La reducción de la jornada laboral ya se debate en la Argentina

La reducción de la jornada laboral ya se debate en la Argentina

Oct 2, 2023 | Destacado 4, Trabajo

Varios países en el mundo redujeron su jornada laboral. Ahora llegó el turno de discutirlo en Argentina. Diferentes proyectos ingresaron al Congreso. Las posturas del oficialismo, Juntos por el Cambio y la izquierda.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la reducción de la jornada laboral. La regulación actual es de hace cien años y establece, para la mayoría de los empleos, una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Más de 50 países tienen jornadas inferiores a la Argentina. De hecho, en 1935, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 47, fijó en 40 horas semanales el máximo sugerido para sus Estados parte.

El diputado Daniel Arroyo (FdT), integrante de la comisión, en diálogo con ANCCOM, afirma que la semana de 48 horas que tiene Argentina es de las más altas en América Latina y en el mundo y que, si bien en un principio fue un esquema avanzando, ahora ya quedó “desfasado”. “La reducción de la jornada laboral es un avance hacia el siglo XXI, a nuevas formas de humanidad, de vínculos de la sociedad y de calidad de vida”, subraya.

Tanto el oficialismo como la izquierda presentaron proyectos en Diputados, algunos buscan reducir la jornada laboral a 40 horas y otros a 36 ó 30. “Mi impresión es que se va a terminar aprobando un esquema que vaya paulatinamente hacia las 40 horas y que le de posibilidad de adaptación y flexibilidad a cada sector productivo y ámbito de trabajo, porque no todos son iguales”, señala Arroyo.

El exministro de Desarrollo Social asegura que reducir la jornada de trabajo no afecta la productividad en la medida en que “se trabaje seriamente”. “El mundo laboral después de la pandemia cambió mucho y el modelo tradicional que era 8 horas de trabajo, 8 de sueño y 8 de ocio se ha modificado por completo aún con altos niveles de productividad. Está claro que reducir las horas de trabajo aumenta los niveles productivos sin necesidad de bajar los salarios”, agrega.

Además, advierte que, tal como lo pueden plantear sectores de la izquierda, reducir la jornada laboral no va a terminar con los problemas de la informalidad, porque trabajar menos horas no va a implicar que trabaje más gente. “Para solucionar el 40 por ciento de informalidad se necesita otro tipo de política como un ingreso universal ciudadano”.

Arroyo adelantó que los diputados del FdT que integran la comisión se metieron mucho en el tema y van a votar a favor. También cree que si se trabaja ordenadamente el proyecto, se escuchan distintas posturas y, sobre todo, si se hace paulatinamente, también va a tener un caudal de votos importante de diputados de la oposición.

Daniel Arroyo impulsa el proyecto desde el Frente  de Todos.

Por su parte, Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, miembro de la comisión, sostiene que “la reducción de la jornada laboral es un punto de llegada deseable, pero nunca puede ser un punto de partida. Es la consecuencia natural del avance de la productividad –opina–. El mundo trabaja cada vez menos y gana cada vez más. Hace más de 100 años las jornadas laborales sumaban 3500 horas anuales y ahora tan solo 1500 o 2000, dependiendo del país”.

“Si trabajás menos horas va a aumentar la productividad por hora, en cada hora trabajada rendís más porque estás más descansado, pero en total vas a tener menos productividad. No vas a llegar a producir todo lo que permite pagar tu sueldo y, por ende, sería imposible mantener los salarios”, asegura Tetaz.

El economista asegura que si bien hay países donde se está trabajando menos horas, han logrado producir más bienes y servicios. Según Tetaz, en Argentina sería inaplicable reducir la jornada obligatoriamente, ya que tal vez solo el sector industrial –que abarca el 20 por ciento del empleo– pueda trabajar menos de manera más intensiva y mantener la producción y los salarios. En este sentido, remarca que, al mismo tiempo, hay un razonamiento de los que pretenden reducir la jornada que ignora que el mercado de trabajo es muy heterogéneo y existen empleos donde se necesita una capacitación específica y que por esto no solucionaría la informalidad.

Sin embargo, dice que “es una buena idea crear condiciones e incentivos para que las empresas exploren, de común acuerdo con sus trabajadores, alternativas a la jornada laboral tradicional”.

Para Tetaz, reducir la jornada es una experiencia que se puede estudiar en algunas ocupaciones pero siempre de manera voluntaria y con un acuerdo entre partes a nivel de la paritaria de cada convenio colectivo. No puede ser impuesto por una ley, sostiene, porque a las PyMEs, por ejemplo, les generaría una complicación, ya que no tienen margen para que dos de los tres trabajadores que tienen trabajen menos horas.

Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, sostiene que la reducción de la jornada laboral se puede dar en algunas ocupaciones, pero que no debe ser impuesta por ley.

En tanto, desde el Frente de Izquierda, el economista Pablo Anino, colaborador en la elaboración del proyecto de reducción de la jornada laboral que presentaron Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca –que plantea reducir la jornada a 30 horas semanales–, afirma que “la jornada laboral tiene que darse sin reducción salarial ni flexibilización”.

Anino plantea que reducir la jornada serviría para repartir las horas de trabajo y generar nuevos puestos formales para desocupados e informales. “Si se reduce la jornada en las 12.000 grandes empresas y se reparten las horas, se podrán generar un millón cien mil puestos registrados en blanco y con derechos. Ese es uno de los puntos importantes que diferencia al proyecto del Frente de Izquierda”.

El proyecto también busca la creación de comisiones de trabajadoras y trabajadores en las empresas que controlen la implementación de la ley. Además, Anino asevera que reducir las horas de trabajo no solo trae beneficios para la calidad de vida, sino que también permite que la clase trabajadora disponga de tiempo para participar de la vida política y económica. Y concluye que se trata de un debate necesario, ya que estamos en un contexto donde la agenda política y económica está corrida muy a la derecha y solo se proponen reformas en el ámbito laboral para quitar derechos.

De la caja PAN a la Tarjeta Alimentar | Estuve ahí

De la caja PAN a la Tarjeta Alimentar | Estuve ahí

Oct 2, 2023 | agenda, DDHH, Destacado 3, Entrevistas, Novedades, slider, Vidas políticas

El diputado Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Repasa el Plan Alimentario Nacional del alfonsinismo, el Bono Solidario del menemismo, el Plan Jefes y Jefas de hogar de Duhalde y, por supuesto, la llegada de la Asignación Universal por Hijo. El debate entre políticas focalizadas y universales.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández, Lucia Fabiana e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
«La pobreza seguirá aumentando»

«La pobreza seguirá aumentando»

Abr 10, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Según el INDEC, creció el índice de pobreza. Para los analistas, los próximos números serán peores. ¿Por qué hay más trabajo pero no disminuye la cantidad de personas con necesidades básicas instatisfechas?

En el segundo semestre del 2022, el 39,2% de la población argentina vivía en situación de pobreza y los niveles de indigencia se ubicaron en el 8,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto alcanza a 11 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 2 millones de personas indigentes. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Cómo encarar ya esta problemática?

“Los datos muestran un aumento de la pobreza en la Argentina ya en la etapa poscovid con una dinámica creciente en un contexto altamente inflacionario, pero también de lento pero sistemático estancamiento de la economía y de la demanda de empleo. Si la pobreza no creció más durante el 2022, fue en buena parte porque hubo más demanda de trabajo, o autogeneración de trabajo, en el sector informal y crecimiento del empleo en el sector industrial. Esto hizo que, efectivamente, los hogares pobres o clases medias compensaran el aumento de precios, es decir la caída real de las remuneraciones, con más trabajo, más changa, más actividades informales”, indicó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

En ese mismo sentido, Julio César Neffa, investigador del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y Universidad Nacional de Moreno, comentó: “Este aumento de la pobreza no tiene la misma variación que con respecto al empleo. Si la tasa de empleo aumentó de 43.2% en el segundo semestre de 2021 a 44,4 %, en el mismo periodo del año 2022, no quiere decir que hubo una mejora general, sino que ante la caída del salario y el aumento del precio de los alimentos, hay más gente que sale al mercado de trabajo y que antes no salía porque es la forma que podría de alguna manera compensar un poco la situación”.

La incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total mediante sus ingresos monetarios. En esta línea, el informe reflejó respecto al semestre anterior que, en promedio, el ingreso total familiar aumentó 37,3%. “En Argentina lo que determina el índice de pobreza es el precio de los alimentos. Entonces lo que tenemos es que además de que el precio de los alimentos crece, el salario real de los trabajadores, con el incremento de la inflación, ha ido disminuyendo. También hay disminución en el monto real de los bonos, los planes sociales y las jubilaciones. Esto implica que no solo los salarios no compensan la inflación, sino que tampoco lo logran los beneficios sociales. Hay movimientos sociales que piden que haya más planes sociales y que den más alimentos porque empleo entienden que hay, pero aun así no alcanza”, aseguró Neffa.

“Los que están cayendo en este contexto son fundamentalmente clases medias de obreros o empleados, pequeños comerciantes e incluso jubilados, ya que van teniendo un retroceso en cuanto a sus ingresos reales con respecto a la evolución de los precios de canastas básicas alimentarias y complementarias. Mientras que la pobreza extrema creemos que se va a mantener contenida”, comentó Salvia y agregó: “Todas las actualizaciones están por detrás del crecimiento de los precios de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Eventualmente la compensación será con más trabajo y con más ayudas, actualizaciones en las asistencias sociales, bonos a los jubilados o ajustes en las remuneraciones de los sectores formales, pero quienes irán quedando afuera de esto son los trabajadores informales que pelearán en un mercado cada vez más competitivo y sus salarios irán a la baja, por lo cual la pobreza seguirá aumentando”.

 

«La realidad es que no solo hay más pobreza, sino también más gente en los comedores comunitarios, pobres con trabajo, sin trabajo, haciendo changas, sin hacer changas, con planes, sin planes, porque hay un problema serio para llegar a fin de mes”, describe Daniel Arroyo.

La compleja situación actual con respecto al primer semestre de 2022, donde la pobreza registró un aumento de 2,7 puntos porcentuales y una reducción de 0,7 de la indigencia en las personas, implica pensar posibles soluciones. Al respecto, el actual diputado nacional por el Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, comentó: “La mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. La realidad es que no solo hay más pobreza, sino también más gente en los comedores comunitarios, gente que es pobre con trabajo, sin trabajo, haciendo changas, sin hacer changas, con planes, sin planes, porque hay un problema serio para llegar a fin de mes”.

“Tenemos que hacer un plan antiinflacionario integral que tome el tema fiscal, el tema monetario y crear 400 pequeños mercados centrales. Hay que debatir un plan integral que tome todos los aspectos, macros, micros, el precio de los alimentos, la intermediación y el crédito. Tenemos tres grandes desafíos: garantizar que un conjunto de alimentos de la canasta básica sean accesibles, mejorar los ingresos de la población y atender al endeudamiento de las familias, hay muchas que arrancan el mes debiendo plata porque no les alcanzó, y se le hace muy largo el resto del mes”, concluyó Arroyo.

 

 

¿Qué hacer con los planes sociales?

¿Qué hacer con los planes sociales?

Jul 22, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas

El debate lo planteó Cristina Kirchner pero la crisis económica los impone en la realidad. Opinan dirigentes sociales y políticos.

Una trabajadora de la economía popular es beneficiaria de un plan social, y vive con su marido y sus 3 hijos percibiendo ingresos de $50.000 al mes. Sale a reclamar porque no quiere trabajar 9 horas por 20.000 pesos y se pregunta por qué tiene que vivir así. Mientras tanto, los videographs recortan maliciosamente su relato y dicen: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo». El contexto socioeconómico es complejo: el 37% de la población está debajo de la línea de pobreza y sólo la mitad de los menores de 15 años accede a la canasta básica. Ante ese panorama, ¿qué hacer con los planes sociales?

La propia Cristina Fernández de Kirchner, en el plenario de la CTA afirmó que con una tasa de desocupación del 7% debería haber menos planes sociales. Además, insistió en que la aplicación de las políticas sociales no puede ser tercerizada: “El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”, habia señalado en esa ocasión. ¿Qué responden desde las organizaciones sociales?

.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, cree que estas declaraciones tienen intenciones de quitarle fuerza al movimiento de lucha de las agrupaciones piqueteras. “Tiene el doble objetivo de desarticular la protesta contra su gobierno que ajusta a los trabajadores y de fortalecer la alianza con los gobernadores para el futuro electoral”, señala a ANCCOM. Además, manifiesta que el Estado ya centraliza la entrega de los planes, y que las organizaciones solo desarrollan tareas de acompañamiento de esos beneficiarios.

Por su parte, Dina Sánchez, secretaria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Frente Popular Darío Santillán, afirma que “gran parte de la dirigencia política habla de la economía popular desde el total desconocimiento. No la conocen, no la entienden y no hay voluntad de entenderla”.

Desde una postura más conciliadora, Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social hasta 2021 y actual diputado nacional, asegura que no tiene que existir tercerización con los planes, “ni nadie tiene que quedarse con plata de otro” pero sostiene que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina.

El legislador explica: “Yo fui el ministro de la pandemia, a mí me tocó sostener la paz social y lo logramos. No se logró en Chile, Ecuador, Perú, ni Colombia, pero sí en Argentina. Y cuando digo lo logramos, me refiero al Estado junto a los movimientos sociales, las iglesias y las escuelas, quienes siguen poniendo el cuerpo en las cooperativas y en los comedores”.

Entonces, ¿hay muchos planes sociales? ¿Deben ser solo un “puente” al trabajo estable? En Argentina, se entiende como plan social a un programa de transferencia de dinero con contraprestación laboral. Actualmente la iniciativa se llama Potenciar Trabajo, y unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Su objetivo es mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. Entonces los beneficiarios y las beneficiarias cobran el 50% del Salario Mínimo y deben contraprestar 4 horas de trabajo en estas actividades.

Otros programas como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo no son planes sociales, ya que son políticas de seguridad social que persiguen otros objetivos como promover el acceso a los alimentos sanos y mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, respectivamente. Belliboni, por su parte,  define a un plan social como “un recurso que el Estado otorga a las personas que se han quedado sin trabajo y que no tienen acceso ni siquiera a un plato de comida por día” y que “son el resultado del fracaso de los gobiernos para crear trabajo genuino”. Explica que ese es el problema de fondo ya que “los planes no pueden ser un puente hacia el trabajo si no hay trabajo”.

Los primeros planes sociales surgieron a mediados de los noventa con el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Fue seguido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. “En el 2016 los movimientos sociales, junto a otros espacios sindicales y políticos que nos acompañaron en la lucha, ganamos el Salario Social Complementario, que es un ingreso por tareas que muchos, y fundamentalmente muchas de nosotras, ya realizábamos. Son programas de fortalecimiento a la economía popular, pero también son consecuencia de las malas políticas y de la crisis socioeconómica que atraviesa el mundo y Argentina” expresa Sánchez.

. El Programa que nombra es uno de los que unifica “Potenciar Trabajo”. En resumen, 20 años atrás había 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y actualmente hay 1.300.000 titulares del programa Potenciar Trabajo. Teniendo en cuenta estos números, para Belliboni, a diferencia de la opinión de Cristina, “claro que no son muchos” los planes.

Arroyo plantea que ante un contexto con 45% de informalidad laboral, con gran parte de la población sin acceso a la canasta básica y un mercado que no va a incorporar en los próximos años al 100% de los trabajadores a la formalidad, el debate acerca de los planes sociales presenta tres caminos posibles: reducción de la jornada laboral, flexibilización o ingreso universal ciudadano. Comenta que la primera opción, que corresponde al modelo europeo, consiste en que las personas trabajen menos horas para que más personas tengan empleo. Explica que es una alternativa difícil de aplicar en este país con el nivel de informalidad existente, que podría llevarse a cabo en algunos sectores como el bancario, pero “no es ‘la’ salida para Argentina”.

Por otro lado, el camino que corresponde con políticas neoliberales se basa en la quita de aportes patronales y la flexibilización de las condiciones de contratación de trabajo. “Esto ya se hizo en los ‘90, terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación” declara rotundamente Arroyo.

Otra alternativa es la creación de un ingreso universal ciudadano, es decir, “un ingreso de base para lograr que todos accedan a la canasta básica”. Asegura que hacía este camino apunta Argentina, y América Latina en conjunto. “No lo digo yo, lo dice la Cepal y Naciones Unidas, y es lo que están haciendo Alemania, España e Israel”. El exministro apoya el proyecto de ley conocido como Salario Básico Universal y plantea que, dado el contexto de restricción fiscal, debe aplicarse por etapas. ¿Por dónde debería comenzar? Por las provincias del norte del país, donde las tasas de pobreza son peores que en el resto de Argentina.

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Del productor al consumidor

Del productor al consumidor

Abr 29, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas

Un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo impulsa la creación de 400 mercados de cercanía donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas.

Con gran entusiasmo, ayer se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a fortalecer los mercados alimentarios de cercanía (MAC), encabezado por el diputado oficialista Daniel Arroyo. 

El proyecto participativo se fundamenta en el gran incremento del costo alimenticio producto de la inflación, en la concentración oligopólica del sector; y en la mala nutrición que afecta sobre todo a los niños y sectores vulnerables de la población. Tiene como fin crear 400 mercados de cercanía a lo largo y ancho del territorio donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas. A la vez, contempla la creación de un fondo fiduciario que preste créditos a 3% anual para financiar equipos, herramientas, máquinas, cadenas de frío y toda la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de comercio.

“El problema es la inflación y el tema es el precio de los alimentos”, aseguró Daniel Arroyo, y agregó: “Tenemos que fomentar la capacidad nutricional y evitar una generación de chicos petisos y obesos”. Germán Pedro Martínez, presidente del bloque del frente de todos, agregó que “la inflación es multicausal” y que el proyecto es parte de una batería de medidas que permite discutir otros problemas (créditos no bancarios, acceso a la tierra, entre otros) y tratar de resolverlos.

Mercedes D’ Alessandro, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género, señaló que hay que contemplar el contexto internacional y no titubear en la aplicación de estas políticas para no ser parte del huracán de hambre que amenaza con colapsar el sistema alimentario global producto de la guerra ruso-ucraniana. Ya que, si bien “en Argentina estamos en una situación privilegiada por ser productores de alimentos y ciertas políticas públicas contemplan la situación, esto no implica que no haya un aumento considerable de precios” y, haciendo hincapié en la atención que las economías centrales prestan a América Latina como productor de alimentos, agregó: “El país debe trazar vínculos solidarios y una producción responsable, que es lo que nos enseñó la pandemia. A pesar de las ventajas, no debemos permitir que se explote el territorio de manera extractiva. Por eso son importantes este tipo de iniciativas pensadas desde la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.

Ante un sostenido aumento de la inflación que supera paulatinamente el incremento salarial, la gran cantidad de población con trabajo no registrado, la retracción económica y la pérdida de empleos que causó la pandemia, esta política se postula como una gran alternativa. “Las principales amenazas a este tipo de producción y comercialización destinadas al abastecimiento de mercado interno, es cuando se ve a nuestro sector como la ambulancia del capitalismo en los momentos de crisis. Creemos que somos un sector con mucho potencial, con mucha realidad, que podemos crear una economía más humanitaria que la que las grandes multinacionales llevan adelante”, asegura Ignacio Vila, integrante de la Red de Alimentos Cooperativos. La otra batalla es cultural: “Habitualmente nos han acostumbrado a los argentinos a consumir un grupo de marcas que se encuentran en todos lados. Eso hace pensar que la marca que uno encuentra es de peor calidad, y por eso su bajo costo. En general, se da lo contrario: los productos de las organizaciones son de mejor calidad y en realidad son cuestiones de logística las que aumentan los costos. Contra eso también hay que luchar y comunicarlo, eso es un gran desafío para nosotros”, concluye.

Ell diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto el jueves pasado en la Cámara de Diputados.

Entre los distintos referentes de las cooperativas que asistieron a la presentación, Gladys, perteneciente al Me.Co.Po, una organización integrada por treinta trabajadores de la economía popular, planteó: “Durante la pandemia se tuvo un crecimiento muy grande, sobre todo mediante redes sociales y WhatsApp. En los barrios populares hubo un incremento de las compras. Se recomienda siempre comer bien y alimentarse sano, y eso también se logra mediante el consumo de nuestros productos”. Esta tendencia también se vio replicada en supermercados, donde las ventas online representan el 2,5% del total según datos del INDEC.

En los últimos años, se llevaron adelante otras propuestas orientadas a controlar precios de los alimentos y cuidar el bolsillo de los sectores más vulnerables como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y la Ley de Góndolas. Sin embargo, la originalidad del proyecto radica en la posibilidad de asegurar el derecho a una alimentación sana y saludable, que en los barrios populares está en manos de referentes barriales y cooperativas que apelan a las ollas populares.