Mataderos se pudre al sol

Mataderos se pudre al sol

Restos de carne, sangre y grasa tapizan las inmediaciones del Mercado Rodó. La desidia de industrias, comercios y Estado convierten a un barrio en un basural a cielo abierto.

Restos de carne sanguinolenta desbordan los contenedores de basura. Olor constante a salchicha impregna el aire. La grasa vuelve resbalosas las veredas. El mediodía es tórrido en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires y unos pibes buscan su almuerzo entre los desperdicios. Ya prendieron un fueguito frente al laboratorio Roemmers. Carne sobre carne. Y la amenaza constante de que los plásticos de los envoltorios de pollo vuelen y se peguen en las piernas o en la cara de la mantera haitiana que vende ropa interior. Bienvenidos al mercado cárnico. Mataderos rojo shocking. Digno paisaje de cine gore.

Seguramente van a pasar horas hasta que los camiones de basura vacíen los contenedores y laven las veredas de la calle Rodó. En ese largo intervalo, los restos de carne y menudencias a la intemperie  emanarán líquidos y mal olor. Banquete para ratas, palomas y cucarachas.  

La Ley de Basura Cero parece una broma pesada ante los recortes de presupuesto de las auditorias porteñas que controlan la higiene de la vía pública. Mientras tanto, la basura se acumula en el barrio. Mataderos se pudre al sol.

Carne outlet

“Es muy desagradable ver la sangre corriendo. Sería mucho mejor que tuvieran un lugar para depositarla, no a la vista del público. Nací en Mataderos y lo veo cada vez más sucio”, dice Silvia Benítez, vecina con pila de años en el barrio enclavado al oeste de la ciudad. Según el último censo, son casi 9.000 vecinos los que  viven alrededor del Mercado Cárnico de Rodó, punto neurálgico del comercio de carne y sus derivados. Los negocios ocupan diez manzanas, atravesadas por las calles Rodó y Lisandro de la Torre, y se dispersan por Martiniano Leguizamón, Bragado y Murguiondo.

 En esas cuadras repletas de trabajadores vestidos de blanco, camiones que llevan y traen mercaderías y contenedores de basura abarrotados, se pueden conseguir carne vacuna y productos de granja a precios muy bajos.  Es una especie de “outlet de carne”. “En esta zona se comercializa más del 40% de la carne de la ciudad. Hay más de 100 comercios entre mayoristas y minoristas”, explica Fabián Ojeda, presidente de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de la Carne y sus Afines de Mataderos (CECCAM).

El consumo de carne vacuna, álgido tema de promesas partidarias en este año electoral e inflacionario, superó las previsiones más pesimistas. Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura de la Nación, en 2021 los argentinos consumieron un promedio de 53 kg por habitante.

En este contexto de incremento del consumo, se estima que el volumen de residuos de esta industria alcanzará en 2022 las dos millones de toneladas. Este sobrante orgánico se puede reciclar. Según un informe de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Aires, hay 35 plantas en el país que utilizan estos desechos como materia prima, los procesan y reciclan en comida para animales, biocombustible y productos de tocador.

El informe también explica que el sector frigorífico tiene una gran incidencia en la contaminación del medio ambiente por la gran cantidad de subproductos y residuos que se desprenden de su producción. El principal impacto ambiental de este nicho productivo es la generación de aguas residuales con altos niveles de materia orgánica, grasas, nitrógeno, fósforo y sales. Estos efluentes proceden de la limpieza y desinfección de equipos, instalaciones, y también de los líquidos que resultan del proceso de producción (baños de escaldado, limpieza de canales, aguas de cocción.) y de las aguas de refrigeración. Las aguas de limpieza pueden contener, además, cantidades importantes de detergentes y desinfectantes. La sangre líquida y residuos de grasa pueden dispersar patógenos más allá del área controlada del frigorífico. El problema está a la vista en Mataderos.

Veredas tomadas

Resuenan en la mente las palabras de Esteban Echeverría, autor del clásico El matadero –también de La Refalosa de Ascasubi-, cuando Oscar Carballo, desde su puesto de verduras y frutas, cuenta que “las veredas se vuelven como jabonosas por la grasa mal lavadas por los empleados de las carnicerías. Muchos vecinos sufrieron caídas y golpes, y después todo queda en la nada”. Los contenedores son pocos y están abarrotados con los residuos que los frigoríficos descartan.

La actividad de los comercios del Rodó comienza muy temprano a la madrugada, luego hacen un corte al mediodía, momento en el que tiran el sobrante de los desechos de la producción. No hay separación de residuos que tienen posibilidad de reciclarse en origen. No se ven en esas cuadras tampoco contenedores específicos para este tipo de residuos. Carballo precisa: “Al cortar carne, el desangrado trae insectos y moscas. Los vecinos se quejan y alguna vez vinieron las autoridades a clausurar algunos frigoríficos. La sangre de los cortes cae a la vereda y los carniceros limpian sin mucha voluntad. En la cuadra tenemos sólo dos contenedores y son de color negro. En otros barrios hay de diferentes colores por el tema de la contaminación y para reciclar. Acá no hay nada de eso”.

La Ley 1854/05, conocida como Ley de Basura Cero, establece como objetivo la disminución de la cantidad de desechos en la Ciudad de Buenos Aires. La basura  es depositada en los rellenos sanitarios del CEAMSE. “Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017 –dice la normativa-, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”. Como el Gobierno de la Ciudad no cumplió con las metas, impulsó un cambio legislativo para adecuar los objetivos a su ineficaz gestión.

Lo que sucede en el Mercado Rodó contrasta con lo que se puede leer en la página web del Gobierno de la Ciudad, donde se informa que recibe 8.000 toneladas de basura por día,  el  80% de los residuos que gestiona tiene tratamiento y más del 50% es recuperado. En tono amigable se explica que “para seguir haciéndolo necesitamos que deposites en los contenedores negros o grises únicamente los residuos que son basura y el resto lo recicles”. Esta fórmula amable no parece ser parte de la realidad del barrio de Mataderos. Se intentó consultar por este tema a la Dirección de Limpieza de la Ciudad. Después de varias derivaciones entre diferentes asesores, nadie contestó las preguntas sobre la higiene de las calles que rodean al mercado.

Cadena de responsabilidades

La consultora medioambiental Cooprogretti pone el foco también en la frecuencia insuficiente de la recolección de residuos en el barrio de Mataderos. La empresa Níttida tiene esa tarea en la zona. Vacía los contenedores sólo una vez por día y en horarios nocturnos.

Esta prestataria  tuvo denuncias por deficiencias en la recolección de residuos en años anteriores. En 2014, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad la sancionó con una multa de $ 255.728,99 por omisión en el vaciado de contenedores, levantamiento de bolsas y derrame en la vía pública.

El lavado de las veredas es responsabilidad de los frentistas y locales. En estas calles en particular se complementa con un servicio de hidrolavado, único mecanismo que sirve para remover los restos de grasa y líquido lixiviado de la calzada. Níttida también está a cargo de esta prestación y del lavado de contenedores y cestos papeleros en el barrio. Según el informe de Cooprogretti: “La recolección de  residuos es inadecuada y  no se adapta a las característica de la zona”. Como paliativos propone duplicar los repasos de la limpieza de las calzadas, aumentar la frecuencia de lavados mecánicos de veredas y contenedores y modificar los hábitos del generador de residuos a través de talleres e islas ambientales. También con mayores sanciones.

Mientras tanto, el tufo a desidia de los responsables comparte ese olor hediondo de la carne al sol que tanto identifica al Mercado Rodó de Mataderos.

El bitcoin se convirtió en el nuevo depredador del planeta

El bitcoin se convirtió en el nuevo depredador del planeta

Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge en 2020 determinó que la energía anual que se necesita para gestionar la principal criptomoneda, el bitcoin, es más que la que consumen cerca de 50 millones de argentinos para moverse, producir, calentarse, iluminar sus calles y todo lo demás. Pero ¿a qué se debe este elevado consumo?

Una de las características fundamentales de esta criptomoneda, como ya explicó ANCCOM, es la descentralización del control, emisión y regulación por parte del Estado y otros actores económicos. Sin embargo, esta no es la única condición: estas transacciones necesitan de una base de datos distribuida, segura e inviolable generada por la tecnología blockchain o cadenas de bloques, que plantean problemas matemáticos cuya resolución requiere crecientes cantidades de energía.

Pero, ¿de qué se tratan estas cadenas? Las transacciones de criptomonedas se integran en bloques virtuales que generan una marca temporal y un código propio vinculado al bloque anterior pero también al siguiente, provocando una cadena: si un eslabón es modificado, se pierde la coherencia matemática de la cadena y se hace evidente que algo no está bien. Como explica Andres Rabosto, sociólogo y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, este proceso lo realiza el software de la criptomoneda automáticamente, el cual requiere ser verificado: “Esta validación la realizan las computadoras conectadas a la red de la criptomoneda y consiste en encontrar la respuesta a un problema criptográfico contenido en el propio bloque; aquella computadora que llegue primero a la solución cobra un premio en nuevas criptomonedas”. Esto genera que a mayor cantidad de máquinas minando (buscando la solución al problema criptográfico), menor es la probabilidad de resolver un bloque y por lo tanto, de obtener recompensas.

A medida que el precio del bitcoin sube, más tentadora resulta la competencia y por lo tanto el incentivo para utilizar máquinas más potentes y que consumen más energía eléctrica. Si no se hace de esa manera, la resolución lleva más tiempo y el premio es solo para el ganador. Todo el resto de la energía se pierde irreparablemente. Como detalla Rabosto, “la necesidad de más potencia implicó mayor inversión en infraestructura produciendo una industria concentrada e integrada verticalmente por productores de hardware”.

El bitcoin consume una cantidad de energía comparable a la que utilizan países como Holanda o Bélgica.

Actualmente, las principales estimaciones consideran que Bitcoin tiene consumos comparables a los de países como Holanda, Bélgica, incluso Argentina. Uno de los principales objetivos a largo plazo es que para 2025 todas las cadenas de bloques del mundo utilicen energía 100% renovable por el gran impacto ambiental que genera las huellas de carbono y desechos electrónicos. En la encuesta a grandes mineros realizada por la Universidad de Cambridge en 2020, los entrevistados indicaron que solo el 39% de su consumo total de energía provenía de energías renovables. Si bien el objetivo de reducir las emisiones entusiasma a los defensores de bitcoin, cabe preguntarse si no sería mejor dedicar esa energía a fines con impacto en la economía real y el bienestar de la población.

Para Rabosto hay otra cuestión clave: “La minería de criptomonedas se realiza con hardware especializado que se vuelve obsoleto muy rápidamente, aproximadamente cada un año y medio. Cuando termina su vida útil, ese hardware se transforma en una gigantesca masa de cables, fierros y placas electrónicas que van al basural”. Por esto la utilización aún si se utilizara energía renovable, bitcoin seguiría teniendo un impacto ambiental significativo.

Por otro lado, en los últimos meses empezó a difundirse por redes sociales y por las calles de Buenos Aires publicidades de criptomonedas. Respecto a este tema el investigador afirma que podría deberse al aumento de su valor: “Según creo, se debe a movimientos especulativos de corto plazo ya que, de hecho, muchos analistas esperan un movimiento correctivo a la brevedad”.

El uso y el funcionamiento de las criptomonedas no solo encendió el debate económico y tecnológico sino también trajo como problemática el impacto ambiental. Según Digiconomist, si estas monedas virtuales fueran países ocuparía el puesto número 41 en el ránking de naciones que más electricidad consumen de manera anual. En términos ecológicos, hasta el momento solo entidades reales podrían ocasionar CO2; esto nos lleva a preguntarnos si todo consumo energético implica necesariamente un impacto ambiental.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que bitcoin no puede contaminar por sí mismos, sí lo hace el consumo de energía y recursos que conlleva su gestión. No obstante, la problemática de esta tecnología no está únicamente en el consumo de energía y el aumento de su valor en el mercado financiero, sino también en lo que implica dañar el medio ambiente para no producir algo concreto.

Algo huele mal en Gualeguay

Algo huele mal en Gualeguay

«Eran las dos de la mañana y uno se despertaba por el olor. No se podía respirar», cuenta Marina Acosta.

“Más de 15 años de experiencia en promover la gestión responsable de residuos”, se presenta en su página web el Grupo Quimiguay S.A., empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos como aceite usado de autos y cocina, latas de pintura y desechos de medicamentos y artículos farmacéuticos. Ellos lo dicen de manera filantrópica: “Volver a introducir en el mercado nuevos productos que de otra forma terminarían en cursos de agua, basurales o sitios no habilitados para tal fin”. Pero, como afirmó Napoleón, “el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite: deja siempre huellas”.

Gualeguay, Entre Ríos, la llamada ciudad de la cordialidad: nombre que alguna vez se le dio porque, al parecer, su gente es amigable y respetuosa; quizá es porque “gracias” y “por favor” se escuchan muy seguido. Es un lugar tranquilo, ideal para el descanso. Según el sitio de turismo provincial, “la caracterizan sus plazas extendidas sobre la superficie de cuatro manzanas, los verdes intensos y la serenidad flotando sensiblemente en el aire, que invita a desacelerarse”.

— ¡¿Desacelerarse?! –exclama Marina.

Marina Acosta es esposa y madre de dos hijos, Boris y Pilar. Viven al borde de Ruta 11 y toda la familia administra La Curva, un local para jugar al pádel. Ella, a su vez, es maestra de francés y nunca habían pensado construir canchas. Se asentaron en el terreno, en 1997, sólo por lo bello que era. “Típica zona de chacras. Había gran cantidad de flora y fauna. Cerca, hay un zanjón en el que había peces, ranas y caracoles. Los árboles llenos de pájaros. Y había siempre un aroma rico que venía de todas las plantas”. Desde la década de los 2000, Marina también es activista por la protección del medio ambiente de la ciudad:

― ¿Qué fue lo que te impulsó?

― Grupo Quimiguay S.A. Cuando llegaron, empezamos a sentir el cambio en el color del agua. Tenía gusto raro y, desde ese momento, recurrimos a los bidones. Luego vimos hasta pájaros palmados en el suelo. No sé si tomaban agua o comían algo. Después comenzamos a ver todos los peces muertos, flotando. Nunca nadie nos supo explicar esto. Los olores se volvieron insoportables y más en el invierno: cuando estaba la salamandra prendida, los gases se condensaban más, porque el calor produce ese efecto. Se hacía imposible respirar y teníamos que prender el aire acondicionado para enfriar y ventilar.

«Vimos pájaros palmados en el suelo y peces muertos flotando», subraya Acosta.

El 16 de noviembre de 2001, la empresa se instaló a la vera de la Ruta 11, kilómetro 213, autorizada por el Decreto N° 6260 del intendente de turno, el radical Héctor Jaime, quien a través de su Secretaría de Gobierno le otorgó el permiso de suelo y radicación municipal. Este permiso no permitía el funcionamiento, pero la planta comenzó a marchar aún con múltiples violaciones relativas a infraestructura, ubicación y transporte de residuos. “Ni ellos sabían bien de qué se trataba. Después nos fuimos enterando que esto vino impuesto desde la provincia. Pudimos notar que era algo que estaba a otro nivel, excedía al municipio”, cuenta Marina.

Durante años, los vecinos de la zona se vieron afectados. No solo padecieron el deterioro progresivo del medio ambiente, sino también de su salud. “Dolores de cabeza, descompostura de estómago, problemas respiratorios. Por ejemplo, cuando Boris venía de la escuela, inevitablemente tenía que pasar por la planta y siempre terminaba con sangre en la nariz. El médico decía que solo era irritación, pero no sé, mucha casualidad”, recuerda Marina, que habla como si se le hiciese un nudo en su garganta. “Todo esto era un trastorno en la vida diaria. Eran las 2 de la mañana y uno se despertaba por el olor. No se podía respirar. Y muchas veces nos subíamos al auto para irnos hasta que pasara un poco”.

“Los vecinos sufríamos dolores de cabeza, descompostura de estómago, problemas respiratorios», señala Acosta.

La Agrupación de Vecinos Autoconvocados, impulsada por Marina, siempre se amparó en el artículo 41 de la Constitución Nacional: el derecho a un ambiente sano. Pero además podían acreditar los actos de ilegalidad de la empresa:

― ¿Qué pruebas tenían?

― Se iban hasta el basural y ahí volcaban los desechos. El actual intendente Bogdan (N. de la R.: UCR-Cambiemos), que en ese momento estaba con nosotros en la corporación, los seguía y sacaba fotos. Hasta una vez la policía les secuestró un camión, porque se hizo la alerta y pudieron llegar a tiempo para verlos. Aunque quedó en la nada.

― ¿Y no los inspeccionaban?

― Sí. Pero siempre cuando llegaban las autoridades a la planta estaba todo bien. Estoy segura que les avisaban. Y ahí es cuando ellos violaban la seguridad de sus freatímetros (perforaciones de 115 milímetros de diámetro creadas para el control y análisis de una determinada napa de agua) para que en los exámenes no saliera nada raro. Incluso, en una ocasión, nos culparon de irrumpir en sus instalaciones para romper todo. Fue en un momento en que los iban a visitar los de la Secretaría de Ambiente de provincia.

El trato entre los trabajadores de la planta y los vecinos siempre fue conflictivo. “Ellos siempre tuvieron tonos amenazantes y te trataban mal. Una vez me hicieron un finito con el camión y me rayaron todo el auto. Ellos eran así, porque luchar por nuestra calidad de vida iba en contra de su fuente de trabajo. Pero nunca entendieron que no era con ellos. Se ponían la camiseta de la empresa de tal manera que ya pasaban a ser patoteros”, relata Marina y agrega: “A la mayoría después los echaron. No les pagaron nada. Como hacen estas grandes empresas”.

Por muchos años, la lucha de los residentes de la zona se veía limitada por cuestiones políticas que marcaron distintas situaciones de irregularidad. Durante el período del intendente José Jodor, el Secretario de Gobierno era el abogado Gastón Justet, quien a su vez se desempeñaba como letrado de Quimiguay. Si bien no era ilegal, había un conflicto de intereses. “A Gastón lo denuncié en el Colegio de Abogados, pero nunca se hizo nada”, comenta Marina. También supone que en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia había alguien que trabajaba para ellos. “Una vez llamé para quejarme por el olor y me atendió un ingeniero, de apellido de Vázquez. Me dijo: ´Señora, ya fuimos. Está todo bien´, y me cortó. Eso fue cuando estaba Fernando Raffo como secretario”.

En diciembre de 2010, se creó el Foro Ambiental Gualeguay y comenzó el apoyo y los reclamos formales de los años de lucha de los residentes afectados por la empresa. Se tenía la esperanza de que todo se movilizara aún más. “Después de tantos años sin control, Quimiguay perjudicaba a toda la ciudad, porque contaminaba aire, suelo y aguas del río Gualeguay”, subraya la actual presidenta del Foro, Luisina Viviani. Pero en 2011 pasó lo que nunca se pudo en los 10 años anteriores: en noviembre, el ex intendente José Luis Erro financió los análisis para comprobar la contaminación, en los laboratorios E y C de Ciudadela. Los resultados obtenidos para los gases tolueno y xileno –componentes derivados de los hidrocarburos– violaban la Ley Nacional de Residuos Peligrosos por valores de más de 10 veces que lo permitido. La planta fue clausurada en diciembre del mismo año. Para fortuna de los residentes del lugar, Quimiguay dejaría de funcionar. Pero fue el principio de algo peor.

“Es cierto que Erro pagó los análisis de laboratorio. También que impulsó la clausura de Quimiguay. Pero no lo hizo con el argumento de que violaba la Ley de Residuos Peligrosos, sino que solo procedió por una contravención menor municipal. Es ahí donde se viene abajo todo lo que hizo. Cuando uno quebranta la ley nacional, la multa es gigantesca, se está obligado a remediar la zona contaminada y se inhabilita por siempre la posibilidad de abrir cualquier otro emprendimiento similar”, explica Alejandra Manzán, bioquímica y antigua presidenta del Foro.

Alejandra comenta que la zona de ruta 11 todavía hoy está contaminada, porque no han hecho ningún plan para restaurar las napas. Está la certeza de que hasta 25 metros hacia abajo hay contaminación. “Ya pasaron más de cinco años, pero nunca nadie les dijo nada. Uno de mis vecinos hizo un pozo a más de 40 metros y el agua no se puede tomar”, explica. Si los jugadores de pádel de Marina Acosta piden agua, solo será mineral. Quien esté dispuesto a servirse un vaso de la canilla, en vez de un líquido cristalino, incoloro y sin olor, tendrá uno grisáceo con un gusto similar al gasoil.

El pasivo ambiental no es el fin de esta historia. “En el fondo, a Gualeguay, lo hizo pelota. El problema no se solucionó, sino que se agrandó”, dice Alejandra sobre Erro. Ahora la firma cruzó el río bajo el nombre de Soluciones Ambientales. Se ubicó en la jurisdicción de Gualeguaychú, específicamente en el municipio de Enrique Carbó, en la ruta 16. “Ellos tienen una habilidad para manipular a todos y no puedo entender eso. Sobre todo por parte de los gobiernos. Son elegidos para que defiendan los intereses de la mayoría. Acá no se ve reflejada esa mayoría, porque afecta a toda la ciudad. Toda la ciudad tiene olor”. En la web de turismo provincial deberían aclarar que la “serenidad flotando en el aire” viene acompañada de un aroma desagradable.

Hasta el cierre de esta nota, nunca hubo contestación de la Dirección de Medio Ambiente del municipio. Irónicamente, los de la empresa fueron más amables. Aunque, vía telefónica, la comunicación fue extraña: primero, atendió dos veces una contestadora diciendo que el número era inexistente. Se intentó una tercera vez y habló una operadora diferente diciendo que el número no estaba disponible. Por insistencia, se probó una última y respondió una secretaria que llamó a su superior, Fernando Pierucci, jefe del sector, quién quedó en responder por mail. A las preguntas las contestó un secretario de prensa, Guillermo Solernó:

― ¿Qué puede decir del supuesto pasivo ambiental en la ruta 11?

― Es inexistente. Contamos con certificaciones que lo demuestran. Desde su cierre, el predio que albergaba nuestra anterior ubicación, ha sido monitoreado periódicamente y los estudios efectuados siguen siendo parte de nuestro trabajo diario. Dicho seguimiento continúa siendo controlado por la autoridad de aplicación y no hay evidencias que indiquen el supuesto pasivo referido.

Y así es como todo termina. Una empresa que durante una década contamina un lugar, se muda, sin arreglar nada, a otra zona cerca de la ciudad para seguir haciendo lo mismo. Aunque ahora bajo otro nombre. Tal vez habrán dicho “borrón y cuenta nueva”. Pero nada ha cambiado: las autoridades hacen oídos sordos a los reclamos y la firma niega todo. “Hace poco, veníamos viajando con Boris desde Gualeguaychú –cuenta Marina−. Pasamos por Soluciones Ambientales y él me dijo: ´Mamá… ¡La puta madre! Alcanzame un pañuelo´. Resulta que estaba sangrando de vuelta, después de tanto tiempo”.