Oct 11, 2017 | Culturas, inicio
El primer festival interdisciplinario de centros culturales, Somos Cultura, se realizó el pasado domingo en Palermo para exigir una ley de fomento que los potencie y reclamar por el reconocimiento de estos espacios como lugares donde vive, nace y se difunde el arte independiente y autogestivo.
La organización estuvo a cargo de los espacios Casa Doblas y Casa Sofía y contó con el apoyo del colectivo Construyendo Cultura y de Meca (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos). También se sumaron “El tango no se clausura” y varias organizaciones que nuclean a las milongas porteñas.
En el acto central se leyó un documento en el que se enumeraron las problemáticas que sufren hoy los centros culturales. En primer lugar, sin dudas, se encuentran las recurrentes clausuras realizadas por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.
La consigna del evento: “Somos cultura. No somos el Ministerio de Cultura”.
En el año 2014, la Legislatura porteña sancionó la Ley de Centros Culturales que les permitió y reconoció, por primera vez, las particularidades que competen a estos espacios de acuerdo a la variedad de actividades que se realizan: obras de teatro, recitales de música y poesía, lecturas, circo, etc. Sin embargo, en la práctica la ley no es respetada por los agentes gubernamentales que se acercan a los espacios sin conocerla y exigen requerimientos que le corresponden a otro tipo de espacios, como teatros comerciales o clubes nocturnos. Para enfrentar estas arbitrariedades, un grupo de abogados especializados en la temática cultural asesora de manera gratuita y acompaña a los centros cuando necesitan levantar una clausura o apelar una multa. “Hace unos meses – recordó Lucas Castro, de Casa Doblas- tuvimos una clausura pero pudimos levantarla porque los abogados encontraron errores en el acta labrada por los inspectores. De todas formas, tuvimos que cerrar todo un mes y eso nos perjudicó económicamente. Logramos pagar el alquiler gracias a la ayuda de la gente que suele concurrir a nuestro espacio, que donó su arte y vino a pasar el fin de semana en el espacio para que podamos recaudar lo que no pudimos juntar en el mes”.
Este año, a las dificultades ocasionadas por las recurrentes clausuras, se les sumaron los aumentos exponenciales de las tarifas de luz, gas y agua que, en algunos casos, superaron el mil por ciento y determinaron el cierre de algunos centros culturales y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. “En Casa Sofía -Julieta Hantouch-, en marzo de 2016 pagábamos 350 pesos de luz y este mes nos llegó una factura por 3.200. Así se hace difícil sostener un espacio en el que no solo hay trabajadores de la cultura que llevan adelante estos espacios organizando fechas, armando la comunicación, atendiendo la barra o realizando el mantenimiento del lugar, sino que también es una fuente laboral para los músicos, actores, artistas plásticos y todos aquellos que eligieron a la cultura independiente como su profesión. A veces se cree que porque hacemos lo que nos gusta no podemos ganar un sueldo a cambio, como si el trabajo tuviera que ser sufrimiento, hacer algo que no nos gusta para vivir y dejar lo que disfrutamos para el tiempo libre”.
En el acto central se leyó un documento en el que se enumeraron las problemáticas que sufren hoy los centros culturales.
El reclamo central también apunta a un mayor presupuesto para la cultura independiente que justamente, por no ingresar en los circuitos oficiales o comerciales, no es reconocida por el Estado.
Los centros culturales, explicaban desde el escenario de Palermo, no pueden hacer frente a los gastos que implican la habilitación, los tarifazos ni las multas por cluasuras. Esas dificultades –decía la voz que estallaba en los parlantes- deja estos espacios desamparados y los obliga a trabajar en la clandestinidad.
Ante esta situación el festival realizado el pasado domingo también expresó la necesidad de una ley de fomento que reconozca las particularidades de estos espacios e impulse el desarrollo como sector asignando un presupuesto que les permita desarrollarse y funcionar dentro de un marco legal.
El festival además de una manifestación del sector fue un ejemplo de la falta de apoyo que recibe, tanto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación. Los centros culturales que organizaron el festival accederiedon al recurso que le otorgó el programa Festejar, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación que aportaba el escenario, los recursos técnicos y los trabajadores que los operaban pero no consideró que sobre ese escenario iban a estar músicos, bailarines, presentadores. Para ellos no se brindó ningún recurso económico, poniendo sobre la mesa el desconocimiento de los trabajadores culturales. De todas formas, la causa del festival logró reunir a una gran cantidad de artistas de diferentes disciplinas, a los trabajadores de los centros culturales y a muchas personas que se acercaron para apoyar del reclamo.
Los organizadores observaron con sorpresa, cuando una cuadrilla armó el escenario, que a sus costados dos banners gigantescos publicitaban a los ministerios de Cultura y Turismo de la Nación. Ante esta situación, dos bandas desistieron de brindar su show. Para aclarar la situación, los espacios convocantes colocaron carteles artesanales que decían “Somos cultura. No somos el Ministerio de Cultura”. La frase se repitió en la lectura del documento final.
Actualizado 11/10/2017
Jun 29, 2016 | inicio
“Somos una casa con parlantes que amplifican el ritual del encuentro”. Así define el colectivo La Tribu al bar que funciona en la casona de Lambaré 873, en el barrio porteño de Almagro. La noche del 21 de junio, durante la semi-final de la Copa América –uno de esos rituales de encuentro más característicos de la cultura argentina–, el bar debió cerrar sus puertas. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil. La obligatoriedad de ese requisito había sido informada en la inspección anterior, a fines de mayo, momento a partir del cual el colectivo inició los trámites necesarios para presentar esos documentos al organismo estatal. A pesar de mostrar los papeles que indicaban la casi finalización de las gestiones, la AGC optó por desplegar la faja de clausura.
La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que funciona desde 1989 en el establecimiento actualmente clausurado. La mayoría de las actividades que allí se desarrollan se verán perjudicadas en los próximos días. El ciclo de cine, el de cortos “El Camalote”, presentaciones de muestras y de libros, el ciclo de poesía, las obras de títeres, el ciclo “Pororó” (cine para chicos) y obras de teatro, entre otras programaciones tuvieron que ser suspendidas. La radio FM 88.7 La Tribu, que emite desde hace casi tres décadas, continuará su transmisión.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil.
“Bajo las normas vigentes nunca tuvimos una clausura. Es más, hemos sido felicitados por distintos inspectores por las condiciones en que tenemos el espacio cultural”, cuenta Rafael López Binaghi, uno de los integrantes del colectivo. En la inspección de fines de mayo, la AGC remarcó la necesidad de un plano y un plan de evacuación aprobados por Defensa Civil. Según explicó López Binaghi, el bar ya contaba con un sistema diseñado a esos fines, pero no estaba aprobado por el organismo. “Dando cuenta de la responsabilidad que exige tener un espacio abierto en el cual suceden actividades prácticamente todas las noches, que son de entrada libre y gratuita o a la gorra, y que dan espacio a un montón de expresiones artísticas que no tienen lugar en otro lado, nosotros intentamos tener las mejores condiciones posibles para recibir a todas aquellas personas que quieren participar. Así es que nos pusimos inmediatamente a trabajar para obtener los planos exigidos por los inspectores”, detalló.
Contactaron a un profesional habilitado por Defensa Civil –un ingeniero en seguridad e higiene– para diseñar el nuevo plan y el plano requerido. “Estábamos haciendo todo el proceso que tiene que realizarse para poder presentar los papeles. Eso implica, entre otros aspectos, revisar distintas cosas de la estructura del edificio y una capacitación con todas las personas que trabajamos cotidianamente. Aprendimos sobre manejo de fuego y situaciones de emergencia. Estábamos cumpliendo con todas estas cuestiones y nos faltaba un día para presentar los papeles, porque esto no se hace de un momento para el otro, sino que lleva un tiempo”, explicó López Binaghi. Sin embargo, para la AGC, que realizó la última inspección la noche del 21 de junio, no fue suficiente. “Ante el pedido y las distintas demostraciones que intentamos hacer de que estábamos trabajando en eso y nos faltaba muy poco para hacer la presentación en Defensa Civil no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes. La demostración de que lo estábamos haciendo es que presentamos los papeles un día y medio después de la clausura. Los inspectores vinieron el martes a la medianoche, y el jueves al medio día esto ya estaba entregado”, aclaró.
Ana Masiello, del colectivo La Tribu, consideró que más allá de la buena voluntad para realizar los trámites en el plazo requerido, es muy difícil lograrlo: “Los tiempos que nos exigen para cumplir con la reglamentación no tienen relación con los tiempos que ellos después te ponen para hacer el trámite. A nosotros nos dieron 15 días para resolver, pero Defensa Civil tarda mucho más que eso”, explicó. “Esto genera mucha bronca”, agregó López Binaghi. Y continuó: “Porque la única forma de cumplir con lo que ellos quieren es haciendo las cosas mal, apurando los procesos que tienen un montón de instancias, que tienen su propia burocracia de realización. Y tampoco te asegura poder hacerlo, porque dependes de los tiempos de otras instituciones y organismos del Gobierno de la Ciudad. Nosotros nunca asumimos ese camino porque decidimos hacer las cosas de la mejor manera posible”.
«Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes».
La imposibilidad de diálogo, o de extensión de los plazos para presentar el requisito, generó gran angustia en el colectivo. “A nosotros nos genera mucha bronca, porque no da lo mismo estar clausurados o no. Levantar una clausura es un proceso muy complejo en el cual uno entra a un laberinto burocrático del que es complejo salir”, dijo el integrante del colectivo. “Además, acarrea un montón de costos para una organización: tener el espacio cerrado, tener una faja de clausura a la vista, decir que estamos clausurados y generar ideas en un montón de personas que tal vez piensen absolutamente cualquier cosa del porqué de todo esto. Pero además de los costos simbólicos existen obviamente otros económicos, porque el bar para nosotros es la fuente de ingresos más importante que nos damos en la autogestión para poder llevar adelante un colectivo como este. Sobre todo en este contexto en el cual algunos subsidios a los cuales nosotros habíamos accedido no fueron pagados por incumplimientos del gobierno, y en el que los aumentos de los gastos fijos, a partir de la suba en los servicios, nos afectan grandemente. Esta clausura es una herida al corazón de nuestro proyecto”, agregó.
Esa costumbre de clausurar
La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, “parece no existir la misma rigurosidad para otras situaciones en las cuales las mismas agencias o instituciones del gobierno actúan. En los talleres textiles esto es claro. Nuestra clausura sucedió en el momento que salía la sentencia del juicio por Luis Viale. Y no es que eso pasó hace diez años y dejó de existir en la ciudad de Buenos Aires”, opinó López Binaghi. Y agregó: “Como colectivo La Tribu nos sentimos perseguidos porque realmente no tenemos antecedentes de una clausura. Cada vez (los inspectores) nos están visitando más asiduamente, y damos cuenta que esto es parte de un contexto en el cual a muchos otros espacios cercanos, amigos, conocidos, les viene sucediendo lo mismo –con excusas diversas, a veces con más y menos razón. Tiene que ver con una lógica que se va traduciendo en la cual espacios como este, que brindan actividades gratuitas y que tienen otra lógica de conformación y gestión, sufren las consecuencias. Se privilegian otras construcciones más cercanas al mercado”.
Según denunció el colectivo, la falta de información clara y precisa sobre las condiciones necesarias para llevar adelante este tipo de establecimientos es un problema que existe hace años. “No hay ninguna forma de asesorarte si no tenés una disponibilidad de recursos económicos. No hay un ente público o alguien que te pueda asesorar sobre qué cosas son las que necesitas, cómo las podés lograr”, explicó Ana Masiello. “Si realmente después de los sucesos que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires queremos tener un mínimo de condiciones en los espacios culturales, habría un montón de caminos a recorrer para llevarlo a cabo. Pero eso no se puede lograr a partir de arbitrariedades. Un día viene un inspector y dice una cosa, otro día viene otro que dice otra cosa distinta sobre exactamente lo mismo. Eso genera que nunca puedas tener las condiciones suficientes para estar seguro de que no te van a clausurar o que no vas a tener ningún inconveniente de este tipo”, agregó López Binaghi.
La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Tribu es un lugar de encuentro, intercambio y participación. En el bar, por ejemplo, se comercializan productos de redes de economía solidaria y consumo responsable. El centro de capacitación y producción es otro espacio de construcción colectiva que entiende que la comunicación no es una técnica, sino herramientas que se construyen en la práctica, por eso organizan “talleres y encuentros sobre distintos aspectos de la producción radiofónica y la gestión de medios comunitarios para capacitarnos y poder generar los medios de comunicación que deseamos entre todos y todas”, describen. Actualmente están habilitados como café-bar, y están haciendo el trámite para ser una sala de teatro no convencional y un centro cultural.
“Hay un sistema perverso que te va rodeando por legalismos técnicos o motivos económicos donde al parecer los estados ya no tienen que apelar a una censura de tipo directa, con las cosas que no responden a los intereses o la mirada que tienen de la cultura y el mercado en la que prepondera, sobre todo, el fin de lucro y el mercantilismo como lógica de organización. Existe un modo mucho más sencillo, que es el que estamos padeciendo en la actualidad: este tipo de arbitrariedades con respecto a las clausuras, la burocracia como modo de operar del Estado, y ni hablar del incremento de tarifas sin ni siquiera consultar cuáles son las necesidades y las realidades de espacios comunitarios, de clubes de barrio, y demás”, consideró Diego Skliar, otro integrante del colectivo La Tribu. Y concluyó: “Me parece que a partir del manejo de una economía de ajuste fuerte y de una burocratización creciente y punitiva con determinados sectores, terminan por conformar la política cultural que quieren sin tener que manifestar una persecución directa a los espacios. Ahí hay una política cultural. Son cosas que el macrismo ya en la ciudad venía implementando y ahora lo estamos viviendo a nivel nacional. No podemos hablar de un modo sistemático de operar contra espacios como los nuestros, pero la sumatoria de toda esta serie de políticas termina de conformar una dificultad enorme para el funcionamiento de espacios así”.
Actualizada 29/06/2016
