decir, poco más de ocho millones de pesos argentinos. Considerando que viven 12 personas en ese segundo piso de mala muerte, compuesto por una galería abierta, paredes manchadas de humedad, dos habitaciones y un baño, en total sería alrededor de 670.000 ARS por cada persona que se deja por tiempo indeterminado en situación de calle, exponiéndolas al frío, al hambre, a la inseguridad y sacrificando su futuro. 

El resultado de las negociaciones de ayer entre el Defensor del Pueblo Gastón Juan Santos, quien medió entre vecinos, el Gobierno de la Ciudad y las familias que piden 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir fue el desalojo en el día, y el pago de algunas cuotas acumuladas de alrededor de 8.000 pesos a cada jefe de familia para que puedan pagar otro alquiler, y el resguardo de sus “pertenencias” en un depósito ubicado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, un grupo de jóvenes con chalecos de la UOCRA comenzó a bajar las pertenencias de las familias que no eran más que algunas camas con las maderas rotas, un rack de melamina deteriorado, un televisor viejo, colchones de espuma manchados, muchas bolsas negras con ropa; una mesa de algarrobo redonda, sillas de plástico percudido, un inodoro, una cocina destartalada, una pequeña heladera, un equipo de música, algunas ollas de aluminio y pocas cosas más que, de no ir al depósito, irían a parar al basural. Los resultados de la negociación fueron devastadores.

Francisca Villorda, rodeada por un grupo ocho jóvenes que la ayudaban a vaciar el espacio, contó entre lágrimas a ANCCOM: “Nací en Paraguay y hace 34 años estoy acá. Tenía 18 años cuando vine. Sin experiencia, sin conocer, pero me fui haciendo yo sola. Siempre con honestidad. Siempre trabajé y luché para sacar adelante a mis hijos. Mis hijos son buenos, educados, estudian. Entonces que esta gente me trate de delincuente, que nos acusen de vender droga, eso me duele, porque no somos esa gente. Tengo trabajo y lo hago honestamente para ganarme el pan día a día”. Francisca es madre soltera de dos adolescentes, y con 51 años vive de limpiar casas, cuidar a niños y ancianos. Sobre las personas a quienes alquila la propiedad contó: “Los conocíamos. Eran amigos de una de una de las familias que vivía acá, que son primos míos. Al principio no nos cobraba alquiler porque cuidábamos el lugar, y después empezamos a pagar un poco de alquiler, no mucho porque hacíamos arreglos, posteriormente pagamos por banco porque ellos se fueron a vivir al sur. Un día desaparecieron y vendieron la propiedad. Dijeron que de acá se iba a hacer cargo una inmobiliaria, pero nunca sucedió, por lo tanto, no pudimos pagar más. Cuando se comunicaron con nosotros lo hicieron desde un teléfono privado, que no pudimos rastrear y perdimos contacto con ellos hasta el día de hoy”.

Sin mediación y con un acuerdo completamente desfavorable, en tan solo dos meses y en pleno invierno, estas doce personas, entre las cuales hay niños que cursan sus estudios en las escuelas del barrio, y un hombre en tratamiento oncológico, deben retirar sus pertenencias del domicilio donde vivieron los últimos quince años y buscar otro lugar donde vivir, con una mínima ayuda estatal. Empresa difícil si no imposible, considerando que ninguno cuenta con un trabajo en blanco, sino que viven de trabajos informales y changas.

“En algún momento estoy al borde de descomponerme, pero tengo que estar firme por mis hijos, porque yo los tengo que contener, porque soy la madre y estoy sola con ellos entonces yo soy su sostén. Soy jefa de mi hogar y tengo que estar fuerte, pero realmente estoy partida al medio”, remata Francisca Villorda.  

La Fuerza de las Mujeres no se rinde

La Fuerza de las Mujeres no se rinde

-Yo no hablaba, todavía me cuesta. Todo lo que digo me sale del alma y de la bronca, del dolor- dice con énfasis Alicia, una de las integrantes de Fuerza de Mujeres.

Para muchas es la primera vez que están en una toma de tierras, que reclaman, que hablan con medios de comunicación o que cortan una calle. Desde el 30 de septiembre, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a más de cien familias que conformaban el asentamiento Fuerza de Mujeres, una toma en el barrio Carlos Mugica, de Retiro, casi todos los días participan en movilizaciones en el Obelisco, en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Este último domingo, festejaron el Día de la Madre en el predio del que fueron expulsadas con violencia ejercida por el Estado. 

Al principio estaban desorganizadas, no sabían cómo reclamar, pero con la ayuda de distintas agrupaciones se fueron organizando, teniendo siempre en claro que son ellas las que deciden.  

Miércoles 13, en el Obelisco: llegaron algunas con sus bebés en brazos, tiraron cartones en el piso, escribieron carteles, y llevaron sus remeras blancas con frases en las que se podía leer: Basta de desalojos. ¡Vivienda digna Ya!” Después cortaron la calle, parándose una al lado de la otra, usando también los cochecitos de los bebés y haciendo ruido con maracas hechas de botellas con piedritas adentro. 

“Vinieron a las siete de la mañana, que los chicos todavía dormían, ni siquiera se habían levantado para ir a la escuela. No esperaron ni siquiera a las nueve para que no estén ellos, lo hicieron con mis hijas ahí —dice Andrea casi sin respirar—. Es más cuando leyeron el papel, nosotras escuchábamos y en eso gritaron, ‘avancen chicos’ y empezaron las topadoras, no dieron tiempo de nada, pegaban patadas y quemaban todo. No dieron un minuto para nada, ni siquiera para despertar a los niños y explicarles lo que estaba pasando.  Andrea, todavía se desespera cuando cuenta lo que sucedió con ella y con tantas otras que ese día vieron aplastada la posibilidad de un futuro mejor para sus hijos y ellas. 

– ¡Mi bebe, la bebe! 

El 30 de septiembre, el grito de Andrea logró clavar la topadora que ya había tirado la carpa y estaba a centímetros de las maderas que formaban la habitación de la casita.  El policía descreído entró a retirar solo una de las cuatro camas que había adentro y ahí estaba, la más chiquita de tres hermanitas, durmiendo sin saber que alrededor todo estaba prendiéndose fuego.

-Podrían haber matado chicos o prendido fuego y nunca estuvo la Tutelar del menor -recuerda ahora Andrea, refiriéndose a las autoridades estatales de resguardar los derechos de la niñez y adolescencia

Las mujeres del barrio aseguran que era una orden de allanamiento y no de desalojo, y que las autoridades tutelares solo llegaron cuando ya estaba todo hecho cenizas. Todas coinciden con mucha rabia en lo mismo: 

-Ojalá, fuera así con los narcotraficantes, estaría bueno así cuando la policía se va los dejan sin nada.

«Nosotras ya sufrimos violencia de género, venimos de ahí. Que un hombre te hable fuerte otra vez te da pánico. Me dieron ganas de salir corriendo, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, salía y entraba», recuerda Andrea, que, a pesar de parecer mucho mayor por su actitud y su forma de hablar, en su voz y en su rostro jovial se denotan sus tan solo 27 años. Ese día, la amenazaron con sacarle a sus hijas por no querer ir al paradero y agrega indignada: «Me dio mucha bronca, porque mis hijas están sanas y bien cuidadas ¿porque me las van a sacar habiendo tanto chico solo en la calle sin su mama? ¿Por qué no van a recoger esos chicos?»

La policía hizo una muralla para que no pudieran pasar, ni siquiera para sacar sus cosas. «Mis hijos estaban felices, iban a tener una casita, una pieza aparte, los ponía contentos saber qué iba a ser de nosotros», relata Lucy, otra integrante de Fuerza de Mujeres, que contagia con su energía a las demás por su fuerte carácter. Otra de las mamás cuenta que el día del desalojo sus hijos se sintieron muy mal, la más grande fue la que más lo sufrió. Cuando fueron al otro día del desalojo a hacer una conferencia de prensa y ella vio su almohada, quiso rescatarla. Una vecina le pidió a un policía que le dejara pasar, ella entró y la trajo junto con una pantufla que encontró de su hermanita.

Desde ese día, el nene más chiquito de Alicia les tiene bronca a todos los policías en la calle y les pregunta cada vez que los ve:

– ¿Por qué hiciste ese desastre? ¿Por qué tiraste mi casita? 

Su mamá, una mujer fuerte y joven, luchó hasta el mes de enero con un marido violento a quien no le alcanzó con meterse con ella, sino que también marcó a su hijo. Esa violencia fue el límite. Juntó fuerza para abandonar su hogar con sus mellizos de 5 años y un bebé y fue al medio de un basural con ratas, cucarachas y escombros. Fue una de las primeras en llegar la noche de la toma junto con otras cuatro mujeres y sus hijos. Se enteraron de que había una familia que estaba viviendo ahí, hacía más de un año y medio, en un contenedor en el predio y no los habían echado.

La primera noche fueron 50 mujeres con sus familias, los días siguientes se sumaron las demás. «Los primeros meses dejé de trabajar para estar ahí. El último mes tuve que volver al trabajo porque no aguantaba más. Armamos las carpas de nylon primero. Después íbamos en grupos de cinco mamás a buscar chapas y maderas usadas, porque no podíamos comprar algo nuevo, tratábamos de que todas llegaran a tener algo sobre la cabeza, pero a lo último ya estaba más habitable. Tuvimos mucha fuerza para estar ahí, había viento, frío, llovía y estábamos mojadas, los chicos se enfermaban, pasamos hambre”, cuenta Alicia. 

Otras mamás recuerdan que cuando recién llegaron había otras familias que tenían fuego prendido. Ellas pudieron traer frazadas para sus hijos, y les prestaron carbón para prender una fogata. Hubo familias que recién la tercera noche pudieron poner paraguas. Cuentan que limpiaron el basural, pidieron prestadas bolsas a organizaciones, para no tener que quemar y generar humo del pastizal. Había una parte, incluso, que el Gobierno tiraba escombros y los sacamos con la pala, porque no tenemos máquina, fue todo de a poco”, recuerdan orgullosas por todo lo que habían conseguido y tristes por todo lo que perdieron. 

Fuerza de Mujeres surgió a partir de la toma, más allá de que algunas tenían pareja, eran las menos. Estar acompañada de otras mamás fue lo que les dio fuerzas, se entendieron y sabían qué era lo que le estaba pasando a la otra, porque todas habían estado en la toma. 

«Fuimos de a poco entrando. Yo entré porque me avisaron, estaba una de mis conocidas que está en mí misma situación, sufriendo violencia de género. La mayoría le estábamos poniendo el pecho”, cuenta Lucy mientras se sube en el colectivo que la lleva a la marcha que se hace frente al Ministerio de Desarrollo Social para pedir una solución y sigue contando apurada por llegar: 

-Pedimos mesa de diálogo durante los tres meses que estuvimos y nunca nos dieron nada.

 

Varias mamás tienen subsidio habitacional, pero nadie quiere alquilarles porque los “dueños” no aceptan chicos. «Nosotras dijimos desde el primer momento, no es que necesitamos plata, si todas somos trabajadoras. Yo trabajaba de vendedora ambulante, otras vendían comida, café, o salían a juntar cartón. Eso era un basural que estaba ahí, hace seis años.  Nosotras limpiamos y ahora que nos desalojaron a todas quedó de vuelta un basural», cuenta Alicia. En las marchas se la puede reconocer fácilmente por su sonrisa al hablar con sus compañeras y llamarlas al grito de ¡asamblea, asamblea!” para consultar con sus compañeras como continuar y añade: 

-No me sirve la plata sino me quieren alquilar con chicos. 

Lucy, en la marcha del Obelisco, estaba pegadita a Alicia, atrás de la bandera. 

Siempre le dan prioridad a la gente que tiene plata y a los que no tenemos pareciera que somos invisibles a la hora de recibir créditos o planes para obtener una casa -dice Lucy-. Es como que no existimos, no contamos. Es verdad, no podemos alquilar en el barrio, menos en un hotel familiar o afuera un departamento, porque te piden un montón de requisitos hasta te preguntan de qué color es el pelo del perro y alquilar una pieza es imposible porque nos piden que dejemos tirados a nuestros hijos en la calle». 

Recibir un subsidio habitacional no les resuelve el conflicto, aunque de las ochenta familias, el Estado solo les entregó un cheque de emergencia a diez. Las familias evitan a toda costa ir a un parador por lo poco habitables que son. El día del desalojo, cuando les ofrecieron esa “solución” contestaron que no, que iban a ver de conseguir alojamiento en la casa de alguna amiga o pariente por esa noche. Entonces, la trabajadora social anotó en el informe que tenían donde vivir y no necesitaban el subsidio habitacional, porque tenían un alojamiento propio” y cuando volvieron a pedir ayuda del Estado se las negaron. 

En el barrio tuvimos un montón de apoyo. El Gobierno nacional, solamente fue a poner en alta a las que sufren violencia de género con el plan Acompañar. Nos dieron alguna mercadería, dijeron que nos iban a dar un bono, pero todavía nada. Desde el Gobierno de la Ciudad el viernes fuimos a hacer un corte enfrente al Ministerio de Desarrollo y tuvimos una reunión con el encargado, para ver si, aunque sea, nos habilitaban el habitacional, pero ni siquiera eso”, dice Andrea, quien trata de estar bien informada. Todavía está esperando una respuesta del Estado para resolver el conflicto habitacional y se pregunta: 

– ¿De qué sirve una escuela en el barrio si mis hijas no tienen donde vivir? 

En el predio actualmente hay un cartel que dice que se va a construir una escuela próximamente. Se planea trasladar la Escuela N*11 ubicada en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires dejando a 175 alumnos sin vacante cerca de su casa. «Ni siquiera son capaces de hacer una escuela nueva. Acá en el barrio hay escuelas, también jardines. Lo que necesitamos es una casa. Es importante que los chicos tengan educación, pero para eso, primero necesitan tener un lugar donde vivir», dice una mamá y otra agrega: Larreta estuvo haciendo campaña en el Barrio, pero nunca habló con nosotras si para él somos invisibles, no le importamos”. 

Lo sucedido pone otra vez de manifiesto el problema habitacional que sufre la Ciudad de Buenos Aires. La imposibilidad de acceder a un alquiler o una vivienda propia y cómo esto se agrava cuando los inquilinos tienen menores recursos y aún más cuando son mujeres con niños. El Estado afirma que uno de los sectores más golpeados por la pandemia y la crisis económica son los jóvenes. Se refleja en la toma: la mayoría son mujeres que no superan los 30 años y sus hijos no pasan los 10.