Con la finalización de la feria judicial, la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen reanudará las medidas de lucha para reclamar por la expropiación definitiva del edificio, luego de que la Corte Suprema rechazara a fin de año pasado un recurso extraordinario para no ser desalojados del inmueble de la Avenida Callao.
El primer golpe contra los trabajadores de la empresa recuperada se lo había dado el presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 había vetado la ley que les efectivizaba la adjudicación del edificio. En diálogo con ANCCOM, Diego Ruorte, del Departamento de Compras de la empresa recuperada, explicó que “cuando se inicien las actividades en marzo volvemos otra vez a plan de lucha y a replantear el proyecto de expropiación en el Congreso, porque ya una vez vetado por el presidente, si el Congreso lo vuelve a avalar y a aprobar, el presidente no lo puede vetar”. Así, los cooperativistas redoblan la apuesta para defender sus puestos de trabajo.
Juan, uno de los trabajadores de la lavandería del Hotel Bauen.
El Hotel Bauen se inauguró en 1978 con motivo del Mundial de Fútbol. Para poder construirse, contó con un préstamo del Estado que nunca fue saldado y permaneció en manos de una empresa privada hasta 2001, año en que, en medio de la crisis económica, declaró su quiebra. En 2003 fue recuperado por sus antiguos trabajadores y desde ese momento hasta la fecha lo continúan gestionando. Lo hacen en permanente zozobra ante las sucesivas amenazas de desalojo. “Comprobamos que el dueño del hotel es el Estado ya que fue adjudicado en la época de la dictadura y la empresa nunca devolvió su crédito inicial”, justificó Ruorte.
Durante los quince años que lleva el conflicto, los cooperativistas presentaron siete proyectos, en los que participaron economistas, sociólogos y abogados. “Los últimos están hechos con una conciencia económica sustentable ya que el Bauen es una herramienta de trabajo, de inclusión y de sustentabilidad”, expresó Ruorte y agregó que “esto es una causa loable, nosotros tributamos, pagamos todos los servicios, no tenemos ni una deuda, demostramos que los trabajadores somos lo contrario a lo que fue el patrón porque generó deudas, quiebras, a los proveedores les dio cheques voladores… nosotros estamos haciendo todo al revés”.
Cuando la temporada es baja o cuenta con salones libres, el hotel ofrece el espacio para distintas organizaciones que lo solicitan. Actualmente son sede de talleres teatrales de verano. “Dentro de lo que es nuestro formato de cooperativa y asamblea, ideamos promover algunos simbolismos de los trabajadores, que son el espíritu solidario, la cooperación, la colaboración. Anteriormente se hacía solidariamente, hoy pedimos una colaboración para pagar la luz y el resto de los servicios”, agregó.
Los trabajadores Jorge , Abel y Lucas.
Además, en su interior alberga diferentes emprendimientos productivos vinculados a la alimentación orgánica y de producción nacional. “A nosotros nos interesa, dentro del marco de lo que es el Centro porteño, donde tenés a Mc Donald’s y Farmacity por todos lados, dar visibilidad a un emprendimiento que muestre que hay otro tipo de economía y de acción, que no está motivada solo por el dinero. Como todo hotel estamos abiertos a un público mundial y tenemos que mantener la marcas de primera línea, pero dentro de esos productos, incluimos los de las cooperativas”, contó. En esa línea, a fin de año (casi en sintonía con el fallo de la Corte), se inauguró en el hall del hotel el Almacén de la Agricultura Familiar, del Movimiento Popular La Dignidad, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que vende productos de otras cooperativas.
Ruorte forma parte de Bauen desde hace quince años, luego de suceder a su papá, que integró el staff del hotel desde su fundación. “Nunca recibimos subsidios, nunca fuimos apoyados por el gobierno en ese aspecto. La motivación nuestra es la de mantener nuestros 100 puestos de trabajo y seguir funcionando como cooperativa”.
El fallo de la Corte implica que una vez que se efectivicen las notificaciones a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado comercial que llevan la causa de la quiebra, puede llegar la orden definitiva de desalojo. Mientras tanto, los trabajadores aguardan para dar lucha, una vez más.
“Vamos a intentar conseguir una prórroga para seguir la lucha desde acá. Si no podemos,
seguiremos desde donde sea”, dice Javi, integrante de la Asamblea de Villa Urquiza. La
amenaza de desalojo prevista para este miércoles finalmente no se cumplió, pero sigue
latente. Y los vecinos están decididos a resistirla con la misma fuerza comunitaria que
ayer volvió a reunirlos en la calle.
Ubicada en la ex pizzería La Ideal, la Asamblea acumula una historia de largos 16 años y
ya evitó un intento de desalojo anterior. El 2 de octubre se presentaron funcionarios de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-SE) junto con la Policía Federal para intentar cerrar el
centro comunitario. Pero no lo consiguieron.
El anunciado desalojo se enmarca en un juicio que la AABE le inició a la Asamblea de Villa Urquiza a finales del año pasado. El objetivo detrás del operativo, denuncian los vecinos, es la venta de tierras públicas que se encuentran al costado del ramal Retiro-José León Suárez de la línea del tren Mitre, a la altura de la estación General Urquiza.
El local de la Asamblea no es el único afectado. Según el pliego de licitación, son 2.774
metros cuadrados comprendidos entre las calles Bucarelli, Roosevelt, Triunvirato y el sendero peatonal de la estación Urquiza. En esa estratégica franja barrial también hay locales comerciales, canchas de fútbol y hasta viviendas.
La AABE convocó a una fallida mesa de diálogo el pasado 23 de octubre y los asambleístas asistieron “con la voz y reclamos de los vecinos”, explicó a esta agencia Valeria, otra integrante del colectivo. La intención de esa instancia era conseguir la tenencia del espacio o una prórroga frente al inminente desalojo. Ni la AABE ni la ADIF-SE, ambos organismos nacionales, pudieron garantizarlo. Con la subasta de la manzana, programada para el 8 de noviembre, el local de la asamblea quedaría en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
La Asamblea de Villa Urquiza se formó en 2002, al calor del movimiento vecinal que
generó el estallido de diciembre de 2001, con la impronta del “que se vayan todos”. Los
slogans contra la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y el Área de Libre Comercio de las Américas se hicieron propios. Entre sus banderas también se sumó la defensa de la recuperación de los recursos naturales y de las empresas privatizadas. “La
Asamblea de Villa Urquiza es la defensa de una forma de vida, de nuestra libertad, de nuestro ser en un barrio”, cuenta Lili, que da clases de tango a la gorra.
Negocios
“Para legitimar la venta de los playones ferroviarios de tierra pública se determinó que el
35 por ciento del terreno se dedique a negocios inmobiliarios y el 65 por ciento a espacios
públicos”, explicó a ANCCOM Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. El 35 por ciento tiene capacidad para tres torres. La asamblea quedaría por fuera, pero el gobierno de la Ciudad exige la entrega de tierras sin ocupantes.
Para Baldiviezo, que el local no esté dentro de la parte reservada para negocios inmobiliarios supone una doble oportunidad de frenar el desalojo. “Por una parte, sabemos que va a quedar a manos de Ciudad, si es que ya no lo está. Nos da la posibilidad de ir al juzgado y buscar al futuro dueño. Quizás no tenga problema con que la asamblea siga con sus actividades. Por otro lado, vamos a presentar un proyecto de Ley de Código Urbanístico en la Legislatura para que se permita que la asamblea continúe en este predio”, aclaró.
Sin embargo, que el local de la asamblea quede en el 65 por ciento perteneciente a la
Ciudad, y que sea destinado a espacio público, no deja más tranquilos a sus integrantes.
“Hay que reflexionar qué significa espacio público para el Gobierno de la Ciudad. Significa
una plaza con grandes porcentajes de cemento, con rejas y que tenga cámaras para ver
qué hacés. Para mí eso no es espacio público”, comenta Valeria.
“Sabemos que ir a negociar con la Ciudad implica que esto mañana tenga un cartel
amarillo y alguien que te diga cómo tenés que manejarte en un lugar comunitario o
público. Quizás queden las torres y este centro comunitario, pero se va a manejar con las
lógicas del Estado y no nos va a representar. Nos va a quitar la identidad y la memoria”,
dice Andrés, que participa hace más de cinco años de la asamblea.
Para visibilizar la situación, el sábado pasado se realizó el Festival Viyurca en Lucha. Fue
en la plaza Jorge Casal, frente a la ex pizzería La Ideal, bajo la consigna “La Asamblea de
Villa Urquiza no se gentrifica”. Como explica Lili, el objetivo de ese encuentro fue
“convocar a todo el barrio a apoyar y resistir”.
Andrés también remarca la importancia de resistir, y dice: “Tenemos el afán de que la
Asamblea quede como está porque es nuestra identidad, nuestra lucha. Llamamos a que
habiten este espacio del barrio que nació de la impronta del ‘que se vayan todos’. Fue
autogestionado 16 años por los vecinos y queremos que siga de la misma forma”.
Continúa la lucha de los 29 profesorados que ven peligrar su continuidad por el proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA), propuesto por el Ejecutivo porteño en noviembre de 2017.
Ante la divulgación y avance de un nuevo proyecto, los miembros de la comunidad educativa de los Institutos de Formación Docente (IFD) montaron una carpa frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con actividades que se extenderán hasta este viernes para visibilizar el conflicto y alertar sobre las consecuencias de la reestructuración.
“Esta es una iniciativa que surge de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) en conjunto con docentes y rectoras de los distintos profesorados. Los estudiantes nos quedamos a dormir en la carpa, entre guitarras y ollas populares, y durante el día coordinamos las diversas actividades”, relata Juan Deltin, consejero directivo del Normal 1 Pte. Roque Sáenz Peña e integrante de la Junta Representativa del CET, minutos antes de dar comienzo a una radio abierta con referentes políticos y sociales.
El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia.
Guadalupe Salomón, docente del Instituto Superior Joaquín .V González e integrante del colectivo Institutos de Formación Docente en Lucha, afirma que si este proyecto se sanciona lo que se disuelve inexorablemente es la institucionalidad de los institutos –sin importar que estos funcionen oficial y legalmente hace años– en tanto se los somete a un proceso de acreditación futura, indicado expresamente en el artículo quinto. “Pueden permanecer los edificios, la planta docente y la matrícula pero desaparecen sus reglamentos, co-gobiernos y planes de estudio en la medida en que todo ello será determinado a partir de un proceso de evaluación y acreditación inciertos en manos del Ministerio de Educación”, explica.
En el artículo noveno del proyecto se detallan, entre algunas de las funciones del Ministerio de Educación de la Ciudad, la administración de recursos de los 29 profesorados, desde tener a disposición los bienes muebles e inmuebles de los mismos hasta la potestad de revisar y adecuar la apertura o cierre de carreras, cohortes y/o comisiones según los resultados estadísticos que arroje “la demanda del sistema educativo”.
Otro de los puntos que genera inquietudes tiene que ver con la “doble evaluación” de los institutos. Según Ferraro, lo que se propone es un proceso de “autoevaluación” a cargo de cada centro de formación y, en paralelo, un examen externo cuyo objetivo será “el conocimiento a fondo del funcionamiento académico institucional y el planteo de posibles mejoras”. No obstante, el mismo proyecto, en su artículo 13, indica que una de las funciones del Ministerio será la de generar los parámetros, instrumentos y metodología a aplicar en el proceso de autoevaluación, lo cual quita soberanía educativa a los institutos ya que es el Ministerio el principal actor articulador de la norma y al mismo tiempo evaluador. Se trata de un callejón sin salida en el que quienes no se adapten a dichos parámetros, no obtendrán la debida acreditación. A su vez se prevén sanciones a aquellos institutos que se nieguen a proporcionar la información solicitada en los términos requeridos.
“Este proyecto tiene un tinte muy fuerte de control, disciplinamiento y centralización en base a las nuevas funciones atribuidas al Ministerio y para el futuro rector de la UniCABA. El criterio de evaluación es poco democrático en tanto serán el rector o funcionarios de Cambiemos los que decidan de manera unilateral esos parámetros, sin consultar a los claustros docentes y estudiantiles, en pos de un proceso de homogeneización de la enseñanza. Defender la educación pública, y no sólo gratuita, para nosotros es en un sentido democrático que se dé lugar a la disidencia, discusión y pluralidad”, argumenta Florencia Pereira, estudiante del IES N°1 Dra. Alicia Moreau de Justo y colaboradora del Área de Educación del Movimiento Barrios de Pie.
La actual decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade –invitada a uno de los paneles que se desarrollaron el miércoles por la tarde junto a Cecilia Merchán, diputada del Parlasur y Romina del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda–, manifestó que la creación de la UniCABA está mal planteada desde la base. “Para que sea una universidad nacional como quieren vendérsela a la opinión pública tendría que tener carreras de grado y autonomía respecto del Gobierno. Si es una universidad creada para la formación docente, no va a crear nuevas carreras, va a terminar absorbiendo tarde o temprano a los institutos. De aprobarse, será un fraude para la población”, sostuvo Morgade en diálogo con ANCCOM.
Cecilia Merchán, por su parte, señaló que este proyecto tiene que ver con “el avance de las derechas que se vive en toda la región. En nuestro país, esta búsqueda del Fondo Monetario Internacional como salida de emergencia lleva a que, en el caso de la educación, se oriente hacia un pensamiento único y a la despolitización de los espacios. No les conviene una sociedad educada ni con pensamiento crítico. Estar hoy acá implica una lucha por el respeto a la diversidad de pensamiento, de producción cultural y de multiplicación de elementos con los cuales debatir”, opinó.
El tratamiento en recinto del proyecto, que se estima para la última semana de este mes o la primera de octubre, genera preocupación en la comunidad educativa dado que el oficialismo cuenta con mayoría y para ser aprobado se necesitan 31 votos. Al respecto, Juan Deltin sintetizó que “hasta el momento formalmente no hay otro bloque por fuera del oficialismo que haya confirmado su aprobación. Sería un escándalo que lo aprueben por su propia mayoría. Eso hablaría del poco consenso que tienen hasta en los niveles legislativos porque saben que esta medida es rechazada por el conjunto de la comunidad educativa a la que deben representar. Apelamos al criterio democrático y la buena voluntad de los legisladores para que retiren este proyecto”.
Las tres manzanas en disputa están delimitadas por las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza.
La jueza Paola Cabezas Cescato, al frente del Juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, declaró la nulidad absoluta de la licitación pública y, en consecuencia, de la adjudicación y venta de las tierras conocidas como “los campitos» de Casa Amarilla al Club Boca Juniors, al reconocer que la venta fue inconstitucional por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice.
La magistrada, que en febrero había frenado las obras del club en los terrenos de Casa Amarilla, ahora hizo lugar al amparo colectivo firmado por la agrupación barrial La Boca Resiste y Propone (LBRP), con patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esa organización había denunciado que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Corporación Buenos Aires Sur, vendió los terrenos públicos al club que preside Daniel Angelici por más de 180 millones de pesos sin la autorización de los dos tercios de los legisladores porteños, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución local.
Para las organizaciones del barrio el fallo representa una victoria. “Esta sentencia es la más importante porque las anteriores eran medidas cautelares, orientadas a resguardar la protección de estos predios hasta que se decida si nosotros teníamos razón, o si la tenía el Estado o Boca Juniors. La decisión que se dio a conocer ahora es definitiva, resuelve el conflicto y nos da la razón”, indicó Jonathan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Las tres manzanas en disputa están comprendidas entre las calles Almirante Brown, Blanes, Palos y Espinoza y habían sido adjudicadas en 2016 al club para construir un estadio-shopping. Sin embargo, la Ley N° 2.240, que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio de La Boca, definió que las tierras debían convertirse en un gran parque público para el barrio.
«Esta sentencia le da la razón a las organizaciones barriales», dice el abogado Jonathan Baldiviezo,
Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone, expresó: “Hay un gran problema: la tierra pública que se vende ya no va a estar disponible para nada de lo que necesitemos los vecinos”. Además, Quinto dijo que espera que prontamente el club retire el alambrado que puso ya que los vecinos utilizan este espacio abierto para realizar campeonatos de fútbol, ensayos de murgas y festivales locales.
Por su parte, Emiliano Acosta, de la Agrupación Vecinos de La Boca que integra la asamblea por «los campitos» de Casa Amarilla, recordó que las tierras pertenecían al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales. “El planteo del IVC en los últimos gobiernos es que no hay espacio para hacer vivienda y acá el primer proyecto que hubo fue habitacional y un proyecto educativo que no se cumplió”, manifestó Acosta.
En 2005, el IVC había planificado en ese sector la construcción de 1.200 viviendas. Pero sólo construyó 438 casas en Casa Amarilla y en 2010 cedió el predio al Ejecutivo porteño que, mediante el Decreto 723 firmado por Mauricio Macri, aceptó esa cesión y transfirió la propiedad fiduciaria a la Corporación Buenos Aires Sur. Así, este organismo oficial se encargó de beneficiar, según la Justicia de forma ilegal, el negocio del club xeneize en perjuicio del barrio.
De todos modos, el Club Boca Juniors, al día siguiente de ser notificado del fallo de Cabezas Cescato, presentó el recurso de apelación y con posterioridad también lo hicieron la Corporación Buenos Aires Sur y el Gobierno de la Ciudad. “Vamos a seguir sosteniendo la ilegalidad de las ventas y denunciando públicamente como el Gobierno se atreve a violar la Constitución para favorecer negocios de privados”, aseguró Baldiviezo.
Del 6 al 18 de octubre del año próximo, la Ciudad recibirá a 3998 atletas de entre 14 a 18 años provenientes de 206 países, que participarán en 241 eventos. Será la tercera edición de esta competencia juvenil.
La villa olímpica albergará a 7 mil deportistas cuando se lleven adelante los JOJ en Octubre de este año.
Historia y competencia en la Ciudad
Luego de cinco intentos fallidos, en los cuales Argentina se postuló y no obtuvo el privilegio de recibir los tradicionales Juegos Olímpicos, finalmente en 2018 acogerá los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ o YOG, en sus siglas en inglés). La decisión de que la Ciudad de Buenos Aires sea la elegida se tomó el 4 de julio de 2013, en una sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), realizada en Lausana, Suiza. Las ciudades derrotadas por la Capital Federal fueron Medellín (Colombia) y Glasgow (Escocia). La resolución fue tomada tres jornadas después del Día Olímpico, en el que se conmemora el nacimiento del COI en París, un 23 de junio de 1894, cuando el Barón Pierre de Coubertin fundó los Juegos Olímpicos modernos.
El origen de los JOJ nace el 5 de julio de 2007, cuando el COI, en una reunión llevada a cabo en Guatemala, decidió crearlos al aprobar el proyecto por unanimidad. El belga Jacques Rogge, quien actualmente tiene 75 años y ejerció como presidente del organismo internacional entre 2001 y 2013, fue uno de sus ideólogos. La primera edición de esta competencia se desarrolló en Singapur, en 2010; la segunda en Nanjing, China, en 2014; y la tercera será en Buenos Aires. Pero la modalidad en años pares se terminará, ya que el COI decidió que el cuarto encuentro de los Juegos juveniles de verano se lleve a cabo en 2023, para continuar en los años impares. “Gané la medalla de bronce en los JJOO de la Juventud de Nanjing, en la disciplina hockey five. Fue una experiencia increíble. Éramos solo nueve, y para mí fue un sueño que haya quedado entre tantas para elegir”, confesó Eugenia Trinchinetti, actual integrante de Las Leonas.
¿Quiénes pueden participar de los JOJ-YOG? Jóvenes de entre 14 a 18 años, nacidos entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2003. Habrá 3.998 plazas, repartidas por primera vez en la historia en igualdad de género: 1.999 para hombres y la misma cantidad para mujeres. El deporte que cuenta con más cupos de clasificación es el atletismo, con 680 vacantes, seguido por la natación, con 448 lugares. Esto se debe a que dentro de ambas disciplinas hay muchas categorías y no unas pocas, como puede pasar en el futsal o el tenis. Ahora bien, para obtener las plazas, hay diferentes caminos. Ganar en algún torneo pre-olímpico de la Juventud puede ser uno. Marcar un tiempo de clasificación en una competencia reconocida por la Federación Deportiva Internacional que corresponda, es otro. O estar en la posición privilegiadas en el ranking olímpico de su especialidad, un tercero.
Las sedes donde se desarrollarán las 32 disciplinas del programa olímpico de la Juventud estarán divididas en cuatro parques. El Parque Olímpico en Villa Soldati; el parque Urbano en Puerto Madero; el parque Verde en Palermo; y el Parque Tecnológico dividido en Tecnópolis, Vicente López, y en Parque Sarmiento, Saavedra.
Como en todo Juego Olímpico, siempre se designa a un embajador oficial de la competencia. En este caso, el elegido fue Luis Scola, basquetbolista de 37 años y ganador de la medalla de oro en los JJOO Atenas 2004 y del bronce en Beijing 2008. Por otra parte, el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi (oro en Beijing 2008), y la ex jugadora de hockey, Luciana Aymar (plata en Sidney 2000 y Londres 2012; bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008), ofician como padrinos del evento. “Sentí un honor tremendo con el anuncio, porque me demostraron que puedo ser un ejemplo para los más chicos que formarán el futuro del deporte”, manifestó Scola, quien actualmente juega en el Shanxi Brave Dragons de la Liga de China.
Con respecto a la inauguración de la competencia, habrá una innovación si se compara con los anteriores Juegos. Es la primera vez que se realizarán al aire libre y no en un estadio. El 6 de octubre de 2018 a las 20, el Obelisco, monumento histórico de la Ciudad de Buenos Aires, será la sede de la apertura inicial, entre las avenidas Corrientes y 9 de Julio. El 6 de octubre de 2017 ya comenzaron los preparativos cuando en el emblema de CABA se instaló el símbolo de la competencia: los anillos olímpicos. “Decidimos que la ceremonia fuera en la calle, con un concepto de 360°. Planeamos una fiesta en la 9 de Julio, sumamente tecnológica, de gran participación, con alrededor 500 mil personas”, comentó en esa oportunidad Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), a la prensa.
Los eventos deportivos que se realicen en la Olimpíada serán de acceso gratuito para el público, en cualquiera de sus sedes o parques. Asimismo, ya se realizaron adjudicaciones y licitaciones a servicios de prensa, servicio web y traducción de la competencia.
Por otro lado, a través del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad, se adjudicó la contratación del servicio de desarrollo, mantenimiento y administración de un sitio web educativo, relacionado con los Juegos Olímpicos de la Juventud, obtenida por la empresa El Perro en la Luna SRL, a cambio de 4.063.310 pesos. Según consta en el Boletín Oficial de la Ciudad, el gobierno porteño destinará 6.780.000 pesos a la contratación de un servicio profesional de traducciones. Aún no se sabe la empresa que llevará a cabo la prestación, pero sí se conoce el área que manejará los fondos de esta función: la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica, comandada por María Piñero Villar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad (MDUT).
Del 6 al 18 de octubre de 2018, a pesar de que la fecha original era del 1 al 12 y se modificó con el objetivo de abarcar dos fines de semana y que puedan asistir más espectadores a las competencias, se recibirá al mundo deportivo juvenil. Quizás, luego del Mundial de Rusia 2018, en el que Argentina ya está clasificada, resurja ese sentimiento nacional por la celeste y blanca que inspira a los argentinos a través de una sola pasión: el deporte.
Lo que muestra y esconde la Villa Olímpica en Soldati
La Villa Olímpica se construye actualmente en Villa Soldati, barrio de la Comuna 8, que comprende también a Villa Lugano y Villa Riachuelo. Una vez terminados los JOJ de Buenos Aires 2018, desde el gobierno planean conformar un Distrito del Deporte en la zona. La ciudad olímpica se ubica entre las avenidas General Francisco Fernández de la Cruz, la Avenida Escalada, la Avenida Coronel Roca y la Autopista Presidente Cámpora. Esa área posee un importante potencial a escala regional, ya que conecta sus vías de acceso desde distintas autopistas, como Luis Dellepiane, Perito Moreno y la 25 de Mayo, además de la General Paz; el ferrocarril Belgrano Sur, con las estaciones Lugano, Presidente Illia y Villa Soldati; el Premetro y el Metrobús de Coronel Roca y Fernández de la Cruz. Sin embargo, falta el medio de transporte público más promovido desde hace unos años por el macrismo: el subte, que fue tapado con la ola de estaciones amarillas del Metrobús.
Ahora bien, el predio de Villa Soldati, en el que se encuentra la Villa Olímpica, es un complejo que ocupa 100 hectáreas de extensión, de las cuales 49 hectáreas son para un parque metropolitano; 20 hectáreas para el desarrollo de viviendas futuras, que podrían ser rematadas para proyectos privados; 3,5 hectáreas para los edificios de la Villa, en los que se alojarán los 3.998 atletas de los 206 países; y el resto destinadas para calles, veredas y bulevares. “Desde la Dirección de Infraestructura de la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica nos encargamos de controlar las obras pluviales y las de pavimentos que realiza la empresa UCSA en Villa Soldati”, expresó Nicolás González, uno de los inspectores del área dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los trabajos en la Villa comenzaron el 14 de febrero de 2016. En total serán 31 los edificios construidos, con un total de 1.200 departamentos que recibirán a los atletas, entrenadores y delegados de cada federación nacional, los que traducidos en números, son alrededor de 7.000 personas. Los departamentos son de uno (25 m2), dos (40 m2) y tres ambientes (65 m2). Cuentan con cuartos, baños, balcones y un instrumento clave para los adolescentes: Wifi.
Hay múltiples empresas y constructoras que participan del proyecto, entre las cuales se encuentran Bricons, Criba, Cavcom, Constructora Sudamericana, Cunumi, Constructora San José, Emaco y Lanusse UTE, Vidogar Construcciones, Dycasa, y Conorvial. Según informó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a la prensa, al inicio de las obras, el destino previsto a las viviendas construidas para los JOJ será para la gente del barrio y se otorgarán desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), a partir de un sistema de puntos, según cantidad de hijos a cargos, adulto mayor o familiar con discapacidad. Sin embargo, todavía no hay precisiones ni documentos oficiales que expliquen cómo será el procedimiento para la adjudicación de las viviendas. “Sería lógico que los vecinos de la zona tengan prioridad, pero no cualquiera va a poder acceder a una vivienda. Habrá que ver cuánto es el precio y cómo se financia, porque en este barrio la mayoría somos gente humilde”, declaró Miriam, mujer de 58 años, quien vive en Soldati.
La inversión para la construcción de la villa olímpica contrasta con el déficit habitacional que mantiene la Ciudad de Buenos Aires.
Según las estimaciones del Gobierno de la Ciudad, las obras deberían estar terminadas en marzo de 2018, para ser entregadas al Comité Organizador, es decir, siete meses antes del inicio de la competencia. El Comité Olímpico Argentino (COA) destinará 15 millones de dólares para financiar la obra. Pero todo lo que parece un hito urbano para el desarrollo del sur de Capital Federal, no puede esconder ciertos hechos polémicos. Según datos del Gobierno de la Ciudad, una de cada tres familias porteñas es inquilina, un total de 330.000 hogares. A estos se le deben sumar las 132.570 familias que necesitan una solución habitacional y las 72.000 que demandan una vivienda nueva. Por otra parte, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, alrededor de 200.000 vecinos de la Ciudad viven en villas o asentamientos informales, y el 40 por ciento de todos los porteños son inquilinos. En ese sentido, cabe preguntarse si es necesario que haya una competencia deportiva de tal magnitud para ofrecer soluciones habitacionales a los ciudadanos, o si debería ser una política pública el acceso a la vivienda, como lentamente empieza a aparecer ahora con los créditos UVA, que comenzaron a ser otorgados tanto por los bancos públicos (Ciudad, Provincia y Nación) como los privados. De acuerdo al criterio de los JOJ Buenos Aires 2018, primero se pensó en el deporte y luego en las familias que demandan un techo. Y el derecho al acceso a una vivienda no puede estar atado a la realización de una competencia deportiva.
Nicolás González, inspector del gobierno de la ciudad, opinó que el proyecto de la construcción de la villa olímpica no estuvo bien organizado desde un principio. Durante la primera parte de la inspección en el sector de arquitectura había muy pocos inspectores. Las empresas empezaron a ocupar parte privada y pública con los “obradores” (lugar destinado para los obreros, grúas y demás materiales). La infraestructura de las obradoras ocupó muchas calles que era necesario inspeccionar. Recién cuando empezó a tener más importancia la villa, se empezó a poner más inspectores y a prestarle más atención.
A su vez, González dejó entrever las limitaciones que suele tener el gobierno. “Algunas de las complicaciones que solemos tener son las demasías (cambios en el proyecto licitado y presupuestado)”, dijo Nicolás González. Una vez que las empresas presentan el nuevo proyecto con el presupuesto correspondiente, el Gobierno tarda mucho en aprobarlo por toda la burocracia que existe. Luego también tardan en abonar a las empresas licitadas. El cambio en el proyecto necesariamente lleva a hacer un balance de economía y demasías (BED), donde se evalúa si es necesario invertir dinero extra que pide la empresa. Esto requiere un análisis de precio y tener en cuenta todas las ventajas que la empresa podría sacar en el sentido económico. Siempre se presentan luchas con las empresas en este aspecto. Esta es una de las cosas que hace incrementar el presupuesto para la obra y que posteriormente se devalúa por el tiempo que tardan en acreditarse.
Una semana antes de la llegada del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para realizar una inspección a las obras, hubo un accidente laboral y murió un obrero, Hernán Cardoso, en un episodio que ni la prensa mostró en los medios ni fue denunciado por Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien tiene buena sintonía con los gobiernos porteño y nacional.
Y como si fuera poco, tampoco se habló demasiado de los desechos líquidos de las obras que fueron a parar a la cuenca del Riachuelo, ya que no existía un caño maestro de cloacas, justo en un gobierno que se autoproclama como sustentable y partidario de la Ciudad Verde. “Desde chico veo como empresas y el gobierno derrochan desechos en el Riachuelo, y nunca se preocuparon por hacer algo para las personas que vivimos en el lugar y estamos rodeadas de miseria y enfermedades”, afirmó Jorge, de 62 años y quien vivió toda su vida en las orillas del río Matanza-Riachuelo.
Frente a todo esto, queda como detalle menor el hecho de que en los departamentos no hay cocina ni gas. Y se espera que las luces del gran espectáculo que representa un juego olímpico no tapen estos detalles oscuros.
El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia. 
