La danza se mueve al compás de la emergencia

La danza se mueve al compás de la emergencia

Inés Armas, bailarina, docente y codirectora de Galpón FACE.

La llegada del Covid-19 supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.

El Frente de Emergencia de la Danza emitió el 8 de septiembre un comunicado en el que solicita medidas urgentes al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la agrupación denuncia que tras cinco meses de cuarentena el organismo, encabezado por el funcionario Enrique Avogadro, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para paliar la crisis. Los estudios de danza, duramente golpeados, no pudieron presentarse a subsidios ni recibieron ayuda para adecuar los espacios a los protocolos aprobados para actividades sin público. El Ministerio porteño tampoco realizó un relevamiento que dé cuenta de la situación de las y los trabajadores de la danza, no diseñó un plan para generar fuentes de ingreso, ni garantiza un presupuesto 2021 acorde a las necesidades.

La emergencia sanitaria ha potenciado reclamos de la danza de larga data en todo el país. Sólo una porción minoritaria resultó beneficiada con las ayudas otorgadas por el Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Fondo Desarrollar. “Más del 85 por ciento no pudo acceder debido al grado de informalidad en el que estamos”, sostiene David Señorán, maestro, coreógrafo y director a cargo de la comunicación del Movimiento Federal de Danza (MDF) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Según un informe publicado por el MFD en mayo, el sector cuenta a nivel nacional con  450.000 trabajadores independientes, entre artistas, gestores culturales, talleristas, intérpretes, coreógrafos, propietarios de salas y espacios independientes. Sólo el 16 por ciento trabaja de manera formal, el 42 lo hace en condiciones de informalidad y el 42 restante en ambas modalidades.

La actividad carece de un marco legal e institucional que la regule, a diferencia de otras expresiones artísticas que sí lo tienen como el teatro (Instituto Nacional del Teatro, INT), el cine (INCAA), o la música (INAMU). Tampoco tiene sindicatos. Por eso, desde 2019 el MFD nuclea a las y los trabajadores de la disciplina para  impulsar el Proyecto de Ley Nacional de Danza  y crear un instituto nacional, así como también ampliar el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la disciplina y articular redes de trabajo.

Recién en marzo último, la danza logró ser reconocida dentro de las industrias culturales nacionales, lo que le permitió a los bailarines dialogar con organismos públicos y postularse a subsidios. No obstante, predominan la precariedad y la ausencia de políticas públicas, y la mayoría de sus trabajadores vive de las clases que dicta. Con el aislamiento, sus ingresos se interrumpieron y se calcula que 36.310 estudios cerraron sus puertas. “Solo un 60 por ciento pudo continuar su actividad de forma virtual y sus sueldos se redujeron al 20 por ciento”, afirma Señoran.

Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.

La relación entre danza y tecnología está poco desarrollada en el país, debido en buena parte al acotado presupuesto que se destina a la disciplina a través de los fondos públicos. En este sentido, se activó una etapa novedosa. Las clases a distancia fueron unas de las primeras en abrirse paso, entre videoconferencias y cargas de contenido didáctico digital a plataformas y redes. “Muches alumnes que estaban con resistencia encontraron el tiempo para dedicarse a investigar nuevas técnicas”, cuenta Armas.

Según la docente, otro rasgo provechoso de los encuentros virtuales es la intimidad que establece la cámara. “Es un acceso a lugares de riesgo que en un espacio compartido no se tiene. En el ámbito privado hay más permiso a la diversidad y a la búsqueda individual”, explica. Sin embargo, la cámara interpone algunos obstáculos. “Es una mirada muy exigente y tal vez más aguda que el espejo típico de los bailarines –añade Armas–. Es un retroceso hacia la propia acepción (N. de la R.: en el sentido de aceptación)”. Pero las clases a distancia no pueden reemplazar la vinculación interpersonal que se genera en la presencia. “La principal dificultad que encontré es la ausencia del otre, el compartir ese espacio”, opina Armas.

Señoran coincide: “Muchos estudiantes eligen a un maestro. Y cuando se produce esa conexión virtuosa, se avanza. Pero algo de eso está interrumpido”. Según el coreógrafo, el aislamiento repercute sobre el cuerpo en dimensiones que exceden la física: “Quienes intentan hacer un recorrido en estas disciplinas entrenan para estar lo suficientemente vulnerables a lo que suceda alrededor y que no les sea indistinto. Que atraviese su cuerpo, y devolver algo convertido en movimiento –remarca–. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para que las preguntas vuelvan a estar instaladas en los cuerpos y no en una pantalla y para que esos cuerpos puedan dar respuesta desde la danza”.

Los espectáculos también encontraron su lugar en el ciberespacio. Algunos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el contexto, como la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, de la cual Señoran es director. Junto con el área de Cine Documental de la misma casa de estudios, presentaron el pasado 21 de agosto La Trampa, su primera producción virtual. “Tiene que ver justamente con las trampas que uno hace para poder estar en contacto y las que inventan nuestros cuerpos para poder casi tocarnos”, puntualiza Señoran. Aun así, al pensar sobre la vinculación entre la disciplina y la virtualidad surgida durante la pandemia, guarda ciertas reservas: “Estas producciones son estrategias para seguir en acción, eso ya es valioso. Nos permiten elaborar preguntas vinculadas a la vida académica o la investigación. Pero no sé cuánto del arte específicamente se encuentra en esa estructura”, admite.

Mientras se las ingenian para sobrellevar el presente, las y los trabajadores de la danza esperan un pronto regreso. En AMBA, el MFD elaboró una Propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene para elevar a los municipios al llegar a la fase 5, en la cual se retomarían las actividades culturales. El documento establece normas de bioseguridad para el uso de las instalaciones y de higiene, pautas para el tránsito de personas, prácticas y comportamientos a respetar, y la promesa de garantizar las recomendaciones formuladas por el OMS, como el uso de barbijo y la distancia social. También se contempla la implementación de una declaración jurada donde cada cual declare no poseer síntomas de coronavirus ni haber estado en contacto con alguien que los tuviera. “Al no recibir respuestas, nos vimos obligados a realizar nuestros propios protocolos”, expresa Señoran.

En medio del desamparo laboral, la falta de políticas y la pandemia, las y los trabajadores de la danza no tiran la toalla y se arremangan para reabrir el telón. Señoran es optimista: “Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos estimulando el pensamiento para poder considerarnos trabajadores de la danza e ir tras nuestro derecho”.

Ni una de cal ni una de arena

Ni una de cal ni una de arena

La albañilería es uno de los rubros más “pesados” dentro de la construcción, además de ser uno de los oficios más precarizados. El aislamiento  impuesto por el gobierno a raíz del coronavirus, dejó al descubierto realidades difíciles a afrontar para los trabajadores de la construcción,  con más de cinco meses de restricción para desempeñar su labor.

Lunes 23 de marzo, son las seis de la mañana y el reloj biológico le indica a Julio Melián,  de 63 años.  que arranca el día;  se levanta, se lava los dientes y la cara, luego pone la pava para cargar el termo pensando en los mates. Se sienta y espera a su hijo, Lucio de 25 años. Ambos trabajan en una obra de construcción refaccionando un departamento en Vicente López. Pero la realidad le había jugado una mala pasada: la cuarentena había empezado e ir a trabajar ya no era opción ese día.

Julio es cabeza de familia, vive en la localidad de Libertad, Merlo. Toda su vida adulta vivió de su oficio, la albañilería. Su familia está compuesta por él, su esposa, sus dos hijas y su hijo y  compañero de tareas. Comenta acerca de su trabajo antes de la pandemia: “Dentro del rubro de la construcción me desempeño como oficial, también soy contratista, pero dado  que en los últimos años conseguir obras  era algo difícil, solo trabajaba de oficial albañil para otras personas, y siempre es de manera informal. Mi único oficio o profesión es el de la albañilería.”

El inicio del aislamiento perjudicó no solo sus trabajos actuales y futuros sino que además la informalidad le impidió tener el ingreso semanal que percibía “La cuarentena afectó varios de mis proyectos de trabajo. Tenía la remodelación de un baño y un departamento, eso quedó suspendido. Debido a la pandemia no se podía viajar ni realizar  este tipo de actividades, al comienzo fue incertidumbre.”, dice.

Por su parte, Lucio cuenta su experiencia en la albañilería y como vivió el inicio del aislamiento: “Antes del aislamiento me desempeñaba como peón de albañil y hacia algunas actividades de oficial, podría decirse que soy medio oficial pero cobraba como ayudante. A partir de la cuarentena se vieron afectados varios de los proyectos, porque después de terminar la última obra de refacciones que tenía empezada, había planes de empezar con otra. Incluso de la última obra que estuve trabajando y tuvimos que abandonar no  pude cobrar la semana que tenía porque esto se cortó un jueves y los viernes, que son los días en los que cobro, no pude hacerlo.”

 “Yo con las changuitas me fui arreglando, en el barrio por suerte me salían bastantes», dice Carlos.

Adaptarse en aislamiento

Walter, jefe de hogar casado con Betty y a cargo de sus dos hijos menores, Máximo y Noah, es albañil y plomero, por lo que también fue afectado  por el periodo de distanciamiento social. “Todos los trabajos que tenía se vieron afectados desde que comenzó la cuarentena y sin trabajar no cobro un peso”. Y explica: «Me arreglé con lo poco que tenía ahorrado y me puse a vender pan casero»

En cuanto a la ayuda brindada por el Estado, dice Walter: “Ninguno pudo cobrar el IFE. Mi esposa trabaja de preceptora en una escuela pública, lo que ayuda pero no es lo mismo.” En el caso de los Melián, la ayuda estatal llegó para uno de sus integrantes .  “Con mis ahorros pretendía cambiar el auto, pero con esto del Covid eso se esfumó. El gasto en casa no fue tanto. Por suerte, mi mujer que es empleada doméstica tiene ingresos, y mi hija, que vive con nosotros, cobró el IFE.”.

El uso de ahorros para suplir la falta de ingresos en los trabajadores de la construcción fue moneda corriente en el desarrollo de la cuarentena. Otro de los casos es el de José Mondragón,  padre de familia, que vive con su mujer e hijo en la localidad de Coronel Pringles, un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires. “Mi actividad es la pintura, es dentro del proceso de las obras de construcción el proceso de terminación. Trabajo por mi cuenta, tengo empleados. Tengo esa sola ocupación y es mi único ingreso.  Se vio interrumpido durante estos meses por la cuarentena”, cuenta “Estos meses fueron difíciles, porque era nuestro único ingreso, entonces usamos ahorros o algunos trabajos realizados que fuimos cobrando y de otros sin terminar, como acá en el pueblo la gente es solidaria…” y agrega: “Por suerte ya pudimos ir cumpliendo con los trabajos pendientes y los fuimos terminando, pero porque la situación es otra. Acá en Pringles hubo un solo caso que duró diez días y hasta el momento seguimos con ese solo.”.

Incertidumbre y cuarentena

Carlos González,  de 29 años, vive en Mariano Acosta junto a su mujer. Son una pareja joven y sin hijos, pero de igual manera la pandemia los perjudicó. Él es oficial en el rubro de la albañilería y  una semana antes de empezado el aislamiento  había terminado una obra en la que prestaba servicio como trabajador formal, “Esa era mi única fuente de trabajo.  Siempre era una fija, todos los años empezábamos una obra nueva, esperaba a que salgan esos laburos. Había otras empresas con las que ya teníamos que empezar a laburar y con todo esto, no pudimos, se paró todo y no dejaron comenzar la obra.”

Al no contar con un ingreso fijo, tanto a Carlos y a muchos otros que brindan su relato les toco rebuscársela.   “Yo con las changuitas me fui arreglando –cuenta-, en el barrio por suerte me salían bastantes. Trabajos de los vecinos y de gente que ya me conocía. Iba tirando con eso.  Como era gente conocida  me mandaban  mensaje o me llamaban a casa.”. Otra experiencia similar es la de Walter: “También hice changuitas a unas cuadras de casa de uno, dos o tres días, más de eso no. Llevo barbijo, alcohol en gel en la mochila. Siempre nos tratábamos de lejos, ellos me hablaban desde el primer piso y yo estaba en el patio, en planta baja”, y agrega: “Solo por cosas urgentes, rotura caños o cosas de ese estilo, nada de hacer una carpeta.»

Por su parte, Carlos se vio en la misma situación, y los trabajos a vecinos fueron un salvavidas para muchas familias. “Al no saber cuándo se iba a resolver esto, me tuve que adaptar. Avanzada la cuarentena  hice algunos trabajos para vecinos, al de al lado le pinté la reja y al de a la vuelta le hice una base con pilotines”, comenta.

Tiempo libre

Durante el aislamiento, muchos aprovecharon para hacer lo que el agotamiento semanal de la vida laboral diaria no les dejaba. Al respecto.  Julio Melián cuenta: “Con el tiempo en cuarentena aproveché para hacer cosas en casa. Mis hijos me dicen que soy bastante inquieto. Pinté casi toda mi casa con ‘puchitos´ de pintura que tenía. También estuve arreglando cosas en casa con materiales que tenía acá. Podé arboles también, me mantuve ocupado.” Asimismo,  Walter hizo lo mismo en su casa. “En lo personal,  en este tiempo libre aproveche para arreglar mi casa, use lo poco que tenía para comprar material y terminar de hacer algunas cosas que tenía pendiente hace tiempo.”.

El futuro

Lucio da su perspectiva de cara a una posible flexibilización. “Yo creo que la construcción se podría llevar a cabo pero como estoy haciendo ahora, trabajando en una casa deshabitada y trabajando con personas de confianza o que ya conocés”,  y agrega: “Junto con un amigo desde el jueves 23 de julio empezamos a hacer unas refacciones en una casa en Merlo, pero ahí no vive nadie así que las medidas de prevención las tomamos entre nosotros. Mientras vamos en el auto usamos barbijo, si compramos una gaseosa o algo lo lavamos bien y tuvimos que suspender el mate, algo que antes era muy común en la obra. El retorno a la vida normal, dentro de lo que es el trabajo en la construcción es toda una incertidumbre”.

La posición de Walter es diferente: “El contacto y el riesgo siempre está, trabajes de lo que trabajes. No creo que la regulación ayude en algo, el riesgo es mínimo en el rubro si se cuida la distancia.”

Desde su propia experiencia, Carlos brinda su  posición ante el retorno de la actividad : “Es complicado porque tengo el ejemplo de un hermano de mi señora que sigue laburando en la empresa de construcción y todo, pero la semana pasada a uno de los muchachos le agarró coronavirus y los tuvieron que aislar a todos, al hermano de mi señora le agarro, hace poco el test le dio negativo, se recuperó.” Carlos concluye: “Es complicado, uno quiere laburar, pero por más que te cuides y todo lo que quieras, no es tan seguro.”

 

La comida como refugio

La comida como refugio

Desde que se declaró la pandemia, ha pasado por los diferentes medios de comunicación, en una suerte de desfile mediático, un sinnúmero de especialistas en diversas materias para analizar los efectos de la enfermedad y el aislamiento obligatorio. Muchos de ellos han hecho hincapié en las consecuencias psicológicas de estas situaciones, entre las cuales se ha destacado el cambio de hábitos alimenticios y la problemática de la falta de nutrientes en los sectores más vulnerables.

Lucas Caputo, preparador físico y psicólogo aporta su punto de vista a partir de su experiencia inmediata. «La alimentación de las personas sufrió modificaciones en ambos extremos: para bien y para mal. Hay quienes comenzaron a optar por elaborar su comida en su casa desde que notaron la disponibilidad de tiempo libre a raíz del aislamiento y se vieron favorecidos a nivel nutricional (y también a que les resulta terapéutico y desestresante), pero también aumentó mucho el consumo de harinas y otros carbohidratos que, en exceso, son negativos para la salud”. El especialista agrega: “Por otro lado, hubo quienes se vieron afectados a nivel anímico y se inclinaron por las comidas rápidas o la compra de comidas elaboradas, de modo que no controlan qué es lo que comen exactamente».

Caputo también cuenta que un gran número de personas se ha acercado a él para solicitar información y rutinas de entrenamiento para mantener el estado físico: «Durante estos meses, recibí muchos llamados de gente que se acercó preocupada porque notaba un aumento de peso y de masa corporal a raíz de la falta de actividad. Varios han iniciado un seguimiento de su salud para estabilizarse a nivel nutricional».

«Cuando empezó el aislamiento y me vi encerrada, empecé a comer mucho más que antes y con mucho descuido. Antes de esta situación, siempre fui fumadora, pero fue notable el crecimiento de mi tabaquismo en los primeros 15 días. No lo dejé ahí: abandoné el cigarrillo y empecé a asesorarme con un personal trainer, a seguir una rutina y a cambiar las comidas y los productos que usaba para cocinar». Las palabras son de Marina, una persona que fue obesa y que se reencontró, en medio de esta pandemia, con esa enfermedad a la que tanta batalla le dio durante años.

Muchos jóvenes de un rango etario de entre 18 y 30 años (incluyendo personal gastronómico, trabajadores y estudiantes) definieron que su período de aislamiento les modificó los horarios y las costumbres, incluso los alimentos consumidos: se encontraron con un insomnio constante que los llevó a dormir durante el día y a convertir sus comidas en necesidades a satisfacer de forma inmediata, sin prestar atención a los ingredientes utilizados ni a las consecuencias ocasionadas por ingerir alimentos en cualquier momento. Acostumbraron sus cuerpos a nuevos horarios, a un insomnio ansioso, permanente y a un desbalance nutricional que, según sus testimonios, les ocasionaron «falta de energía», de acuerdo a Karen, 22 años, estudiante, «y agotamiento mental y visual”, según Julia, 19 años, también estudiante «Estrés, ansiedad y desgano», consignó Tomás, 25 años, estudiante y empleado,  mientras «malhumor y necesidad de distracciones» apuntó Melany, 21 años, encargada de un local de comidas.

Todo esto se une en un discurso más sencillo: Juan Ignacio Konaszczuk, nutricionista, ofrece un resumen de sus experiencias al día de hoy desde que inició el aislamiento. Según sus palabras, el consumo de harinas, la comida rápida y el abandono psicológico acompañado por el sedentarismo son los primeros factores de los cambios negativos en la alimentación, y los que han presentado un marcado ascenso en el período en cuestión. Por otra parte, Konaszczuk también define el aumento y la persistencia en los pacientes que se acercan en busca de una mejor calidad de vida y una alternativa saludable a sus hábitos alimenticios, ya que la comida también actuó como placebo ante  las dificultades psíquicas causadas por el encierro: «He tenido un número más alto de pacientes en el último tiempo. Todos buscan salir de la rutina. El delivery creció, pero cada uno se enfoca en evitarlo, en comprender la ventaja de cocinar en casa y en acompañar una nueva rutina alimentaria con una actividad física o algo que les mantenga la cabeza ocupada».

Jujuy en situación límite

Jujuy en situación límite

“Tenemos gente que se está muriendo en la casa. Hay pacientes que se mueren dentro de los hospitales porque no hay oxígeno, eso no puede suceder”, cuenta Celina Castellón, directora del Colegio de Enfermería de Jujuy. Al comienzo de la pandemia la provincia se perfiló como modélica en cuanto al control del Covid-19. Sin embargo, a mediados de junio la situación cambió drásticamente y hoy el sistema de salud (tanto público como privado) se encuentra saturado. El aumento de casos, la falta de recursos en los hospitales y la ausencia de políticas sanitarias dejan a la provincia de Jujuy desamparada. El clima que se vive en los hospitales es alarmante y aquellos que transitan la enfermedad en sus hogares no reciben la atención necesaria.

Hasta el parte vespertino del miércoles 19 de agosto Jujuy registraba 133 muertos y 5.360 casos: tras CABA y Buenos Aires, es el tercer distrito más castigado por la pandemia. Actualmente, aunque muchos medios informan que el 93% de las camas están ocupadas, el abogado del Colegio de Enfermería provincial, Alberto Elías Nallar, detalla que esa cifra no es real: “Si hubiera un 7% de las camas disponibles, la gente no se estaría muriendo en sus casas”.

El brote

Desde el inicio de la contingencia, el gobernador Gerardo Morales adoptó una política punitiva y persecutoria. Las regulaciones en torno al uso del barbijo y la circulación tenían una sanción monetaria. El director de Radio Nacional de Jujuy, Federico Noro, declara que incluso “se marcaban las casas de aquellas personas que tenían coronavirus”. A su vez, se creó el Comité Operativo de Emergencias (COE) cuyo fin es informar a la población sobre la situación de la pandemia y acompañar a las diferentes instituciones en la problemática. Sin embargo, las voces aquí plasmadas coinciden en que no son eficientes. “La sede del COE es un edificio aparte, los funcionarios van ahí y hacen una transmisión diaria de lo que sucede, difunden placas informativas por WhatsApp y realizan manejo de redes. En mi opinión, se crean con el objetivo de desligar a Morales de toda la responsabilidad que recae sobre él”, observa Noro.

En mayo, el gobernador ofreció llevar el fútbol a Jujuy. En diálogo con TyC Sports, Morales explicó: “Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”. En este sentido habilitó salidas según la terminación del DNI, reactivó algunos sectores económicos y actividades sociales. “Cambió el Día del Padre por decreto con el fin de evitar contagios, pero dos semanas después lo permitió, y ya había más de 200 casos”, expresa el director de Radio Nacional. Muchas de las empresas habilitadas, como por ejemplo Ledesma, que hoy cuenta con más de 300 contagiados y ocho muertos.

En junio comenzó el brote del virus a partir de un operativo policial habilitado por el gobernador y los contagios se volvieron imparables. “El objetivo era reforzar los controles en la frontera para evitar que circulen personas que podrían estar infectadas –relata Nallar-. Para ello, fueron enviados 60 funcionarios. A este punto, ya no hablemos más de distancia social. Ahí, dos policías cruzan y contraen la enfermedad. Al llegar, desconociendo que padecían el virus, comienzan a transmitir el virus a sus familiares y a dispararse los contagios”.

Noro considera que nunca hubo un foco central en las políticas sanitarias. “Morales intentó mostrar que hacía cosas, más que hacerlas. Los hospitales de campaña, por ejemplo, no tenían calefacción. La gente se iba a curar de una enfermedad pulmonar como es el Covid-19, y se moría de frío. Es una locura. Había más ganas de mostrar que se ocupaban que de hacer algo realmente”, sostiene Noro.

El gobernador Gerardo Morales contrajo coronavirus. También su vice, Carlos Haquim.

Desamparo y silencio

Actualmente no son solo los hospitales los que se encuentran colapsados sino también los cementerios: los deudos de los muertos cavan fosas en los pasillos. Castellón detalla que “la gente se muere en las casas y tienen al cuerpo ahí como por tres días porque no le dan el certificado de defunción. Los cementerios están saturados, no hay donde enterrar a los pacientes y es terrible”.

Mientras tanto el personal que trabaja en el campo de batalla carece de los elementos de protección adecuados para tratar a pacientes con Covid-19. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar porque resultaron contagiados. “Utilizan un barbijo social para ocho horas laborales, pero a las tres horas ese barbijo ya no sirve. Y lo digo con conocimiento de causa, soy enfermera en control de infecciones”, explica la especialista. A su vez, los hospitales de campaña mencionados (realizados para tratar la pandemia) están completamente desabastecidos y su infraestructura es frágil: muchos de ellos son simples carpas. Además, según Castellón, carecen de elementos esenciales como suero, oxímetros y equipamiento de protección personal para los trabajadores de la salud. “En un comienzo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a un hospital de campaña y no tenían nada. Los baños son comunitarios y tampoco hay calefacción. Unas colegas fueron aisladas ahí, la comida era mala y el edificio no tenía puertas”, cuenta.

A esta problemática, se añade que la mayor parte del sector de Salud no está recibiendo su sueldo en tiempo y forma. “La gente no cobra hace cuatro meses y muchos renuncian. Nosotros aprendimos a salvar vidas, para eso hemos sido formados y no para dejar morir gente. Es terrible para el personal de salud ver esto”, declara la enfermera Castellón.

Jujuy tuvo la ventaja de contar con algo de margen para prepararse y la representante del Colegio de Enfermería explica que para ello era necesario capacitar a las personas y abastecer el sistema de salud, habilitar camas e instalaciones. A través de una carta documento solicitaron al gobernador, Gerardo Morales, que se prepare en buena forma porque conocían la gran falta de recurso humano en sanidad. Sin embargo, aunque el pueblo jujeño respetó la cuarentena estricta, esos 90 días no fueron utilizados como deberían para proveer recursos. “Como el gobernador no nos dio respuesta, hicimos una acción de amparo solicitando elementos de protección personal y recursos –cuenta Castellón-. El juez (Sebastián) Damiano no nos dio lugar y salió desfavorable para el trabajador”.

El Gobierno provincial, en cambio, incorporó nuevo personal, pero lo hizo de manera irregular, cercenando derechos laborales y atacando a la libertad de expresión “Les hacen firmar declaraciones juradas a médicos donde se los hace responsable de lo que suceda en el servicio y se los llama a hacer silencio -manifiesta la enfermera-. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, todas son quejas en silencio, en la oscuridad de las cuatro paredes. Pero acá no hay una dictadura, acá tenemos que salvar las vidas”.

Al borde del abismo

“Se ha dicho que todo paciente que de positivo tiene que cursar la enfermedad en su casa –dice el abogado Nallar-. Imaginen, en Jujuy nadie es tan rico como para aislarse en un cuarto de huésped. Acá tenemos dos habitaciones y tenemos que convivir con nuestras familias. Conclusión: Todos enfermos”. Por lo tanto, advierte, al total de tres mil contagiados que cursan la enfermedad (muchos de los cuales cursan la enfermedad en su casa), hay que multiplicarlo por cuatro o cinco del grupo familiar que no están registrados. “El sistema está colapsado, el total de las camas están ocupadas, las imágenes que se ven de gente contra las camillas amontonadas dan la pauta de que no dan abasto ¿Cómo van a estar tirados así, como perros?”. A partir de la saturación del sistema de salud, se instaló un sistema de telemedicina en el que se reincorporaron a personas de sesenta años. “Los médicos y médicas no pueden asistir al domicilio y cuando alguien llama, se mueren con el teléfono en el oído porque no hay nadie que pueda asistir a socorrerlos”, dice Nallar.

Una joven residente de medicina, a quien llamaremos “Equis” porque prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias, comenzó a trabajar como voluntaria en un call center donde se pide atención médica y se gestionan ambulancias. La operadora, que daba turnos médicos por teléfono, ahora recibe cualquier tipo de consultas. Por lo tanto, ahora hay un 0800 para turnos y otro creado especialmente para Covid-19. Con cada llamado se hace una primera clasificación del caso: si necesita atención médica, una cama o no. Después de este trabajo los técnicos se encargan de buscar una cama o ambulancia para las situaciones graves.

Según el día y el horario, el call se satura o está tranquilo. “El pico de terror es después de la transmisión del COE (Comité Operativo de Emergencias 2020). La gente se asusta mucho con sus declaraciones. La última vez se habló de medicación que se puede proporcionar sin consultar, y la gente llamó para preguntar qué podía tomar”, relata la residente. En su primera semana de trabajo le tocó una llamada de un paciente con Covid-19 grave. “No había ambulancia, no había cama y nadie iba a verlo –cuenta Equis-. Entre que yo hablaba con los técnicos y con el pariente, el señor murió. En un momento llamo al familiar con el que me había estado comunicando y me dice: ´Creo que mi hermano se fue porque está frío y ya no respira´”.

Al estar los médicos colapsados, las personas reclaman la demora en la atención: “Hace tres días solicité un médico, dijeron que iban a llamarme pero me siento mal y nadie me llama”. La directora Castellón, quien padece la enfermedad, relata cómo no recibió ningún tipo de asistencia y ha tenido que proveerse los insumos por su cuenta. Equis, por su parte, observa: “Todo el mundo quiere hisoparse pero no alcanza. Ni cerca. Como no hay disponibilidad de tests, pedimos que se encierren dos semanas y que esperen al llamado del médico”.

Los ministerios de Salud de Jujuy y de la Nación articularon medidas para luchar contra la pandemia, enviando ayuda para controlar la situación e incluso asistieron profesionales nacionales. A Nallar no le parece suficiente. “Le están mandando un auto de carrera a un inválido. No necesitamos ayuda, necesitamos gestión”, enfatiza. La situación se volvió aún más preocupante cuando el 15 de agosto le diagnostican coronavirus al gobernador Gerardo Morales. Luego de la distribución que realizó en persona de bolsones con donaciones a barrios carenciados y la visita a hospitales en la zona roja de Ledesma, la autoridad cayó enferma. “En el momento más crítico, cuando estábamos pasando por el ojo de la tormenta, el piloto dijo: ´Me voy ́, y nos quedamos todos arriba”, dice Nallar con preocupación. El 19 de agosto el vicegobernador Carlos Haquim fue confirmado también con coronavirus. “Hay acefalía absoluta, desgobierno total, y las personas que corresponden a las líneas sucesorias, o forman parte de la población de riesgo con enfermedades tales como diabetes o problemas de bypass gástrico, o son incompetentes para gobernar”, asevera Nallar.

Ante la imposibilidad de salir a la calle a realizar manifestaciones, el 18 de agosto el Colegio de Enfermeros junto con 200 instituciones enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, en la que piden que los resortes del Estado se pongan al servicio de la salud pública, que la Nación asuma la garantía de la vida y la salud de todos los ciudadanos y que se envíe una suerte de ministro de Salud que se haga cargo del manejo de la pandemia. “Le pedimos al presidente que con la misma eficiencia y solidaridad que trabaja en el AMBA, nos dé una mano para que asuma la conducción del sistema sanitario de la provincia”, detalla Nallar. En esta línea, Casetellón añade: “Jujuy también es parte de Argentina aunque estemos en la frontera, somos un sistema republicano federal y el señor Presidente no puede olvidar esto. Necesitamos que nos ayude, queremos salvar a nuestro pueblo”.

Esa costumbre de matar

Esa costumbre de matar

El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.

Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.

Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.

Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.

Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.

“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.

Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.

En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.

“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.