Nov 30, 2017 | Novedades, slider
El reciente dato, proporcionado a la fuerza por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de un recurso de amparo presentado por Miryam Bregman y Patricio del Corro (FIT), indica que en 2017 quedaron sin vacante para las escuelas públicas porteñas 11.958 chicos y chicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Lejos de revertir la crítica situación de 2016, en la que 11.432 padecieron la misma suerte, el panorama educativo de la Ciudad empeoró, tanto cuantitativa, como cualitativamente.
“El chico que no tiene educación desde temprano tiene cincuenta por ciento menos de probabilidades de no terminar el colegio. Faltan jardines de infantes en Argentina y desde el PRO vamos a construir 3.000 jardines infantes en cuatro años”, prometía el entonces candidato Mauricio Macri en un programa de televisión previo a las últimas elecciones presidenciales.
Transcurridos casi dos años de su presidencia y tras diez de gestión de su mismo partido político en la Capital Federal, con leyes nacionales que instan –y obligan- al Estado a asegurar el derecho a acceder a una educación pública, laica y gratuita, las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento del dispositivo de tramitación de vacantes escolares denominado ‘Sistema de Inscripción en Línea’, de la Defensoría del Pueblo de CABA indican que “se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes aspirantes a los tres niveles educativos, sin vacante confirmada, al inicio del ciclo lectivo”. La proyección es la siguiente: 39,8 % (ciclo lectivo 2014); 41 % (2015) y 54,05 % (2017).
Esta inquietante realidad de miles de familias hizo que se movilizaran el último miércoles 22 a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, para hacer llegar el reclamo y la exigencia de hacer cumplir lo que es un derecho: la vacante –el ingreso- a la educación. De diversos colores, las respuestas que allí reciben por parte de los funcionarios son, año tras año, las mismas. En diálogo con ANCCOM, Patricia Pines, madre organizadora de la multisectorial “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y docente del Mariano Acosta, afirmó que Juan Pedrazzi, asesor del secretario de Carrera Docente (que atendió los reclamos en la calle), “no tiene mucha injerencia en esta problemática, promete solucionar los casos, pero no cumplió el año pasado. Nunca reconoce que faltan escuelas, siempre nos bicicletea con que ‘bueno, estamos trabajando para solucionar el problema’”.
Lo que no especifica el funcionario es exactamente en qué están trabajando, ya que en los estudios que demuestra el ex legislador Patricio del Corro, hasta mitad de año se ejecutó tan solo un 34% del total asignado para la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Inscripción en línea
Una de las causas que se aducen a la ineficiencia en la asignación de vacante es, justamente, el sistema de inscripción, que desde el 2013 -para el año lectivo de 2014- es online. Patricia define esa operatoria como arbitraria y expulsiva, porque “como todo lo que hacen, son medidas inconsultas, y porque el que no tiene computadora no puede inscribir a sus chicos en la escuela; y el que la tiene, la primera semana nunca funciona (el sistema) entonces vos tenés que ponerte el despertador a las 2, 3 de la mañana para enganchar el sistema y tratar de que la inscripción entre y cuando vas a llevar los papeles a la escuela, algo que ellos mismos te obligan, en la institución no hay Internet, no hay facilitador, no hay computadora”. Entre los miles de casos de inscripciones azarosas, Patricia recuerda el de tres hermanos, a los que ubicaron en tres escuelas diferentes. “¿Cómo hace la mamá para llevar a tres pibes a tres escuelas distintas a la misma hora?”.
Esta modalidad contribuye a generar, por ejemplo, un proceso de alejamiento en la relación entre la institución asignada y la familia ya que, en muchos casos, los padres y las madres deben terminar optando entre las posibilidades que les brinda el sistema, que no siempre se ajustan a sus preferencias y/o búsquedas pedagógicas. Así, el Estado nuevamente incumple un mandato, expresado en el artículo 23 de la Constitución porteña: “(la Ciudad) asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo, respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias …”.
La despersonalización del sistema de inscripción online conlleva en muchas familias a tener que aceptar desesperadamente lo que hay, que en la mayoría de los casos no se corresponde con sus propias búsquedas para sus hijos e hijas. Así, se observan diferencias entre las preferencias y la asignación final –en el mejor de los casos- en cuanto al tipo de jornada (simple, extendida o completa), a la propuesta pedagógica de la institución, a la cercanía del hogar o del trabajo de los padres y las madres. De esta manera, el periplo de la inscripción y asignación de vacantes, en su expresión digital, queda relegado a un mero acto administrativo, desconociendo su impronta pedagógica que involucra, entre otros aspectos, las expectativas familiares proyectadas para la trayectoria escolar de sus niños, niñas y adolescentes, es decir, para sus futuros.
Sin un plan integral de construcción de escuelas, especialmente en aquellas zonas críticas de la Ciudad, como la zona sur, en la que abunda la desescolarización de nivel Inicial y Primario, a las familias que no corren la misma suerte de aquellas que consiguieron por lo menos una vacante -aún lejos de sus barrios, de sus “convicciones y preferencias”- no les queda más opción que tener que inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Esto explica, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de ese sector. A la pregunta de cómo se podría solucionar la falta de vacantes en la educación pública, Pines es tajante: “No hay voluntad política para solucionar el problema, sino para profundizarlo. Muchas veces estuvimos en la Legislatura exigiendo la aprobación del Proyecto de Construcción de Escuelas, que se ejecute el presupuesto.”
¿Alcanza con la asignación de un lugar?
La foto sobre el estado de situación muestra que en el presupuesto nacional de 2017 hubo una pérdida de los fondos asignados a la participación de la función educación de un 13% en relación al presupuesto 2016. La película completa expresa un deterioro en las condiciones de acceso, permanencia y finalización de los estudios en los respectivos niveles de la educación pública nacional, signado principalmente por la falta de inversión en infraestructura, en recursos materiales y humanos.
Patricia lo grafica con sus palabras: “Este año costó muchísimo obtener datos, mucho más que los años anteriores. Hasta el año 2016 venían respondiendo los pedidos de informe de la Legislatura y este año no lo respondieron. Teníamos hasta el año pasado la información de que en los últimos diez años se había sub-ejecutado el presupuesto en 850 millones de pesos. Eso equivale, más o menos, a 60 escuelas. Ese dinero estuvo destinado a infraestructura escolar, pero no sabemos en qué se utilizó. Sí sabemos que no se usó para crear escuelas y entendemos que tampoco se utilizó en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas porque todos los años es noticia que los techos se caen, que faltan estufas, ventiladores y los vidrios están rotos. Entonces no sabemos para qué se utilizó.”
En cuanto infraestructura edilicia, a la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes, el Gobierno respondió especialmente con los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no dependen del Ministerio de Educación, sino del de Desarrollo Social, funcionando como guarderías sin proyectos pedagógicos y con escaso personal docente, contratado en condiciones precarias. Hasta la primera semana del mes de junio 2017, el informe El derecho a la educación en Argentina, ¿hacia dónde van las políticas educativas actuales?, realizado en julio de 2017 por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), arroja que han sido ejecutados 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para la construcción o ampliación de jardines de infantes ($5.592 millones), siendo hasta el momento la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Actualizado 28/11/17
Nov 30, 2017 | inicio, Novedades, slider
“El arte constituye un escenario privilegiado de lucha y de práctica política, desde ahí nos pensamos e invitamos a ser parte de este proyecto”, dijo a ANCCOM Cynthia Judkowski, directora de la séptima edición del Festival Mujeres en Foco. La idea original del evento fue la de construir un espacio de encuentro para visibilizar problemáticas, sensibilizar a la sociedad para el debate y fomentar el diálogo entre géneros a través de la proyección y posterior debate sobre films seleccionados.
Este año, fueron presentados más de 500 films de Argentina y del mundo para participar. Desde el viernes 1 al 6 de diciembre se podrán ver las 25 películas seleccionadas – largos, medios y cortometrajes –, entre las cuales se encuentran las diez que forman parte de las competencias oficiales (cinco en la competencia de largos, y cinco en la de cortos y mediometrajes).
“A partir de la convocatoria es que llegan los materiales, la verdad que es impresionante porque vienen de partes del mundo que no podes creer cómo se enteran que esto existe, pero tiene que ver con una convocatoria que nosotras hacemos”, dijo Judkowski.
“El arte constituye un escenario privilegiado de lucha y de práctica política”, dijo Cynthia Judkowski.
A partir de esto, la agrupación pone en juego distintos criterios de selección según las temáticas a tratar que son: formas de violencia, salud, migración, prácticas culturales, trabajo, compromiso político, diversidad, infancia y juventud, y vínculos, hasta que finalmente, según la cantidad de horas de proyección que tengan disponibles, eligen las que mejor reflejen los ejes planteados.
“Mujeres en Foco surge en 2009 pero ahora hubo muchos cambios y fue muy difícil la presentación de los proyectos con todos los problemas que pasó el Instituto (INCAA) a partir de la nueva gestión. Hubo muchos cambios en el área de Festivales Internacionales y eso impactó mucho, algunos se cayeron, no existen más, nosotros estuvimos ahí de no hacerlo y hubo un descuido total por los proyectos”, dice Judkowski.
Como se trata de un festival independiente, cada año deben buscar diferentes apoyos y ahora ya no cuentan con el subsidio del INCAA: “Cambiaban las personas responsables del área, mandabas un mail y no te contestaban, tenías que ir de nuevo y explicar todo y así fue pasando el tiempo, llegó el festival y quedamos sin el subsidio. Muy desprolijo y eso impactó directamente en nosotras”.
Imagen del film «El dominio de las piedras».
El cine Gaumont (avenida Rivadavia 1635) es lo único que el Instituto facilita, cobrando una entrada simbólica. También será sede de las proyecciones el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (avenida Del Libertador 8151) con entrada gratuita. El dinero para costear la prensa y los diseños del Festival fue producto de algunas itinerancias que hacen Mujeres en Foco para llevar las películas por el resto del país. “La idea, parece, es que el festival desaparezca, sino no se entiende. No sé cuánto le sirve a ellos que haya estos proyectos”, se queja Judkowski.
Un refugio para mayor inclusión
La película proyectada y elegida para la apertura de la inauguración fue Refugiado, de Diego Lerman, estrenada en 2014. Fue elegida por parte del programa Sordas sin Violencia, para adaptarla junto a la Productora Access Media Argentina, con un subtitulado específico que incluya, además de los diálogos, la referencia a los sonidos de lo que pasa en el film para que sea accesible a hipoacústicos.
La película, protagonizada por Julieta Díaz y Sebastián Molinaro, trabaja con temáticas de violencia familiar, tiene una trama compleja en la cual los sonidos hablan más que las palabras, es por ello que la inclusión de estos elementos en un subtítulo contribuye a garantizar el derecho a la cultura de tod@s.
La película proyectada y elegida para la apertura de la inauguración fue Refugiado, de Diego Lerman, estrenada en 2014.
Actualizado 30/11/2017
Nov 28, 2017 | Comunidad, destacadas, Novedades
“El barrio entero de La Boca está siendo usurpado por el negociado inmobiliario”, denuncia Juana Domínguez, militante del Movimiento Evita y madre del barrio, en el marco de la Caravana que el Colectivo Artístico Vecinal de La Boca organizó el sábado último. La convocatoria de distintas organizaciones y vecinos del barrio tuvo el objetivo de impedir que la dirigencia del club xeneize, encabezado por Daniel Angelici, coloque rejas en los terrenos de Casa Amarilla. Los vecinos reclaman que el lugar siga siendo un espacio verde de cultura y recreación para los vecinos.
A través de la realización de una Caravana Artística, que partió desde las calles Olavarría y Garibaldi, el barrio de La Boca dijo “no a la venta del campito”, intención que tiene el club Boca Juniors de adquirir este espacio público para privatizarlo y realizar un mega emprendimiento inmobiliario. Se trata de terrenos que comprenden cinco manzanas, ubicadas a metros de la mítica Casa Amarilla.
La caravana consistió en una pacífica movilización que recorrió las calles del barrio, expresando su petición con banderas, carteles y la utilización de megáfonos, bombos y otros instrumentos de percusión. “La Caravana Artística es una protesta. La Boca es un barrio artístico y se nos ocurrió que una manera más pacífica de hacerlo sería por medio de una Caravana Artística. Cada uno muestra su arte, pero básicamente es una protesta, y la idea es llamar la atención y hacer ruido para que no nos saquen nuestras tierras. Es la lucha del pueblo, de la gente”, afirma Domínguez.
La Caravana Artística consistió en una manifestación pacífica.
La gestión de Angelici pidió a la Justicia la autorización para enrejar el predio en su totalidad, a pesar de que en junio de este año el juez Guillermo Scheibler prohibió la realización de cualquier tipo de obra hasta tanto se determine la legalidad de la venta. La decisión del juez se basó en el reconocimiento de una serie de irregularidades en el proceso licitatorio que se encuentra bajo investigación por parte del Poder Judicial. Sin embargo, el club xeneize insiste en reclamar el lugar como propio. A esto se suma que quiere cerrarlo para impedir su uso por parte de los vecinos.
El sábado, la caravana artística culminó su recorrido en el campito, precisamente sobre la calle que une los terrenos de los que Boca quiere adueñarse. Allí se montó un escenario en el que las organizaciones realizaron diversos espectáculos, con el objetivo de demostrarle a los dirigentes que continuarán defendiendo este espacio que es de todos. “La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida, festiva, y que invite al vecino a acercarse y participar. Desfilamos por casi todo el barrio haciendo paradas, contándole a la gente cuál es el problema que estamos viviendo con el campito, y cuál es el problema general en el barrio con el negocio inmobiliario, con los incendios, con la expulsión de la población originaria del lugar, y con la pérdida de la identidad del barrio desde la aprobación del Distrito de las Artes, algo que atropella la identidad del barrio permanentemente”, comenta Violeta Fractman, organizadora del Colectivo Artístico Vecinal de La Boca.
En febrero de 2016 el Gobierno porteño, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a medida, en la que solo participó el club, y le vendió a Boca éstas tierras de manera inconstitucional, ya que primero debía pasar por la Legislatura porteña. Desde entonces, los vecinos fueron denunciando en distintas ocasiones las diferentes maniobras para privatizar el espacio, con el objetivo de evitar la venta. Para mayo del mismo año, se convocó a una marcha –en la que ANCCOM estuvo presente- llevada a cabo por diversas organizaciones barriales, políticas y vecinos, en repudio al violento ataque ocurrido días atrás en la Comuna 4, en Nueva Pompeya, durante una asamblea en la que se discutía la privatización de los terrenos, y de la que formaron parte militantes y miembros de agrupaciones vecinales de La Boca, quienes sufrieron heridas por parte de una patota. A su vez, tanto las organizaciones presentes como los vecinos aprovecharon la ocasión para expresar nuevamente su rechazo respecto a la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club.
Además de esta violenta situación, se suman también los numerosos incendios en los conventillos, que los vecinos afirman que son “intencionales”. Juana Domínguez, una de ellas, sostiene: “Están incendiando los conventillos, hasta incluso con gente adentro. Los incendios son intencionales. Y además están desalojando a todo el mundo”.
El Gobierno porteño llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a la medida del club.
Para mayo de este año, se permitió la participación como querellantes de las organizaciones del barrio en la causa judicial que investiga si la venta del predio fue lícita. De acuerdo a un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se trata de una venta “ilegal e inconstitucional” debido a que, de acuerdo a las normativas vigentes, está prohibida la venta de tierra pública de la Ciudad sin la correspondiente aprobación por parte de la Legislatura. Como afirma Alejandro Magnin, representante del Movimiento Evita, “hubo numerosas irregularidades, entre ellas, que tendría que haber pasado por la Legislatura y aprobarse allí, y esto no se hizo. Entonces en esa maniobra fraudulenta se quedaron con éstos terrenos que estaban destinados a viviendas sociales o a uso comunitario”.
La operación cuestionada se produjo en 2010, cuando los restantes terrenos, en los que no se habían construido viviendas, se traspasaron del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) al Gobierno de la Ciudad, y de éste a la Corporación Buenos Aires Sur, por medio del decreto 723/10, concretando la venta pero evitando todas las instancias legales. “Estos terrenos son de un gran valor inmobiliario pero, aparte de eso, tienen una función social, desde cualquier punto de vista: para la vivienda social que originalmente habían sido designados o como espacio verde para las actividades del barrio. Es un lugar de esparcimiento y uno de los pocos espacios verdes que nos quedan. Así que estamos tratando de darle un freno a la usurpación por parte del Club Boca Juniors que, en alianza con el Gobierno de la Ciudad, quieren usurpar estos terrenos, sacárselos a la comunidad y quedárselos para beneficio propio”, agrega Magnin.
Distintas organizaciones políticas adhirieron al reclamo de los vecinos.
Es importante destacar el gran apoyo recibido en defensa de los terrenos por parte de las diversas organizaciones sociales, políticas y culturales. Más de 40 organizaciones, entre otras “Casa Popular El Patio”, “La Cámpora La Boca”, “Frente Popular Darío Santillán”, “Movimiento Evita La Boca”, “Fundación CasaSan” se adhirieron, junto al Colectivo Artístico Vecinal de La Boca, en defensa de los derechos de los vecinos sobre el predio.
La convocatoria finalizó cerca de las 19, con la lectura del documento presentado por el Colectivo Artístico en el que expresaron: “Defenderemos cada espacio público donde nuestros pibes juegan a la pelota, las familias hacen un picnic o ensayan con la murga”.
Al momento, la causa por la adjudicación de tierras se encuentra en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien debe determinar la legalidad o no de la venta. Sin embargo, los terrenos siguen en manos privadas, a la espera de una resolución judicial.
“La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida y que invite al vecino a participar», dice Violeta Fractman, organizadora del evento.
Actualizado 28/11/2017
Nov 22, 2017 | Culturas, inicio
Los vecinos de Parque Patricios llevan cuatro años luchando por preservar el inmueble del ex Cine Teatro Urquiza. Según informó el arquitecto Luis Lanza, el 35 por ciento de la población de Parque Patricios firmó un petitorio para que no sea demolido, pero también para reclamar que allí continúe existiendo el histórico espacio cultural del barrio. La semana pasada se realizó una segunda audiencia convocada por el Tribunal Superior de Justicia, donde se reunieron un gran número de vecinos, la empresa Campana S.A interesada en demoler el inmueble para construir allí oficinas, y representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para con el fin de acordar un proyecto que contemple los intereses de las tres partes.
Lo que los vecinos de Parque Patricios quieren es que se cumpla con la Ley Nacional de Cine-Teatros y el artículo 2.1.1.1 de Código de Edificación que declara de interés nacional a la actividad teatral y dicta que en caso de demoliciones de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio otra sala con las mismas características. Además, para los vecinos este espacio es un emblema de Parque Patricios, que hace a su identidad e historia.
El Cine Teatro Urquiza, ubicado en Avenida Caseros 2826, se fundó en 1921, allí se presentaron artistas nacionales e internacionales. “En ese cine cantaron Carlos Gardel y Tita Merello, hasta se dice que entró Juan Domingo Perón”, contó Juan Sixto, conductor de radio y residente del barrio, que agregó: “Es un emblema de la historia de nuestra cultura, ahí se proyectó la primera película con sonido”. Lo cierto es que en la década de los 70 el espacio fue cerrado y luego alquilado para diferentes emprendimientos comerciales.
“Es un emblema de la historia de nuestra cultura», dijo Juan Sixto, conductor de radio y residente del barrio.
En 2013, los residentes del barrio se enteraron de que el supermercado chino que funcionaba dentro del inmueble iba a cerrar sus puertas porque el dueño Oscar Campana no le renovaba el contrato, con el fin de llevar a cabo un proyecto de demolición y construcción de un edificio de varios pisos, debido a que el Distrito Tecnológico y la Línea H de subte convirtió al barrio en un atractivo inmobiliario.
En la audiencia frente a las juezas Alicia Ruiz e Inés Weinberg se presentaron Gabriel Octavio Martín y Karina Sandra Cicovin en representación de los vecinos, asistidos por los abogados Horacio Corti y Graciela Chistre, Defensores del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron los abogados Fernando José Conti y Lionel Alejandro Castellini, junto con Rodrigo Cruz, Subsecretario de Registro Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Verónica Cópola, Directora General de Interpretación Urbanística; la abogada Alejandra Schenone, Asesora Legal de la Dirección General de Patrimonio de Museos y Casco Histórico; y la arquitecta Graciela Aguilar por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, por Establecimientos Campana se presentaron su letrado apoderado Nicolás Carlos D´Giano, asistido por los arquitectos Juan Granara y Claudio Ferrari, tal como figura en el acta.
En diálogo con ANCCOM, Octavio Martín dijo: “Avanzamos un poco más, vinieron distintas instituciones de la Ciudad, quedamos que el privado va a presentar un proyecto para marzo y todos nos vamos a reunir durante ese lapso para ir viéndolo”. Y agregó: “Nosotros transmitimos la inquietud de los vecinos de que se preserve lo más posible el espacio cultural y que el Gobierno genere los beneficios necesarios para que el dueño pueda hacer su negocio. Las tres partes tienen que estar de acuerdo para poder avanzar. Es un paso más, la voluntad está”.
«Se va a tratar de salvar todo lo posible para que se sienta el espíritu de ese lugar», dijo Karina Cicovin.
La otra parte representante de los vecinos, Karina Cicovin, aseguró: “Hubo buena voluntad de todos, tanto del Gobierno como de Campana. Se va a tratar de salvar todo lo posible para que se sienta el espíritu de ese lugar, pero como arriba se va a construir, seguramente se realicen algunas modificaciones; sin embargo, el espacio cultural va a estar contemplado. Ahora solo hay que esperar el proyecto”.
Los vecinos de Parque Patricios aseguran que un espacio de estas características fomenta el lazo social, hace que la gente se conozca y además impulsaría el comercio, ya que los locales cierran a las seis de la tarde por la falta de vida nocturna en el barrio.
Por otro lado, el abogado Nicolás D’Giano, representante de la empresa, expresó que se tiene la intención de formular un proyecto viable que atienda los intereses de los vecinos y las exigencias legales en cuanto se pueda compatibilizar con los interese de su cliente. Pero D’Giano no habló de la carta documento por daños y perjuicios que Campana le realizó a los vecinos. En el marco de la primera audiencia su cliente hizo referencia a esta demanda pero las acciones judiciales existen y los vecinos, a pesar de la instancia de diálogo, están preocupados.
La próxima audiencia está prevista para marzo de 2018 y se espera que ya se tenga una propuesta de proyecto definitiva que beneficie a los implicados y por sobretodo aplique a la ley nacional.
Actualizado 21/11/2017
Nov 16, 2017 | inicio, Trabajo
Encabezados por los trabajadores despedidos de
DyN -la agencia de noticias que acaba de ser
cerrada por sus accionistas, Clarín y La Nación- los trabajadores de prensa realizaron el pasado
martes un “camarazo” de protesta frente al Congreso de la Nación, donde presentaron un
proyecto para que se declare la emergencia laboral en el sector.
El proyecto elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (
SiPreBA) y la
Asociación de
Reporteros Gráficos de la Argentina fue entregado a Remo Carlotto, titular de la Comisión de
Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a analizar cómo la
Legislatura puede colaborar en mejorar la situación de los trabajadores de prensa que, según las
entidades gremiales, perdieron 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Mirá la cobertura de ANCCOM:
Actualizado 16/11/2017
