Las huellas de la memoria
En los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio El Banco y Puente 12 casi no hubo sobrevivientes.
En la mañana del sábado 30 de agosto se llevó a cabo la señalización de los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) de la última dictadura cívico millitar conocidos como El Banco y Puente 12. Familiares de las víctimas y sobrevivientes se acercaron al predio para participar del acto y dar un discurso.
En la intersección de Camino de Cintura y Av. Ricchieri se erigen los ex CCDTyE denominados Puente 12 y El Banco, donde hoy funciona la actual Brigada Femenina XIV de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En su interior hay una habitación con una veintena de camas cuchetas donde duermen las agentes policiales. En el mismo lugar, hace 43 años, se hallaban los calabozos donde pasaban sus días los militantes secuestrados por la última dictadura militar. A su vez, lo que hoy es el espacio de trabajo del comisario, antes era la sala de interrogatorio y tortura.
“Estas personas no estaban enteradas: la misma policía es ajena a su propia historia. Entonces, la señalización de estos espacios no sólo es venir, dejar una marca y mostrarle a la comunidad, sino también mostrarle a la fuerza lo que hizo su propia institución.”, explicó Adriana Taboada, psicóloga, investigadora del Centro de Estudios de Genocidio (UNTREF) y perito forense en causas por delitos de lesa humanidad, en diálogo con ANCCOM.
En la mañana despejada del sábado 31 de agosto, decenas de personas se alistaban para ir llegando, en grupos, al cruce famoso de La Matanza. Muchos son familiares de detenidos que estuvieron secuestrados durante el terrorismo de Estado en los centros, algunos son sobrevivientes y otros tantos, amigos y militantes. El evento que los convoca es la señalización de los centros clandestinos de detención El Banco y Puente 12, a realizarse a partir de las 10.30.
Unas doscientas personas participaron del acto de señalización de El Banco y Puente 12 como ex CCDTyE.
Veinte minutos antes del horario previsto de inicio, quienes se habían acercado no superaban las cincuenta personas. De forma colaborativa y con entusiasmo, los presentes se dispusieron a armar el espacio de acogida donde se desarrollaría el acto. Algunos clavaban en el césped carteles con imágenes de las víctimas, otros desenvolvían los banners de cada organismo que convocó al evento: la Comisión Vesubio y Puente 12 -conformada por sobrevivientes y familiares de detenidos en esos centros clandestinos de detención tortura y exterminio-, la Mesa de Memoria de La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, e HIJOS Regional La Matanza.
Cerca de las 11, el espacio quedó pequeño para la cantidad de concurrentes. Desde adultos mayores hasta infantes, el número de participantes rondaba las doscientas personas. Los más grandes sentados en sillas dispuestas alrededor de un escenario, los adultos y jóvenes parados y, entre sus piernas y algunos montones de bolsos y abrigos, algunos niños que, sentados sobre el suelo, se divertían con sus juguetes. En el ambiente se observa el intercambio entre generaciones, el traspaso de la memoria de una a otra. Ese es el caso de Carmen “Tota” Ramiro de Guede, Madre de Plaza de Mayo, quien asistió junto a su hijo y su nieta que está tipeando el libro que su abuela hizo sobre la vida de las Madres para enseñar en las escuelas, titulado Pájaros y Flores.
“En este centro clandestino de detención hubo pocos sobrevivientes, muchos asesinados y desaparecidos.”, introdujo Cristina Comandé, sobreviviente de Puente 12, dando inicio al acto. Cristina fue una de las principales organizadoras del evento y una activista sin descanso. El año pasado fue querellante en el juicio por los crímenes cometidos en ese CCDTyE que se desarrolló entre 2017 y 2018 y que dejó como sentencia cuatro absoluciones y cinco condenas, entre ellas las de los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Federico Antonio Minicucci a cadena perpetua. “En el primer juicio de Puente 12, Cuatrerismo, brigada Güemes y comisaría de Monte Grande hubo 139 casos, 86 desaparecidos, 17 homicidios probados y 15 imputados entre militares y policías de la Provincia de Buenos Aires: uno impune por causas médicas y cinco por morir antes de comenzar el juicio.”, detalló Comandé. A su vez, explicó el reclamo actual: la desafectación del predio, el cese de actividades de la Policía Bonaerense para que el lugar se convierta en un sitio de la memoria.
«Recordamos a los compañeros para lograr la unidad popular y libertaria que todos queremos”, dijo Isabel Cerruti, una de las sobrevivientes que participó del acto.
A continuación, el presentador y locutor Guido Galva cedió la palabra a Isabel Cerruti, sobreviviente y representante de los compañeros detenidos de El Banco, quien destacó el espíritu de unión que se sentía en aquellos días: “Estábamos todos juntos: éramos uno solo en ese momento, acompañándonos y resistiendo. Muchos -la mayoría- murieron. A veces nos duele ver que hoy no aprendamos de ese mensaje y ese accionar. Podríamos hacer un esfuerzo, recordando a los compañeros, para lograr esa unidad popular y libertaria que todos queremos.”
Un momento de emoción se vivió cuando Camilo Ríos, militante en HIJOS La Plata anunció el surgimiento de Nietos y leyó un poema dedicado a este nuevo espacio, al secuestro de sus abuelos y a la identidad. Seguido de este hecho, algunas Madres de Plaza de Mayo dijeron unas palabras, entre ellas la militante y defensora de los Derechos Humanos, Nora Cortiñas, quien narró una anécdota que conmovió a los presentes. “En este predio, -contó Nora- había un club del Ministerio de Hacienda muy familiar. Acá veníamos con Gustavo y Marcelo los sábados, preferentemente, porque los domingos había mucha gente. Hacíamos todo el camino para llegar a Puente 12; desde luego no teníamos auto. Íbamos con el cochecito, con el bolsón y las mamaderas para pasar el día. Acá, en esta pileta –perdón, estoy cargada de emoción- en esa pileta se bañaban Gustavo y Marcelo. Habíamos pasado días tan hermosos. Cómo es la vida, ¿no? Te da ese gusto y después te da el horror.”
Finalizados los discursos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes se dispusieron alrededor de los dos carteles prominentes tapados por una tela negra. Entre todos contaron regresivamente y al llegar a cero los descubrieron. Ambos presentan a los centros de detención El Banco y Puente 12 y explican qué sucedió en ellos. Así, el espacio quedó señalizado para la memoria. Luego, todos los concurrentes tomaron cada uno una foto de una persona desaparecida y la pegaron en la pared frontal del edificio. Algunos les agregaron frases, tales como: “Las guerrilleras son nuestras compañeras”, “Te amamos, tus hijos y nietos” y “Hasta la victoria siempre”.
Tota Guede, madre de Plaza de Mayo, participó del acto.
Finalmente, la multitud se organizó en una larga fila para ingresar de a grupos al centro clandestino, guiados por Cristina Comandé. Algunos elementos, como una porción del suelo formada por baldosas blancas y negras y las claraboyas, se mantuvieron. Otras -la mayoría- se vieron modificadas con el paso de los años. Cristina narraba, a grandes rasgos, cómo era la vida en el lugar. Sin embargo, la pregunta de un joven adolescente sobre la comida que recibían la llevó a relatar una anécdota: “Una vez nos trajeron una sopa inmunda con pedazos de grasa flotando. Ante esto, yo, que no sé quién me creía, dije que esa porquería no la iba a comer. Entonces un compañero me dijo: ‘Vos lo comés porque el cuerpo necesita grasa. Así que te lo comés igual.’ Fíjense cómo nos cuidaban los compañeros que nosotros veíamos como más grandes. Eran nuestros referentes. Así que me la comí.”
Ya finalizada la ceremonia, Comandé dijo a este medio que el homenaje le parece uno de los más fuertes “porque es en el lugar donde estaban los compañeros y donde muchos terminaron su vida.” Y continuó: “Para mí fue muy reparador porque en cada abrazo de los compañeros siento que estoy abrazando a los que ya no están.”
Un día con memoria y justicia
El 27 de mayo de 1977 a Daniel Mercogliano le sirvieron doble ración de comida. La noche anterior no había recibido nada, no alcanzaba para todos. “Ayer eran 200, hoy no son más de 120”, le dijo el compañero sometido a trabajo esclavo que se encargaba de repartir alimentos. Ese día, alrededor de ochenta personas fueron puestas en fila y “trasladadas” del ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Sabemos lo que el eufemismo “traslado” significó en la dictadura cívico-militar argentina. Este 27 de mayo, treinta y nueve años después, son otros los detenidos, esta vez con todos los derechos y garantías que los militares negaron a los 30 mil detenidos desaparecidos: 17 represores fueron sentenciados por el Plan Cóndor, una asociación ilícita formada a fines de 1975 entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para eliminar a quienes consideraban sus enemigos. Aquellos que secuestraron, detuvieron, torturaron, y desaparecieron a cientos de personas en la clandestinidad, son hoy los que legalmente están siendo juzgados y sentenciados a prisión.
Las antorchas de la silueta que recuerda a los más de 1500 detenidos-desaparecidos que pasaron por “Club Atlético” en la dictadura militar fueron encendidas el pasado viernes, en un acto homenaje por el traslado masivo que tuvo lugar ese mismo día hace 39 años, fecha que pudo ser precisada gracias al testimonio de Daniel Mercogliano, ex detenido de ese centro clandestino. “Yo quiero hablar sobre el compañero Alberto Tomás Aguirre, un muchacho de 27 años, casado, albañil, correntino, militante de la Juventud Peronista, con tres hijos. Fue mi compañero de celda. Él fue secuestrado el día 22 y yo el día 19”, inició el relato Mercogliano. Y continuó, pese al temblor en su voz: “El 27 de mayo por la mañana nombraron celda por celda a cada uno de los que iban a ser trasladados en ese momento. Lo llamaron a mi compañero y yo en ese momento me alegré y hasta lo envidié. Fueron puestos en una fila, tomados todos por los hombros, y en trencito fueron llevados hasta un pasillo interno. Los represores les dijeron que iban a ser trasladados a una granja de recuperación en el sur y que iban a ser transportados en avión. Y que, para evitar inconvenientes, les iban a dar un tranquilizante. Alcanzaron una guitarra, pusieron música, y los obligaron a cantar y a bailar. Al poco tiempo el bullicio fue desapareciendo. Y no se escuchó más nada”.
El “Club Atlético” funcionó como centro de detención, tortura y exterminio entre febrero y diciembre de 1977 en el sótano de la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal, un edificio de tres pisos ubicado en Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba. A finales de 1978 fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Los detenidos-desaparecidos que aún seguían allí fueron trasladados a «El Banco», otro centro situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, y luego a “Olimpo”, en Floresta. El 20 de septiembre de este año comenzará la tercera etapa del juicio a ese circuito represivo: Atlético-Banco-Olimpo.
El 27 de mayo se realizó un acto homenaje en conmemoración por los 39 años del traslado de aproximadamente 80 personas desde el ex centro clandestino de detención El Atlético. Se cree fueron victimas de los «vuelos de la muerte».
Gracias al reconocimiento que hicieron los sobrevivientes de su lugar de cautiverio, y al acompañamiento de sus familiares y de organizaciones de derechos humanos, a partir de 2002 el Gobierno de la Ciudad inició las obras de excavación y rescate arqueológico. “Seguimos trabajando todos los días para encontrar más certezas y verdades. Aún queda mucho que descubrir del Atlético, con más del 90 por ciento de su superficie aún sin excavar. La recuperación de la arquitectura y los objetos que acá se hallaban enterrados sirven como prueba en los juicios a los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante”, dijo la arqueóloga Laura Duguine.
El acto homenaje fue organizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético y por el Espacio para la Memoria de este ex centro clandestino. Osvaldo Barros, ex detenido, explicó: “Los traslados hacia una granja en el sur fue el eufemismo utilizado para no tener oposición entre los secuestrados. Así sentíamos irse a los compañeros entre risas, llantos y el ruido de los grilletes”. Respecto a la conmemoración, Susana Mitre, del Área de Transmisión de la Memoria, dijo: “Este acto es muy particular porque es la primera vez que hacemos un homenaje a un traslado. Cada uno de los aspectos que vamos conociendo va saldando un trauma vivido en nuestra sociedad, que fue nada más y nada menos que un genocidio. Ese es el valor que tiene, la reparación personal de los individuos, pero también una reparación social”. Para Daniel Mercogliano, dar el testimonio que permitió conocer la fecha exacta del suceso es una manera de luchar contra el olvido: “Las mil doscientas o mil quinientas personas que han muerto acá no pueden ser olvidadas, para que la historia no se repita, para que queden vestigios de ellos de su paso por la tierra”, dijo.
“¿Por qué hablar de un traslado en particular cuando hubo más de una docena en general? ¿Por qué mencionar a un secuestrado cuando hubo más de mil?”, preguntó Laura Duguine refiriéndose al Atlético. Y respondió: “Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas. No sabemos el total de los traslados, las fechas en que acontecieron, y el total de la identidad de sus víctimas, pero sí sabemos que un día como hoy hace 39 años hubo un traslado masivo en el que junto a muchos otros estaba Alberto Tomas Aguirre. Esa es una pieza del rompecabezas que sí tenemos”.
Y son esos “pedazos de historia” los que permiten ir aportando pruebas a los juicios que a partir de 2003 vienen llevándose a cabo. Respecto al contexto actual del país, el ex-detenido Osvaldo Barros enfatizó: “Hoy, que corren peligro los avances logrados en la lucha contra la impunidad, que se pretende el olvido y la reconciliación, redoblamos nuestros reclamos de justicia por nuestros compañeros, saber su destino, dónde están, quiénes fueron los responsables. Exigimos la continuidad de los juicios. Seguimos reclamando reclusión perpetua, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Seguimos gritando: no habrá olvido, no habrá perdón, no habrá reconciliación”.
«Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas», afirmó Laura Duguine.
Sentencia Plan Cóndor
Este viernes 27 de mayo, mientras Daniel Mercogliano se preparaba para detallar el traslado que había tenido lugar en el sótano de Paseo Colón años atrás, una sala llena en Comodoro Py escuchaba la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”, en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Si bien en total eran 32 los acusados en un inicio, solo se juzgó a 17 ex militares, 16 argentinos y 1 uruguayo, debido a que algunos murieron –entre ellos Jorge Rafael Videla– y otros fueron separados del juicio por razones de salud.
El tribunal integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), estableció para Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci 25 años de prisión. Además, fijó para Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, 20 años de cárcel. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos, y el resto fue condenado a penas que varían entre 8 y 20 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de agosto.
Una de las particularidades de este juicio fue que se probaron no solo los crímenes de lesa humanidad, sino la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil –con conocimiento y control de Estados Unidos– para reprimir y eliminar a aquellos que consideraron “peligrosos”. Entre los escritos que sirvieron de prueba judicial –documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el “Archivo del terror” de Paraguay, y algunos expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros– fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor, fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El Plan Cóndor consistió, en una primera etapa, en la creación de una base de datos sobre los posibles enemigos políticos; una segunda fase consistió en pasar a la acción, identificando y eliminando a estos opositores a nivel regional; y una tercera, fuera de la región, para encontrar y asesinar a aquellos que consideraban “peligrosos” y que se hallaban en otros países.
Antorchas por la Memoria
Con las antorchas de la silueta del Atlético aún prendidas y la conmoción por el acto recién finalizado, Daniel Mercogliano habló sobre la coincidencia de fechas del aniversario el traslado y la sentencia del Plan Cóndor: “Hay algo que es cierto: esto no puede ser nunca más. Por nosotros no puede ser nunca más. Pero también me indigna que si bien los represores han sido unos grandes hijos de puta, y son responsables de todo lo que pasó, hoy sean los únicos que están en el banquillo de los acusados. Los que realmente se beneficiaron de todo esto no dan la cara. No puede haber más un hijo de puta que disponga de otro, en ningún sentido”.
Actualizado 31/05/2016
La complicidad empresaria con la dictadura
El Senado aprobó, el pasado 25 de noviembre, la creación de una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresarias en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico militar.
La creación del organismo fue aprobada por los legisladores del FPV y parte del interbloque socialista liderado por Rubén Giustiniani. El PRO y la UCR, en cambio, se retiraron del recinto.
La nueva comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría. El cuerpo se propondrá confeccionar un documento que identifique a «los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». Además, la norma crea, dentro del ámbito del Parlamento, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objeto de poner a disposición gratuita del público toda la documentación vinculada al tema, utilizada por la bicameral.
El autor del proyecto recientemente convertido en ley fue el diputado nacional del FPV Héctor Recalde y la Cámara Baja lo había aprobado en noviembre pasado. En diálogo con ANCCOM, Recalde dijo que es necesario hablar de la participación y complicidad de los empresarios con los militares, ya sea “marcando” a trabajadores o aportando infraestructura o logística que permitió la violación de los derechos humanos. Según el legislador, estas maniobras tenían un triple fin: ideológico, económico y de sometimiento. “Ideológico porque estaban de acuerdo con el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, económico porque maximizaban la rentabilidad empresarial, y de sometimiento porque era mucho más fácil para ellos conducir una empresa con trabajadores que no reclamen nada”. Además, especificó: “Hay ejemplos muy claros, uno es Carlos Blaquier, del ingenio jujeño Ledesma, y el otro es Vicente Massot, directivo del diario La Nueva Provincia”.
Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a «La noche del apagón» ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.
Recalde enumeró otros posibles casos a investigar, algunos de los cuales ya ingresaron en la justicia: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida –especialmente las revistas Para Ti, Gente y Somos-, La Veloz del Norte, Celulosa, Grafa, Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa, y la metalúrgica Bovapi.
Walter Bosisio, sociólogo y co-autor del libro La dictadura del capital financiero, explicó a ANCCOM que la única manera de poder investigar judicialmente las complicidades del sector civil es que aparezcan atadas a delitos de lesa humanidad, dado que no prescriben.
Participación civil
Según Bosisio, el armado de la estructura económica y el manejo de los recursos financieros del Estado estuvieron a cargo de civiles que representaban los intereses del capital privado, tanto nacional como extranjero. A su vez, el autor comentó que el proyecto económico de la dictadura había tenido antecedentes en el gobierno de facto anterior y en las políticas económicas del ex ministro de Economía de Isabel Perón, José Celestino Rodrigo. Pero, subraya, que a partir del 76 se acabaron los escrúpulos: “Esta vez estaban dispuestos a todo. Los derechos humanos se vieron afectados, no solo en el plano civil y político, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales porque no había garantía de nada, ni siquiera del derecho a la vida, ni al trabajo”. En esa misma tónica, Eduardo Codianni, investigador y miembro de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central (BCRA), coincidió con la postura de enfocar la cuestión desde otro ángulo: “La teoría puede ser distinta: el poder económico usó a los militares para imponer un nuevo sistema. La única forma que había para derrumbar la organización de los trabajadores existente en ese momento era mediante la represión.”
Santiago Kosiner, politólogo y también miembro de esa Subgerencia del Central, amplió respecto de la vinculación de las violaciones de los derechos humanos con el sector civil: “Colaboración y complicidad son sinónimos, pero de lo que nosotros hablamos es de participación civil concreta. Acá están Santiago Soldati, Juan Alemann, Alfredo Diz, personas de distintos grupos económicos que estuvieron en el directorio del BCRA, todo el sector privado manejando el órgano de control financiero y haciendo una reforma profunda del sistema desde el Estado que beneficia a los privados”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
En la conformación del gabinete de Martínez de Hoz puede verse el tejido de alianzas con las grandes corporaciones. Bosisio especificó la continuidad con el presente: “Personas muy cercanas a Martínez de Hoz, como Guillermo Walter Klein -jefe de la Cámara Argentina de Comercio- y Héctor Maidal -abogado especializado en defender a multinacionales-, quedan a cargo de sectores importantes de la economía nacional”.
Estos dos funcionarios se asociaron en un estudio jurídico y hoy forman parte de los bufetes más importantes del país. Entre sus clientes se encuentran corporaciones como Citibank o CEO de multinacionales como el flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bosisio explicó que Maidal y Klein tenían un doble juego:, mientras ocupaban cargos públicos, defendían desde sus estudios jurídicos a las multinacionales y sobre todo a bancos extranjeros.
Otro nombre rutilante acusado de complicidad con los militares es el de Jorge Zorreguieta -padre de Máxima, la reina de Holanda-, quien fuera miembro de la Sociedad Rural, a cargo de la Secretaria de Agricultura. También pueden agregarse el primer interventor del BCRA, Alfredo Cassino, y su sucesor, Alfredo Diz, un economista neoliberal discípulo de Milton Friedman. También formaron parte del aparato económico estatal el dueño de la fábrica de electrodomésticos Longvie, Christian Zimmerman, quien fuera viceministro de Economía; Narciso y Juan Ocampo –autoridades del Banco Ganadero Argentino- que asumieron al frente del Banco Nación y Juan Alfredo Echebarne –mano derecha de Martínez de Hoz y amigo del por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy- que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores.
Los Ocampo, además, fueron investigados por el secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino, empresarios que fueron extorsionados para desprenderse de sus bienes económicos. Por su parte, Echebarne se encuentra actualmente en prisión por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad en el caso Banco de Hurlingham. La situación de este último funcionario fue estudiada a fondo por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Bosisio en una investigación publicada en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Estos aportes permitieron documentar que Echebarne presenció torturas y extorsiones: “Empresarios secuestrados reconocen las voces de Echebarne y René Garris, y si bien no saben si aplicaron ellos las torturas, estuvieron presentes y preguntaban. Por ende, son partícipes de delitos de lesa humanidad. Los militares sabían qué preguntarle a los militantes, pero no a los empresarios, entonces llegaban los técnicos y participaban. Veían un cuerpo torturado, cómo se violentaban los derechos humanos y no decían ni hacían nada para detener eso porque son partícipes”, detalló Bosisio, y agregó: “Con el informe que nosotros armamos, mostramos con pruebas cómo hubo participación directa en la toma de decisiones de favorecer a una empresa u otra. Cabe suponer que beneficiaron a algunos grupos y hasta aprovecharon la información extraída bajo tortura para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la justicia pudo obrar y meterlo preso a Echebarne, pero a Garris todavía no, y uno puede suponer que como él hubo otros personajes similares”.
Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.
Casos notables
Entre los casos paradigmáticos, aparecen en primera instancia los vinculados directamente a Martínez de Hoz como empresario: la siderúrgica Acindar y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En la primera firma, Martínez de Hoz abandona el directorio dos semanas antes de que se diera el golpe y deja en su lugar al general retirado Alcides López Aufranc a cargo de la empresa. López Aufranc –fallecido en abril de este año- participó de la represión en una huelga ocurrida el año anterior a su asunción y poco después se jactaba de que 23 empleados ya no darían problemas porque “estaban bajo tierra”. “En el caso de la Ítalo –explica Kosiner- Martínez de Hoz era uno de sus accionistas. Y en un momento en que la política militar se caracterizaba por reducir el gasto público, decidió contradictoriamente estatizar la empresa y pagar cuatro veces más de lo que valía. El Estado compró cables viejos que no tenían ningún valor, hicieron un negociado enorme”.
En el caso del Banco de Hurlingham, veintinueve personas correspondientes al directorio de la entidad fueron secuestradas y llevadas a Campo de Mayo. Allí fueron torturadas e interrogadas por miembros de la Comisión Nacional de Valores, dato que fue corroborado por el juez federal Daniel Rafecas en 2010, a partir de una nota en la cual el Teniente Coronel Raldes agradecía al organismo por los servicios prestados de cuatro técnicos de esa institución.
El caso de Papel Prensa –que permitió el despegue de Clarín hasta obtener una posición dominante en el mercado- también es paradigmático. En ese caso, Lidia Papaleo de Graiver denunció haber sido secuestrada y obligada a vender a precio vil su paquete accionario, tanto ella como los demás socios. Casos como los de las automotrices Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron obreros sindicalizados y militantes, también marcan una clara participación entre los civiles y los militares para la violación de derechos humanos.
Futuro
Celeste Perosino, titular de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, opina que es necesario continuar abriendo la agenda de los derechos humanos: “Hay que saldar deudas históricas y mirar para la dictadura, porque aquellas políticas proyectaron continuidades en democracia. De hecho, por ejemplo, en la CNV muchos de los que llegaron con los militares siguieron trabajando hasta los 90”. Codianni complementó: “Cuanto más se hable de las cuestiones, más se abran los archivos, más servirá. Aunque sea para la historia y para que las cosas no se repitan. Y, por supuesto, se juzgue lo que tenga que juzgarse”.
El proyecto de Recalde recientemente aprobado había recibido el rechazo de las grandes corporaciones: los primeros en quejarse fueron UIA, IDEA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio. Una de las críticas fundamentales fueron que se buscaba perseguir y estigmatizar a los empresarios y que el Poder Legislativo buscaba suplir funciones del Judicial. “La comisión bicameral –respondió Recalde- no juzga, ni lesiona garantías constitucionales ni afectan la división de poderes establecida por la Constitución”.
“Uno podría preguntarse por qué ahora –completa Perosino- Me parece que tiene que ver con una cuestión histórica, hubo otras urgencias de investigar antes de meterse en la pata económica. Hubo que tapar otros baches, tratar de avanzar por lo más urgente, y me parece que eso también tiene que ver con un cambio de poder y hurgar en la pata cívica del asunto”.
“No abrimos heridas, tratamos de cerrarlas”
«La ley mordaza es el franquismo», sentencia Xoán Negreira. Las dos temáticas se entrecruzan durante la jornada del sábado 11 de julio, en la que un grupo de descendientes de españoles se manifestó frente a la embajada de España para reclamar la extradición de 19 represores de la dictadura de Francisco Franco a Argentina y, a la vez, criticar la denominada «ley mordaza» que entró en vigencia el último 1° de julio.
«Estamos acá porque solicitamos la extradición de 19 represores y genocidas españoles del franquismo que han sido imputados por la justicia argentina y que el reino de España hoy, impunemente, los acobija y no los extradita», explica Negreira, miembro de la Agrupación Federico García Lorca, la organización que convocó a la manifestación. Además del pedido expreso a la diplomacia española, la actividad contó con una serie de shows artísticos con bandas, conjuntos de danza, una lectura de una obra teatral y radio abierta. «Estamos levantando la voz para pedir justicia por los cientos de miles de personas que fueron acribilladas, perseguidas y torturadas dentro del franquismo», dice Negreira a ANCCOM.
«Argentina es el único país en el mundo que tiene una causa contra el franquismo», señala Inés García Holgado. Ella, junto a Adriana Fernández y Darío Rivas son los tres querellantes que llevan adelante el juicio en Argentina contra los represores españoles. «Lo que queremos es que se visibilice la causa en Argentina. Para nosotros, que somos familiares, es muy importante que se sepa que en España hubo un genocidio. Se lo toma como que fue una guerra civil», agrega Inés.
Las dos mujeres son argentinas, ya que sus padres escaparon de las persecuciones. En el caso de Inés, perdió a su abuelo, mientras que Adriana a sus tíos y a su abuelo. Se vieron obligadas a presentar la causa en Argentina porque «en España se habían cerrado todas las puertas».
Manifestación en la embajada española de la ciudad de Buenos Aires.
«Baltasar Garzón agarró la causa en el 2006, la Audiencia Nacional no le permitió continuar y solo quedaba la Argentina, con el principio de justicia universal que permite, aunque el delito se haya cometido en otro país, juzgar los crímenes de lesa humanidad», relata Adriana. Y es que en España, como subraya Inés, «estos crímenes no se consideran de lesa humanidad, se consideran prescriptos”.
La novedad de la causa, que fue la chispa que encendió la idea de hacer esta manifestación, fue que la jueza Servini de Cubría pidió la extradición de los 19 torturadores, entre los que se encuentran ex ministros y familiares de ex funcionarios y hasta un médico involucrado en el robo de bebés, y el gobierno español se negó.
«Queremos que la sociedad española sepa la historia completa y no la oficial, que fue la que impuso el franquismo. No estamos abriendo heridas, estamos tratando de que se cierren», expresa Inés.
«España es un cementerio. Por todo el país hay fosas comunes. Hay gente que sabe dónde están sus familiares y los jueces no los autorizan a sacarlos», cuenta Adriana. «Hay todavía 114.000 personas que están en fosas comunes y que hay que exhumar. El Estado español no se hace cargo ni de las exhumaciones y mucho menos de los ADN», añade Inés. Según sus datos, durante la dictadura de Franco hubo 300.000 bebés robados entre 1938 y 1992, 50.000 ejecutados, 400 fosas comunes y 50.600 detenidos entre 1963 y 1977.
«Hace muchos años, no se pensaba que a los genocidas de nuestro país se los iba a poder juzgar acá. La gente viajaba a España a prestar declaración allá. Ahora tenemos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. A lo mejor, con un cambio de gobierno o de mentalidad de la sociedad española, puede suceder lo mismo», indica Inés.
El pedido por justicia a los crímenes de la dictadura franquista se mezcla y entrecruza con la actual crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» en España. «La ley mordaza es el franquismo. No se puede acompañar el reclamo de las personas que perdieron sus casas por deudas con los bancos, o al hacer cualquier pronunciamiento en las redes sociales ya se es imputado y juzgado por la justicia española por esta reforma del Código Penal. Para nosotros, no hay libertad de expresión. Eso es dictadura», plantea Xoán Negreira.
Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.
Junto a la Agrupación Federico García Lorca, participó también la representación argentina de Podemos, el partido político español que surgió el año pasado como forma de canalizar y organizar los reclamos que surgieron con el movimiento de los «indignados».
Pablo Estruga, nacido en Ibiza, llegó a Argentina en enero de 2014 porque tiene familia en Mendoza. Venía de participar del #15M y de las manifestaciones de los indignados en Valladolid y Madrid. En Argentina, fundó junto a otras 40 personas la sede de Podemos en nuestro país.
«Podemos tiene un sistema de círculos autónomos -explica Estruga a ANCCOM-. El círculo se creaba y se unía al partido. Surgían asambleas o, como el exilio español es tan grande en los últimos años, núcleos en otros países, como París, Londres, Berlín». En Argentina, ellos trabajan para la difusión del partido de cara a las elecciones generales de noviembre, ya que en Buenos Aires hay 400.000 españoles y descendientes de españoles.
Para Estruga, «con la ley mordaza quieren evitar otro movimiento parecido al que golpeó el tablero en España. Ya es tarde para eso. Es una ley que tiene de vida lo que dure la conformación de un nuevo Congreso. Sea Podemos gobierno o no, vamos a presentar una reforma para derogarla, porque es una ley totalmente retrógrada, injusta y recuerda mucho a la época de la represión».
«Cualquier nuevo grupo político que conforme el Parlamento y con un poco de sentido común, sabe que es una ley que no representa a nadie. Es una ley partidaria, del Partido Popular, al que el PSOE evidentemente no se opone, porque sabemos que en las cuestiones estructurales votan igual. Estamos seguros que va a cambiar bastante el color del Parlamento, por eso sabemos que es una ley que tiene los días contados».
Según Negreira, «hay un pacto que se ha hecho en el año ’78 donde el bipartidismo, el Partido Socialista Español y el Partido Popular, la derecha franquista que se ha refugiado en la democracia con este partido, han pactado el silencio, el perdón hacia los genocidas. Podemos es una fuerza que rompe con el bipartidismo».
«Hay una gran similitud en algunas cuestiones con el 2001 de Argentina, con las asambleas, la participación de las bases y la militancia y la formación de nuevos cuadros, que es lo que necesita España».