Sep 20, 2017 | Trabajo
La dirección del Canal de la Ciudad desconoció un acuerdo firmado el 11 de julio con los trabajadores y la Dirección General de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad. El acuerdo buscaba generar un convenio colectivo que los equipare como trabajadores de televisión dentro de la planta. En protesta, los trabajadores desde hace dos semanas realizan ceses de actividades durante dos horas diarias y se reúnen en asamblea. El último día de agosto también realizaron un corte de calle frente al canal, para visibilizar el conflicto.
El reclamo de los trabajadores tiene dos cuestiones principales. La primera consiste en que se regularice el marco laboral, ya que en muchos casos realizan las mismas funciones pero tienen diferentes sueldos y diferente marco legal. La segunda es que se los considere trabajadores de televisión, ya que hasta el momento no perciben los derechos de su actividad específica, sino que están enmarcados bajo el Convenio de Trabajadores Administrativos.
El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados, quienes brindan sus servicios como monotributistas, es decir que no perciben aguinaldo, jubilación o vacaciones. Los trabajadores de planta, a su vez, cuentan con estos derechos, pero su sueldo es muy inferior al de los contratados.
El canal está conformado por 20 trabajadores de planta y por otros 130 trabajadores contratados como monotributistas.
Mariana Gior, productora contratada en un programa del canal y delegada de la asamblea de los trabajadores, explicó a ANCCOM: «No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad. Si quieren pueden dar de baja el contrato, sin previo aviso y sin motivo porque no hay nada que diga lo contrario». Un ejemplo de esto es el caso de Fernanda Heredia, editora desde 2007 en el canal. Quedó embarazada en 2009 y la dirección del canal que estaba en ese momento le dijo que dejara de prestar sus servicios y que se volviera a presentar luego de su embarazo. Ella tuvo que hacer referencia a la Ley 3231 de 2009 que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellos que prestan locación de servicios para el Gobierno, en la que se le da el derecho a la mujer embarazada de la suspensión de sus servicios, con pago de la contraprestación convenida.
«No se reconoce la relación de dependencia que hay entre un trabajador contratado y el Gobierno de la Ciudad», explicó la delegada de la asamblea de los trabajadores.
Un trabajador de planta de hace muchos años, habló sobre la situación de los contratados: «Hay personas que hace años que trabajan para el canal, sin embargo siguen teniendo que facturar. El reclamo es regularizar la situación. Actualmente tenemos distintos derechos pero las mismas obligaciones. Un ejemplo: hay dos camarógrafos en un programa y uno cobra como planta y otro como contratado. Esta discusión viene desde hace años». El mismo trabajador también explica que la precarización no es sólo de ahora, viene desde varias direcciones anteriores y nunca se solucionó. «Nosotros a esta gestión del canal le reconocemos que lo puso en marcha. Con la dirección anterior estaba estancado, y hace muchos años, ni bien asumió (Mauricio) Macri, hasta se había pensado en cerrar. Hoy en cambio, el canal cada vez incorpora más gente y programación. Pero la precarización es la misma que con las direcciones anteriores, lo negativo es la regulación que se mantiene».
El segundo reclamo, que arrastran desde hace diez años, es que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión. Como el canal se enmarca dentro de la estructura gubernamental, se lo considera una administración más. «El canal figura dentro de una Dirección General. Es un último escalafón de la estructura, algo muy pequeño. No tenemos la categoría de un canal de televisión. No se consideran las tareas específicas que hacemos. Somos considerados trabajadores municipales. Pero acá hay cámaras, productores, asistentes de cámara, coordinación y tareas específicas de un canal de TV. No hay otra área del Gobierno donde se realicen estas tareas», expresó la delegada Mariana Gior. Esto además impide que reclamen derechos propios de trabajadores de televisión, como por ejemplo, poder afiliarse al Sindicato de Trabajadores de Televisión (SATSAID). Actualmente están en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Fernanda Heredia contó que una vez quiso presentar una ficha de asociación voluntaria al SATSAID y se la impugnaron. El delegado de base de SATSAID dijo que a lo largo del país la mayoría de los canales de las ciudades tienen criterio de canal de televisión, que la situación de la ciudad no puede darse como se presenta actualmente.
Los trabajadores reclaman que dentro de la estructura organizativa no se los considera trabajadores de televisión.
Otro punto que preocupa a los trabajadores es que el lugar asignado para el Canal de la Ciudad en la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA) todavía no se ha usado, y solo pueden mirar la señal los abonados al cable. Buscan que esta situación también se regularice, ya que el canal se paga con los impuestos de los porteños, por lo que no tendrían que tener televisión paga para poder verlo. Uno de los trabajadores más antiguos del canal, resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».
Uno de los trabajadores más antiguos del canal resume el reclamo: «Estamos luchando por tener un convenio televisivo».
Actualizada 19/09/2017.
Sep 13, 2017 | Comunidad
El rechazo a la nueva reforma de la educación Escuela Secundaria del Futuro se manifestó los días pasados con la toma de hasta dieciocho colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires de manera simultánea. La Coordinadora de Estudiantes Base (CEB) propuso esta semana no continuar con la medida y esperar la respuesta al petitorio que entregaron al Ministerio de Educación de la Ciudad en la marcha que realizaron el 6 de septiembre último; así como también la respuesta al escrito que darán a la asesora tutelar para que presente en el Ministerio de Educación. Sin embargo, al cierre de esta nota sólo deshicieron la toma el Colegio Liceo Nº9 Santiago Derqui, la Escuela Normal N°10, y el Colegio Nº 8 Roca. Y lejos de resolverse el conflicto, al cierre de esta nota, también se sumaron a la toma el colegio Nicolás Avellaneda, la escuela Rodolfo Walsh, Normal N°8 y el colegio García Lorca. El reclamo de los estudiantes incluye también la implementación de un protocolo de violencia de género, y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.
Escuela sin futuro
«Creemos que una reforma de la educación es necesaria, pero no una que baje la calidad de la educación que ya tenemos, ni una que nos haga trabajar gratis para quitarnos contenidos de las materias», dijo una estudiante del Liceo Nº9 Santiago Derqui, quien prefirió resguardar su identidad, al igual que los demás estudiantes, por temor a represalias.
Los alumnos consideran que las escuelas no están preparadas para afrontar los cambios que aparenta proponer la reforma. Actualmente, el Liceo Nº9 está transitando la última reforma implementada en 2015, la Nueva Escuela Secundaria (NES). La primera camada de esta reforma está recién en tercer año, por lo que no hubo una cohorte egresada con ese plan hasta el momento. «La reforma NES, en su momento, estaba planteada para los lugares donde había una educación de baja calidad, para que equiparara la educación en el país. En apariencia, parecía buena, pero en nuestro caso nos perjudicó, porque teníamos una educación mejor en el Liceo que lo que planteaba la NES, teníamos el título de Bachiller Común. En nuestra escuela, la NES planteaba especializaciones, por ejemplo, en arte y no contábamos con salas de teatro o instrumentos en cantidad. Fue la cooperadora la que tuvo que afrontar los gastos», dijo la estudiante de quinto año.
«Creemos que una reforma de la educación es necesaria, pero no una que baje la calidad de la educación que ya tenemos», dijo una estudiante del Liceo Nº9.
Los alumnos consideran que con la reforma Escuela Secundaria del Futuro que el Ministerio quiere imponer, podría llegar a pasar lo mismo que sucede con la NES, ya que las escuelas no están preparadas para lo que dispone la reforma. «Hasta el momento es poca la información que hay, pero sobre lo que conocemos estamos en contra. Con la Escuela Secundaria del Futuro, la mitad de la currícula del último año va a consistir en trabajar para empresas privadas. Esto nos quita contenidos en la formación, y a su vez hay riesgo de que se reduzcan empleos formales de los mayores de 18 años, ya que es más fácil despedir a un pasante cuando la empresa quiera. A los alumnos de colegios técnicos, a partir de ahora, no se les pagaría más, ya que son prácticas, no pasantías», explicó un estudiante miembro de la conducción del Centro de Estudiantes del Liceo Nº9. Según se les dijo desde el Ministerio a los alumnos, no son pasantías porque no están enmarcadas dentro de la Ley 26.427 de Pasantías Educativas, la cual establece: «Sistema de pasantías educativas en el marco del sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior (…) la educación Permanente de Jóvenes y Adultos (…) y la Formación Profesional (…) en todos los casos para personas mayores de dieciocho años».
Otro alumno explicó que todavía no hay respuestas sobre qué tipo de prácticas van a llevar a cabo los alumnos: «Una escuela técnica o con orientación puede tener prácticas específicas por ejemplo, pero en escuelas como la nuestra no hay una práctica de las que se ofrecen que se correspondan con nuestra formación».
En el Liceo Nº9, la rectora hizo a los estudiantes firmar un acta y dio aviso a la Fiscalía y a la Supervisión. Un alumno, parte de la conducción del centro, explicó: «Desde la Fiscalía se envió un oficio en el que se pedían nombres de alumnos y de padres también. Nuestra asesora tutelar lo dejó sin efecto, porque dijo que no había usurpación del espacio público, ya que se permitía el paso». En el colegio Antonio Devoto, según un comunicado que emitió el Centro de Estudiantes, al momento de la toma, los directivos y supervisores intentaron impedirla y llamaron a personal policial, quien al llegar pidió el documento a la presidenta del Centro de Estudiantes y amenazó con llevarlos a la comisaría si no desarmaban la toma. El Liceo Nº9 también tuvo presencia policial: en la primera ocasión fueron para preguntar si el colegio estaba tomado. Luego, entraron hasta la puerta del patio y dijeron que ante cualquier actitud que moleste a los vecinos iban a volver, “y no de forma amable”. Después de la advertencia, la policía asistió todas las mañanas al establecimiento para preguntar si continuaba tomada la escuela.
Desde el Gobierno de la Ciudad, comenzó a circular un instructivo sobre la forma de proceder en caso de la toma de establecimientos educativos. Allí se pedía a la conducción de cada escuela concurrir inmediatamente a la comisaría y denunciar la situación de toma, sin denunciar personas, y explicitando que los ilícitos que se podrían llegar a configurar serían violación de domicilio o usurpación y la contravención del artículo 58 (ingreso o permanencia de un lugar público o privado contra voluntad del titular). La ministra de Educación, Soledad Acuña, aseguró que ella no envió el documento. Sin embargo, tampoco desautorizó las denuncias de los directivos.
Desde el Gobierno de la Ciudad, comenzó a circular un instructivo sobre la forma de proceder en caso de la toma de establecimientos educativos, sin embargo, la ministra de Educación aseguró que ella no envió el documento.
Sin protocolos de género, pero sí de tomas
Otros hechos ocurridos durante los días de toma que llaman la atención y preocupan a los alumnos del Liceo Nº9 han sido la visita de un auto que les sacó fotos, actos de vandalismo ocasionados por personas ajenas a la toma, el incendio de la bandera que proclamaba «Colegio tomado» y los graffitti que aparecieron en el frente de la escuela.
Además de las críticas a la reforma, los estudiantes reclaman que se aplique en las secundarias el protocolo de violencia de género, como se realizó recientemente en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Una estudiante del Liceo Nº9 explicó: «Antes de las vacaciones hubo un caso de acoso en nuestra escuela y el acusado no fue separado del cargo. Las autoridades aplicaron un protocolo pero es el mismo que se usa si un profesor insulta a un alumno. No tenemos un protocolo específico para estos casos».
Un compañero de la joven mencionó que en 2014 sufrieron la pérdida de la compañera Lola Chomnalez, víctima de femicidio en una playa de Uruguay, caso que tomó relevancia en los medios. «Cuando pasó lo de Lola, las compañeras estaban muy mal. No había contención en la escuela para una situación así. Desde la cooperadora se tuvo que llamar a un psicólogo», contó el alumno en referencia a la necesidad de un protocolo como el que reclaman. Los alumnos también advierten que la Ley de Educación Sexual no se cumple, porque no tienen docentes especializados para abordar los temas. «Es necesario encarar la educación sexual con docentes especializados. Unos compañeros le estuvieron preguntando al docente de Psicología, por ejemplo. Si bien cada profesor puede aportar desde su conocimiento, creemos que es necesario alguien que pueda hablar específicamente del tema».
Las escuelas tomadas
Entre las escuelas que continúan con medidas de fuerza se encuentran las de Bellas Artes Manuel Belgrano y Rogelio Yrurtia, la Nº 15 Antonio Devoto, la Técnica Nº33, la Normal Nº1 en Lenguas Vivas, el Colegio Julio Argentino Roca, la Técnica Nº33 Plumerillo, el Comercial N°7 Manuel Belgrano, la Media N°1 Julio Cortázar, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, el Normal N°2 Mariano Acosta, la Técnica Fernando Fader, Escuela Arranz y el Colegio Osvaldo Pugliese. En apoyo a los colegios afectados por la reforma también se sumaron a la medida el Colegio Nacional Buenos Aires y la escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
Los estudiantes esperan hasta esta semana las respuestas del Ministerio, en función de su respuesta definirán cómo continúan el plan de lucha.
En las escuelas que continúan con medidas de fuerza, los estudiantes, esperan hasta esta semana las respuestas del Ministerio, en función de su respuesta definirán cómo continúan el plan de lucha.
Actualizado 12/09/2017.
Sep 13, 2017 | Vidas políticas
“Viajamos más de 3.000 kilómetros para hacer un reclamo contundente sobre el vaciamiento de nuestra empresa: Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. El Estado Nacional anda queriendo cerrarla a sabiendas de que las minas son la única fuente de trabajo y nos las quieren sacar”. La explicación de César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, resuenan entre los cantos de sus compañeros frente al Congreso Nacional.
Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento. Allí recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.
Todos exigieron “la reincorporación de los compañeros mal despedidos y estabilidad laboral, y el levantamiento del plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento.
Los trabajadores nucleados en ATE también reclamaron que “el presupuesto nacional 2018 contemple las inversiones necesarias para el normal desarrollo de la actividad minera en su conjunto”, como también la totalidad de los salarios de todos los trabajadores del yacimiento del cual dependen más de 3500 familias.
Al grito de “acá están, éstos son, los mineros del carbón”, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio dejaron un petitorio en las dependencias del Ministerio de Trabajo ubicadas en Callao 114. También insistieron con el reclamo para que se elimine el proyecto para flexibilizar el convenio colectivo del sector.
Allí, frente a las oficinas de la cartera laboral, los mineros realizaron un acto. “Es necesario poner a la mina de Río Turbio de pie, porque entendemos que si produce al 100 por ciento, podemos administrar energía para cuatro provincias y no tenemos que andar mendigando energía a países vecinos”, sostuvo Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Y completó: “Tiene que haber un diálogo de negociación para reincorporar a los compañeros despedidos, que sí o sí hay que discutir un presupuesto que crezca para la mina”. Además, afirmó que el reclamo supone una “responsabilidad histórica porque de esa mina no sólo dependen miles de puestos de trabajo, también la energía de la provincia y la ciudad de Río Turbio existen gracias al trabajo de estos mineros”.
“Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina», explicó Adonis Rojas, delegado de base ATE Río Turbio.
“Hacemos responsable pública y directamente a Mauricio Macri de lo que les pueda pasar adentro de la mina a los obreros, porque la persecución que están sufriendo es muy grave, y nuestros compañeros se juegan la vida todos los días, 2.500 metros bajo tierra para producir carbón y así poder tener energía”, concluyó.
En diálogo con ANCCOM, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.
“Nosotros no queremos la energía concebida de un negocio multinacional, nosotros no queremos la lógica de que todo funciona cuando le deja ganancia a los grandes negociadores, pero cuando le deja ganancia al país y le permite tener plan de desarrollo, no funciona”, dijo luego durante el discurso frente a los trabajadores.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.
Para finalizar, Yasky gritó a viva voz: “Fuerza compañeros mineros, la CTA, y ATE van a estar con ustedes, hasta que obtengamos del gobierno una respuesta positiva, a luchar y a no bajar los brazos”.
Durante la marcha participaron varias organizaciones, y entre todas las consignas se destacó “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.
“Venimos de ATE Río Turbio, tenemos una lucha constante allá en el sur, y mucho más en nuestra empresa, donde actualmente hemos tenido más de 100 despidos, hay ajustes, y retiros voluntarios. Nosotros estamos en contra de todas esas medidas. Por eso venimos a decirle a toda la República Argentina que Río Turbio vive del carbón”, le explicó a ANCCOM Matías, uno de los mineros movilizados.
César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, estuvo presente en la marcha en la que entre todas las consignas se destacó: “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.
Adonis Rojas, delegado de base de ATE-Río Turbio, también describió la situación de los trabajadores en diálogo con esta agencia: “Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina. La gota que colmó el vaso fue el despido de compañeros nuestros de la delegación Buenos Aires, es por ello que en una asamblea resolvimos la toma pacífica de la mina, y esta medida la llevaremos a cabo hasta que reincorporen a los compañeros”.
El acto finalizó con la lectura de una carta de los mineros, en agradecimiento a las organizaciones por el acompañamiento en la lucha. El texto fue leído por César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio.
Los trabajadores del carbón recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.
Actualizado 13/09/2017.
Ago 30, 2017 | Vidas políticas
Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y realizar actividades, marchas y encuentros en pos de visibilizar una situación que califican como muy grave. Una vez más, como en épocas de la recordada Norma Plá, los adultos mayores necesitan hacerse ver y escuchar. Reclaman, principalmente, por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI, además de por los aumentos generales de precios y de tarifas de servicios públicos.
“Yo podía ahorrar”, dice Hebe, mientras camina junto a un grupo de 80 o 100 compañeras y compañeros jubilados frente a la Pirámide de Mayo. “Pese a cobrar 6.030 pesos igual que ahora, yo antes podía guardar algo”, cuenta. Y agrega: “Tengo un hijo desocupado y mi marido, que es masajista, tiene muy pocos pacientes, así que ya veo que voy a tener que sostener la casa, como en la época de Menem que sostenía con 150 pesos a toda la familia desocupada”.
Patricia la observa desde unos ojos clarísimos y la apoya: “Encima vas a sacarte sangre al lugar de siempre y te encontrás con que no tenés más la prestación. Por eso nos manifestamos acá, porque nunca estuvimos bien pero ahora estamos peor, no solo económicamente sino por el maltrato”. Hebe vuelve a tomar la palabra para agregar que muchos suponen que el jubilado tiene tiempo libre: “Pero nos jubilamos para disfrutar de la jubilación, no para padecerla”. El Frente de Personas Mayores, Jubilados En Lucha y varios autoconvocados de centros de jubilados barriales se han articulado para llevar adelante distintas protestas ante la situación económica que padecen.
Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y reclamar por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI.
Consultada sobre la situación de quienes viven de los haberes jubilatorios, la diputada por el Frente Renovador, Mirta Tundis, atenta a temas previsionales desde siempre, sostiene que el sector nunca estuvo tan mal como ahora. “Veo jubilados angustiados en todo el país, pero últimamente están enojados, irritados”, comenta. “Una señora en Laferrere me contó que le quitaron los medicamentos gratuitos porque el marido tiene un autito que usa para trabajar como remís. Y con estos precios no llegan a mitad de mes”, relata. Para Tundis, el problema reside en las políticas de ajuste que implementa el gobierno. Y sostiene: “Macri y sus ministros son gente que viene de manejar empresas y solamente ven números. Recibieron un país con muchos problemas, pero después de dos años no pueden hablar de la herencia recibida. Achicar gastos en adultos mayores es realmente un genocidio”.
Si bien el bloque del Frente Renovador que integra votó a favor de la Ley de Reparación Histórica impulsada por Cambiemos, Tundis dice haber aclarado que no era ninguna reparación, sino un ajuste administrativo. Y añade: “Llega a dos millones de jubilados, pero hay casi siete millones, y además algunos reciben diez pesos de aumento, nada más”.
Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, comenta que la canasta básica del jubilado, que se calcula desde hace diez años, arroja, con precios de abril último, una necesidad mensual de 16.137 pesos, mientras el haber mínimo es de 6.400 pesos. “El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisa. Y denuncia que “hoy hay explotación laboral de adultos mayores. Gente de edad muy avanzada está haciendo tareas penosas, riesgosas, nocturnas para completar un salario digno”. Con respecto a la reparación histórica, sostiene que no es una ley de seguridad social, sino una medida macroeconómica, porque “estaban deseosos de votar el blanqueo”. “El sector recibe plata para reactivar un poco el consumo, pero no resuelve nada del sistema previsional. A algunos ese aumento les alcanza para comprar un kilo de azúcar, no mucho más”, dice. En ese sentido, el presidente Mauricio Macri anunció un aumento del 13 % en las jubilaciones, a todas luces muy magro en función de las necesidades del sector. Cabe recordar que dicho incremento se basa en la Ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada en 2008.
“El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisó Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
En Plaza de Mayo, María Cristina, abogada jubilada, se queja de que los remedios han aumentado 200% mientras el haber lo hizo en forma imperceptible. “La situación de PAMI es muy dolorosa. Tengo una amiga que tiene un tumor en la mama y todavía no le han dado el turno para la biopsia”, reclama. Y agrega: “Hemos decidido organizarnos en comunas, no solamente acá sino en La Plata. Exigimos la restitución de nuestros derechos y que no nos quiten ninguno más. Vamos a morir el día que Dios quiera, no el día que el actual gobierno lo decida por quitarnos los medicamentos”, concluye.
Delia se acerca y, efusiva, cuenta que no solo está preocupada por el presente sino por el futuro. “Están vaciando ANSES, y los perjudicados no son solo los jubilados actuales sino mis compañeras de trabajo que dejé hace dos años cuando me jubilé. Ellas, cuando se retiren, van a recibir monedas, es patética la situación”, evalúa. Y calcula: “Yo en un año perdí alrededor de un 18% de mi ingreso. ¿Sabés qué? El 18% de poco es mucho”.
Respecto de su agrupación denominada Frente de Personas Mayores, Patricia relata que muchas personas se acercan cuando los ve reunidos: “Impacta gente mayor, toda junta. Mirá nuestra compañera, viene con el bastón y todo”. Elsa, la compañera a la que se refiere, bromea: “Cuando llegué a la plaza lo escondí, a ver si piensan que vengo con un palo y encima me detienen”. Todas se ríen y demuestran que, si bien han perdido mucho, no han perdido el humor y, mucho menos, la dignidad.
Actualizado 29/08/2017.
Ago 23, 2017 | Vidas políticas
La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó esta tarde a Plaza de Mayo, junto a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), agrupaciones sociales y piqueteras y los partidos de izquierda. En el acto se anunció que el 25 de septiembre se llamará al Comité Central Confederal para iniciar un plan de lucha y analizar la posibilidad de un paro general. Sólo habló uno de los tres secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, titular del gremio de Dragado y Balizamiento. Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos, el SOESGyPE, lo acompañó en silencio en el escenario, mientras que Héctor Daer, titular de Sanidad y diputado nacional, se mantuvo debajo del estrado. Las dos CTA estuvieron encolumnadas en el acto, pero sus dirigentes tampoco subieron al escenario.
Schmid dijo que la CGT asume un compromiso de fuego con los sindicatos confederados, y que se movilizan por la agenda social, en la que enumeraron el aumento de emergencia para jubilados, el fin de las intervenciones en los sindicatos, el rechazo a la reforma laboral o previsional, plena vigencia de los convenios colectivos, defensa de nuestras obras sociales y de los fueros laborales, y la emergencia social alimentaria, para los sectores populares desprotegidos. Además agregó: «Venimos a esta Plaza no porque tengamos el oído puesto en el proceso electoral. Venimos a buscar la respuesta a esta plaza porque la respuesta es política».
El acto, exprés, duró alrededor de 15 minutos, y se realizó antes de la hora que se había previsto. La columna del sindicato de camioneros, una de las más nutridas, rodeó desde temprano el escenario. Algunos enfrentamientos entre facciones del mismo gremio llevaron a que el acto se adelantara, teniendo en cuenta que la mayoría de los convocados ya había arribado a la histórica Plaza.
Algunos enfrentamientos entre facciones del mismo gremio llevaron a que el acto se adelantara, teniendo en cuenta que la mayoría de los convocados ya había arribado a Plaza de Mayo.
Uno de los presentes en el escenario, Gustavo Vera, titular de La Alameda dijo a ANCCOM: «La CGT dio un plazo prudencial para que el gobierno entienda, que con independencia del calendario electoral, tiene que llamar a una mesa de diálogo». Además agregó: «Todo lo que signifique mantener al movimiento obrero unido me parece que es prudente. Hoy se ha manifestado el movimiento obrero en conjunto».
La izquierda marchó en una columna independiente, junto al sindicalismo combativo y los trabajadores de Pepsico. La candidata a diputada por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman dijo a ANCCOM: «A la CGT todo le sirve para patear la pelota para adelante. Ya pasó mucho tiempo del gobierno de (Mauricio) Macri y son muchos ataques los que están sufriendo los trabajadores».
Actualizado 23/08/2017.
